País Economista Pablo Sauma:

“La única solución para muchas personas es la informalidad”

De las 463.000 personas que perdieron su empleo, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de la COVID-19, 346.000 laboraban en la informalidad.

La continuada, pero lenta, reactivación de la economía, impactada por los efectos de la pandemia de la COVID-19, provocan el aumento de la tasa de participación en el mercado laboral, con la consecuente disminución del desempleo y del subempleo. Sin embargo, la informalidad sigue subiendo.

Así lo reveló la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), correspondiente al segundo trimestre —abril, mayo y junio— del presente año.

Del total de 863 mil personas ocupadas —544 mil hombres y 319 mil mujeres—, cerca de la mitad —el 43,8%— tenía un empleo informal.

El INEC define el trabajo informal como los empleos que cumplen con las siguientes características: no tienen seguridad social financiada por quien emplea, es decir, no tienen rebajos de seguro social; solo pagan en especie o el pago fue de una única vez, y por la naturaleza de la contratación se considera que no es susceptible de los rebajos de seguro social; se trata de puestos de ayudantes no remunerados; es un trabajo por cuenta propia y las empresas no constituidas en sociedad, es decir, que no están inscritas en el Registro Nacional de la Propiedad y no llevan una contabilidad formal y periódica; y los empleos por cuenta propia en trabajos ocasionales —de menos de un mes—, los cuales, por su naturaleza no son susceptibles de estar inscritos o de llevar contabilidad formal en forma periódica.

El aumento interanual —comparando los mismos trimestres de 2020 y de 2021— de este fenómeno fue de 169 mil personas, de las cuales 87 mil eran mujeres (44,1%) y 82 mil eran hombres (43,7%). Estos valores presentaron un incremento significativo respecto al II trimestre de 2020.

Además, se estima que alrededor de 451 mil personas ocupadas independientes y cerca de 412 mil asalariadas tienen actividades clasificadas como informales.

Entre las personas independientes, el 91,4% estaba en condición de informalidad, lo mismo que el 27,9% de las personas asalariadas (ver el cuadro).

Si bien el problema ya era grave antes de la pandemia de la COVID-19, en el reciente retrato de la informalidad proporcionado por la ECE se muestra que en su crecimiento actual han tenido un peso importante la incidencia de las medidas sanitarias que debieron tomarse para contener la enfermedad.

Según la encuesta, en el II trimestre de 2021, 657 mil personas o el 27,3% de la fuerza de trabajo, tanto ocupada como desocupada —un 52,8% de hombres y un 47,2% de mujeres—, tuvieron alguna incidencia laboral por el efecto de la COVID-19.

Un total de 224 mil personas o el 11,4% de la población ocupada —66,9% hombres y 33,1% mujeres— sufrieron una reducción de salario o de ingresos asociada a la suspensión o reducción de su jornada laboral o tuvieron que suspender la actividad propia o su negocio durante la pandemia.

Según el INEC, “prácticamente en todas las actividades laborales aún se observan efectos por las medidas y políticas tomadas a raíz de la emergencia sanitaria”.

Sin embargo, la incidencia fue mayor en la rama de hoteles y restaurantes, con un 25,2%; en la de transporte y almacenamiento, con un 24,5%; y en la rama de construcción, con un 19,9%.

La trayectoria de la mejora del mercado laboral, sin embargo, ha venido mejorando en casi todos los indicadores, excepto en cuanto a la informalidad.

Con el fin de analizar el fenómeno y los caminos posibles para afrontarla, conversamos con Pablo Sauma, economista especializado en política social y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Economista Pablo Sauma: “La CCSS debe definir esquemas de formalización que consideren las características propias de las empresas, incluyendo la capacidad de pago”.  (Fotos: Katia Alvarado).

Según la ECE correspondiente al segundo trimestre abril, mayo y junio del presente año, la informalidad sigue creciendo a pesar de que la reactivación continúa y de que también disminuyen el desempleo y el subempleo, todo esto lentamente. ¿Por qué la informalidad sigue creciendo?

—Antes de responder a esta pregunta, conviene destacar dos situaciones muy particulares. En primer lugar, que la situación económica previa al impacto de la COVID-19 no era nada favorable y el país estaba sumido en un contexto recesivo.

Usando la ECE del I trimestre de 2020 como referencia prepandemia —pues el 6 de marzo se diagnosticó el primer caso en el país—, tenemos que había prácticamente 2.210.000 ocupados y casi 315.000 desempleados —para una tasa de desempleo abierto de 12,5%—.

De los ocupados, 1.170.000 eran formales y 1.040.000 informales, para una tasa de informalidad de 47,1%.

Tanto la tasa de desempleo abierto como la tasa de informalidad de ese trimestre son las más altas observadas desde el III trimestre de 2010, cuando inició la ECE.

Pero, además, se debe destacar que las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) habían sido muy bajas en 2018 y 2019 (2,6% y 2,3%) y el pronóstico para el 2020 no era satisfactorio.

Debe quedar claro, entonces, que recuperar la situación del mercado de trabajo al I-2020 implica solamente superar el impacto de la COVID-19, pero de ninguna manera retornar a una situación económica favorable.

En segundo lugar, el mayor impacto de la COVID-19 se refleja en la comparación de la ECE del del I-2020 con la del II-2020; el número de ocupados se redujo en 463.000 personas y el número de desempleados aumentó en 237.000.

Con dos características particulares: primero, que los trabajadores más afectados con la pandemia fueron los informales, pues de las 463.000 personas que perdieron su empleo, 117.000 eran trabajadores formales y 346.000 eran informales —esto es, prácticamente tres trabajadores informales por cada trabajador formal—.

Segundo, que muchos trabajadores se retiraron, al menos temporalmente, del mercado de trabajo. Se trata específicamente de 226.000 personas, que es la diferencia entre las 463.000 personas que perdieron su empleo y las 237.000 que pasaron a engrosar la cifra de desempleados.

A partir del mes de agosto de 2020 se comenzaron a observar mejoras en el mercado de trabajo: lentamente, pero de forma bastante sostenida, aumentó el número de personas ocupadas y se redujo el de las personas desempleadas. Sin embargo, no se logran recuperar los niveles del I-2020 —que como se ha mencionado, no eran buenos—.

En los dos primeros trimestres de 2021 apenas se alcanzan los 2.000.000 de ocupados y alrededor de 440.000 desempleados, esto es, 210.000 ocupados menos y 115.000 desempleados más que en el I-2020.

En lo que respecta a la formalidad/informalidad, en el II-2021 hay 62.000 trabajadores formales y 177.000 informales menos que en el I-2020. Sin embargo, si la comparación del II-2021 se realiza con el II-2020, el resultado es un aumento de 55.000 trabajadores formales y de 169.000 informales, este último, respectivamente, se explica por la mayor caída en el empleo informal al inicio de la pandemia.

Es claro, entonces, que el empleo se sigue recuperando lentamente, con nuevos empleos tanto formales como informales; y de eso se trata. Es importante destacar que los ingresos laborales, es decir, los ingresos obtenidos por los miembros del hogar por su participación en el mercado de trabajo, ya sea como asalariados o como trabajadores independientes, representan el 80% del total de ingresos de los hogares del país.

El impacto de la pandemia sobre la pobreza de los hogares ha sido enorme, y más allá de las ayudas en efectivo y en especie que han percibido algunos hogares, es sumamente importante que se recuperen los empleos y los ingresos laborales e incluso que se superen los niveles que tenían prepandemia. La única solución para muchas personas es la informalidad.

Esta es la foto del trabajo informal en el país al segundo trimestre del presente año, según los datos del INEC.

¿Cuál fue el impacto inicial del COVID-19 en el empleo de las mujeres, y cómo se ha recuperado?

—Al igual que cuando se considera el total de ocupados, el impacto inicial de la COVID-19 —comparando el II-2020 respecto del I-2020—, en términos de pérdida de empleos, fue mayor para los ocupados informales, tanto hombres como mujeres.

En el caso específico de las mujeres, el número de ocupadas se redujo en 47.000 en el segmento formal y en 184.000 en el informal, es decir, prácticamente cuatro mujeres informales perdieron el empleo por cada formal.

En el II-2021 el número de mujeres ocupadas había aumentado a 724.000: 405.000 formales y 319.000 informales, lo que significa una recuperación, respecto al II-2020, de 107.000 empleos: 20.000 formales y 87.000 informales.

Estos resultados reflejan que la generación de empleos avanza lentamente y que aún falta para recuperar los niveles del I-2020, a pesar de que los mismos no eran los mejores.

¿Cuál es la relación entre la informalidad y la oferta de la Red de Cuido?

—Muchas mujeres se ven obligadas a recurrir a actividades informales para obtener ingresos, debido en muchos casos a su bajo nivel educativo, pero también a la realización de labores de cuido en el hogar que les restringen la disponibilidad horaria.

La Red de Cuido permite liberar el tiempo de las mujeres que enfrentan situaciones de este tipo, tanto para ampliar su jornada laboral y acceder a mejores trabajos, como para asistir a cursos de formación técnica y profesional.

¿Es la informalidad una tabla de salvación económica durante la pandemia de COVID-19 o puede preverse que seguirá creciendo en el mediano y largo plazo?

—Sí, la informalidad es, ha sido y será, la tabla de salvación económica para muchísimas personas que no consiguen empleos formales, ya sea porque la economía no genera suficientes empleos de este tipo o porque las personas no cumplen con los requisitos para llenar las plazas vacantes o porque simplemente la informalidad es la única opción posible.

Como se indicó previamente, el problema no es nuevo, pero sí es grave: en el I-2020 —prepandemia— la tasa de informalidad alcanzó el mayor nivel desde que se realiza la ECE (III-2010), poniendo en evidencia la relevancia del problema.

En la actualidad y el futuro cercano, con las contadas excepciones de actividades económicas que han alcanzado e incluso superado los niveles de producción y empleo previos a la pandemia, hay sectores que no han logrado recuperarse adecuadamente como, por ejemplo, el comercio, los restaurantes y los hoteles, obligando a las personas que quedaron desempleadas a buscar empleos informales y en muchos casos empleos autogenerados.

Aun cuando se solucione el problema de la COVID-19, probablemente la situación de informalidad a gran escala va a seguir por años, mientras no se logren tasas de crecimiento económico sostenidamente altas que generen empleos de calidad y se atiendan adecuadamente las diferentes dimensiones del problema de la informalidad.

Estas dimensiones van más allá de la definición básica de la informalidad por el INEC.

Entre estas diferentes dimensiones, la más importante es que se trata de actividades productivas realizadas con bajas dotaciones de capital humano y físico, lo cual se traduce en baja productividad e ingresos, por lo que en muchos casos se trata de actividades de subsistencia.

Se argumenta que bajar las cargas sociales y compensar esta baja, por ejemplo, con ingresos tributarios, estimularía una mayor formalización del trabajo. ¿Es esta la solución?

—Desde hace mucho tiempo la discusión sobre la informalidad se ha centrado en lo referente al aseguramiento de los trabajadores asalariados por parte del patrono y se ha puesto especial énfasis en que las contribuciones patronales a la seguridad social son altas, lo cual, por una parte, encarece el costo de la mano de obra nacional, con todas sus consecuencias y, por otra parte, se constituye en el principal motivo por el cual muchos patronos no aseguran a sus trabajadores.

En lo personal, considero que efectivamente las contribuciones patronales a la seguridad social son elevadas, pero también que el costo de la formalización puede ser muy elevado para los patronos, pues además de la contribución patronal, en muchos casos se requiere también la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad y solucionar el problema de la contabilidad.

En términos generales, cualquier solución debe diferenciar entre la capacidad de pago y la voluntad de pago de los patronos, pues si no hay voluntad de pago el problema no se va a solucionar por alguna vía negociada.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debe definir esquemas de formalización que consideren las características propias de las empresas, incluyendo la capacidad de pago, así como los procesos en lo referente a adecuación temporal de cargas y los compromisos de los patronos a lo largo de ese mismo período.

No creo que la diferencia entre las cargas deba ser cubierta con ingresos tributarios, sino que debe ser asumida por la CCSS.

¿Cómo impacta hoy la informalidad a la CCSS?

—Es una pregunta muy interesante, de difícil respuesta por la gran diversidad de aspectos a tomar en cuenta, especialmente lo relacionado con los aportes de los trabajadores y patronos en todas sus modalidades, los aportes que la institución cobra y pretende cobrar al gobierno —aseguramiento de trabajadores independientes, aseguramiento por cuenta del Estado, deuda por atención primaria y otros— los aspectos relativos al aseguramiento familiar, y lo referente a la prestación de los servicios (gastos), todo desde la perspectiva de la universalidad de las contribuciones y del acceso a los servicios.

Me parece que únicamente la CCSS puede y debe dar una respuesta debidamente justificada a esta pregunta.

¿Cuál es la relación entre la informalidad y la adquisición de capacidades técnicas y profesionales?

—Como se mencionó anteriormente, una de las características de la informalidad es que abarca una serie de actividades productivas de baja productividad, realizadas con bajas dotaciones de capital humano y físico.

Para aumentar la productividad y los ingresos, y así hacer posible la formalización, son de enorme importancia los programas de formación técnica y profesional dirigidos a estos trabajadores, así como los programas de crédito que les permitan acceso a equipos y maquinaria para aumentar la productividad.


 

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