No es nada nuevo, pero cobró notoriedad en el contexto del escándalo del Caso “cochinilla”. Se trata de las llamadas “puertas giratorias”, el conocido movimiento de personas que trabajaron en la función pública y, posteriormente, pasan a la empresa privada y viceversa.
El problema radica en que, tras el paso por la función pública, quedan los contactos y conocimientos de procedimientos institucionales internos, que pueden ser usados en los límites de la legalidad para beneficiar a un nuevo empleador o socios.
En el expediente judicial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se apunta con gravedad “la existencia de relaciones precedentes entre personal de la empresa privada y su desempeño posterior en cargos públicos en los que, por sus funciones, mantienen identidad de perfiles, provocando así afinidades permanentes que comprometen el deber de probidad”.
En el actual contexto de renovación de las concesiones de transporte público en modalidad de autobús, el cual el Consejo de Transporte Público (CTP) debe llevar a cabo este mes de setiembre, es preciso notar cómo algunos cuadros en posiciones de poder han procedido de esa forma.
Como ejemplo de ello se puede citar el caso de la empresa Inversiones La Tapachula, que actualmente maneja once rutas en el sector de Santa Ana y otras once en Escazú.
Durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), el gobierno nombró representante del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) ante el CTP a Katia Ramírez, socia en esa empresa y, además, casada con Rafael Molina, quien durante el primer gobierno de Óscar Arias (1986-1990) fungió en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como director del departamento de Estudios Tarifarios.
En noviembre de 2000, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) acudió a la Contraloría General de la República (CGR) para cuestionar la decisión del CTP de pagar a esta empresa más de ¢300 millones por concepto de un ajuste tarifario.
Cinco años después, en abril de 2005, el CTP otorgó la ruta San José – Santa Ana a esta autobusera, a pesar de que la población estaba satisfecha con el servicio que hasta entonces ofrecía Etransa. Para junio personas vecinas de ese cantón hicieron las primeras quejas por la mala calidad del servicio.
Del MOPT a Canatrans
Cuando se trata del sector autobusero, una de las instancias más poderosas del país es la Cámara Nacional de Transportistas, que en su página de Facebook proclama ser “la organización más importante del país que agrupa a las principales empresas de Autobuses de transporte público de Costa Rica”.
Desde 2015, la directora ejecutiva de Canatrans es la abogada Silvia Bolaños, quien ocupó el puesto de viceministra de Transporte Terrestre y Seguridad entre 2013 y 2014, durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014). En ese periodo también fungió como vicepresidenta del CTP y como presidenta del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Cabe destacar que antes de ser viceministra, Bolaños fue asesora legal de la junta directiva del Cosevi y asesora de la presidencia del CTP. Poco después, entre 2011 y 2012, fue asesora ad honorem de la Comisión de Tránsito de la Asamblea Legislativa y directora ejecutiva del COSEVI, de acuerdo con un currículum suyo disponible en el sitio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Durante su gestión pública en el MOPT y en el CTP, Bolaños participó en el proceso de renovación de 250 concesiones de transporte público en la modalidad de autobús. Por tanto, se le preguntó por escrito si se benefició de ello alguna empresa o empresas integrantes de la CANATRANS de la cual forma parte como directora ejecutiva.
La abogada contestó que el proceso de renovación de concesiones no es un “acto unilateral” de un jerarca, y que la renovación de 2014 “carece de interés alguno, ya que el mismo fue dejado sin efecto por el Tribunal Administrativo de Transportes, por lo que la renovación actual de las concesiones la realizó la Junta Directiva del CTP, que en ese momento presidía don Carlos Segnini, por lo que efectivamente, no participé del proceso de concesiones”. “De hecho, para ese momento no era miembro de la Junta Directiva ni integrante de Canatrans”, añadió.
También se le preguntó si se ha valido de contactos o influencia en el MOPT o CTP para buscar beneficio para las empresas asociadas a Canatrans durante el actual proceso de renovación de concesiones, a la luz de circunstancias como que desde 2019 no se realizan estudios de calidad del servicio, o que el Poder Ejecutivo ha buscado que la renovación de las concesiones fuera por 15 años en lugar de siete.
La abogada, en primer lugar, aseguró que toda gestión hecha ante la administración pública se respalda en los “criterios técnicos, jurídicos y financieros correspondientes”.
“Desde mi salida en el Ministerio han transcurrido siete años, evidentemente no soy la primera exjerarca que labora tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, nunca he tenido participación accionaria en ninguna empresa de transporte, como tampoco he incurrido en un “tráfico de influencias” para que una asociada o asociadas a Canatrans, obtengan un beneficio de cara a la próxima renovación de concesiones”, afirmó.
Respecto de los estudios de calidad, Bolaños aseveró que “bajo las circunstancias de excepción actuales (estamos en estado de emergencia nacional), las condiciones operativas de las empresas variaron debido a la pandemia, por lo que los requisitos para la aplicación de los estudios de calidad 2020- 2021, según la Administración, no respondían a la realidad operativa normal de las empresas, lo que incidía directamente en la evaluación de calidad”.
En relación con la ampliación de los contratos de concesión, enfatizó que es una iniciativa materializada en un proyecto de ley “que, según entiendo, se sustenta en un informe de la empresa Deloitte” que “fue solicitado” por la Aresep y, por tanto, no es iniciativa suya ni de la Cámara.
“Por ende, —concluyó— ninguno de los dos ejemplos los considero ciertos, y mucho menos que demuestren ninguna influencia o poder de determinación de mis acciones sobre el fondo de ellos”.
Otro caso notorio es el del empresario Mario Badilla Apuy, quien fungió como jefe legal y, posteriormente, como director ejecutivo del CTP entre 2010 y 2013, luego de haber integrado la junta directiva de sociedades como Grupo Lumaca S.A., Autotransportes Lumaca S.A. o Corporación Tuasa de Costa Rica S.A.
En octubre de 2018, Badilla Apuy participó en una sesión del Consejo Municipal de Cañas como representante del dueño de la empresa Autotransporte Tilarán, la cual según han manifestado por escrito tanto el Alcalde de Cañas como el diputado José María Villalta, pertenece al entramado del Grupo Caribeños.
Por correo electrónico y por WhatsApp se buscó a Badilla para conocer a cuáles empresas o grupos empresariales del sector transporte ha asesorado o representado desde su salida del CTP. Sin embargo, no se logró respuesta alguna.
