Cientos de docentes están siendo sacados de las aulas y reubicados en labores administrativas debido a la cero tolerancia y aplicación indiscriminada de medidas cautelares que permite la cuestionada Ley 9999, la cual lesiona derechos como el debido proceso y el derecho a una defensa, según han denunciado sindicatos, docentes y diputados.
UNIVERSIDAD entrevistó a cuatro docentes que contaron cómo fueron reubicados apenas padres y madres de familia interpusieron denuncias en su contra bajo la Ley 9999, molestos porque los maestros hicieron cosas como advertir a una estudiante de que se iba a quedar en matemáticas; pedir a una estudiante que se sentara en los pupitres de adelante y no atrás; o negar permiso a un alumno para ir al baño.
Dirigentes sindicales, diputados, psicólogos y hasta la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, han reconocido que la “Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el Sistema Educativo Costarricense”, más conocida como Ley 9999, necesita reformarse urgentemente. Sin embargo, aunque desde marzo se presentó un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para modificarla, su trámite no avanza (Ver recuadro “Después de cinco meses reforma no avanza en la Asamblea”).
Desde que la ley entró en vigencia, entre agosto de 2021 y julio de este año, se han abierto 555 expedientes a docentes por infringir la Ley 9999, según indicó a este medio el departamento de Asuntos Disciplinarios del Ministerio de Educación Pública (MEP). Sin embargo, únicamente 165 docentes han sido sancionados, 68 han sido absueltos y los demás casos aún no han sido resueltos.
“A mí el mundo se me vino encima”
Uno de esos casos que aún no han sido resueltos es el de Gellyns Patricia Salazar Aguilar, docente de Estudios Sociales del Liceo Experimental Bilingüe de La Trinidad de Moravia.
En mayo de 2022 tuvo un incidente con una de sus estudiantes de décimo año, quien tenía adecuación curricular significativa. “La chica siempre se me sentaba al final del aula, no me terminaba los trabajos y por eso iba más atrasada que los demás. Le digo que por favor se me siente delante porque ella es de adecuación y necesito estarle revisando los trabajos”, contó Salazar a UNIVERSIDAD.
“La mamá, que es docente también, se siente ofendida y dice que la chiquilla llegó a la casa y dijo que se sintió victimizada por lo que yo le dije. El 8 de agosto, a las 8 de la mañana, me llama Dirección y me dice que llegó la notificación del MEP de que, a partir de ese momento a medio día, yo estoy reubicada en la oficina de supervisión del circuito de Moravia” relató.
“A mí el mundo se me vino encima porque yo no sabía lo que estaba pasando. Yo no sabía que se había elevado una denuncia en mi contra”, afirmó la docente, con más de 20 años de servicio, quien aseguró que nunca había tenido problemas hasta ese momento.
“Nunca me había pasado esto. Mis calificaciones han sido siempre excelentes, uno ya tiene un récord como docente y sabe que uno nunca ha tenido problemas. Simplemente ella fue y puso la denuncia y a usted la sacan sin darle opción de que ni siquiera se defienda”, expresó.
Salazar tuvo que contratar a un abogado y ha transcurrido más de un año sin que su caso se resuelva. Recién el martes 15 de agosto tenía audiencia. Mientras tanto, se mantiene realizando labores administrativas y, aunque el MEP le sigue pagando, —igual que a todos los docentes reubicados—, únicamente le pagan el número de lecciones que tenía en propiedad y, automáticamente, perdió el pago por las lecciones que tenía de planeación y los recargos.
“Llamar la atención ya es hostigamiento”
La autoría intelectual de la Ley 9999 vino de la Defensoría de los Habitantes y, en su momento, el fin de la norma era proteger a los estudiantes que denuncien maltrato físico, emocional, abuso sexual o trato corruptor por parte de funcionarios del MEP, evitando que se les revictimice, así como reducir la impunidad en los procedimientos disciplinarios de funcionarios con denuncias.
El proyecto de ley fue presentado, en julio de 2020, por la entonces diputada del Partido Integración Nacional (PIN) Patricia Villegas y fue aprobado menos de un año después. No obstante, la Asamblea Legislativa no hizo las consultas necesarias en su momento, según han explicado los sindicatos.
Gilda Montero, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), resaltó que, desde que quedó instaurada la ley, “ha causado un gran daño en el sistema educativo, especialmente porque lesiona derechos fundamentales de los educadores, como es el debido proceso y el derecho a una defensa”.
“Un docente es sujeto de una reubicación inmediata con solo pedir los trabajos a los estudiantes, con solo llamarle la atención a un estudiante para que tenga una mejor conducta. Si al estudiante no le parece que el maestro le llame la atención, llega a su casa y le dice a sus padres o encargados que el maestro lo está hostigando. Si el niño o el joven presenta la queja y la familia va a la Dirección, al director no le queda más remedio que reubicar a la persona porque así establece la ley en los artículos 8 y 10, que son totalmente punitivos”, explicó Montero.
“Formar al estudiante significa ayudarle a conocer cuáles son los límites, el respeto para conducirse, la disciplina, la entrega de trabajos; eso no puede ser hostigamiento”, sentenció la dirigente.
“Nunca nadie me preguntó qué fue lo que pasó”
Vianney Fallas Abarca había sido docente durante 30 años de servicio sin tener, nunca, un problema parecido. La maestra de la escuela San Jerónimo de Moravia, donde da las cuatro materias básicas de segundo grado, contó que, el 7 de noviembre de 2022, se dio un incidente con un menor “que trae problemas de disciplina todo el año y constantemente se le llama la atención”.
“Me pide permiso para ir al baño, le digo que no, igual se sale y va donde el hermano y dice que yo le jalonee los brazos”, contó Fallas.
El 16 de noviembre la directora del centro educativo le informó a Fallas que la madre del estudiante presentó la denuncia, argumentando que agredió al menor.
El 5 de diciembre le comunicaron, vía correo electrónico, que la reubicaban en labores administrativas de la oficina de supervisión del circuito de Moravia.
“Yo tuve audiencia, pero en ningún momento yo declaré. Desde que me sacaron de la escuela, el 5 de diciembre, nunca nadie me preguntó qué fue lo que pasó”, manifestó Fallas, quien tuvo que coger el dinero de su aguinaldo y salario escolar para contratar un abogado que le ayudara a preparar su defensa.
El 21 de abril de este año le notificaron que el caso se resolvió a favor de ella y que podía reintegrarse en su puesto a partir del 2 de mayo.
El docente “queda tachado para siempre”
La abogada María Fernanda Víquez, del departamento de Asuntos Legales y Laborales del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (SEC), refirió que, aunque preocupan muchos aspectos de la ley, lo más relevante es la cero tolerancia y la aplicación indiscriminada de medidas cautelares hacia las personas funcionarias.
Víquez explicó que, en el caso de esta ley, las medidas cautelares parecen funcionar como una condena anticipada y violatoria del principio de inocencia que tenemos todos los costarricenses.
“En algunos casos la persona es reubicada aún sin antes conocer los hechos que se le imputan, ya sea por un día o semanas. Muchas veces primero se les notifica la medida cautelar y tiempo después se les hace la imputación de cargos”, agregó.
“Hay quienes denunciaron mentiras evidentes durante el proceso y que fueron denuncias malintencionadas, y la persona funcionaria tiene que enfrentar ese juicio social de un hecho que nunca cometió”, subrayó.
“Cuando la persona reubicada regresa al centro educativo, después de finalizar un proceso, tiene que enfrentarse a todos los comentarios y a todas las acusaciones que recibe, tanto del personal docente y administrativo como de la comunidad estudiantil. Además de que este docente queda tachado para siempre”, insistió Víquez.
“No puede uno ni arrugar la frente”
Otro docente, de 45 años, a quien llamaremos Pablo, ya que pidió permanecer en el anonimato, contó que, en marzo de este año, una estudiante lo acusó de agresión verbal por hacer cosas como golpear la pizarra o el escritorio con la mano para llamar la atención del grupo de quinto grado de primaria.
El maestro fue suspendido una semana sin goce de salario. “Ni siquiera tuve el derecho, en mi caso, de que me reubicaran mientras investigaban, de una vez, directo, quedé suspendido. No hubo audiencia, no tuve derecho a defenderme en lo absoluto”, dijo Pablo, quien tenía 24 años de ser docente.
Su caso está siendo investigado por el SEC, por considerarlo atípico, señaló.
A raíz de esto, el maestro tuvo una crisis emocional y depresión y, como siguió sintiéndose mal incluso después de regresar a su trabajo, estuvo internado 22 días en el Hospital Nacional Psiquiátrico mientras lo valoraban. Ahora recibe medicamentos, tiene que ir a control psicológico y psiquiátrico y está incapacitado hasta fines de agosto, relató.
“Yo decía: ‘por dios, ¿quiere decir que ahora por cualquier cosa que diga un estudiante me puede pasar algo así?’. Jamás me imaginé que me iba a pasar esto. Siempre fui un docente muy dinámico, muy activo, me gusta trabajar, soy docente por vocación, pero en este momento yo no puedo asumir un grupo. Ya uno vive con temor de entrar a un aula. No puede uno ni arrugar la frente. Y así como estoy yo están muchos compañeros”, expresó Pablo.
“La ley primero dispara, no pregunta”
“La mamá de la estudiante fue la que me denunció”, declaró esta docente de matemática, de 43 años, a quien llamaremos Ana, ya que también solicitó el anonimato.
Contó que el año pasado tenía un grupo de quinto año, en el que había una estudiante con mucho ausentismo a lo largo de cuatro años y que, debido a sus numerosas ausencias, ella no podía darle la nota. Sin embargo, la madre de la estudiante insistió en que la docente debía pasarla, independientemente de si hubiera ido a clases o no.
En vacaciones de medio periodo la madre de la estudiante puso una denuncia ante el Disciplinario del MEP, alegando que la hija se quería quitar la vida por su culpa, porque ella la trataba mal y que la amenazó con que se iba a quedar.
Después de vacaciones de medio periodo le llegó la notificación de que se le reubicaba en labores administrativas.
“A uno lo separan del cargo atropellándolo como persona, como docente y los 300 estudiantes que yo tenía a mi cargo se quedaron tres meses sin profesora de matemática”, afirmó Ana, quien tiene 16 años de ser docente.
Luego, el MEP la convocó a una audiencia en la que cada parte presentó sus testigos. “Se evidencia que todo de lo que me está acusando la señora no es cierto”, aclaró Ana. A fines de diciembre de 2022, salió la resolución final. El caso se resolvió a favor de ella y pudo regresar a dar clases en este ciclo lectivo.
“Uno no puede hacer absolutamente nada porque los padres de familia amenazan que si no se hace la voluntad de ellos, lo van a acusar por la Ley 9999, inventando historias que no son reales, con tal de que sus hijos pasen”, agregó Ana.
Después de cinco meses, reforma no avanza en la Asamblea
La Asamblea Legislativa tramita una reforma a la Ley 9999 desde el 1 de marzo, pero algunos diputados se quejan de que no se le ha dado la prioridad que merece.
El proyecto de ley 23.593 se tramita en la Comisión Especial de Educación, pero perdió 22 días asignado erróneamente a la Comisión de Juventud. Asimismo, no pudo discutirse durante el periodo de sesiones extraordinarias en que el trabajo legislativo fue controlado por el Ejecutivo.
El pasado 8 de agosto, los diputados aprobaron una moción de orden para que el proyecto sea consultado al MEP, a los sindicatos ANDE, SEC, APSE y Sindicato Patriótico de la Educación, a la Dirección General del Servicio Civil, a la Procuraduría General de la República, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a la Defensoría de los Habitantes y a otras instancias.
El diputado Leslye Bojorges, del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), es del criterio que si el proyecto continúa en la comisión, pasarán cinco meses más en que seguirán reubicando docentes sin que los diputados hagan nada al respecto.
Bojorges quiere presentar una moción para que el proyecto sea dispensado del trámite de comisión. Propone que se hagan las consultas necesarias, pero que sea modificado en el plenario con un texto sustitutivo.
“Necesitamos darle trámite rápido a este expediente. Todos los días recibo en mi despacho solicitudes de docentes para comunicarme que han sido reubicados en una supervisión, en una dirección regional, debido a que un estudiante se portó mal, le mandaron una boleta y debido a eso, los acusaron de acoso”, señaló Bojorges.
No obstante, la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, declaró que, aunque comparte la preocupación de Bojorges, hay que tener cuidado y garantizar que la reforma se haga bien y que, por el fondo, no se vuelvan a cometer los errores que se cometieron cuando se aprobó la Ley 9999.
La legisladora liberacionista Sonia Rojas también destacó que hay mociones importantes que incorporar al proyecto y que la Comisión debe generar un texto definitivo bien consensuado que vaya a salir bien en el plenario.
“Ya a uno le da miedo ejercer la profesión. Ya uno vive con temor de entrar a un aula. No puede uno ni arrugar la frente” (docente suspendido por una semana).
