Costa Rica registra una fuerte presión migratoria y una alarma en el comercio regional por la grave crisis política, social y económica que vive Nicaragua desde que estallaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega hace ya 90 días.
El Gobierno y los empresarios costarricenses señalan repercusiones evidentes y aún inacabadas, la represión violenta oficialista, un clima general de hostilidad y la paralización de la economía.
Más de 300 fallecidos y unos 250.000 empleos perdidos son las cifras que resumen la gravedad de la situación en Nicaragua. La respuesta armada del oficialismo se mantiene al cumplirse tres meses de las revueltas; se completan este 18 de julio, en la víspera de la celebración del aniversario de la Revolución Sandinista (1979) que acabó con la dictadura de Anastasio Somoza.
Ahora, 29 años después, Ortega es de nuevo un actor principal pero en el lado del poder. La comunidad internacional vuelve a poner sus ojos sobre Nicaragua y Costa Rica con mayor atención, al haber registrado de manera oficial hasta principios de julio más de 6.000 solicitudes de refugio y una caída del 70% de las exportaciones hacia Centroamérica, segundo destino de los bienes nacionales.
El gobierno de Carlos Alvarado ha clamado por el cese a la violencia, el respeto a los derechos humanos y un abordaje multilateral en los organismos regionales. Es consciente de que el país colinda con una nación en llamas y eso, además del daño brutal al bienestar de sus habitantes, repercute en suelo costarricense.
Aunque la integración centroamericana impulsada por décadas ha sido un proyecto a medio hacer, los países ya no se ven como islas desde otras regiones. Las consecuencias en seguridad, inversiones y hasta turismo pueden reflejarse en una factura colectiva para el Istmo, según advierte el politólogo Alberto Cortés, exdirector ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y actual investigador en la Universidad de Costa Rica (UCR).
En el comercio regional hay una “preocupación alarmante”, reconoce el viceministro de Comercio Exterior, Duayner Salas, al señalar los obstáculos para el transporte terrestre de mercancías entre Costa Rica y el resto de Centroamérica, con Nicaragua en medio.
Aunque en años recientes hubo interés de inversionistas ticos de colocar su capital en Nicaragua ante una aparente estabilidad económica, fueron pocos los empresarios que finalmente se aventuraron. Lo hicieron la cooperativa de lácteos Dos Pinos, la tienda Universal y algunas firmas del sector construcción. La empresa cooperativa informó de que su producción “se ha alineado al comportamiento del mercado para evitar que se acumulen inventarios” y procesa diarios un volumen bajo: 10.000 litros de leche.
Otros, como el empresario de chips tostados, Andrés Pozuelo, quien en 2015 protagonizó una agria polémica al decir que se llevaría la mitad de sus operaciones comerciales fuera del país y que veía con agrado la política de Daniel Ortega hacia los empresarios, admiten ahora que nunca concretaron inversiones al otro lado del San Juan y confiesan aliviados que hubiera sido un error.
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En Migración de Costa Rica, su directora Raquel Vargas evita usar la palabra “crisis” porque, aunque admite un incremento en el ingreso de nicaragüenses y una multiplicación de las peticiones de refugio, asegura que hay suficiente capacidad institucional y se han preparado planes con la cooperación internacional. Además, Vargas explica que hay escenarios previstos para muchas más personas.
Se atienden a un ritmo de 200 solicitantes diarios y a todos se les otorga un permiso de estancia en el país mientras se les responde la petición, lo que puede tardar casi un año. Aunque muchos de ellos viven en Costa Rica desde tiempo atrás, igual reciben el carné temporal mientras se estudian los casos.
En la sede de Migración, cada solicitante intenta escribir su historia de la manera más eficaz para recibir la protección. La cuentan a mano en un formulario antes de poder hacerlo de manera oral. Ahí relatan si los persiguen en Nicaragua por la situación política y si corren peligro.
Es el caso de Allan Muñoz, un joven de 25 años alto, moreno y delgado, de gafas y ojos rasgados que destacaba entre el barullo de nicaragüenses que este jueves tramitaban su solicitud de refugio en Costa Rica.
No debería importar el físico de Muñoz si no fuera porque, visto de repente, se parece a Lester Alemán, el universitario que semanas atrás conocimos mediante la prensa por hablar en nombre del movimiento estudiantil de Nicaragua y decir al presidente Daniel Ortega, de frente, algo muy duro: que se vaya.
Tres meses después del estallido de las protestas, Ortega se aferra al puesto, pero cientos de nicaragüenses sí se han marchado. Entre ellos está Allan, un artista plástico a quien le resultaba riesgoso el parecido físico con el muchacho Alemán.
Por eso Muñoz pidió visa de turista en el consultado tico en Managua y, junto a su esposa, Lilian Mayorga, y los suegros, decidió huir a Costa Rica el 28 de mayo, como consta en su pasaporte.
Lilian tiene (“tenía”, dice ella) un negocio de productos nutritivos. Su papá, Isaac, es ingeniero y trabajaba en Albanisa, la empresa de energía creada entre la cooperación millonaria de Venezuela e intereses partidarios afines a Ortega. “Me corrieron el 29 de enero porque yo estaba en esa línea sandinista. Ahora estamos acá esperando ver qué pasa”, relató.
La familia hablaba de su experiencia este jueves mientras desde su pueblo, Sutiaba (departamento de León), la prensa reportaba la represión oficialista de las protestas con un saldo de cuatro fallecidos. “Ahorita mismo están atacando ahí donde vivimos”, lamentó Lilian, preocupada porque cada día que pasa es un día menos en la vigencia de su visa.
Después se enterará de que el Gobierno de Costa Rica aprobó extender la validez de las visas de tres a seis meses. Eso no le soluciona nada (viven en casa de unos amigos, no pueden trabajar, viven de ahorros), pero al menos le da tiempo de esperar que algo ocurra en Nicaragua y se recupere la normalidad.
La palabra “normalidad” no calza en Nicaragua. Organismos de derechos humanos reportan más de tres centenares de fallecidos por la acción de fuerzas policiales o parapoliciales oficialistas, otros cientos de heridos y un clima de alta hostilidad en casi todo el territorio. Cada día llega con nuevo reporte; 17 muertos hubo este domingo, después de que el sábado Ortega dijera que pretende mantenerse en el poder.
Por eso Migración prepara escenarios posibles y formas probables de encauzar la demanda de servicios migratorios de ciudadanos nicaragüenses. Algunos de ellos, la minoría, podría calificar para el estatus de “refugio”, pero otros podrían optar por una categoría especial por “humanidad”, que otorgará ventajas similares pero con un costo de $98. En cualquier caso, Vargas señala que es difícil prever el comportamiento migratorio en el futuro cercano, pues mucho dependerá de la realidad en Nicaragua.
Además de la violencia, la economía amenaza a los nicaragüenses. Más de 250.000 han perdido el empleo desde que estallaron las protestas, según fuentes oficiales citadas por la prensa local. Temen un millón de nuevos pobres. La economía está paralizada y la previsión de organismos privados es que en este 2018 se contraiga la producción.
La única certeza que propicia la situación en Nicaragua es la imposibilidad de una solución pronta. Aunque de repente detuviera Ortega la represión y aceptara hacerse a un lado, de lo cual no hay señales, la reconstitución política y económica tardarían mucho tiempo más. Es por eso que los empresarios de Costa Rica hablan de un problema “a mediano plazo”, como señala Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
“El tránsito de mercancías podría resolverse pronto, pero la paz social y la confianza de la gente no serán tan fácil. Creemos que el impacto negativo será más duradero y esto provoca inestabilidad”, comentó el dirigente empresarial.
Autoridades y empresarios activaron en semanas recientes las opciones de transporte por vía marítima desde el puerto salvadoreño La Unión y Caldera en Costa Rica, al ponerse de acuerdo con navieras. En un plazo de un mes podría comenzar, explica Delgado antes de advertir la intención de que esta ruta quede en firme considerando que hay pocas certezas sobre lo que pueda pasar en el futuro en Nicaragua.
Después de Estados Unidos, Centroamérica es el segundo destino de las exportaciones ticas, seguida de cerca por la Unión Europea. “Es nuestro mercado natural y el destino del 50% de exportaciones en alimentos y bebidas, así como productos del sector alimentario en su mayoría de empresas pequeñas y medianas”, explicó el viceministro del Comex. Fueron $759 millones de este sector en el 2017, indican cifras oficiales.
Dos Pinos reportó que realiza esfuerzos para colocar en otros mercados de la región los productos que no ha logrado comercializar en Nicaragua. Los envíos a otros países de Centroamérica los ha hecho vía marítima, según asegura Francisco Arias, gerente senior de Relaciones Corporativas y Ganaderas de Dos Pinos.
Apoyo desde la UCR
Autoridades y miembros de la comunidad de la Universidad de Costa Rica (UCR) han expresado apoyo al movimiento estudiantil nicaragüense y solidaridad con la población ante los ataques violentos.
Además de generar una red para apoyar a nicaragüenses en su territorio y jóvenes que han huido de su país, la UCR abre cupos para estudiantes universitarios. Diez han sido admitidos para el nuevo semestre y se estudian las solicitudes de varias decenas de ellos, en el marco de convenios interuniversitarios. Algunos de los solicitantes cuentan que los han perseguido en su país por el activismo contra las políticas totalitarias del presidente Daniel Ortega.
Junto a las autoridades de la UCR, funcionarios universitarios, exfuncionarios y aliados externos preparan vías de apoyo mediante un grupo llamado Iniciativa Universitaria por Nicaragua.
Parte de esta agrupación es la empresaria de origen nicaragüense Ana Centeno, quien intenta contactar a jóvenes que huyen de Nicaragua y proveerles de asistencia básica. “Costa Rica no debería rechazar ahora mismo a ninguno de ellos; no hay las condiciones mínimas para que estos muchachos puedan volver”, afirmó mientras coordinaba listas de teléfonos.
“Viene mucho universitario porque allá las universidades están cerradas. Algunos tienen capacidad económica, pero la mayoría viene con el dinero mínimo para sostenerse acá. Está bien difícil. Hemos tenido ayuda de organismos, pero todavía estamos trabajando una red más amplia”, contó Centeno.
