La ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, respondió a nuestras preguntas acerca de los costos y extensión del Bono Proteger, así como al proyecto del Poder Ejecutivo para no pagar anualidades en el sector público en los años 2021 y 2022.
¿Qué opina usted sobre la recomendación de la Cepal de avanzar hacia un ingreso básico universal?
—El planteamiento sobre la alternativa de avanzar hacia un ingreso básico universal exige no solo pensar en términos de su dimensión social y el impacto en las personas, sino que requiere de consideraciones con respecto a las capacidades presupuestarias del país para hacer frente de forma sostenible a un esquema de este orden.
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Frente a las circunstancias actuales, ha surgido la necesidad de generar una transferencia que no está concebida de forma exclusiva para las poblaciones en condición de pobreza o pobreza extrema, sino que se ha requerido de un mecanismo específico para la atención de la población afectada laboralmente y que se expresa en un subsidio por desempleo. Considerando el nivel de afectación actual, en términos de volumen de personas con cambio en su situación laboral, la habilitación de los recursos suficientes implica importantes esfuerzos presupuestarios en un contexto donde aún es un reto lo fiscal.
Transicionar hacia otros esquemas como el indicado requiere poner en perspectiva las restricciones fiscales y presupuestarias existentes en el país y los impactos que la emergencia tendrá no solo en el corto plazo sino a futuro.
Además, es importante recalcar que la afectación de la pandemia no se traduce exclusivamente en la actividad del sector privado, sino que también tiene efectos en la recaudación por tributos y planillas, lo que a su vez impacta en los ingresos de las instituciones y plantea desafíos para el desarrollo de programas de cobertura global.
Las reflexiones sobre este planteamiento requieren no solo de la perspectiva técnica y económica, sino del diálogo social.
El “Bono Proteger” está pensado para tres meses, pero el cronograma gradual de la reactivación de actividades en el país se extiende más allá. ¿Cómo están previendo financiar la extensión del subsidio?
—El país está haciendo un importante esfuerzo por habilitar los recursos que se requieren para atender a las personas que han solicitado el Bono Proteger, el cual, ciertamente, ha sido concebido con una cobertura de tres meses por persona.
Esto quiere decir que en la extensión del mismo nos llevaría a que este primer esfuerzo nos permita dar protección a un importante grupo de beneficiarios hasta el mes de agosto, aproximadamente.
La necesidad de ampliar la cobertura por más meses, requiere no solo de la identificación de las fuentes de recursos, sino también del nivel de demanda según el avance de los procesos de recuperación y la persistencia de la afectación. Por tanto, si bien se están analizando los escenarios, aún es prematuro plantear la extensión en los mismos términos actuales con base en la tendencia que hemos observado.
¿Cuántas personas han solicitado hasta ahora el Bono Proteger, a cuántas se les ha aprobado y depositado y cuál es la traba principal para que el subsidio llegue rápidamente a quienes lo solicitan?
—Hemos depositado 439.941 bonos a la fecha, en poco más de 40 días, siguiendo los criterios de priorización con los que cuenta la herramienta; esto, en un universo de 870.170 personas solicitantes.
Esto quiere decir que, si hacemos una estimación promedio diaria de las solicitudes recibidas durante todo el periodo de operación de la plataforma, tendríamos un poco más de 20 mil ingresos diarios para acceder al Bono Proteger.
Esto constituye la planilla más grande que ha pagado el Estado y en una plataforma que no existía antes del COVID-19. Todas estas solicitudes deben pasar por un mecanismo de validación y verificación conforme al decreto ejecutivo de creación del Bono Proteger.
También, el tiempo de asignación de los recursos puede estar en función de otras circunstancias como que cerca de 2.600 personas que ingresaron desde los primeros días y a quienes se les ha aprobado su Bono Proteger, les han rebotado los depósitos por problemas con sus cuentas bancarias (cuentas inactivas, en dólares, vinculadas a tarjetas de crédito).
También hemos identificado impedimentos que han requerido que las personas amplíen su información a fin de esclarecer la situación actual de 9.000 solicitantes.
Sobre el texto sustitutivo del proyecto para no pagar las anualidades del sector público por un período. ¿Lo que se ahorrará será suficiente para financiar el Bono Proteger en lo que hace falta?
—El ahorro que traerá el no pago de las anualidades del 2021 y 2022 se utilizará para la atención de la emergencia a nivel general, no es específicamente para la atención del Bono Proteger.
¿Ese no pago de anualidades lesiona derechos adquiridos de quienes trabajan en el sector público?
—No se lesionan derechos de las personas trabajadoras, ya que estas anualidades se obtienen a partir de la evaluación del desempeño de cada año transcurrido. En este caso, las anualidades de 2021 y 2022 no han sido otorgadas a las personas funcionarias por cuanto se trata de una expectativa de derecho, no un derecho adquirido.
