“Para nosotros lo peor que puede suceder en cualquier programa es crear una expectativa falsa. Si llegamos y les decimos a los docentes ‘vamos a hacer’ y eso no sucede por muchas razones, genera una resistencia a ese cambio que tenemos que desarrollar”, dice Karla Salguero, la directora de Recursos Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública (MEP).
De acuerdo con la funcionaria, como beneficiario de los proyectos del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones (Fonatel), el MEP creó una comisión con supervisores regionales que envía reportes sobre la situación en cada centro educativo. Por eso, el MEP estaba al tanto de que una mayoría de instalaciones pendientes en los cantones que debe cubrir la empresa Claro.
Añadió que este primer plan en la zona Norte tuvo algunas “lecciones aprendidas”.
“Nosotros ahorita estamos en Pérez Zeledón con Claro y en la zona Sur con ICE, y ya trabajamos antes para entrar a identificar que hicieran un mapeo a ver dónde iban a necesitar esos requerimientos”, detalló.
“En caso de Claro, con esa lección aprendida, en Pérez Zeledón, de 150 centros educativos ya van instalando 81, porque hubo esa previsión, porque nosotros antes de decirles a los directores regionales cuántos centros educativos o cuáles se iban a conectar, dijimos, vayan, estudien. Le dijimos a Fonatel que les hicieran (a las operadoras) una hoja de ruta en la que primero mapearan si hay un problema, como tipo Setena, y lo resolvieran antes de generar expectativas”.
UNIVERSIDAD consultó al Banco Nacional por qué no se hicieron estas verificaciones en los proyectos de la zona Norte y la institución respondió: “El modelo de concurso establecido no permite realizar una verificación previa de factibilidad sobre los lugares exactos de despliegue de infraestructura, partiendo de la neutralidad tecnológica que debe tener la Administración. La definición de los sitios parte de un modelo sobre el cual una vez adjudicado, inicia todo el proceso de contratación del alquiler de los terrenos”.
José Pablo Rivera, gerente de Regulación y Relaciones Institucionales de Telefónica, reconoció que, al ser estos los primeros proyectos grandes que se desarrollaron con Fonatel, la empresa tuvo un “proceso de aprendizaje”.
“Nosotros hemos venido mejorando la cobertura en ambos cantones (Guatuso y Los Chiles). Hemos tenido diferentes causas, por ejemplo, te podemos comentar que en la zona Norte en general hay un gran problema de interferencias, es decir, mucha emisión ilegal, ya sea de radio o de otras cosas que interfieren en la señal”.
“Hemos tenido en este primer gran proyecto varios temas en los que hemos ido mejorando, salir de este tema de interferencias, hemos logrado mejorar la cobertura en algunos puntos”, explicó.
Los proyectos de Fonatel tienen por objetivo llevar telefonía e Internet a aquellas comunidades desconectadas y promover el acceso universal de estos servicios.
Antes de estos planes, para proveer de Internet a los centros educativos, el MEP tenía firmado un convenio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para cubrir a la mayor cantidad de centros educativos.
“Alrededor de un 95% (de las escuelas y colegios) tienen algún tipo de tecnología. Cuando digo cualquier tecnología me refiero desde un data card”, explicó Salguero.
En la zona Norte, muchos docentes consultados por UNIVERSIDAD comentaron que esas tecnologías no están en funcionamiento o se trata de velocidades muy bajas que no permiten realizar todos los trámites que exigen las labores administrativas.
“Estamos tratando de migrar las tecnologías en la medida de lo posible, ya sea a fibra óptica, y otras tecnologías que se adecuen a las particularidades del centro”, añadió Salguero.
Proyectos en investigación
En junio del 2016, el gerente de Telecomunicaciones del ICE, Jaime Palermo, le solicitó a Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) investigar el destino del dinero de Fonatel en los proyectos de Guatuso, San Carlos, Los Chiles, Sarapiquí y Upala.
Esto debido a que, en criterio del ICE, algunos distritos contemplados en los concursos “coincidían con los sitios en los que por obligación ambas empresas (Claro y Telefónica) debían implementar infraestructura en razón del contrato de concesión de frecuencias suscrito con el Estado costarricense en 2011”.
Según el ICE, las empresas debían cubrir el desarrollo de la infraestructura con sus propios fondos.
Ante consulta de UNIVERSIDAD, el ICE informó de que, el 16 de diciembre anterior, la Sutel respondió que los objetivos de los contratos en la concesión de frecuencias y los de Fonatel no eran los mismos.
El ICE consideró que esa información no respondía su consulta y, por ello, el 23 de febrero de este año, solicitó una investigación a la Contraloría General de la República (CGR), gestión que se encuentra en trámite.
