La Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia determinó despedir a Justo Pastor López Vargas (letrado del magistrado Celso Gamboa) por haber cometido una falta gravísima dentro de la investigación del caso del cemento chino.
El órgano disciplinario tomó la decisión este miércoles. Al mismo tiempo, decidió ampliar por tres meses la medida de suspensión contra el funcionario, pues él tiene cinco días para presentar una apelación ante el Consejo Superior del Poder Judicial, por lo que el despido no se encuentra en firme.
La Inspección Judicial abrió una causa contra López por haber llamado en varias ocasiones al exfiscal de Delitos Económicos, Frankarlo Pessoa, para preguntarle sobre una audiencia de medidas cautelares en la causa contra el ex subgerente del Banco de Costa Rica (BCR), Guillermo Quesada.
Además, se conoció que él se encontraba en la oficina del funcionario de la Fiscalía General, Ricky González, cuando este último solicitó un documento relacionado con el caso del «cementazo».
La oficina de prensa del Poder Judicial indicó que de momento no se puede revelar por cuáles hechos en específico fue despedido López, debido a que la resolución no ha adquirido firmeza.
La Ley Orgánica del Poder Judicial indica que una falta gravísima la comete el funcionario -entre otras razones- al «interesarse indebidamente, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, en asuntos cuya resolución corresponda a los tribunales» o por la comisión de hechos delictivos.
López es letrado del magistrado Gamboa (actualmente suspendido) desde el 1º de marzo del 2016. Anteriormente fue asistente en la Fiscalía General, donde sus superiores eran tanto Gamboa (en ese momento subjefe del Ministerio Público) y el entonces fiscal general, Jorge Chavarría.
Años atrás, López también fue asesor de varios diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y en el Poder Judicial ha ocupado cargos de juez y fiscal.
En el 2006, cuando era abogado litigante, el Colegio de Abogados lo sancionó con cuatro meses de suspensión por engañar a una víctima de violencia doméstica para que desalojara una vivienda.
