La situación económica actual del país no es la mejor si se pretende mejorar los salarios mínimos y cerrar las brechas de las bajas remuneraciones en el sector privado. Este es el criterio del economista de la Universidad de Costa Rica, Pablo Sauma, con una reconocida trayectoria como investigador de la desigualdad y de las políticas sociales.
En entrevista con UNIVERSIDAD, Sauma explicó los “nudos” conflictivos para la sostenibilidad de la política salarial del sector público, a la luz de la reforma fiscal recién aprobada.
El experto aborda el comportamiento de los salarios del sector privado a lo largo de las últimas cinco décadas y analiza las causas por las cuales el crecimiento de estas remuneraciones volvió a estancarse, luego de haber registrado, entre 2016-2018, un incremento del 37% en relación con los años 90 del siglo XX.
El economista analiza otros problemas relacionados, como los ingresos del sector informal, el alto desempleo, la baja escolaridad de la mayor parte de las personas trabajadoras, la reducción del peso de las actividades agropecuarias y la crisis económica global. Además, insiste en que, para combatir la desigualdad en el país, es imprescindible que los salarios mínimos del sector privado crezcan.
Esto, afirma, solo puede darse en la mesa de negociación y en contextos económicos favorables.
Pero afirma que será difícil contar con la disposición del empresariado si, por otro lado, algunas instituciones públicas se resisten a introducir una mayor racionalidad en sus propios salarios, los cuales son financiados mediante los impuestos que paga el conjunto de la población.
Durante la década de los 90, los salarios del sector privado se mantuvieron estancados. ¿Qué factores influyeron en esto? ¿Continúa esta situación?
—En gran medida, el comportamiento de los salarios del sector privado se relaciona directamente con lo que acontece con los salarios mínimos. Esto debido a que usualmente los patronos ajustan los salarios de sus trabajadores -especialmente de aquellos trabajadores con menores calificaciones- en el mismo porcentaje que dicta el Consejo Nacional de Salarios para los salarios mínimos.
Al analizar la evolución de los salarios mínimos en términos reales, es decir, descontando la inflación, se comprueba que buena parte del peso de la reactivación económica desde finales de la década de los años ochenta a inicios de los años noventa recayó sobre los trabajadores, pues los salarios mínimos para el sector privado se mantuvieron en términos reales a niveles similares a los de 1984. Fue a partir de 1993-1994, que estos salarios comenzaron a mostrar aumentos importantes, como resultado de una política explícita para su mejoramiento. De 1999 en adelante se estabilizaron, en el sentido de pequeños incrementos y reducciones, en el marco de la aplicación de los acuerdos del proceso de concertación que se realizó en esa época.
Posteriormente, luego de un incremento en 2009, a partir del 2011 se inició un nuevo período de crecimiento en términos reales, que se mantuvo hasta 2016, el cual se explica por la definición, en 2011, de una metodología de fijación salarial para el sector privado que, además del ajuste por costo de vida, incluye un componente asociado con el crecimiento del Producto Interno Bruto real per cápita. Esta metodología fue modificada en 2016, año a partir del cual se han dado variaciones muy pequeñas en esos salarios.
Como resultado de ese proceso, los salarios mínimos reales promedio, en los años 2016-2018, son un 37% superiores a los prevalecientes a inicios de los años noventa.
¿Por qué se modificó nuevamente la metodología de cálculo en el 2016? Si se hubiera mantenido o si se retomara, ¿continuaría la mejora sostenida? Si fuera así, ¿por qué no se retoma?
—Transcurridos prácticamente cinco años de vigencia de la metodología del 2011, los sectores representados en el Consejo Nacional de Salarios consideraron conveniente revisar la metodología a la luz de los resultados obtenidos y algunos cambios en la información disponible.
Entre los cambios que se dieron se encuentran: utilizar la Encuesta Continua de Empleo (ECE) en lugar de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) como fuente estadística en la medición de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo que genera cláusula de salida en la fórmula pasó del 8 al 10%; se realizarán revisiones anuales, solo se convocará a mitad de año si la tasa de inflación acumulada al mes de mayo es igual o superior a la meta anual de inflación establecida para ese año por Banco Central; cuando la tasa de inflación real a utilizarse sea negativa, se considerará una inflación de cero para realizar el cálculo de la fórmula. En el caso del componente de productividad (PIB per cápita), se pasó del promedio de 5 años a 3 años; y se ampliaron las franjas a utilizar para el crecimiento del PIB per cápita de 20% a 50% y no hasta el 40% como lo establecía la metodología anterior.
No tengo cálculos de lo que hubiera sucedido en años anteriores si se aplica la metodología anterior, pero los resultados obtenidos en estos años son consistentes con las bajas tasas de inflación y el menor crecimiento del PIB per cápita que se han dado, por lo que no se puede atribuir los resultados exclusivamente al cambio en la metodología.
Si la mayor parte de las personas que trabajan en el sector privado tienen baja calificación o escolaridad, ¿quiere esto decir que el país tiene una estructura productiva atrasada con respecto a tecnologías y procesos que requieren mayor calificación?
—En términos generales, se puede hablar de dos grandes sectores productivos que coexisten en el país: un sector “tradicional”, de baja productividad, en el que se insertan principalmente trabajadores no calificados, como asalariados o trabajadores por cuenta propia, con escasa utilización de capital físico (maquinaria y equipo e instalaciones adecuadas), así como escaso o ningún acceso a tecnologías de avanzada; y un sector “moderno”, en el que sucede todo lo contrario.
La demanda por trabajadores con menor o mayor calificación depende en gran medida de la forma como evolucionan esos tipos de empresas, pero también debe tenerse presente que el desarrollo de las empresas modernas requiere de la existencia de una oferta de trabajo adecuada, acorde con sus necesidades. En este sentido, considero que uno de los grandes problemas que enfrenta el país para la ampliación o creación de nuevas empresas, en el sector moderno, es que solamente un 45% de los jóvenes del país en edad colegial están concluyendo satisfactoriamente la secundaria y hay escasez de trabajadores con dominio de una segunda lengua o personal con formación y experiencia en áreas específicas.
El agro costarricense como actividad productiva, ¿es “anticuado” y reproduce la preferencia por la baja escolaridad (por ejemplo, para que los hijos continúen las actividades de los padres)?
—Las agropecuarias son el claro ejemplo de la coexistencia de actividades tradicionales y modernas. Por una parte, el “campesinado”, que generalmente lo conforman jefes de familia que cuentan con la ayuda de sus hijos, todos con baja educación, con escasas dotaciones de tierra y baja utilización de capital físico. Laboralmente son “trabajadores por cuenta propia” y sus ingresos son las utilidades o ganancias que genera su actividad productiva. Ocasionalmente pueden contratar trabajadores asalariados para que los apoyen en ciertas actividades.
Por otra parte, el sector más moderno contrata trabajadores asalariados para que realicen las labores productivas en amplias extensiones de tierra -cuando corresponde por el tipo de producción- con la utilización intensiva de maquinaria y equipo.
En Costa Rica, el empleo agropecuario ha experimentado una paulatina pero fuerte pérdida de importancia relativa dentro del empleo total: mientras que el censo de población de 1950 señala que el 54,7% del total de ocupados del país se dedicaba a labores agropecuarias, según el censo de población del 2011 ese porcentaje se había reducido a 13,8%. Pero el asunto va más allá, pues según las encuestas de hogares, a partir del 2012 también se ha reducido en términos absolutos, cayendo de 269.539 ocupados en ese año, a 228.563 en 2018. A pesar de esa caída en el empleo entre 2012 y 2018, la producción agropecuaria se ha incrementado en esos años, como resultado tanto de la mayor modernización del sector como por el impacto del auge de algunos cultivos que son menos intensivos en mano de obra.
Respecto del tema de la baja escolaridad, que es una realidad -pero es un problema de permanencia en el sistema educativo-, las encuestas de hogares permiten presumir que los hijos de los campesinos no siempre quieren seguir los pasos de sus padres, por varias situaciones. Aquellos que aprovecharon las oportunidades educativas consiguen mejores trabajos en actividades no agropecuarias formales y con remuneración adecuada, pero aquellos que no las aprovecharon optan principalmente por insertarse en actividades informales no agropecuarias, mal remuneradas o de subsistencia.
¿Qué papel juega la demografía -por ejemplo, ausencia de planificación familiar y de educación sexual- en la reproducción de familias numerosas que no logran salir de la pobreza?
—La desaceleración de la tasa de crecimiento poblacional, resultado del proceso de transición demográfica que vive el país, se refleja en una fuerte caída en el tamaño promedio de los hogares. Según las encuestas de hogares, ese tamaño pasó de 4,4 miembros en 1990 a 3,2 en 2018. El aspecto relevante aquí es que los hogares pobres son más numerosos que los no pobres; y que en los hogares pobres hay más niños, niñas y adolescentes que en los no pobres.
En el año 2018, siempre según la encuesta de hogares, el tamaño promedio de los hogares en pobreza extrema fue de 3,64 miembros, respecto de 3,12 en los no pobres. Es más, mientras en los hogares en pobreza extrema dos de cada cinco miembros tenían 15 años o menos de edad, en los hogares no pobres esa misma proporción era uno de cada cinco.
Si bien estos aspectos son tomados en cuenta en el diseño de las políticas sociales selectivas, vale la pena destacar que el impacto del tamaño familiar ya no es tan grande como lo fue en el pasado.
¿Por qué es tan difícil para el país crear suficientes puestos de trabajo y, por el contrario, el desempleo no cesa de aumentar?
—No solo para Costa Rica, sino para todos los países. El secreto -que no es secreto- consiste en que el país logre alcanzar y mantener altas tasas de crecimiento de la producción nacional (PIB), preferiblemente por encima del 6% anual. Si ello sucede, el empleo y los ingresos laborales comenzarán a aumentar y el desempleo a reducirse, así como la pobreza. La última vez que vivimos una situación así fue en 2006-2007, con situaciones internas y externas favorables, pero que terminó de manera abrupta con la crisis internacional que se hizo evidente a finales de 2008.
Lamentablemente, el país ha mostrado en los últimos años tasas de crecimiento de la producción muy bajas (3,4% anual como promedio 2013-2017 y 2,6% en 2018), y el pronóstico para este año y el siguiente no son nada halagüeños: 2,2% en 2019 y 2,6% en 2020.
La reactivación de la economía es un imperativo en este momento. Se han realizado varias propuestas para lograrlo que consideran muchas opciones: algunas relacionadas con el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, otras con la atracción de empresas extranjeras, la formalización de empresas informales y otras. Sin embargo, en este país es difícil pasar de las propuestas a la implementación, especialmente cuando el sector público debe jugar un papel activo.
La pérdida de empleos se refleja en la tasa de desempleo abierto, pero también afectan la situación los casos en que nuevas personas se incorporan al mercado de trabajo para emplearse; muchas veces porque los ingresos familiares se redujeron debido, precisamente, a que un miembro del hogar perdió su empleo.
Usted ha dicho que, para reducir la desigualdad en el país, no basta con moderar el ritmo de crecimiento de los salarios del sector público, sino que también es necesario aumentar de un modo significativo los salarios de los grupos menos calificados del sector privado. ¿Es esto algo factible de hacer en términos económicos, es decir, asumible por las empresas de modo que seguirían siendo competitivas?
—Confirmo lo dicho y agrego aquí que los salarios mínimos son la principal vía para aumentar los salarios privados, por lo que ya se ha explicado. Sin embargo, la situación económica actual no es la más adecuada para aumentar los salarios mínimos más allá de lo que establece la metodología tripartitamente aprobada, pues la prioridad debe ser mantener los empleos y generar nuevos.
Pero agrego que, además de los salarios, para reducir la desigualdad es imprescindible incrementar los ingresos no salariales que perciben los trabajadores por cuenta propia, ya que en un elevado porcentaje son trabajadores no calificados. Incidir sobre esta población no es sencillo, pero es posible, especialmente mediante la capacitación, el abaratamiento del crédito y otro tipo de acciones.
¿Incrementar los salarios mínimos podría ser una iniciativa que el Gobierno proponga negociar con el sector privado?
—Los aumentos en los salarios mínimos se definen de forma tripartita (trabajadores, patronos y Estado) en el Consejo Nacional de Salarios. Allí es donde se darían las negociaciones, pero en estos momentos es muy difícil, especialmente por lo que está sucediendo con los salarios de algunos empleados públicos.
Si esto ocurriera, ¿qué consecuencias tendría en el crecimiento económico y en el desarrollo del país?
—Un aumento en los salarios mínimos que no corresponda con un contexto económico favorable va a resultar en un mayor desempleo -tanto por la menor contratación de nuevos trabajadores como por los despidos por el incremento en el costo de la planilla-; así como en un mayor incumplimiento en el pago de los salarios mínimos y en una mayor informalidad, pues muchas empresas optarán por esa vía para sobrevivir.
Sin embargo, si el contexto es favorable, especialmente si las tasas de crecimiento de la producción son sostenidamente altas, el aumento en esos salarios reduciría la desigualdad, lo cual a su vez tendría impactos adicionales en el bienestar general de la población y en el crecimiento económico.
