Sin importar ahora lo que digan aquellos tuits en las cuentas oficiales del Ministerio de Seguridad, ni fue una “toma de control”, ni fue una orden del magistrado de la Sala Tercera –exministro de Seguridad y ex director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad- Celso Gamboa, lo que hizo que la Fuerza Pública interviniera la noche del lunes en el Complejo de Ciencias Forenses, donde funcionarios judiciales eran parte de la huelga que reclama por pensiones.
“Toma de control” quizá fue un término mal interpretado, argumenta ahora el director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, quien de su propia mano escribió en su cuenta de Twitter: “@fuerzapublicaCR Tomando control del Complejo de Ciencias Forenses, ante solicitud del magistrado @CelsoGamboaCR #HacemosNuestroTrabajo”.
“Esas palabras se utilizan policialmente. La Fuerza Pública cuando hay alteración del orden público toma control cuando interviene”, agrega en entrevista con UNIVERSIDAD.
Andrade publicó el mensaje a las 11:20 p. m. del lunes, siete minutos después de que tanto las cuentas del Ministerio de Seguridad, como la de su jerarca, Gustavo Mata, tuitearan: “Ante solicitud de Magistrado @CelsoGamboaCR @fuerzapublicaCR está tomando el control del Complejo de Ciencias Forenses.”
Pero eso no fue exactamente lo que pasó, según dice ahora el jefe de la Fuerza Pública en entrevista con UNIVERSIDAD.
No fue una “toma de control” como aquella que anunció esa misma Policía y ese mismo ministro en octubre del 2015 cuando los oficiales “tomaron el control” de muelles de Limón y planteles de Recope debido a una huelga del sector público.
En aquella ocasión, los policías incluso operaron los muelles, pero esta vez ningún oficial realizó autopsias o pericias forenses para reactivar el trabajo de la Morgue Judicial que estaba suspendido desde el miércoles 19 de julio cuando inició la protesta. No, esa no era intención de la Fuerza Pública y por eso ni abrieron portones, ni tomaron las instalaciones; es más, “ni siquiera entraron”, afirma Andrade.
No hacía falta porque, además, para ese momento los patólogos y otros funcionarios de la morgue, en colaboración con empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ya llevaban unas horas de haber reanudado el trabajo, resalta el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, a quien UNIVERSIDAD le remitió algunas consultas para el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, jefe máximo de la Fuerza Pública, según la Constitución Política.
Lo hicieron tras un fallo de la Sala Constitucional y la decisión del Ministerio Público de investigar a quienes no cumplieran esa orden.
Lo que hubo fue una colaboración para dar seguridad en el perímetro, o sea, en los alrededores del complejo, debido a que había familias molestas que cerraban calles, lanzaban piedras y hasta podrían ingresar a la fuerza a retirar los restos de sus allegados, dice Andrade y añade que además funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se habían puesto en contacto con el subdirector de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, para pedirle colaboración.
Herrera añade que siempre se habló de una “custodia a médicos y técnicos que iban a realizar las autopsias”.
Por otro lado, la intervención del magistrado Gamboa más bien fue “una denuncia” de aquellos posibles hechos violentos, afirma Andrade, y asegura que la atendió de la misma manera que atendió el llamado de una señora que le avisó a su teléfono celular de hechos sucedidos en otro sitio y que podrían ser delitos y de la misma forma que se atiendan todas las denuncias.
Una denuncia que llegó por medio de dos llamadas telefónicas y un WhatsApp que ingresó a su celular a las 10:32 p. m. desde Nicaragua, donde se encontraba el magistrado participando en un taller contra el lavado de activos, según contó en su misma cuenta de Twitter, esa red social en la que es asiduo participante.
Una denuncia que Gamboa dijo haber hecho “como ciudadano” y que, sin embargo, luego resaltó en varios tuits como algo más, casi como la razón de que se reactivaran las labores en la morgue: “Estimado periodista yo compli el mandato constitucional encomendado. Puede preguntarle al Viceministro @j_j_andrade (sic)”, respondió a los cuestionamientos que le hizo un periodista en esa red social.
Poco después también tuiteó: “No me monto en carrozas que no me corresponde. Yo asumí el costo de tomar una decisión que hoy es exitosa”. “Sépanlo que se hubiese sido un fiasco la responsabilidad hubiese sido solo mía (sic)”.
Pero Andrade afirma que no, que cualquier situación que se diera debido a la acción policial era su responsabilidad como jefe de esa Policía. Lo dice poco antes de expresar que el mensaje de WhatsApp se envió como respaldo. “Son protocolos que hacemos en todos los casos. Porque toda actuación policial genera efectos jurídicos, toda orden verbal o escrita también genera efectos jurídicos, sobre esto es que como protocolo policial en todas las actuaciones de este tipo buscamos dejar un respaldo”.
Este jueves, la Procuraduría de la Ética Pública confirmó que el miércoles recibió una denuncia contra el magistrado Gamboa y contra el ministro Mata. “El asunto se refiere a la reactivación de labores en la Morgue Judicial. La denuncia se encuentra en proceso de admisibilidad”, informó esa institución.
Sobre esta denuncia y sobre su participación en la labor de la Policía se le consultó al magistrado Gamboa, quien en un mensaje de WhatsApp respondió que por respeto a la Procuraduría no se referiría al caso.
El presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla, declinó responder si el magistrado contaba con el respaldo del resto de la Corte para incidir en las acciones policiales.
¿Quién primero?
Conforme avanzó la noche del lunes, el debate en Twitter rápidamente se expandió a otro aspecto más allá de si se trataba de una intromisión de poderes que un magistrado incidiera en el trabajo de la Fuerza Pública e iniciaron cuestionamientos sobre si, en realidad, esa actuación policial respondió a un oficio enviado en la tarde de ese día por el director del OIJ, Wálter Espinoza, a Andrade para solicitarle colaborar con seguridad en el Complejo de Ciencias Forenses.
El martes, Espinoza enfatizó ante los medios de prensa que las instalaciones de Medicatura Forense no habían sido tomadas y que la presencia policial se debía a su propio requerimiento para mantener la seguridad.
Las redes sociales del Ministerio de Seguridad nuevamente activaron el tema para aclarar que la solicitud del magistrado se dio minutos antes de que se recibiera la de Espinoza.
Andrade lo explica así ahora: “De igual forma una nota de don Wálter, bien atendida por supuesto, que se le dio toda la atención (…) La solicitud de don Wálter tiene un carácter mucho más especifico, está pidiendo un recurso policial en un tiempo determinado”.
Por eso, dice, el subdirector de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, le solicitó a Espinoza hacer la solicitud por escrito.
Andrade afirma que no habló anteriormente con el jerarca del OIJ, sino que, más bien, el jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, Michael Soto, se había comunicado horas antes con el subjefe policial Cubillo…Toda una maraña burocrática cuando se compara con la sencillez de un mensaje de WhatsApp como el que le envió su otrora jefe, Celso Gamboa.
Lo cierto es, indica Andrade, que todas las solicitudes sumaron para tomar la decisión de enviar unos 10 policías con sus armas de reglamento -incluidas a las de fuego-, a verificar si se estaban dando hechos violentos y a custodiar el perímetro.
El ministro Herrera lo añade algo sobre esto: “Siempre hubo coordinación entre los poderes de la República pensando en solucionar el problema de los dolientes (por la no realización de autopsias)”.
Por eso, dice el ministro, el presidente ya había puesto a disposición del Poder Judicial los recursos del Poder Ejecutivo, entre ellos los servicios de la CCSS y de la Fuerza Pública.
De hecho, en una reunión que tuvo el director del OIJ con los magistrados la tarde del lunes, los había puesto al tanto de esa colaboración.
La mañana del jueves, cuando ya Twitter volvía a centrarse en la huelga y en la decisión que el miércoles tomaron los diputados de hacer un nuevo texto para reformar el régimen de pensiones del Poder Judicial, usando como base el estudio actuarial de la Universidad de Costa Rica (UCR) y dejando fuera de la discusión a los gremios, la Procuraduría dio a conocer la denuncia contra Gamboa y Mata.
