El Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarrillados le reconoció a la población de Cipreses de Cartago, que lleva años denunciando contaminación del agua de la comunidad con agrotóxicos, que temas presupuestarios, burocráticos y de certificación han sido impedimentos para realizar análisis exhaustivos que puedan servir para tomar decisiones.
Durante el foro “Plaguicidas en Costa Rica: El Agua de Cipreses y el Cuido del Bien Común” que se realizó ayer miércoles en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, el funcionario del LNA David Cambronero, intervino para explicar los procesos que lleva a cabo la entidad y porqué hasta ahora no han identificado los productos de la descomposición del pesticida Clorotalonil, como si lo han hecho estudios del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA).
Cambronero detalló que el laboratorio realiza cuatro análisis; tres de los cuáles tienen mecanismos, frecuencias y sustancias ya determinadas, y uno más en que se incluyen otros análisis a solicitud del Ministerio de Salud.
Dentro de ese análisis, dijo, se aplican técnicas para identificar 24 plaguicidas de uso común en el país, donde se comercian más de 200 sustancias peligrosas para uso agrícola.
“Hay que entender que la ampliación del alcance del análisis de manera acreditada requiere recursos, recursos que nunca han estado subutilizados, incluso cuando sólo teníamos técnica para siete sustancias, ya usábamos todos los recursos”, dijo el funcionario.
Según detalló, los análisis tienen varias particularidades que los hacen difíciles. Primeramente, dijo, los procesos son reactivos, es decir, no se puede desarrollar técnica o reactivos para rastrear un plaguicida que no se conoce, si no que se desarrolla hasta que ya está en uso y en un mercado en que frecuentemente hay nuevos productos. “Y eso hablando del plaguicida en su forma pura, no sus metabolitos. Hasta que no se use, no sabremos que genera esos metabolitos o cómo identificarlos”, indicó.
Además, existen barreras legales y procedimentales que hacen que incluso cuando ya se tienen los recursos para desarrollar técnica, reactivos y procesos de identificación de nuevas sustancias, se tarde al menos dos años en tener un proceso certificado que pueda servir de insumo para la toma de decisiones.Eso, sin mencionar las dificultades presupuestarias que enfrenta el laboratorio como parte del AyA y las que presenta la aplicación de la regla fiscal, que en palabras de la moderadora del foro, “es una camisa de fuerza”.
“Lo que el país necesita es regulación, porque no vamos a llegar a tiempo para evitar la contaminación. Cuando se logra identificar el problema, ya existe y por temas de contaminación difusa, es casi imposible que vayan a haber culpables o que alguien vaya a pagar por los daños causados”, detalló.
También indicó que siendo Costa Rica un país con un uso intensivo de agroquímicos, si un químico se deja de usar probablemente sea sustituido por otro, “que va a generar el mismo problema a la larga”, por lo que la regulación previa y no posterior parece ser el camino más viable.
Sobre el caso particular de Cipreses, el funcionario detalló quetras las denuncias de la comunidad se hicieron inspecciones y se determinó que había riesgo por la cercanía de cultivos y que se determinó que en la zona se aplica el Clorotalonil, pero que en los análisis de aguas su presencia fue indetectable.
Cambronero explicó que actualmente el laboratorio sólo cuenta con técnica certificada para detectar el químico en su forma pura y no las moléculas en que se descompone, pero dijo que hay esfuerzos dirigidos a desarrollar método para detectar estos metabolitos.
Cabe recordar que el pasado 3 de junio el Ministerio de Salud solicitó al Laboratorio Nacional de Aguas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados incluir en los análisis de medición en agua potable las moléculas derivadas de la descomposición del plaguicida Clorotalonil, específicamente el 1,3-dicarbamoil-2,4,5,6 tetraclorobenceno y 4-hidroxiclorotalonil.
“Es necesario entender que en nuestra operación hay que justificar todos los gastos que se hagan y que sólo podemos hacer análisis acreditados porque estamos amarrados por el Sistema Nacional de Calidad. Ya hicimos gestiones ante el AyA para que se otorguen los recursos para realizar estos analisis, nosotros estamos del lado de la gente y creemos que es muy sano llegar a dar solución a este caso y poder tener datos concluyentes para la toma de decisiones”, concluyó Cambronero.
En una intervención final, el director del LNA, Darner Mora, dijo que “no iba a defender lo indefendible” y afirmó que los análisis del IRET-UNA son válidos y deben servir para “profundizar en la ciencia” por lo que indicó que desde el LNA impulsarán una alianza con ese laboratorio, para mejorar los procesos de análisis, pues “estamos del mismo lado, para proteger la salud”.
