Legislativo aprueba ley de aguas en medio de agria polémica

Tras una tensa tarde y noche en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del pasado 3 de noviembre, al filo de la media noche se aprobó en primer debate la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

Ello provocó la incredulidad y enojo de muchas personas activistas del ambiente, quienes encontraron serias diferencias entre el texto que hace siete años se introdujo como iniciativa popular y el que fue aprobado.

Solo la fracción del Frente Amplio (FA) se plantó en oposición al proyecto, por considerar que algunos de sus principios fundamentales habían desaparecido del texto aprobado, como la participación popular en la gestión del agua.

Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario, el oficialista Acción Ciudadana (PAC) y las fracciones del fundamentalismo religioso apoyaron el proyecto de ley.

Según supo UNIVERSIDAD, esos partidos buscan darle un segundo debate a la iniciativa este mismo jueves 9 de noviembre, sin embargo también se anunció la intención del FA de recurrir a la Sala Constitucional para aclarar cuestionamientos sobre el procedimiento.

Una de las principales quejas es que en el texto aprobado se eliminó la disposición que creaba los consejos de cuenca, unas instancias comunales donde la población podría incidir de manera directa en el manejo y gestión del recurso hídrico.

La importancia de esa propuesta, en particular, se veía amplificada por el hecho de que el proyecto de ley había entrado a la corriente legislativa en 2010 precisamente por la vía de la iniciativa ciudadana, con el apoyo de más de 150 mil firmas.

Es decir, a un proyecto de ley propuesto por iniciativa ciudadana, se le cercenó el instrumento que de manera más sólida planteaba la participación ciudadana.

Ese proyecto se tramitó bajo el número de expediente 17.742 y fue aprobado en primer debate en agosto del 2014. Por ese entonces también provocó división entre sectores ambientalistas y de izquierda, pues personas como la legisladora Ligia Fallas (FA) y algunas organizaciones cuestionaron entre otras disposiciones el hecho de que el texto calificaba el agua como “bien económico”. Sin embargo, luego de esa primera votación, la Sala Constitucional determinó la existencia de inconstitucionalidades, tanto por el fondo del proyecto como por su trámite.

Desde entonces, y según relata la diputada Marcela Guerrero (PAC), el proyecto quedó “suspendido” y se fueron presentando diversos textos para su modificación, incluido uno de las cámaras de productores. Según explicó, fue el legislador Juan Marín (PLN), quien tomó todos esos aportes y los consolidó en un texto sustitutivo que se tramitó bajo el número de expediente 20.212, que fue el aprobado.

“MOMENTO HISTÓRICO”

La diputada Guerrero, quien forma parte de la Comisión de Asuntos Ambientales que dictaminó el proyecto, se refirió al tema de la eliminación de los consejos de cuenca y aseveró que “tienen toda la razón de sentirse incómodos” quienes por esa razón critican el proyecto aprobado.

Reconoció al respecto que “es el tema que costó más sostener, era con- tundente el deseo de no tener participación activa en un tema en que las Asadas, asociaciones de usuarios y la sociedad civil es activa.

Es un tema que perdimos”. Guerrero, quien se ocupó del asunto en menos de dos meses tras la salida de la Asamblea Legislativa del exdiputado Henry Mora, destacó, sin embargo, que entre los principios generales en el texto se incluyó el de participación de la siguiente manera: “el sector hídrico del Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico en el ámbito nacional”.

También, enfatizó que se eliminó la definición del agua como un “bien económico”, que había generado polémica, y que más bien se incluyó el reconocimiento del valor social y cultural del agua. El “valor social” tiene que ver con el reconocimiento de la importancia del agua “para todas las actividades del ser humano en sociedad”, mientras que el “valor cultural” se define el agua como un “bien cultural” y añade que en su gestión se deberán considerar las “prácticas tradicionales y la cosmovisión de los pueblos indígenas”.

Guerrero también subrayó el hecho de que el texto establece el cobro de cánones para uso y que “se moderniza” la legislación al darle la rectoría sobre la administración y protección del agua al Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), mediante la creación de la Dirección Nacional de Aguas (DINA).

Esa DINA sería un órgano técnico entre cuyas funciones estaría el trámite de solicitudes de concesión de aprovechamiento de agua y el otorgamiento de permisos de vertido de aguas residuales, así como de descarga de agua de drenaje agrícola y de obras en cauce.

El texto también conservó la definición del acceso al agua como un derecho humano. Ante la pregunta de qué se ganó con el proyecto, replicó que el texto constituye “un piso mínimo para empezar a hablar de modernizar la gestión integral del recurso hídrico.

Es el mínimo técnico y en las condiciones políticas que tenemos”. Destacó, además, que esta sería la primera ley que contiene la variable ambiental de cambio climático y que establece competencias institucionales y de coordinación más claras.

Al mismo tiempo, la diputada subrayó que la ley dará recursos al país para levantar un inventario de la disposición del recurso hídrico.

Similar posición expresó, a través de un comunicado, el ministro de Ambiente y Energía Édgar Gutiérrez, para quien el texto “establece los principios irrenunciables y los contenidos básicos para una gestión pública, sostenible y coordinada del recurso hídrico en nuestro país, totalmente necesarios para acabar con los vacíos de la ley anterior”.

A través de un comunicado, Gutiérrez calificó la aprobación en primer debate como “un momento histórico”. Juan Marín (PLN), quien presentó el texto que finalmente fue votado, calificó la votación afirmativa como “un salto muy importante en materia del recurso hídrico” y aseveró que “tenemos un acuerdo con la mayoría del sector ambiental, con las Asadas de este país, con el sector productivo de este país, con grandes, con pequeñitos, con medianos, fortalecemos diferentes áreas de participación en la administración del recurso y empoderamos para que podamos tener una legislación moderna”.

“BUSCAR EQUILIBRIOS”

Mientras en el plenario legislativo se avanzaba poco a poco hacia la aprobación en primer debate de la propuesta, en el vestíbulo deambulaban representantes de las cámaras de productores, quienes abogan por la aprobación definitiva del proyecto, como Guido Vargas, de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (Upanacional).

Para Vargas, en los últimos doce años ha habido propuestas “muy excluyentes para la agricultura, que hemos considerado que no son compatibles con la misma”, y detalló al respecto temas que al final fueron eliminados, como “excesivas distancias de retiro” de las fuentes de agua en las que “los agricultores tengamos que dejar que se reestablezca la vegetación o que la sembremos”.

También criticó disposiciones que velaban por el cuidado de las aguas intermitentes, que definió como “aguas que nacen cuando las lluvias arrecian” y “lo de contaminación por agua difusa”.

El proyecto define como contaminación de aguas por fuente difusa aquella que no tiene un punto claro de ingreso o descarga en los cuerpos de agua que la reciben y que presenta dificultades para su medición o control directo. Las multas a pagar por este tipo de contaminación fueron sustancialmente reducidas.

Vargas añadió que el sector que representa ve el proyecto aprobado como “un mejor equilibrio para poder conservar y poder producir”.

“El agua -ponderó- es muy importante, pero la comida y el abrigo también. Usted puede tener mucha agua, pero si no tiene la proteína, si no tiene los cereales, las legumbres, las hortalizas, raíces y tubérculos, esto no camina.

Hay que pensar en las dos cosas y nosotros no estamos viendo una amenaza para el recurso hídrico, más bien vemos protección y oportunidades de producir comida, de producir divisas, trabajo, de buscar equilibrios”. Vargas se refirió a quienes critican la propuesta y manifestó que “están satanizando este proyecto, nosotros creemos que es importante que pensemos en todos los aspectos”.

“BOMBA DE TIEMPO”

Una perspectiva muy diferente ofreció Edgardo Araya (FA), quien reconoció que el proyecto que había sido aprobado en primer debate en el 2014 “no era perfecto y teníamos a lo interno divisiones”, pero enfatizó que este nuevo texto sustitutivo “viene a empeorarlo más”, por lo que “ya ahí sí ni siquiera los que en ese momento estuvimos a favor” pueden apoyarlo.

Según explicó, ese empeoramiento de la propuesta se materializó en primer lugar en que “elimina cual- quier vestigio de la participación comunal y social en el tema del agua”, al sacar de la propuesta la creación de los consejos de cuenca.

En segundo lugar, dijo, en cuan- to a las consideraciones de uso del agua, este texto “hace equivalente una casa de habitación pequeña de una familia a una finca ganadera de 35 hectáreas”.

Con ello se refirió por un lado a la definición de “uso doméstico” contenida en el artículo 3, que lo establece como “agua destinada a satisfacer las necesidades básicas de un núcleo familiar”. Pero, por otra parte, el artículo 58 se refiere al denominado “uso común” del agua, y lo establece como “el que se realiza mientras fluya por su cauce natural sin que exista una derivación artificial.

Siempre que no sea en menoscabo de la calidad, todos podrán usarla sin necesidad de concesión para beber, lavar ropa, bañarse y abrevar ganado en pequeña escala; esto bajo la categoría de uso doméstico”.

En primer debate Legislativo aprueba ley de aguas en medio de agria polémica

La presión del sector productivo en la configuración del texto que fue aprobado se hizo evidente en vísperas de la votación, cuando la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA) hizo llegar una carta a todos los diputados y diputadas, en la que manifestó su apoyo al expediente 20.212.

La ANA agrupa a la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (Upanacional), la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (Upiav), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) y el sector cooperativo agro- pecuario bajo la sombrilla del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).

Entre otras cosas, la carta informa que “fuimos invitados a buscar consensos” y que “luego de una ardua labor de análisis, se lograron acuerdos que apoyamos”.

Además, añade que “una legislación en un tema tan fundamental y sensible debe ser equilibrada y sensata, sin que algunos radicales ambientalistas enemigos de la producción nacional y de los cientos de miles de empleos, que como sector productivo generamos, impongan sus radicales e irracionales posturas, cuyo fundamento es su exigencia de imponernos a toda su sesgada visión” (sic).

La polémica en este caso radica en que en el país se considera como actividad de ganado a pequeña escala esas fincas de 35 hectáreas mencionadas por el diputado.

En tercer lugar, Araya sentenció que el proyecto “privatiza las áreas de recarga y a las áreas que no son de protección les disminuye la calidad” de su estatus jurídico.

Al respecto, detalló que en la Ley de Aguas vigente los territorios circundantes a una fuente de agua captada para uso poblacional se declaran como “reserva de dominio a favor de la nación” en un radio de 200 metros.

Según explicó el diputado y candi- dato presidencial, el proyecto cambia esa denominación por la de “área de protección”, con lo cual “el nivel de protección no es lo mismo, reserva de domino implica que se le reserva al Estado, mientras que si se convierte en área de protección puede ser apropiado por un privado, entonces es privatizar”.

Araya además criticó que se disminuyeron los montos a pagar por las infracciones como realizar obras de perforación o vertidos sin autorización.

Cabe recordar que la contaminación de mantos acuíferos es un problema recurrente en el marco de la expansión de la industria piñera.

La propuesta inicial tipificaba las infracciones como muy graves -sancionadas con 26 a 50 salarios base-, graves -once a 25-, y leves, cinco a diez salarios base. El texto votado las cambia por faltas gravísimas -cinco a siete salarios base-, graves -tres a cuatro- y leves, uno a dos salarios base. Actualmente el salario base establecido para el pago de multas es de ¢426.000. Ante la pregunta de si entonces el proyecto beneficia a la gran industria piñera, Araya respondió que beneficia “a las grandes cámaras agroalimentarias, es un texto que amarraron con todos estos (diputados) a espaldas de las Asadas”.

Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), calificó el proyecto como “inconexo y amorfo” y fustigó el hecho de que “el corazón era la participación de la gente, al instituir esa participación de manera vinculante, ahora quedamos igual: todo funciona desde San José”.

El activista consideró que lo más grave es el daño que se le hace a la herramienta de la iniciativa popular. “Se creó precisamente por la falta de consensos en la política electoral, se trataba de buscar una democracia más directa, pero este mecanismo lo prostituyeron los diputados. Mataron una vía de legislar, es lo más grave, atentan contra una de las pocas formas de democracia directa”, fustigó.

Consideró que la realidad de Costa Rica es que “las cuencas se han ocupado y hay mucho conflicto por el uso del agua” y que por ello una ley “centralista, sin participación, va a ser tan inútil como la ley de 1942”.

Álvarez, en ese sentido, enfatizó en la eliminación de la figura de los consejos de cuenca, la cual “era la primera unidad de participación y daba posibilidades de que la ley funcionara y se cumpliera el objetivo de reducir conflictos y mejorar un poco la gestión”.

También se refirió a la eliminación del concepto de “bien económico”, el cual consideró como “accesorio” y más bien criticó el hecho de que se bajaran las multas establecidas.

De igual manera se refirió a la polémica sobre el concepto de “uso doméstico” y señaló que “se pervirtió para ver qué agarraran pequeños y medianos productores.

De acuerdo con el censo agrícola, la finca promedio es de 22 hectáreas, el parámetro de 35 hectáreas es arbitrario”. Sin tapujos, añadió que esos cambios fueron “todos los caprichos de la Cámara de Agricultura, para facilitarle los negocios.

Todo el proceso es poco transparente, a Fecon no nos invitan a nada”. “Este es un Gobierno que no es de participación ciudadana, parece más importante el fin electoral de quitarse la papa caliente”, aseveró Álvarez, tras lo cual añadió que lo que se vio en este caso fue “un esfuerzo de 15 años, de 150 mil personas, contra la capacidad de veto de las cámaras empresariales”.

Sentenció, además, que “los conflictos por el agua en Costa Rica son una bomba de tiempo y esta legislación no va a ayudar”.