• Empresarios de un negocio que movió más de $21 millones en cinco años se cuelan en la Asamblea Legislativa, al calor del debate sobre cuántas armas y cuáles balas puede poseer un ciudadano.

A principios del 2013, cuando el gobierno de Laura Chinchilla intentaba reformar las leyes sobre tenencia de armas de fuego en el país, un grupo llamado Pro Defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana (ProDefensa.org, en sus redes sociales) organizó una rifa en Facebook.

El sorteo era para “impedir la aprobación legislativa del nefasto proyecto de ley” que impulsaba el Gobierno  y que buscaba —entre otras medidas— la reducción de la cantidad de armas permitidas para cada persona (de tres armas a una). Cada número de la rifa costaba ¢15.000 y se prometía que el dinero recaudado sería utilizado para “labores de información y difusión”.

El sorteo fue patrocinado por las armerías El Hispano y El Trabuco, y por la productora de armas canadiense, North Eastern Arms, según los anuncios del grupo. El premio para el ganador de la rifa: un rifle semiautomático NEA AR-15.

Para financiar la campaña contra la reforma gubernamental, dichas armerías también patrocinaron la rifa de una carabina deportiva Mossberg, una pistola Sig Sauer, una escopeta Remington y un rifle Mendoza, según las publicaciones en Facebook de Prodefensa.

Al final, el proyecto de la administración Chinchilla Miranda (2010-2014) se estancó y murió archivado por el Congreso en el año 2015. Cuatro años después, en este 2019, el tema resucitó y las organizaciones vuelven a la acción.

Prodefensa nació como una iniciativa para incidir en política. De hecho, recogió a varios activistas que promovían un proyecto de ley apadrinado por el Movimiento Libertario, como contrapropuesta a las iniciativas de control que existían en el Congreso a inicios de la década.

Aquel proyecto, para ponerlo en contexto, permitía que cada persona pudiera registrar más de tres armas y, además, facultaba la posibilidad de portar ese número de dispositivos al mismo tiempo.

Sobre sus esfuerzos, el presidente de la Asociación Pro Defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana, Sergio Arguedas, asegura que es “un trabajo de hormiga”, un trabajo que se basa en contactos políticos más allá de las rifas y de la publicidad.

Ahora, una nueva reforma se tramita en el Congreso: un par de proyectos que dejó la administración de Luis Guillermo Solís y que retomó este nuevo gobierno para regular las inscripciones, aumentar la penas por incumplimientos de portadores y elevar las restricciones de uso.

Desde el inicio de este gobierno, los registros de la Asamblea Legislativa muestran casi una decena de visitas de Arguedas a despachos de diputados. Además, las comunicaciones tampoco han cesado con el Ejecutivo. Cada flanco cuenta.

Como su predecesora, la idea más bulliciosa de la nueva reforma intentaba reducir el número de armas registrables por individuo. Sin embargo, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y del Partido Integración Nacional (PIN) en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico borraron tal propuesta, argumentando que no encontraban una justificación para hacerlo.

Esta y otras intenciones de la reforma han provocado la llegada de grupos organizados, sectores comerciales y civiles a la Asamblea una vez más, en una red que se ha hecho campo en despachos, páginas de prensa y redes sociales. La asociación Pro Defensa es solo un ejemplo.

Ante dicha presión se manifestó la expresidenta y exministra de Seguridad, Laura Chinchilla, quien vio caer sus reformas en el pasado y ahora pidió a los congresistas de su partido no alinearse con “los intereses de la industria armamentista”.

El mercado de las armas en Costa Rica importó casi $21 millones en armas de fuego, accesorios y municiones durante los últimos cinco años, según datos del Ministerio de Comercio Exterior y el Banco Central.

Además, los registros del Ministerio de Seguridad hasta enero de este año documentan que solo 20 establecimientos están autorizados para la importación y la venta de armas y municiones. A ello se suman 14 establecimientos con permiso únicamente para la venta de municiones y 13 que negocian ambos materiales pero sin importarlos de forma directa.

¿Cómo actúan?

Frente a una nueva Asamblea Legislativa, con partidos políticos desaparecidos y nuevas banderas asomándose en el plenario, y con otro intento de reforma a la Ley de Armas en el horizonte, a Cuesta de Moras han llegado representantes de polígonos de tiro, empresas de seguridad, asociaciones de tiradores y de “defensa civil” casi desde el inicio de la administración.

La primera reunión entre estos empresarios y legisladores se dio el 22 de mayo del año pasado en el despacho de Zoila Rosa Volio, del PIN.

En dicha reunión participaron: Sergio Arguedas, de Pro Defensa; Rodrigo Carvajal Herrera, presidente de la Asociación de Tiro Práctico; Esteban Ruiz García, presidente de Psicoseguridad S.A.; y José Ojeda Alfaro, quien preside el Centro de Defensa Civil S.A. y es miembro de la Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad.

La diputada afirmó que escuchó a esas personas “como el profesor que me enseñó a armar y desarmar un arma”, pero que no hubo presión por parte de los empresarios.

Según los registros de seguridad de la Asamblea Legislativa, Ojeda visitó nuevamente a la diputada Volio en setiembre del 2018 y el pasado jueves 22 de febrero, día en que la legisladora participó en la comisión que debate la reforma a la Ley de Armas.

El Centro de Defensa Civil, que preside Ojeda, ofrece servicios de polígono de tiro y venta de municiones con el nombre de Polígono CDC, en Pavas.

Desde el inicio del presente gobierno, Ojeda hizo 11 visitas a la Asamblea Legislativa. Además de la diputada Volio, el empresario acudió a los despachos de Melvin Núñez, de Restauración; la diputada independiente, Marolin Azofeifa; así como Jorge Fonseca y Gustavo Viales, del PLN. Estos últimos 3 legisladores han formado parte de la comisión que discute la reforma de ley.

Por su parte, el representante de Pro Defensa afirmó que su mensaje de oposición a la reforma fue bien recibido por algunos diputados:

“Hemos tenido buena respuesta de la Unidad Socialcristiana [PUSC]. Nos ha acogido muy bien y ha entendido nuestras razones el partido Republicano. En el caso de Liberación, don Roberto Thompson nos ha recibido y don Jorge Fonseca también. Básicamente, esos (diputados) han sido los que, por lo menos, han dejado que nosotros hablemos”, dijo Arguedas.

Sin embargo, Arguedas reconoció que el contacto con otros grupos legislativos no ha sido fructífero: “También nos hemos reunido con la gente de Restauración Nacional, de Nueva República; nos han dicho una cosa pero, a la hora de ir a debate, dicen otra”.

Arguedas ha visitado la Asamblea Legislativa en ocho ocasiones para acudir a barra del público del Plenario y a despachos. La mayoría de esos encuentros fueron en la oficina de Jorge Fonseca, del PLN.

El diputado liberacionista aseguró que conoció a Sergio Arguedas en una competición de tiro a la que acudió porque tenía “dudas técnicas de municiones o de diferentes cosas que incluían en los proyectos de reforma”.

A su vez, Fonseca dijo que el presidente de ProDefensa lo presentó con José Ojeda, quien lo invitó a su polígono de tiro. “Fui a ver y hacer una práctica al polígono, para saber cómo funciona un arma”, justificó el diputado, que fue visitado por el empresario en dos ocasiones a finales del 2018.

A pesar de la relación directa de Ojeda con el negocio de armas y municiones, el legislador Fonseca negó que su contacto con el empresario haya influido en las decisiones que ha tomado en la reforma de armas. Un periodista del programa Interferencia, noticiero de las Radios UCR, intentó contactar a José Ojeda por medio de la central telefónica del Polígono CDC, pero su recepcionista dijo que estaba ausente.

Por otro lado, el presidente de Pro Defensa negó que su grupo esté siendo financiado por armerías actualmente, más allá de las rifas de armas que les patrocinaron en el 2013. Arguedas añadió que, con dichos sorteos, recaudaron unos ¢3 millones que se acabaron “hace tiempo”.

“Nosotros no somos financiados. Si nosotros recibimos una plata mensual, sí le digo que estamos auspiciados, pero eso no es cierto. Si nosotros tuviéramos un financiamiento fuerte de parte de las armerías, posiblemente otra situación tendríamos”, afirmó Arguedas.

Además de liderar Pro Defensa, Arguedas figura como presidente de Grupo De Seguridad Mil Ochocientos Noventa Y Ocho S.A., cuyo fin oficial es la prestación de servicios de vigilancia privada. Arguedas explicó que esa sociedad es un proyecto comercial fallido que intentó en el 2009 y que está inactivo en la actualidad.

La actividad de estos grupos, sin embargo, no se ha enfocado únicamente en los diputados y ha intentado también acercarse a los impulsores de proyectos en el Ejecutivo, un proceso menos infructuoso pero que ha quedado explícito en reuniones y oficios de conocimiento público.

De hecho, el ministro de Seguridad, Michael Soto, reconoció este martes en una entrevista radiofónica que ha tenido contacto con varios de estos grupos y personas interesadas, que “han sido tremendamente respetuosos” con él.

Estos grupos parecen haber entendido el potencial que existe en sus relaciones políticas y, lejos de evitar cualquier contacto, más bien expanden su búsqueda.

Recientemente, por ejemplo, Pro Defensa publicó una carta que obtuvieron del excandidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, quien tres días antes de la elección presidencial se comprometió a derogar acuerdos y directrices del Ministerio de Seguridad Pública en relación con intereses del sector armamentístico.

En su texto, el excandidato del partido verdiblanco se describía a sí mismo como un ciudadano que porta armas “desde hace 35 años (…) a favor de la tenencia legal y responsable de armas”, quizás un ejemplo de esas afinidades que han buscado y logrado encontrar los grupos proarmas en el ruedo de la política.

UNIVERSIDAD intentó confirmar con Álvarez el contenido del texto. Sin embargo, el liberacionista no respondió a las llamadas ni los mensajes enviados.

Cabildeo: cuestionado y sin cuestionar

El diputado republicano, Otto Vargas, recibió a mediados del 2018 la visita del israelí Dan Globerman y el costarricense Julio Mata Pacheco, quien se identificó ante la pregunta de este semanario como un miembro más de la Federación de Tiradores Deportivos.

Globerman es vocal de la junta directiva de esa Federación, pero también figura como presidente de Dicsa Defensa Internacional Consultoría S.A., cuyo fin desde el 2017 es la “prestación de asesoría y consultoría en materia de seguridad, vigilancia, entrenamiento e inteligencia”.

El diputado negó que esos visitantes tuvieran un interés comercial de cabildeo. “Mirá, si ya llega una persona que tiene una venta de armas, ya es otro el concepto. Ya no sería simplemente hablarme de que si una limitación es buena o no es buena; ya es defender su negocio. De la gente que me visitó te puedo decir casi con certeza que ninguno era dueño de armerías. Todos eran de tiro deportivo”, dijo Vargas.

Vargas fue cuestionado recientemente por una fotografía que se le tomó la semana pasada en la Comisión de Seguridad del Congreso, donde Julio Mata se coló al recinto legislativo para hablar con él.

Mata señaló que el episodio se malinterpretó. Según el tirador, el ingreso se retrasó media hora en los portillos de acceso de la Asamblea, por lo que llegó desorientado y, en medio de un receso, simplemente quiso aprovechar para ponerse al día con el congresista.

“De manera poco prudente, pero también porque no existe ninguna prohibición o señalamiento para ingresar o acercarse a la puerta donde están los diputados, entré y le consulté cómo se votaron algunas mociones a don Otto Vargas, pero él solo me indicó si habían sido aprobadas o rechazadas”, explicó.

El hecho, dijo luego el diputado republicano, podría verse como un posible “exceso de confianza” que “no debió haberse dado”.

“Él simplemente me preguntó cómo habíamos votado un par de mociones, pero yo no lo llamé. Yo no regulo quién entra ni pedí que lo dejaran pasar”, comentó; aunque sí aceptó haberse reunido antes un par de veces con él.

Mata visitó al legislador republicano a mediados del 2018 y a inicios de este año, según los registros del Congreso: dos veces el de la independiente Marulin Azofeifa, una el del socialcristiano Erwen Masís y dos ocasiones el de la integracionista Zoila Volio.

Aún así, los cuestionamientos del lobby van más allá de esa imagen.

La regulación del cabildeo ha sido un llamado frecuente en el Congreso, como lo mencionó la independiente del Bloque Nueva República, Ivonne Acuña, quien subrayó que “el mismo Otto (Vargas) dijo que el muchacho que le hace la consulta es un muchacho que ha llegado a su despacho y eso es lobby”, y que debe transparentarse por esa razón.

“No hay ningún problema en eso, todos tenemos derecho a la defensa, pero no se busca violentar eso, sino normarlo y regularlo”, comentó Acuña, quien añadió que trabaja en un proyecto de ley para ello.

También señaló la misma preocupación el diputado oficialista Enrique Sánchez —uno de los principales propulsores de la reforma sobre armas— quien aseguró que la falta de regulación de cabildeos hace “casi imposible identificar asociaciones, grupos e intereses particulares que existen en esta y otras discusiones”.

En este caso, por ejemplo, señaló que “la regulación toca intereses”, pues “reducir la cantidad de armas en la calle y la cantidad de calibres que se puede vender tiene un impacto sobre un negocio”.

La reforma ahora

Las reformas que actualmente se tramitan en la Asamblea Legislativa son el motivo que ha despertado las conversaciones en materia de lobby.

De hecho, la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, cuestionó públicamente por qué las representaciones del PLN y del PRSC cambiaron de criterio en varias disposiciones que planteaba originalmente el proyecto, como reducir la cantidad de armas permitidas por persona de tres a una.

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No obstante, el liberacionista Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico —donde se tramitan los proyectos—, señaló que ellos recibieron el proyecto de la administración anterior, motivo que explica el cambio de criterio.

“Aquí es importante poner en perspectiva el contexto en que se dio esto. Nosotros recibimos los proyectos de la legislatura anterior; no se crearon en este periodo y cuando lo recibimos el proyecto ya tenía una posición clara, ya cuando nosotros lo recibimos decidimos que era necesario hacer más consultas y, en el afán de que estábamos en un consenso relativo únicamente sin alcanzar el tema de la cantidad, dictaminamos el proyecto con un arma, pero luego fue contundente para nosotros que el Ejecutivo no pudo demostrar que bajando la cantidad de armas legales iba a bajar el número de homicidios”, apuntó.

No obstante, una buena parte de los reclamos en materia de lobby parten de acciones como la presentación de mociones casi idénticas por parte de distintos diputados en temas sumamente técnicos; así como de la realización de otros cambios que han venido siendo solicitados por sectores de interés desde hace ya varios meses.

Por ejemplo, los diputados tomaron la decisión de eliminar un inciso que —según el Ministerio de Seguridad— se ideó para prohibir la utilización de algunas armas semiautomáticas adaptadas en plataformas similares a las AR y la AK, armas cuyos costos rondan los $5.000 dólares según las autoridades.

También se intentó eliminar la prohibición para portar armas que establecían los proyectos de ley para personas con antecedentes policiales, un hecho que también ha sido discutido por algunos de estos grupos organizados con las autoridades de Gobierno.

El proyecto, dicen sus propulsores, toca intereses que van desde vendedores de armas hasta empresas de seguridad y portadores, pues solo el endurecimiento de los controles para la consecución y renovación de permisos no suelen ser tomados de grata manera por estos grupos.

Actualmente, el proyecto se tramita en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Allí se revisarán algunas propuestas de modificación en los próximos días y, a partir de ahí, los únicos cambios posibles serán los que logre acordar una mayoría de los diputados en el Plenario legislativo.

PERFIL: Zoila Rosa Volio, diputada del PIN

Una descendiente de militares es la voz de las armas en la Asamblea Legislativa

Álvaro Murillo | [email protected]

“Le voy a contar la verdad. Yo estaba de directora de Conciliación y Arbitraje en la Cámara de Comercio y a mí me buscó don Juan Diego Castro directamente y me ofreció acompañarlo para una Vicepresidencia. Yo le dije que lo que quería es ser diputada porque mi abuelo fue diputado de esta Asamblea Legislativa por 22 años, le dije que quería seguir la tradición familiar”.

“Entonces él habló con don Wálter Muñoz y me eligió la asamblea del partido (Integración Nacional, PIN). Les agradezco a los dos, independientemente de lo que pasó después (distanciamiento). A Álvaro Ramos (abogado que asesoró a Castro en la campaña presidencial en materia de seguridad) lo admiro muchísimo, me ha enseñado muchísimo y tenemos una relación de amistad desde que estábamos solteros los dos”.

Eso lo cuenta la diputada Zoila Rosa Volio para explicar cómo llegó a la Asamblea Legislativa, donde ahora destaca como la principal vocera de lo que ella considera un derecho de la población a defenderse con armas de fuego. La legisladora ha librado un pulso contra el proyecto del Gobierno de reducir a una sola la cantidad de armas que puede registrar un ciudadano, pues alega que hay razones “tácticas” que justifican la posesión de tres unidades.

“No es lo mismo estar en una finca que ser una mujer que sale de un coctel a medianoche, que tiene que pasar por los Hatillos y tenía que andar con una chiquitita, una calibre 22 en la cartera. Es para tener la opción táctica”, justifica esta mujer de 60 años que lleva muchos años de ser poseedora de armas, de entrenar en los polígonos, de ser reservista de la Policía y de conocer a muchas de las personas que en meses recientes han merodeado la Asamblea Legislativa para rechazar la reducción de la cantidad de armas que puede inscribir una sola persona.

Ahora usa la primera persona plural para hablar de quienes abogan por la posibilidad de los ciudadanos a defenderse con armas de fuego. Dice “nosotros” cuando se refiere a los portadores legales, aunque asegura que ahora no porta el arma.

“Cuando me metí en política dejé de andarla. Normalmente no la ando, pero el primer consejo que me dieron fue no sacar el arma, porque no podría sacar la cartera para comerme un tamal en la campaña y dejar ver aunque sea algo chiquitito. Pero yo aún me entreno, voy a polígono. Tomo muy poco porque hay que estar bien físicamente”.

Volio, quien aún pertenece a la bancada del PIN, aunque tiene diferencias con Muñoz y aunque Juan Diego Castro se fue a fundar otro partido, dice ser coherente con sus principios y actuar sin presión de grupos afines al sector de las armas.

“No soy tan famosa en las armerías. Tal vez me conocen en una o dos donde he ido a comprar municiones, porque además he tenido buenos entrenadores. No es que yo ande con el arma, pero es la parte deportiva (…) Creo que si acaso hay en el país cuatro o cinco armerías; lo que hay que poner en orden es a las empresas de seguridad…”, dice antes de desarrollar su respuesta sobre estas compañías y el desorden con las armas que inscriben. Ni siquiera recuerda que existe la conocida armería Polini (“¿eso no era una funeraria?”).

Esto lo expresa Volio sentada en un sillón esquinero en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, en medio de retratos que se le hacen familiares. Los antepasados de esta diputada se pueden buscar en los libros de historia de la política costarricense. Es tataranieta del general Tomás Guardia, político del siglo XIX, y nieta de Arturo Volio Jiménez. Pero también en las ramas de su árbol genealógico aparecen los hermanos Tinoco, el presidente Federico y el ministro de Guerra Joaquín Tinoco, que dirigieron una dictadura militar en entre 1917 y 1919. “En mis antepasados aparecen como 22 militares”, cuenta con naturalidad.

La diputada Volio es prima hermana de Astrid Fischel Volio, quien es secretaria de la junta directiva de Arpoli S.A., sociedad propietaria de la Armería Polini, y está casada con el presidente de esa empresa, Eduardo Polini Freer. Aún así, la legisladora aseguró que tiene una relación distante con esa rama de la familia desde hace “muchos años”.

Lo que sí ocultó, cuenta, son las fotos que tenía de sus entrenamientos en los campos de tiro, embutida en un traje de seguridad sin desobedecer la disciplina que, asegura, impera en esos círculos. “Las borré”, respondió cuando se le solicitó alguna imagen, aunque en todo momento se muestra como parte de ese sector de la población que confía en la capacidad de las balas propias para repeler a los delincuentes.

“No podemos tener un policía en todos los barrios ni en todas las casas. Si entran dos tipos armados a su casa a las dos de la mañana, ¿qué hace usted?. Tampoco es que haya gran volumen, porque las personas solo compran una, no es que sean baratas”.

Entrevista, abogado Álvaro Ramos

“En Costa Rica no existe el lobby pro armas»

Álvaro Ramos es una de las voces más consultadas para hablar de asuntos de seguridad, aunque es clara su línea de mano dura y proclive la potestad de los ciudadanos de defenderse con armas de fuego si lo creen necesario ante la delincuencia.

Ramos, ex viceministro de Gobernación y de Seguridad en el gobierno de Óscar Arias, asesoró en la campaña electoral anterior al candidato Antonio Álvarez y luego a Juan Diego Castro, pero para la segunda ronda se acercó al candidato Fabricio Alvarado.

Ha seguido de cerca la discusión sobre la tenencia de armas, la cual ha estado “plagada de ideología” de ambos lados, admite Ramos, quien descarta que exista en Costa Rica un cabildeo fuerte de grupos pro armas.

“Jamás esto es un lobby. Los conozco a todos y ellos solo ejercen un derecho de expresión en una democracia. Es mentira lo que dijo una expresidenta (Laura Chinchilla), de que haya una industria armamentista. Eso es mentira. Aquí no la hay y está prohibida”, comentó Ramos.

“No es como la NRA en Estados Unidos que tiene un lobby con empresas grandes como Taurus, Beretta o Colt. Allá apoyan candidatos desde pequeños puestos. Yo acá hago lo que hago como ciudadano y no estoy metido en política ni en puestos públicos. Voy a defender todo mi derecho ante la Sala Constitucional y ante quien sea”.

Ramos insistió en que el debate sobre el número de armas es un asunto ideológico y por eso considera absurda la discusión entre un arma, dos o tres. “En otros países la prohibición empezó con el mismo cuento. Se ha visto en Inglaterra y Austria, no es algo nuevo. Si tiene un pequeño problema de índole vecindaria le puede bastar una sola arma. Otros pueden necesitar diez”, añadió el abogado, quien aplaudió el manejo de la diputada Zoila Rosa Volio sobre el tema y reconoció que le ha dado asesoría voluntaria, al igual que a otros legisladores.

* Este reportaje fue producido y publicado en conjunto con Interferencia, el noticiero de las Radios UCR.