Atrapada por la turbulencia que sacude la región, la política exterior de Costa Rica se ha visto arrastrada por las presiones de Washington para tratar de poner fin al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Promovida por Estados Unidos y acuerpada por la ola de gobiernos conservadores que barre el continente, el gobierno de Carlos Alvarado se ha sumado al instrumento de coordinación de estas iniciativas: el Grupo de Lima, creado en agosto de 2017, luego del fracaso de iniciativas para aislar a Venezuela en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Conformado por 14 países, entre ellos Costa Rica, el Grupo de Lima reúne a los gobiernos más conservadores de América Latina, desde Colombia, Chile, Argentina, Paraguay y Perú, el Brasil de Bolsonaro y también Honduras, Guatemala y Panamá, en Centroamérica, a los que se suma Canadá.
Tanto la canciller Epsy Campbell como su sucesor, Manuel Ventura, apenas tuvieron tiempo de respirar antes de verse involucrados en las actividades del Grupo que, el 13 de febrero del año pasado, decidió desconocer las elecciones venezolanas, convocadas para el 22 de abril siguiente.
Alvarado, que triunfó en segunda vuelta el 1 de abril y asumió el cargo el 8 de mayo, se sumó a la política de crecientes presiones contra Venezuela a la que ya se había plegado la cancillería del presidente Luis Guillermo Solís.
Venezuela
El canciller Manuel Ventura asumió el cargo el 8 de enero de este año, cerca de un mes después de la renuncia de Campbell, en diciembre del año pasado.
El 10 de enero Juan Guaidó se proclama presidente de Venezuela y es reconocido inmediatamente por Washington y por el Grupo de Lima. Costa Rica acompaña esa decisión y da un plazo de dos meses para la salida de los representantes diplomáticos de Maduro del país. El presidente Alvarado recibe unas credenciales de la nueva representante de Venezuela en el país, que luego encabeza una toma de la embajada, creando una situación delicada para la cancillería.
La realidad es que la política exterior de Costa Rica se ve confrontada a las expresiones de “enérgico rechazo a la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza” por parte del Grupo de Lima y la realidad del agresivo boicot económico impuesto por Washington al gobierno de Maduro, que conforman una verdadera política de guerra.
El rechazo a la violencia se enfrenta también a las reiteradas amenazas militares de Washington contra Venezuela, mientras Guaidó reconoce que está dispuesto a solicitar una intervención militar si el derrocamiento de Maduro se ve más difícil de lo que imaginaron cuando lo nombraron.
La cancillería costarricense no ha dicho una palabra sobre la intervención norteamericana en Venezuela. Una política que, entre otras cosas, ha sumido la economía de ese país en el caos y sometido a su población a las mayores penurias, incluyendo, entre otras cosas, el boicot a la compras de medicamentos, el sabotaje a su sistema eléctrico y el cerco a su industria petrolera.
Al día siguiente del discurso en que el presidente Carlos Alvarado hacía el balance de su primer año de gobierno, el Grupo de Lima se reunió de nuevo en la capital peruana para respaldar a Guaidó tras el fracaso del intento de golpe llevado a cabo la semana pasada.
El intento de golpe fue una mala idea, opinión el vicepresidente de Brasil, general Hamilton Mourão.
En su declaración el Grupo expresó apoyo al “camino político que más le convenga a Venezuela”, dejando abierta todas las opciones y planteando, nuevamente, un desafío para la política exterior costarricense.
Pero la declaración trae dos importantes novedades. Una es la de proponer al Grupo de Contacto Internacional una urgente reunión de representantes del grupo de Lima “para buscar la convergencia en el propósito común de lograr el retorno a la democracia en Venezuela”.
La declaración agregaba otra propuesta novedosa: “hacer las gestiones necesarias para que Cuba participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela”.
Una reunión del Grupo de Contacto –integrado por países europeos, México, Uruguay, entre otros, pero también por Costa Rica– estaba programada para los días 6 y 7 de mayo en San José. Miembro de los dos grupos, a la cancillería de Costa Rica se le ofrecía una oportunidad para adoptar nuevas iniciativas y desmarcarse de la amenaza norteamericana de derrocar a Maduro por la fuerza militar.
Otros escenarios
Para la política exterior costarricense, el caso de Nicaragua plantea desafíos muy distintos al de Venezuela. Lo que lo hace distinto es la intervención abierta y violatoria de las normas internacionales aplicada contra Venezuela, medidas que no han sido impuestas todavía a Nicaragua.
Costa Rica se ha sumado a las iniciativas impulsadas en la OEA para la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. El pasado 5 de abril la representante del país en este foro, la exdefensora de los habitantes, Montserrat Solano, expresó que “Costa Rica sigue abogando por la solución pacífica a la crisis en Nicaragua, pero al pueblo nicaragüense se le acaba el tiempo, la paciencia y la esperanza. Nicaragua y su pueblo necesitan que se detengan las constantes y graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno”.
Con los esfuerzos norteamericanos concentrados en Venezuela, no parece clara la línea que van a adoptar en Nicaragua y la declaración de la representante costarricense en la OEA tampoco parece definir las líneas de trabajo en ese escenario.
Luego de un período de relaciones cordiales con Washington y, por lo tanto, con el secretario general de la OEA, las cosas empezaron a cambiar y Donald Trump ha hecho del derrocamiento de los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba el pilar de su política hacia América Latina.
Costa Rica ya anunció su “apoyo entusiasta y comprometido” a la reelección de Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA, quien ha puesto la institución al servicio todas las iniciativas para el derrocamiento del gobierno de Maduro.
Para Costa Rica el desenlace de la crisis en Nicaragua tiene consecuencias mucho más directas, empezando por la importante migración nicaragüense que ha buscado refugio en el país y que se sumó a los muchos miles que ya habían migrado por razones económicas.
Si la política exterior del país se ha visto atrapada por la agresiva política norteamericana en la región, hay que destacar también, por lo menos, la presencia estratégica de China con su propuesta de creación de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional. Costa Rica se ha sumado a este proyecto y asistió al segundo foro celebrado el mes pasado en Beijing para analizar su desarrollo.
Poca atención a la política exterior
La política exterior mereció menos de un minuto en el discurso del presidente Alvarado ante la Asamblea Legislativa la semana pasada.
Además de una referencia general a que “Costa Rica mantendrá acciones en procura de la paz, la defensa de los derechos humanos, el ambiente y la democracia”, en el discurso solo se hace referencia a dos casos concretos: a la situación de Nicaragua y Venezuela, y a la conferencia sobre cambio climático que se llevará a cabo en el país este año.
Sobre lo primero afirma que mantendrá una “participación activa para procurar rutas de solución democrática e institucional en las crisis” que viven ambos países.
Sobre el cambio climático recuerda que este año Costa Rica organizará la conferencia Pre COP 25, “lo cual será un evento de Finalmente hay que destacar que la cancillería enfrenta el desafío de reformas de su servicio exterior, que incluye la profesionalización de los cuadros que ejercen el mayor nivel de representación en el exterior.
