La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, enfrenta un largo listado de cuestionamientos que van más allá del manejo errático que hizo con la investigación sobre la polémica Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), que anteceden ese escándalo y que le atribuyen negligencia, opacidad y formas autoritarias en numerosos casos.
Los señalamientos están contenidos en la ampliación de la denuncia que ante la Asamblea Legislativa presentó un grupo de funcionarios de la Defensoría de los Habitantes, quienes desde el 4 de agosto pidieron la apertura de una investigación contra Crespo y ahora, con ese proceso en desarrollo mediante audiencias secretas, presentan cuestionamientos adicionales.
Son 35 páginas más pruebas que firman miembros del Consejo de Directores al que Crespo decidió cambiarle las reglas (Jeanette Carrillo y Juan Manuel Cordero), el sindicato de la Defensoría (David Walsh) y cuatro representantes de los funcionarios que desde julio pidieron la separación de la defensora que ya cumple más de año y medio en el cargo.
En el programa de la comisión estaba fijada la comparecencia de Crespo para el jueves 3 de setiembre y la posibilidad de conclusiones el martes siguiente, aunque los detalles de lo que han avanzado hasta ahora se mantienen bajo reserva.
“Nos apersonamos para ampliar los hechos, destacando actuaciones de la jerarca que derivan en evidentes violaciones al ordenamiento jurídico, transgreden el deber de probidad y que revisten una atroz falta de transparencia y de rendición de cuentas en el ejercicio del cargo. Situaciones todas que configuran a su vez, la causal de cesación del ejercicio del mandato establecida en el artículo 6 (de la ley 7319), el cual señala: ‘negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento jurídico”, dicen los denunciantes en la carta que enviaron desde el 13 de agosto.
El documento lo remitieron al presidente legislativo, Eduardo Cruickshank, a la liberacionista Ana Lucía Delgado y a la socialcristiana María Vita Monge antes de que comenzara su tarea la comisión investigadora que preside la socialcristiana María Inés Solís, quien semanas atrás se había expresado en defensa del trabajo de Crespo.
Los cuestionamientos contra Crespo detonaron cuando se conocieron los yerros en la intervención que ella dirigió contra la Presidencia de la República al conocerse el caso UPAD, sobre todo alrededor del extravío de parte del audio de la audiencia de ella con el mandatario Carlos Alvarado.
Sin embargo, las críticas contra Crespo desde dentro y fuera de la Defensoría aludieron a otros hechos anteriores relacionados con nombramientos y el manejo de la información institucional, además de nuevas acciones que ella decidió ante los cuestionamientos públicos.
Se suman también las denuncias por supuesta beligerancia política, pues Crespo habría participado en actividades relacionadas al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) durante la campaña para elecciones municipales de febrero de 2020, aunque esos asuntos aún los investiga el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Los denunciantes señalan que está en entredicho la solvencia moral indispensable para una persona que ostenta el cargo de Defensor o de los Habitantes, lo cual resulta grave si se considera que “para que sea efectivo y eficaz su mandato se debe ejercer lo que se denomina la magistratura de influencia o persuasión, que es el poder real de influir sobre las decisiones del aparato público y restablecer los derechos violentados”, dice la carta.
“Esa pérdida de credibilidad quedó manifiesta ante la propia Asamblea Legislativa, cuando con ocasión de la comparecencia de la Sra. Crespo Sancho para defender el Informe Anual de Labores (25 de junio), varias señoras y señores diputados de distintas bancadas legislativas le solicitaron a viva voz la renuncia a su cargo, y ante la resistencia a acceder a ello —que era lo que moralmente correspondía por pedírselos sus superiores— varios diputados y diputados firmaron una moción para la conformación de una Comisión que investigara sus actuaciones.”
Las siguientes son algunas las acusaciones que los denunciantes piden a los diputados abordar y no quedarse solo en el caso UPAD y el valor político que pueda tener en la discusión partidaria y en la opinión pública, aunque también muestra parte de las conductas que los funcionarios consideran están afectando la credibilidad de la Defensoría de los Habitantes. La información fue tomada del oficio cuyas copias están en la Asamblea Legislativa y ni los firmantes ni Crespo accedieron a dar declaraciones para esta publicación.
Violación al ordenamiento jurídico en el caso UPAD
Es el señalamiento más conocido: se refiere a la separación de las normas cometidas por Crespo al atender el caso UPAD en el mes febrero, después de que la Dirección de Gobernanza Pública hizo ver la gravedad de los hechos y la necesidad de investigarlos, dicen citando el oficio DH-GP-0099-2020.
Señalan que la Defensora decidió acudir a reunirse con Carlos Alvarado acompañada por un equipo que ella escogió al margen del manejo técnico y con instrucciones que ella emitió de manera autónoma. Las preguntas, por ejemplo, las eligió ella a pesar de advertencias sobre la posibilidad de un adelantamiento de criterio. El rol de cada acompañante tampoco estuvo claro, salvo el del jefe de Prensa, Amed Tabash, quien debía grabar la reunión, “pero más que una asignación, fue la correspondiente acción de una labor periodística que no tenía relación con la investigación.
“En ese sentido, debe aclararse que, en ningún momento se señaló que la audiencia sería grabada como única o exclusiva forma de recoger las manifestaciones de la reunión, siendo que la grabación correspondió a las labores propias del periodista institucional, como respaldo para sus acciones”, dice el documento.
Este audio cobra importancia cuando, tiempo después, se revela que se extraviaron partes de él, lo cual levanta sospechas de defensores y críticos de la UPAD y sobre el procedimiento que estaba llevando la Defensoría.
Fue después de la reunión entre Crespo y Alvarado cuando ella da una conferencia de prensa sobre la que no estaba enterada la Dirección de Gobernanza, en la cual los técnicos escuchan a Crespo decir que había decidido iniciar una investigación de oficio y que pediría la actuación de la Fiscalía General de la República.
“Es en ese momento, ante las declaraciones dadas a la prensa, el equipo técnico conoce de la decisión de la Jerarca de abrir una investigación de oficio, forma de intervención que, según el Macroproceso requiere una serie de formalidades para su conformación”, dice la denuncia sobre el expediente que acabó abriéndose dos días después (25 de febrero) con un plazo de solo cuatro días para aclarar todo.
“Es claro que el plazo tan corto (…) genera un riesgo altísimo para los profesionales involucrados, lo que significó un trabajo de casi 24 horas, muy acotado a objetivos muy delimitados, al resultar imposible desarrollar con mayor profundidad la investigación”, se lee sobre ese informe, aunque igual fue entregado en tiempo por correo electrónico con el afán de que las recomendaciones se construyeran en conjunto con Crespo.
“La jerarca pidió a colaboradores de su equipo asesor del Despacho que reformularan las conclusiones elaboradas en el informe borrador para que quedaran en 4 grandes grupos y que se eliminara un apartado que se había elaborado sobre datos abiertos. Pidió además la Jerarca eliminar la mención expresa a nombres de autoridades públicas (el de Rodolfo Piza como ministro de la Presidencia) e indicó que el informe no tendría recomendaciones, que sería una relación de hechos que se trasladaría a la Fiscalía General de la República, siendo hasta ese momento que el equipo técnico conoce esa decisión”.
La decisión de salir a la prensa con, apenas ese primer borrador a hacer públicas las conclusiones, tomó por sorpresa a todo el equipo técnico que había trabajado en la investigación, pues nunca antes se había procedido así. “Este accionar con tanta improvisación y prisa se considera responde a otros intereses muy distintos a los referidos a un proceso de investigación profesional o técnico, como indicó la Jerarca es su forma de proceder siempre”.
Más allá de enviar el caso al Ministerio Público y comunicarlo a la prensa, la Defensoría no elaboró un informe de carácter administrativo sobre relacionado con el control interno en Casa Presidencial en materia de gestión de datos personales. “La acción apresurada y sin mayor pausa de análisis y estrategia técnica impidió a la Defensoría realizar una intervención más integral en el caso que nos ocupa”, dicen los denunciantes.
También señalan como cuestionable que se eliminara de ese informe el nombre de Piza, quien en las elecciones de 2018 fue el candidato presidencial del partido al cual se le atribuye relación a la Defensora.
“Resulta a todas luces improcedente y desconocedor de la causalidad de la responsabilidad administrativa, y eventualmente penal, el decidir eliminar los nombres del informe correspondiente”, sostienen los denunciantes.
“Todos los hechos expuestos hacen ver un accionar negligente, poco riguroso, contrario a las normas procedimentales de la Defensoría de los Habitantes, que puso en riesgo una investigación tan importante como el CASO UPAD; impidiendo, a su vez, a las y los diputados hacer un mejor control político con la información que la DHR había generado”, agregan antes de atribuir a Crespo propósitos más mediáticos que técnicos.
Después de UPAD
Después de los cuestionamientos publicados al procedimiento sobre el caso UPAD, directores de departamentos de la Defensoría pidieron la salida de Crespo, pero vendrían nuevas decisiones.
La Defensora “ha actuado en forma arbitraria, caprichosa y en clara persecución contra este órgano (Consejo de Directores)”, dicen basados en la reforma estatutaria fechada 3 de agosto, en que quitaba a esa instancia sus funciones de contrapeso, y en una nueva reforma estatutaria que sobre las mismas normas realizó la Defensora una semana después, incorporando integrantes sin criterios claros. Entre ellos estaba la auditora institucional, “la cual por prohibición de ley no puede ser parte de la Administración activa”.
También al calor de los cuestionamientos sobre el manejo del caso UPAD, la Defensora y su despacho incluyeron reformas al manual de procedimientos institucionales “en busca de legitimar la intervención del Defensor o Defensora de los Habitantes en el proceso técnico y estratégico de intervención que realiza el equipo o profesional responsable”.
A esto se refieren con las modificaciones supuestamente indebidas del llamado Manual de Macroproceso de Protección de Derechos, que organiza las prácticas de atención de las quejas, reclamos o denuncias para garantizar que el accionar de la Defensoría se apega a reglas oficiales y procedimientos técnicos, uniformes y transparentes.
Con los cambios impulsados por el despacho de Crespo “se introduce una excesiva discrecionalidad por parte del o la jerarca en el proceso de intervención, que al tiempo que crea incertidumbre, incrementa el riesgo de que el resultado final de la intervención se aleje de criterios técnicos y objetivos, restándole legitimidad y credibilidad a la Defensoría”, dice la denuncia.
En este contexto también se critica la decisión de Crespo de declarar “confidenciales” oficios que hasta el mes de julio eran accesibles en el sistema interno, a lo que la Defensora no brindó explicaciones y solo remitió una consulta a la Asesoría Jurídica. Uno de esos documentos era la consulta que hizo a la Contraloría General de la República sobre un asunto cuya respuesta utilizó después de manera equívoca para tomar decisiones sobre el Consejo de Directores.
Estrategia en Pandemia
Los funcionarios, directores y el sindicato institucional achacan a Crespo haber sido omisa sobre la estrategia institucional para garantizar el funcionamiento de la Defensoría en el actual contexto de pandemia de COVID-19, a pesar de que así se lo han solicitado.
“No hay dirección técnica, ni conducción estratégica ni comunicación asertiva con la jerarca; es más, no hay comunicación con la Defensora. Hay directores y directoras de la Institución que tienen meses de que la Defensora no les brinda realimentación del trabajo ni norte a seguir, opera la Institución casi que por inercia y gracias a la expertise de su personal de planta”.
¿Contar hasta 10?
En el mismo contexto de la pandemia, los firmantes de la denuncia atribuyen a Crespo desconocimiento de elementos técnicos en asuntos propios de la acción de la Defensoría al haber promovido una campaña que decía “en esta cuarentena, si algo le molesta, cuente hasta 10”. Por su enfoque, motivó críticas por considerar considerar de gran riesgo la idea de “aguantar y callar” en lugar de promover y respaldar la denuncia al maltrato llamando al 911, como correspondería normalmente un llamado de parte de la Defensoría de los Habitantes.
“Se trata de una intervención que pareciera estar más bien basada en opiniones personales y no en el marco de la investidura que se ostenta como Defensora de los Habitantes”, se lee.
¿Comunicación institucional o personal?
Los denunciantes reprochan el uso que ha hecho la Defensora de los recursos institucionales para su defensa propia, en referencia a las herramientas de difusión hacia el público con contenidos relacionados al conflicto que enfrenta internamente. Por ejemplo, la decisión de divulgar esas plataformas ante la prensa y ante espacios digitales, y el apoyo que dice haber recibido de organizaciones internacionales de defensores de los habitantes, pero no de las denuncias hechas por funcionarios o por el manifiesto en contra de ella firmado por 138 personas de grupos activistas o vinculados a los derechos humanos.
Recortes en Pandemia
Los denunciantes atribuyen a Crespo generar incertidumbre institucional en el manejo del recurso humano, pues en el contexto de estrechez presupuestaria del sector público ha dado mensajes distintos sobre las disposición de recortes.
El 28 de julio Crespo escribió al Ministerio de Hacienda para rechazar la posibilidad de recortar ¢629 millones, pues eso “pondría en riesgo el servicio eficiente y oportuno” a las personas que acuden a la Defensoría, como lo había comunicado en una circular interna y firmado junto a otras autoridades de la institución. Sin embargo, cinco días después escribió otro oficio en el que ella sola ponía a disposición de Hacienda ¢647 millones, documento que se conoció por interposición sindical desde ese ministerio, no por comunicación abierta en la Defensoría.
“Si bien las necesidades fiscales, la crisis sanitaria y la recesión que atraviesa el país demandan que todas las instituciones aporten su cuota de sacrificio y optimicen el uso de los recursos escasos, no se comprende cómo una jerarca de una institución de defensa de los Derechos Humanos compromete el funcionamiento de la institución, imponiendo sacrificios presupuestarios más allá de lo factible y de lo solicitado por las Autoridades Ejecutivas y, sobre todo, actuando en forma poco transparente”, dice la denuncia.
¿Control sobre el protocolo?
Existe un instrumento internacional contra la tortura que Costa Rica ratificó en 2004 y que crea una instancia llamada Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la Defensoría pero con máxima desconcentración. Sin embargo, la Defensora decidió en 2019 ordenarle realizar inspecciones y obligar a su dirección ejecutiva a acudir a reuniones de control de la Defensoría.
“La violación del Principio de legalidad por parte de la Defensora se ha constituido en una marcada presión y de hostigamiento obligando al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a realizar actividades que no están dentro de sus competencias, obstaculizando e interfiriendo en su mandato. Esa situación ha propiciado constantes roces (…) que han afectado significativamente la gestión del órgano y, por ende, pone en riesgo el efectivo y eficiente cumplimiento de su mandato”, dice el documento.
Nombramientos
El 25 de febrero del 2019 la Defensora nombró por recargo al Jefe de Recursos Humanos de la Defensoría como Director de Asuntos Laborales, sin que este funcionario cumpliera con los requisitos para ese puesto y sin criterios técnicos tanto de la Dirección de Asuntos Jurídicos como de la Dirección Administrativa, según la denuncia.
Lo procedente, indican, era realizar el concurso público respectivo para nombrar el o la nueva directora, pero Crespo decidió hacerlo sin consultar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, como dice el oficio DAJ-060-2019, emitido por la directora Catalina Delgado, ante una solicitud del Sindicato.
La auditoría y la Contraloría General de la República habría objetado este nombramiento por incompatibilidad de funciones, pero Crespo decidió mantener el nombramiento hasta que concluyó el período de recargo.
Una situación similar señalan con la señora Tirza Chaves, esposa del exdefensor de los Habitantes José Manuel Echandi, actual asesor de un diputado en la Asamblea Legislativa. A ella intentaron nombrar como asesora del despacho, a pesar del vínculo con su marido, pese a esa designación no se concretó y más bien la nombraron en una plaza en la Dirección de Admisibilidad, en sustitución de una funcionaria que se encuentra ascendida interinamente en otra Dirección, a pesar de que no se realizaron varios procedimientos previos, dice la denuncia.
Ante ello, la auditora Alejandra Sobrado emite el informe AI-025-2020, con advertencias. Sin embargo, Crespo le contestó que “emite un criterio sesgado que violenta su imparcialidad” y le solicitó reconsiderar las advertencias, se lee en el oficio DH-347-2020 del 26 de mayo, en el que la Defensora reprocha que la auditoría dejó por fuera varias consideraciones.
TSE también investiga a la defensora
La Inspección Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) estudia un expediente que reúne varias denuncias por beligerancia política que habría cometido la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, al haber participado en actividades proselitistas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), según las acusaciones.
El expediente ya lo pasó una sección especializada que revisó asuntos de forma de las denuncias y ahora la Inspección Electoral realiza una investigación preliminar para decidir si amerita que el caso se eleve a un contencioso, en que los magistrados decidirían si Crespo violó el artículo 146 del Código Electoral.
El caso llegó a Inspección Electoral el 21 de agosto al verificarse que las denuncias cumplían con los requisitos. El resultado final podría ser, según establece la ley, la destitución del cargo, como pretenden las personas que llevaron el asunto a los diputados, quienes decidieron remitirlo al TSE.
