La violencia contra las mujeres y niñas es una pandemia en todo el mundo, por ello no escapa Costa Rica; los indicadores demuestran que el país sigue con grandes pendientes en igualdad de género y defensa de los derechos humanos. Así lo manifestó Alice Shackelford, representante Residente y Coordinadora Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
La erradicación de todas las formas de violencia de género y, sobre todo, la eliminación del femicidio fue una de las principales consignas de representantes de las autoridades de Gobierno, instituciones públicas y organizaciones sociales, que llevaron a cabo una marcha el pasado viernes 23 y domingo 25 de noviembre
Un reciente estudio del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que al menos 2.795 mujeres fueron víctimas de femicidio en 23 países de América Latina en el 2017. El femicidio es el homicidio de mujeres perpetrado por razones de género.
Por su parte, Costa Rica ha registrado durante este 2018 un total de 21 femicidios, dejando a 30 hijos huérfanos y familias destruidas. Además, hay cientos de casos con diferentes manifestaciones de violencia y agresión que se presentan diariamente ante los juzgados.
El estudio de la CEPAL mostró a El Salvador como el país que no encuentra paralelo en ningún otro país de la región, dado que su tasa de femicidio fue de 10,2 por cada 100.000 mujeres, seguido de Honduras con un 5,8.
En Guatemala, República Dominicana y Bolivia las cifras son iguales o superiores a 2 casos por cada 100.000 mujeres. Solamente Venezuela, Panamá y el Perú registran tasas inferiores al 1,0 en la región y, en la mayoría de los casos, los femicidios fueron cometidos por alguien con quien la víctima tenía o tuvo una relación de pareja.
La situación de los países latinoamericanos ha generado una reacción por parte de los Gobiernos y organizaciones sociales, de manera que en 18 de ellos se ha modificado la ley para castigar el femicidio.
Costa Rica modificó su ley en el año 2007, Guatemala en 2008, mientras que El Salvador y Chile en el año 2010. Argentina, México y Nicaragua establecieron sanciones contra el femicidio en el 2012; Bolivia, Honduras y Venezuela en el 2014; Brasil y Colombia en el 2015; mientras que Paraguay en el 2016 y Uruguay en 2017.
“La ley de penalización de la violencia ya tiene más de diez años de estar vigente en Costa Rica y, aun así, siguen los femicidios. En lo que llevamos de este año, 21 mujeres han perdido la vida y atendemos cientos de casos de violencia”, explicó Patricia Mora, ministra de la Condición de la Mujer.
Esta situación impulsó, en agosto pasado, la creación de un decreto y directriz por parte del Poder Ejecutivo para declarar de interés prioritario la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
Dicho decreto incorpora 40 acciones específicas y obliga a las entidades estatales a que inscriban y fortalezcan programas para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, en el marco de la Política Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades.
Asimismo, se pretende el reforzamiento del decomiso de armas de fuego involucradas en violencia doméstica y la creación de nuevos Centros de Atención Integral y Albergamiento para mujeres y sus hijos e hijas, así como la ampliación de comités locales de atención inmediata y seguimiento a situaciones de alto riesgo de femicidio y la creación de nuevas Defensorías Sociales en zonas vulnerables.
“Pero, sobre todo, estamos trabajando en el empoderamiento económico con mujeres jóvenes, capacitación a la policía comunitaria, fortalecimiento del trabajo con la primera infancia, promoción de nuevas masculinidades y factores protectores frente a la violencia”, declaró la ministra de la Condición de la Mujer.
Una lucha social que se debe extender
Durante la celebración de la marcha el pasado 23 de noviembre, Alice Shackelford, del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, contó que a partir del 25 de noviembre y hasta el 10 de diciembre arrancó una jornada de activismo contra la violencia hacia las mujeres y niñas, pues es claro que se requieren acciones intensivas para solventar este problema social.
“El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y la violencia contra las mujeres y niñas es una pandemia global, la muestra más clara de la violación de los derechos humanos. De ahí que entendemos que se trata de una lucha en la que se requiere mayor unión”, indicó Shackelford.
De acuerdo con la experta, Costa Rica ha logrado avanzar en esta materia, pero aún tiene grandes pendientes, como la capacitación a medios de comunicación, el derecho de las mujeres rurales a la tierra, cero brechas salariales, plena participación política de las mujeres en todos los niveles y la aprobación de directrices técnicas sobre el aborto terapéutico en caso de peligro de muerte de la mujer.
Precisamente, para la vicepresidenta de la República, Epsy Campbell, es evidente que Costa Rica es una sociedad que ha violentado y violenta los derechos de las mujeres, por lo que urge multiplicar esfuerzos y educar para una vida sin violencia.
“Debemos educar a los hombres –sobre todo a los más jóvenes–, hacer un nuevo acuerdo social que garantice que las mujeres vivamos sin violencia y enseñar que las niñas tienen derechos por igual. Es necesario sensibilizar, trabajar en los temas sociales, reducir las brechas de desigualdad, crear ambientes pacíficos y construir una mejor cultura, a través de la educación, con oportunidades económicas y sociales para todos”, señaló Campbell.
