País

Las 4 deudas que mantienen con pronóstico reservado a la CCSS

La pandemia por el COVID-19 dejó de manifiesto las finanzas en la institución, producto de acumuladas deudas que el Estado acumula con la Caja.

Ya se conoce que la deuda del Estado costarricense con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanza ¢1,95 billones, porque así lo confirmó recientemente el propio presidente Ejecutivo de la institución, Román Macaya, pero no se conoce al detalle lo que muchos se preguntan: ¿en qué momento se formó esa billonaria deuda?

No menos importante es que a esa enorme cifra al presidente Ejecutivo le faltó sumar la deuda activa de más de 32.200 patronos con la Caja, por un total del ¢124.095.971.540.

Entonces, esa gran cifra podría superar los ¢2 billones, si se suma esta deuda de patronos morosos.


Lea también

Irreconciliables visiones económicas chocan en propuestas para mitigar y superar COVID-19


Esta información, que cayó como una bomba, fue dada a conocer inicialmente por el directivo de la CCSS del sector laboral, Mario Devandas, en momentos en que la atención de la pandemia del COVID-19 recae mayoritariamente sobre la espalda de la institución y ve reducidos sus ingresos por las cuotas obrero patronales.

Las proyecciones de gasto en atención de pacientes, contratación de personal, compra de insumos, suero de hospital, adquisición de ventiladores, nuevas plazas para atender las sustituciones y entrega de documentos a domicilio, ya ubican el dato en ¢124.500 millones.

Los números quedan al rojo vivo cuando se le agrega una disminución de los ingresos por ¢753.500 millones. El resultado de una sencilla operación de sumar el nuevo gasto junto con ese faltante deja a la Caja con una proyección ¢878 mil millones menos en sus arcas a final de este año.

En palabras de Macaya, el mayor impacto financiero para la CCSS es la disminución en las cuotas obrero-patronales, que se calcula en ¢33 mil millones hasta ahora.

Esta reducción es producto de una disminución de 75% en la base mínima contributiva y del aumento en el desempleo y el empleo informal. Por eso estiman que a diciembre de este año al menos 500 mil personas dejarán de cotizar a la institución.

Deuda amasada

Para despejar la interrogante sobre cómo se empezó a tejer la gigantesca madeja, lo primero que habría que decir es que se trata de cuatro importantes deudas amasadas por años con distintas historias.

La primera, corresponde al compromiso contraído por el Estado cuando se trasladaron los servicios de primer nivel de atención de salud del Ministerio de Salud hacia la Caja. La segunda deuda se generó producto de un subsidio que el Ministerio de Educación Pública pagaba a algunos profesores entre el 2010 y 2014, por zona de riesgo, el cual no fue reportado a la Caja como parte del salario y por el cual, consecuentemente tampoco se rebajaron las cuotas de cotización.

El tercer monto acumulado se originó por la aplicación de una serie de leyes especiales que obligaron al Estado a pagarle a la CCSS por la atención de los privados de libertad, personas embarazadas y la atención para niños, niñas y adolescentes, que carecen de seguro social.

La cuarta y última de ellas se produce a raíz de un compromiso de Gobierno de compensar la decisión de la Junta Directiva de bajar la base mínima contributiva en las cuotas obrero-patronales de forma temporal.

Búsqueda de soluciones

Los miembros de la Junta Directiva y el Presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, han dicho estar claros de que el Estado no puede cancelar los ¢1.95 billones en el corto plazo. Por eso, intentan llegar a un acuerdo de pago que ayude a sanar las finanzas de la institución ahora que tiene una mayor presión por la atención de los pacientes contagiados por el COVID-19.

“Se ha dicho de manera falaz y malintencionada que la Junta Directiva de la CCSS propuso que se le pagara de un solo golpe ¢1.9 billones. Lo que se hizo fue dar propuestas, por ejemplo, establecer bonos que el Poder Ejecutivo pudiera invertir a largo plazo, ganando intereses, que el Banco Central los fuera comprando paulatinamente e ir entregando el dinero a la Caja para ir resolviendo sus problemas de liquidez y no tener que recurrir a las reservas”, explicó el directivo Mario Devandas.

Estas reservas corresponden a los fondos que tiene la Caja en el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Dicho dinero está ya destinado para llevar hasta el final la realización de un portafolio de obras de infraestructura vitales para atención de pacientes, que esperan años por cirugías, exámenes de diversos tipo o simplemente para lograr una buena respuesta en la atención de los servicios de emergencia.

“Lo que vayamos gastando, estamos impactando fondos que están comprometidos para nuestro portafolio de inversión y son recursos necesarios. La Caja necesita actualizar su infraestructura y su tecnología, para poder atender a una población más demandante y envejecida”, dijo Macaya.

La Caja es la institución pública que mayor inversión realiza en el país, debido a la cobertura tan amplia de sus servicios, por lo cual sus cálculos se estiman en una cifra cercana a ¢1.13 billones. Con ello se abordan proyectos en ejecución, como los del hospital de Puntarenas y Turrialba, y las torres del México y el Calderón Guardia. Hay otras iniciativas no empezadas, como los hospitales de Cartago y Golfito, pero para las cuales existe un proceso licitatorio ya iniciado.

Estas obras de infraestructura son para Devandas el motor que necesita una economía en recesión, como la declarada en este momento, porque generarían impacto en la creación de más empleos. Frenar la construcción de estas obras implicaría, a su vez, detener el motor de reactivación de la economía del país.

“Son inversiones muy importantes, que darán muchos empleos directos e indirectos, pero sin un arreglo de pago habrá que echar mano de esas reservas y muchas de esas obras tendrán que ser postergadas. Hay que tomar en cuenta que en estas reservas también hay muchos gastos de mantenimiento de infraestructura que ya están funcionando; si se suspenden, después resultará mucho más caro atenderlas”, afirmó el directivo.

De momento, la CCSS maneja dos escenarios para contar con fondos. El primero consiste en no reinvertir los títulos que la institución tiene en el SEM (Sistema de Enfermedad y Maternidad), ya que el 60% están a menos de un año de vencimiento.

La Caja considera que no hay necesidad de liquidar anticipadamente dichos títulos, sino que se puede dejar que venzan y recibir los fondos íntegros, sin un descuento.

El segundo son recursos de un préstamo gestionado con el Banco Mundial, por parte del Gobierno, hace tres años. El dinero obtenido no se desembolsó en su totalidad, sino que se dirigió a mejorar una serie de indicadores de gestión, que, conforme se cumplan, permite a la Caja recibir una determinada suma.

Hasta el momento, de este préstamo se han recibido aproximadamente ¢239 mil millones, pero todavía están pendientes de entregar alrededor de ¢76.950 millones.

Tanto el Gobierno como la Junta Directiva de la CCSS conformaron una mesa de trabajo para llegar a una solución que permita honrar la histórica deuda que tiene el Estado con la institución y que mantiene en estado crítico sus finanzas.


 

¡NO sigas este enlace o serás bloqueado en este sitio! Ir al contenido