Las tormentas salariales del sector público

En marzo del 2013, varios sindicatos marcharon ante un intento de modificar los pluses salariales que ahora gozan. El costo de la planilla estatal,

En marzo del 2013, varios sindicatos marcharon ante un intento de modificar los pluses salariales que ahora gozan. El costo de la planilla estatal, de cerca de 305.000 funcionarios, es un tema en la agenda legislativa y del Ejecutivo. (Foto: archivo)

En política salarial, el diablo está en los decimales.

Cuando el Ministerio de Trabajo negocia con los sindicatos un aumento salarial o cuando el gerente de una entidad pública evalúa las condiciones de una convención colectiva, el foco está puesto sobre las cifras minúsculas que terminan enormes. En las enormes planillas estatales, cada centésima porcentual significa millones de colones.

En el estira y encoge de las negociaciones, pocas veces los números finales convencen a todos. Tras el cierre de las conversaciones para definir el aumento salarial del primer semestre del 2015, varios sindicatos de peso anunciaron su disconformidad con lo acordado y su intención de ir a huelga.

Este escenario lo enturbian otros cambios en la estructura salarial del sector público, como los planteamientos para cambiar bonificaciones en bancos estatales o en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el próximo vencimiento de varias convenciones colectivas y la presentación de una iniciativa legislativa para instaurar el salario único en el Estado.

A poco menos de un año de la primera prueba nacional para la administración de Luis Guillermo Solís Rivera –la huelga de educadores, también por un tema salarial–, los nubarrones se apilan sobre el horizonte.

El jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales Mora, sostiene que para debatir este tema su equipo parte de que las instituciones públicas no son fines en sí mismas, sino medios para cumplirle a la ciudadanía los objetivos que las leyes le asignan.

“Queremos impulsar el debate que debe darse. Este no es un tema pacífico, sino que será un debate donde habrá roces; pero, tenemos como gobierno que fomentar esos diálogos y hablar con la ciudadanía, porque para ellos son las instituciones”, explicó el Ministro.

NEGOCIACIÓN SALARIAL

La semana pasada terminó el proceso de negociación del aumento salarial del 2015, con la particularidad de que se retiraron tres de los sindicatos más numerosos: la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).

El aumento será del 0,94% para profesionales y de 1,60% para los trabajadores que tienen menos ingresos. Ese 0,94% corresponde a la diferencia entre la inflación acumulada al 31 de diciembre del año pasado y al adelanto por inflación que se había pagado.

Los líderes sindicales de las tres agrupaciones que se retiraron de la mesa de negociación aseguran que el Gobierno actuó con mala fe, pues negoció con agrupaciones minoritarias dentro del sector sindical.

“Ya nos reunimos con el bloque sindical y hemos analizado lo sucedido. El hecho que no se permitiera conocer el documento por las juntas administrativas, nos mostró que el Gobierno quería negociar con los grupos más pequeños”, afirmó Gilberto Cascante, presidente de la ANDE.

El líder sindical además aseguró que presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (esperan hacerlo a finales de esta semana) y harán una propuesta a las bases, para decidir si convocan a huelga entre finales de febrero e inicios de marzo. “Somos la planilla más grande y el Gobierno firma con los más pequeños”, reprochó Cascante.

Según datos de la ANDE, ellos representan a 55.000 educadores, cerca del 18% de los 305.000 empleados del sector público.

“El proceso de ajuste y fijación se hizo siguiendo el procedimiento establecido en el decreto. Estos sindicados decidieron retirarse y yo esperaría que no tengamos que enfrentar una huelga en el Magisterio al inicio del curso lectivo, por la aplicación de los procedimientos establecidos”, externó el ministro Morales.

RÉGIMEN SALARIAL

Desde el año pasado, el ministro de Trabajo desarrolla una reforma del régimen de empleo público, que no centre el debate en un solo tema como el salario único, pero que tampoco sea tan amplia que no permita puntualizar.

“Estamos ubicándolos en un punto intermedio, donde no sea un debate sobre salario único que polariza de entrada, pero que entonces además de ver remuneraciones vea políticas de selección, de movilidad, de capacitación”, señaló el jerarca.

Morales descartó la implementación del salario único en el sector público, una medida que ya aplican seis instituciones estatales (Contraloría, Banco Central, bancos Nacional y Popular, Autoridad Reguladora de Servicios Públicos e Instituto Nacional de Seguros).

Entretanto, en la Asamblea Legislativa fue presentado un proyecto para hacer una reforma integral al empleo público, impulsada por los tres diputados del partido Movimiento Libertario. Los impulsores y el jerarca de Trabajo dicen no haber tenido comunicación entre ellos.

La iniciativa se tramita bajo el expediente 19.431 y pone énfasis en implementar el salario único para nuevos empleados, respetando los derechos adquiridos de los actuales.

“A mi juicio no debería haber mayor preocupación por los empleados actuales, porque rige para los nuevos empleados públicos y no afecta los derechos adquiridos de los actuales”, aclaró Otto Guevara, diputado libertario que presentó el proyecto.

Dicha propuesta es vista con malos ojos por los principales sindicatos y el secretario general de la ANEP −Albino Vargas− dice que apelarán a diputados cercanos a su organización para bloquear el proyecto.

“Hay una iniciativa de salario único de Otto Guevara; esa iniciativa nació muerta. No avanzará más en el Parlamento, porque él es un político sumamente desprestigiado y además porque, como nunca antes, tenemos diputados amigos que entienden bien nuestras tesis. Hay capacidad de bloqueo”, advirtió Vargas.

El sindicalista prefirió no detallar cuáles eran sus aliados puntuales, pero señaló que hay congresistas de cuatro bancadas (Frente Amplio, Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Social Cristiana), a quienes tienen identificados para dialogar.

Un estudio publicado por la Academia Centroamericana en 2014 determinó que los salarios del sector público son, en promedio, mayores que los del sector privado, principalmente por los pluses salariales. Sin embargo, también determinó que las remuneraciones de ingreso eran menos competitivas en el sector estatal.


¿Qué significa el salario único?

El salario único es una modalidad de pago a los funcionarios que usan seis instituciones públicas (los bancos Popular y Nacional, el INS, la Contraloría, la Aresep y el Banco Central) que cambia el modelo de pago: en vez de un salario base con pluses como anualidades y exclusividad, tiene un único salario, pero más competitivo.

“Surge como una alternativa a considerar por instituciones que en un marco de competencia se ven obligadas a dos cosas: atraer y retener el mejor personal posible y lograr la maximización de sus recursos operativos”, explicó Rónald Gutiérrez, abogado especialista en derecho laboral que escribió su tesis sobre el tema.

El salario único ofrece mejores salarios de entrada que el régimen de pluses salariales, en lo que la directora corporativa de Desarrollo Humano del Banco Nacional, Maritza Fuentes,  llama una “mayor competitividad en la atracción de talento”.

Para definir el salario se hace un estudio del mercado (sea el sector bancario, de seguros, etc.) y se busca un monto competitivo. En 1998, el Banco Central fue pionero en el país y buscó ubicar el salario en el percentil 50.

“El sector bancario fue pionero en esto, porque fue el primer servicio público que tuvo que entrar en competencia”, recordó Gutiérrez, quien ha asesorado a empresas públicas en su implementación.

Este formato solo incide en los nuevos empleados, que se contraten a partir de la instauración del sistema o a quienes quieran trasladarse voluntariamente.


Cambios en pluses salariales sacuden entidades públicas

En octubre del año pasado, la presidenta de la Japdeva denunció formalmente ante el Ministerio de Trabajo la convención colectiva del sindicato de esa institución. Actualmente está en proceso de negociación abierto. (Foto: archivo)

A partir de este año, los logaritmos para calcular las anualidades de los funcionarios de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) deberán utilizar una nueva fórmula: los aumentos anuales ya no se calcularán sobre el salario bruto, como era la práctica, sino sobre el salario base de cada uno.

La modificación obedece al llamado “Pacto social”, un acuerdo entre la gerencia de la CNFL y sus funcionarios, para reducir costos y aliviar las finanzas de la institución. Firmado a inicios de febrero, el acuerdo se enmarca en una revisión que diversas instancias del sector público hace de los pluses y beneficios que reciben sus trabajadores.

Según cálculos de la CNFL, los cambios lograrán una disminución de ¢70.220 millones entre el 2015 y el 2019, logrando llegar a estar con un ingreso balanceado a finales de ese año. Para eso, 114 trabajadores se acogieron a la movilidad laboral, se hizo el cambio en anualidades y la Compañía redujo el aporte a la Asociación Solidarista y al fondo de ahorro.

“Nosotros hicimos una campaña de comunicación interna que se denominó pacto social, donde la administración fue plantel por plantel dando a conocer en qué situación se recibió la empresa y las proyecciones de qué se haría si no se hacía nada”, detalló el gerente general de la CNFL, Víctor Solís Rodríguez.

Esto se suma a otras medidas tomadas por jerarcas de ministerios y entidades autónomas que buscan reducir gastos en las entidades.

La semana pasada, el presidente Luis Guillermo Solís solicitó a las juntas directivas de los bancos estatales, un informe que detalle los criterios que usan para evaluar a su personal, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) evidenciara un mal manejo de las bonificaciones en la banca pública.

De acuerdo con la CGR, entre el 2006 y el 2012 tres bancos del Estado repartieron ¢99.832 millones provenientes de sus ganancias, como incentivos para mejorar la productividad de sus empleados. Los pagos se efectuaron sin tener un modelo de evaluación de desempeño y excediendo los topes máximo previstos por la ley.

El Presidente además instó a los bancos −inclusive en aquellos que no fueron contemplados en el informe de la Contraloría− a adoptar las disposiciones de esa entidad, según explicó un comunicado de la Casa Presidencial.

Entretanto, la Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros busca que la institución pague bonificaciones anuales por productividad a los funcionarios de la empresa, que serían pagados con sus utilidades.

CONVENCIONES COLECTIVAS

En los últimos meses, el Poder Ejecutivo ha dado señales de querer renegociar varias de las convenciones colectivas que cobijan a funcionarios públicos.

Desde octubre, una comisión del Ministerio de Trabajo revisa 22 de las 75 convenciones que existen en entidades públicas, para determinar cuáles cambios son viables.

A finales de ese mes, la presidenta de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Ann McKinley, denunció la convención de la institución (que vencía el 31 de diciembre del 2014), el mecanismo oficial para hacer cambios.

La oficina de prensa de Japdeva confirmó que el proceso lo maneja ahora el Ministerio de Trabajo. Mientras dure la negociación, rige la convención anterior.

Una de las convenciones que cobijan a más funcionarios, la del Ministerio de Educación Pública, vence a mediados del próximo año, pero las autoridades de la cartera no tienen prisa por adelantar la discusión interna.

“La convención colectiva de trabajo del MEP rige hasta el 18 de mayo del 2016, por lo que su renegociación está prevista para el mes de abril del próximo año. Será para esa fecha que el MEP defina qué cambios serán necesarios. Lo anterior es fundamentalmente porque está interpuesta una acción de inconstitucionalidad en contra de la convención”, puntualizó Pablo Zúñiga, asesor jurídico del Ministerio.

El pasado 1 de enero venció la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo. El 29 de marzo vence la de la Imprenta Nacional, el 12 de agosto la del Instituto Nacional de Aprendizaje y el 30 de agosto la de la CNFL, según un oficio del Ministerio de Trabajo del año pasado.


Salarios de UCR bajo inspección interna y externa

En julio del año pasado, el rector Henning Jensen compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso. Crédito: Archivo.

La política salarial de la Universidad de Costa Rica ha tomado protagonismo en medio de la discusión del gasto salarial estatal, los pluses de los funcionarios públicos y la sostenibilidad del sistema que existe actualmente en la mayor parte del sector público.

A finales del año pasado, el rector Henning Jensen anunció una serie de medidas para contener el gasto salarial, luego de conocer un reporte que proyectaba los ingresos y gastos del erario universitario y concluía que la UCR entraría en déficit operativo en pocos años, si se mantenía el sistema en funcionamiento.

“Esto nos llevará a una disminución del gasto, que permita garantizar un sano equilibrio de las finanzas institucionales en el corto, mediano y largo plazo”, explicó Jensen a UNIVERSIDAD la semana pasada.

Además, el Consejo Universitario analiza las medidas que podría aplicar complementariamente a las de la Rectoría, para darle sostenibilidad al modelo salarial.

MIRADA EXTERNA

Además de las autoridades internas, otros grupos externos han puesto interés en las finanzas universitarias.

El 30 de octubre del 2010, los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público presentaron una moción para establecer una investigación sobre las finanzas de las universidades públicas del país.

El año pasado, el rector Jensen se presentó a la Comisión, como también lo hicieron los otros jerarcas de las universidades. Ellos volverán el primer trimestre de este año a la Asamblea Legislativa para continuar con sus comparecencias.

“En la Universidad de Costa Rica los pluses salariales en la retribución al personal docente es algo que se salió de control. Está generando un gasto excesivo y no habrá manera de sostenerlo”, sostuvo Otto Guevara, miembro de la comisión, al comentar elementos salariales del sector público.


Otros Artículos

De izquierda a derecha Marcela Fernández (Colombia); Adrián Pignataro (Costa Rica), y Lyda Fernanda Forero (Colombia) expusieron en la primera mesa del simposio sobre

No pretendo en estas líneas trazar otro retrato de Carlos Manuel Quirce Balma. Tan sólo compartir muy brevemente, desde mi subjetividad, algunos recuerdos y

Estudiantes del Laboratorio de Química fueron protagonistas de los videos elaborados por la máster Sonia de la Cruz. En la foto Joel Jiménez (al

En octubre del año pasado, la presidenta de la Japdeva denunció formalmente ante el Ministerio de Trabajo la convención colectiva del

Julio desertó del colegio a los 13 años, actualmente, a la edad de 43 años, a duras penas logró obtener un empleo de salario

¿Qué opina la ciudadaníacostarricense sobre losgobernantes del país?,¿qué piensan acerca de lasinstituciones públicas?,¿por cuáles medios decomunicación se informala gente? Estas y otrasinterrogantes son lasque

El senador demócrata Carl Levin investigó durante un año los movimientos financieros y las transacciones del HSBC de Suiza. (Foto: Senado EE.UU)El banco HSBC

Con conciertos internacionales, batallas de rap, campeonatos de break dance, “cleteadas”, sesiones de grafiti y mucho más, este fin de semana el Festival Internacional