“Los acuerdos suscritos no pueden representar un obstáculo jurídicamente válido para impedir su aplicación, habida cuenta que no tienen el rango y, mucho menos, la idoneidad jurídica para desaplicar una norma legal ni pretender por la vía de la negociación excluir a la CCSS del ámbito de aplicación de una ley que expresamente la incluye”.
Esta es la conclusión a la que llegó la Contraloría General de la República al invalidar el acuerdo que firmaron el 12 de agosto autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y dirigentes de nueve sindicatos para poner fin a la huelga de ocho días que golpeó fuerte los servicios médicos, con más de 67.000 citas perdidas.
En síntesis, el documento con que se solucionó el conflicto es solo papel sin validez, dice la CGR en el informe DFOE-SOC-0907.
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Abrir en una nueva pestaña Así la Contraloría ordena a la CCSS someterse a las reglas de empleo público contenidas en la reforma fiscal aprobada en diciembre, a pesar de que los gremios del sector salud insisten en que no se les modifique varios incentivos salariales que gozan desde décadas atrás. La regla fiscal (límite al crecimiento del gasto institucional) no fue objeto de este dictamen.
Ahora la Junta Directiva de la CCSS debe sesionar de manera extraordinaria a más tardar la próxima semana para tomar nuevos acuerdos conformes a los que dice la CGR, so pena de ser acusados por desobediencia.
Esto abre de nuevo las posibilidades de medidas de presión de parte de las organizaciones sindicales del sector salud, como lo hicieron entre el 4 de agosto y el día 12, plazo en el que mantuvieron una huelga con un alto impacto en los servicios, con participación de médicos especialistas.
Esa huelga culminó con el acuerdo firmado por el presidente de la CCSS, Román Macaya, con la presencia del ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y numerosos representantes sindicales. Macaya aseguró que fue la salida posible a un movimiento que estaba provocando graves perjuicios a la población. Consistió en enviar a la vía judicial (proceso de lesividad) la decisión de dar validez o no a un acuerdo firmado en febrero, según el cual deben mantenerse invariables los beneficios salariales y la manera en que fueron obtenidos (crecimiento porcentual, no con monto fijo).
Eso es lo que ahora la CGR está anulando con tres argumentos: la CCSS está obligada a someterse a las normas del capítulo III de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, un acuerdo no está por encima de la ley y no se puede enviar a decisión judicial (en lo administrativo) un documento que no se constituye en acto administrativo.
El documento del 12 de agosto ni siquiera puede considerarse un acto administrativo formal, según el dictamen del Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la CGR, firmado por el gerente Manuel Corrales Umaña, la asistente Damaris Vega Monge y la fiscalizadora Karla Salas Solano.
Las razones mencionadas en el informe se resumen así:
- Un acto administrativo no puede ser multilateral; debe ser adoptado por la autoridad de la institución pública, nada más.
- Hay actos diversos en un mismo documento y carecen de la base legal necesaria que se exige para los actos administrativos.
- Ese acuerdo es una intención de lograr una interpretación en favor de la defensa de derechos adquiridos, pero que dista de ser una declaración que se constituya en un derecho por sí mismo.
- Una cosa es irretroactividad de la ley y otra es la inmutabilidad de la ley. Sería absurdo que las normas no se puedan cambiar nunca.
Por eso la conclusión: “Bajo este escenario, no estamos frente a actos administrativos y, si esta premisa básica falta, pierde interés discutir si la anulación de un acto que como tal no ha nacido a la vida jurídica, debería plantearse en vía administrativa o en la sede judicial, porque sencillamente no hay un acto concreto y favorable que eliminar del ordenamiento”.
En síntesis, los acuerdos de febrero y de agosto son papel inútil, según la CGR, lo que deja sin solución el conflicto que motivó la huelga de agosto: la vigencia de los incentivos salariales que, entre 2014-2018, pesaron un 42% de la partida de remuneraciones, dice el análisis.
A las 2 p.m. de este jueves no se habían pronunciado aún de manera oficial los sindicatos ni los jerarcas de la CCSS. La Unión de Cámaras sí emitió un comunicado en el que celebra la decisión de la Contraloría.
