Estudio de Fundación Neotrópica y Minae

Lanzan mapa nacional de conflictos ambientales

Herramienta se basa en una iniciativa global y en los aportes de la ciudadanía podrán incluirse hasta el 2018.

La Fundación Neotrópica, en conjunto con autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), lanzó el pasado 11 de mayo el Mapa de Justicia Ambiental Accesible; una herramienta digital que ubica los conflictos ambientales que se han dado en el territorio nacional.

El mapa se puede acceder en la dirección conflictosambientales.org y tiene como base el Atlas Mundial de Justicia Ambiental (ejatlas.org), un recurso disponible en Internet que ubica conflictos ambientales en todo el planeta.

Según explicó Bernardo Aguilar, Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica, durante la presentación del mapa, se trata de una herramienta que servirá para divulgar información y la ciudadanía estará en capacidad de aportar datos sobre conflictos ambientales, los cuales serán evaluados por un comité técnico antes de ser desplegados en línea.

Aguilar detalló que era necesario producir la herramienta específica para Costa Rica en primer lugar para hacerlo más accesible, pues la versión internacional está en inglés y según dijo maneja un lenguaje un tanto técnico.

Además, informó sobre la dificultad de añadir en ese mapa global muchos conflictos de Costa Rica, pues “por ser un país tan pequeño, alteraría la representatividad de conflictos a nivel mundial”.

De momento, en conflictosambientales.org se pueden encontrar los mismos quince conflictos en Costa Rica que figuran en el mapa global: aprovechamiento del agua en playa Potrero, acueducto El Coco-Ocotal-Sardinal y también el acceso al agua en Lorena de Santa Cruz, todas ellas localidades guanacastecas.

También incluye el caso de las minas de oro, en Crucitas -en la zona Norte- y en Miramar de Puntarenas, y ubica el problema del aleteo de tiburones en Puntarenas. En la zona Caribe solo menciona el caso de los trabajadores agrícolas afectados por el nemagón.

También aparecen el caso de Alcoa y la exploración de bauxita, un intento de otorgar concesiones mineras en territorio bribri en Talamanca, los proyectos hidroeléctricos San Rafael -en San Pedro de Pérez Zeledón- y Diquís; la iniciativa de exploración y explotación petrolera de Harken Energy, y el aeropuerto internacional de la zona Sur, cerca de Palmar Sur.

El único caso sobre el tema de la piña es el de Pindeco-Del Monte, cerca de Buenos Aires de Puntarenas.

Consultado por UNIVERSIDAD, Aguilar reconoció que la iniciativa no incluye amenazas o agresiones a ambientalistas. “Tratamos de desarrollar un blog accesorio para efectos de ese tipo de conversaciones. Estamos atados al convencionalismo internacional de lo que se considera un conflicto”.

Sobre ese convencionalismo, el sitio del mapa despliega la definición del concepto de “conflicto” como  “una situación en la cual diferentes actores sociales tienen intereses en conflicto por el uso o conservación de uno o varios ecosistemas, o de sus funciones (servicios de bosque, la tierra, el mar, alimento, producción de agua, oxígeno, biodiversidad, etc.)”.

Añade además que se trata de una situación en la que “uno o un sector de los actores se apropia injustamente del ecosistema o de sus funciones en prejuicio de otros actores sea legal o ilegalmente”.

En la alianza que gestiona la creación del mapa participan además la Fundación para las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

HASTA EL 2018

En posteriores declaraciones ofrecidas a este Semanario, Aguilar expresó que se trabaja en la inclusión de otros conflictos y que, al mismo tiempo, el proyecto depende de los aportes de la ciudadanía.

“Tenemos una cantidad importante de conflictos que queremos definir pero queremos tener una revisión de pares, estamos en proceso de integrar el comité técnico que evalúe los casos. No queremos que se acuse al mapa de ser una herramienta que no tenga validación técnica”, aseveró.

Enfatizó en ese sentido que “el tema raspa, genera reacciones de los actores del otro lado de los conflictos, generalmente son proyectos empresariales de minería o desarrollos de algún tipo, obviamente va a generar reacción”.

Sobre la conformación del comité técnico, dijo que se busca un balance de opiniones técnicas no solo de organizaciones no gubernamentales (ONG), sino de sectores académicos institucionales, “incluso si es el caso de sectores privados, con un enfoque cuidadoso”.

Así, apuntó que lo que se presentó es la primera fase del proyecto, cuyo futuro, según dijo, dependerá en primer lugar del establecimiento de ese comité; “mientras tanto, recibimos retroalimentación de la gente, les daremos respuesta y seguimiento”. En segundo lugar, de lograr los fondos para “mantenerlo vivo”.

Además, expresó que espera que a principios del 2018 se pueda tener “en funcionamiento más continuo”.

EMPODERAMIENTO

En la presentación del proyecto participaron el viceministro de Aguas, Costas y Humedales, Fernando Mora, y la presidenta del TAA Ligia Umaña.

Esa funcionaria manifestó a UNIVERSIDAD que las respuestas del Estado a la conflictividad ambiental “dentro de las limitaciones que tiene, han sido oportunas, efectivas”, a pesar de que “muchas personas quisieran que las cosas se movieran más rápido y sabemos que en materia ambiental tenemos que movernos muy rápido porque las consecuencias pueden ser nefastas”.

Añadió que se intenta mejorar la gestión del TAA con cambios en procedimiento que, según dijo, darán celeridad para conocer las denuncias de manera más expedita. En ese sentido, informó que las denuncias que más llegan a esa instancia son afectaciones a las áreas de protección, sea por corta de la cobertura vegetal o invasión, tanto por cultivos o construcciones, como por movimientos de tierra en proyectos de infraestructura.

“Todo eso se va a encontrar en el mapa. Es importante que el mapa no sustituye, no es una fuente de denuncias ambientales, sino que hace que la gente se empodere y pueda visualizar esos conflictos que ya de por sí los afectan”.

Por su parte, el viceministro Mora expresó que es una herramienta que “viene a sumar mucho a algo que hemos discutido en Minae que nos faltaba: la conexión con el ciudadano”.

El funcionario expresó, además, su anhelo de que la iniciativa sirva además en materia de prevención, pues “nos permite tener una alarma sobre conflictividad de cantidad de elementos que están en las discusiones ambientales, que pueden irse colocando dentro de este proceso, que lo hace la misma ciudadanía y que al final nos va a dar una alerta a nosotros y nos va a permitir atenderlo de forma preventiva y no reactiva”.

¿ACCESIBLE Y DEMOCRÁTICO?

Sin embargo, el criterio de Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon), es que “parece difícil que sea una herramienta abierta y útil”; ya que, según dijo, el sistema es “poco accesible”, en el sentido de que la categorización de los conflictos en su opinión es poco clara.

El activista observó que en el sitio se ofrece información sobre conflictos ambientales considerados los “principales o más visibles”, pero subrayó que hay otros muchos conflictos además de los incluidos, y por ello, además de cuestionar el criterio con que se incluyen los casos en el mapa, aseveró que si bien se ofrece una plataforma para registrarlos, “no es algo que necesariamente haga accesible y democrático” el acceso a la información.

Al respecto, llamó la atención de que la posibilidad de visibilizar un conflicto dado dependerá de “la visión de los editores” y no de la de una comunidad, por ejemplo, y que por ello esa visibilidad dependerá de los recursos y tiempo de la gente.

Para el ambientalista, subir información a una red es “ilustrativo” pero criticó que “se está vendiendo como si fuera una oferta de que ya por estar ahí algo se puede resolver”.

Por otra parte, Álvarez dijo no entender a qué se debe la participación de los actores estatales, el Minae y en particular el TAA, al que cuestionó porque, según dijo, mantiene casos que tienen que ver con la expansión piñera que “no se mueven”.

Concluyó que el mapa de conflictos nacionales podrá visualizarse como un manual que tenga un efecto didáctico, en el sentido de que la gente y comunidades cuenten con una guía de ejemplos que les permita considerar qué hacer en casos específicos, “pero será un efecto indirecto”.


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