Uso de un grupo de sociedades costarricenses y panameñas, pertenecientes a una misma persona física para hacer triangulación; declaraciones de tributarias sin documentos que la respalden o ventas enormes a un solo cliente sin respaldo que lo demuestre. Esas son parte de las prácticas que denunció el Ministerio de Hacienda contra empresas que incurrieron aparentemente en defraudación fiscal.
Según informó Nogui Acosta, ministro de Hacienda, en total hay 23 denuncias ante el Ministerio Público por defraudación por parte de evasores fiscales, cuya suma adeudada es de ¢27.405 millones y entre los casos más recientes destacó estas tres prácticas.
Sobre el caso de triangulación, el jerarca destacó que hay un mega caso relacionado con un banco privado que opera en Costa Rica -del cual no revelaron el nombre-, en el cual una persona física que tiene la empresa a nivel nacional también tiene el control de una compañía financiera en Panamá, además, hay una Holding panameña del mismo grupo.
La empresa costarricense trasladó $65 millones a la compañía panameña (equivalentes en ese momento a ₡33 mil millones), a la vez que la entidad financiera panameña, efectuó un préstamo por $65 millones al banco privado y la garantía fue brindada por la Holding.
Esto hace que la empresa costarricense pague intereses a la entidad financiera en Panamá, se crea un escudo fiscal y la salida de utilidades permite el traslado de recursos a los socios sin el pago respectivo del impuesto a los dividendos.
“Estamos hablando de una defraudación al fisco por ¢11.000 millones, una maniobra que representó para los costarricenses un total de 1.297 soluciones de vivienda que no fueron construidas y más de 23.000 becas de Avancemos que no se entregaron. Por esta razón trasladamos el caso al Ministerio Público y de ahora en adelante haremos lo mismo con todos los casos que estén por encima de los ¢230 millones”, detalló Acosta.
Por su parte, Mario Ramos, director de Tributación Nacional informó que el segundo caso estuvo relacionado con una sociedad anónima, que tiene registrada como actividad económica la venta de legumbres y hortalizas y al fiscalizar el impuesto sobre la Renta del período 2018 el contribuyente no pudo demostrar la veracidad y exactitud del rubro de costos y gastos reportados, que ascendían en la declaración a un monto de ¢3.700 millones.
“Incumplió con la responsabilidad de llevar la contabilidad, los libros y registros, aludiendo el supuesto daño o extravío de la documentación, lo que implicó que Hacienda determinara la improcedencia de la deducibilidad del rubro de costos y gastos declarados y un incremento en la renta neta”, dijo Ramos.
El tercer caso denunciado por las autoridades de Hacienda, corresponde a una sociedad anónima cuya actividad principal es la venta de vehículos, y como actividad secundaria vende repuestos para automóviles, equipo de audio y video y alquiler de casas.
La Administración Tributaria fiscalizó el impuesto sobre la renta del período fiscal 2016, identificando que más del 86% de las ventas efectuadas, correspondieron a venta de celulares y sus accesorios a un único cliente, pero el contribuyente no demostró la veracidad de dichas importaciones y de las compras locales declaradas, eso implicó un aumento de la cuota tributaria para el impuesto general sobre las ventas de ¢1.001.289.547 y en el impuesto sobre la renta por ¢2.202.108.056.
