Una ola imprevista de protestas acuerpadas por una mezcla inédita de fuerzas políticas exhibieron la flaqueza política del gobierno de Carlos Alvarado, que queda sin uno de sus principales ministros y refuerza la imagen de un Ejecutivo con poco margen de acción.
Sin suficiente poder de negociación real, con una escueta fuerza legislativa y dependiente de los partidos opositores (y de cómo enfrenten sus conflictos internos), Alvarado debió sacrificar al ministro de Educación, Édgar Mora. De esta manera, pierde así un símbolo de progresismo ante la corriente conservadora que se catapultó en 2018, la cual fusionó política con religión.
A 14 meses de haber asumido el poder, el mandatario llega limitado por un creciente malestar en distintos sectores de la población, pero también por el peso político de grupos conservadores que tomaron poder en las elecciones pasadas, así como de cálculos de partidos que saben que la campaña electoral municipal comienza dentro de 4 meses. Para el PAC, sin embargo, la tarea es de urgencias.
Nada debería ser una novedad después de las tensas circunstancias de triunfo de Alvarado en 2018 y la alianza multipartidaria que intentó armar con grapas y maniobras para superar las disparidades ideológicas. “Es el gobierno más débil en muchos años desde su origen. Sigue siendo novato pero repite en el poder después de haber logrado el apoyo de solo el 13% de los electores, con un candidato de corta experiencia política y sin suficiente fortaleza estructural”, recuerda el politólogo Gustavo Araya.
Sin embargo, esta semana arrojó nuevas evidencias sobre la debilidad del Gobierno y su dificultad para armar una estrategia política. También, Araya observa una falta de comunicación adecuada en medio del entorno confuso por informaciones de todo tipo en redes sociales y hasta mensajes que llaman a derrocar al Gobierno.
Buena parte de la coordinación política pasa, o debería pasar, por Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia. El excandidato presidencial del PUSC, sin embargo, se ha ido diluyendo casi hasta la ausencia para efectos públicos y obliga a Alvarado a poner la mejilla para cada reproche contra el Gobierno, con la compañía de un pequeño círculo de confianza que lo acompaña en el despacho.
Algo de ello se vio desde el lunes 24 de junio, cuando un grupo de pescadores puntarenenses empobrecidos llevó sus reclamos hasta los portones de la Casa Presidencial y acabó rompiéndolos bajo el pretexto de que nadie los recibió como merecen.
Piza, como ministro de la Presidencia y designado por Alvarado para atender los asuntos de Puntarenas, no los atendió y sumó dudas sobre el papel que juega en el Gobierno, sobre todo después de que hace varias semanas recordó su intención de dejar pronto el puesto, en medio de ácidas críticas de diputados que fueron sus compañeros de tienda en el PUSC.
“No sé si está agotado o en retirada, o si prefieren no incluirlo porque saben que se irá pronto. Lo cierto es que él no está en la jugada”, acusó Jorge Fonseca, subjefe de fracción del PLN, de donde han salido numerosos reclamos por la poca participación del Ministro desde mayo de 2018. El politólogo Araya, por eso mismo, se cuestiona cómo habría sido el aporte de Piza en estas dos semanas si hubiera tomado las riendas.
Los pescadores repudiaban la inminente aplicación del Impuesto al valor agregado (IVA), que rige desde este lunes 1 de julio, pero pronto las protestas se fueron variando y grupos sindicales del Magisterio pusieron la mira en un personaje vulnerable: Édgar Mora.
Para el jueves, a los docentes los acompañaban estudiantes colegiales con discursos poco claros pero dispuestos a sostener el movimiento, en el que también aparece como protagonista el dirigente infaltable Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
El sector educación, incómodo por propuestas que ha impulsado Mora, por su imagen progresista y por su origen ajeno al sector educativo, recibió pronto el apoyo de las fuerzas políticas evangélicas, pues estas consideran que Mora encarnaba la “ideología de género” contraria a las creencias religiosas.
Este rechazo al “progresismo” de Mora, no obstante, era mayor. Diputados conservadores de otros partidos estaban dispuestos a votar por la moción de censura que promovió el grupo afín a Fabricio Alvarado. Aunque hace un año fracasaron en lograr apoyo para esta sanción, en esta ocasión el terreno parecía propicio para aplicar ese mecanismo sancionatorio que antes solo se había en una ocasión, en 1995 contra el entonces ministro de Seguridad, Juan Diego Castro.
El Partido Liberación Nacional (PLN), el partido más tradicional y de mayor volumen en la Asamblea Legislativa, pidió la cabeza de Édgar Mora mediante un comunicado emitido curiosamente no por sus legisladores, sino por el Directorio Político con un sentido de oportunidad.
Algunos diputados liberacionistas, sin embargo, sí apoyaban la exigencia, pues están conscientes de que las bases partidarias tienden más al conservadurismo e intentan preparar el terreno para los comicios municipales de febrero próximo. En algunos cantones preparan alianzas con representantes evangélicos, como ocurre en San Carlos.
Las zonas alejadas de centro del país son las que más bloqueos viales presentaron. Coinciden también con la pobre votación del PAC en esas regiones y la ausencia total de legisladores oficialistas en las tres provincias costeras, donde más golpean el rezago social y el abandono estatal histórico. En sentido formal, ningún legislador oficialista representa a Guanacaste, Limón o Puntarenas.
“Esas asimetrías territoriales tienen graves implicaciones para las oportunidades vitales y el desarrollo humano de una importante parte de la población, que lo manifiesta con un descontento ciudadano creciente y un comportamiento electoral volátil. Así, el problema no es la economía sino el Estado, que ha perdido su capacidad de atender todo el territorio y la sociedad para nivelar las asimetrías”, escribió el politólogo Felipe Alpízar, exdirector del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en su artículo reciente titulado “Un país fracturado”.
Así, el pulso político mantiene en desventaja al Gobierno de bandera PAC. Se queda corto ante las fuerzas opositoras que lo superan en tamaño en el Congreso, en conexión con grupos de población o en margen de maniobra al no tener responsabilidad de Gobierno.
Este ha sido el hábitat de la administración Alvarado. Las encuestas del CIEP de la Universidad de Costa Rica mostraron que el gobierno de Carlos Alvarado nunca gozó del apoyo popular que suelen (o solían) tener los mandatarios en los primeros meses.
El primer año lo pasó sin la “luna de miel”, sin poder ufanarse del gobierno antecesor y sin oxígeno financiero para atender necesidades básicas de un Gobierno. Este, entonces, se dedicó en 2018 a empujar una reforma fiscal que resultó aprobada con el apoyo de algunas bancadas opositoras y de grupos empresariales, pero que también erosionó las relaciones con grupos sociales que en otros momentos fueron cercanos al PAC.
Alvarado también ha enfrentado críticas de activistas feministas y de derechos humanos por la postergación de su promesa de firmar la norma que permitiría aplicar el aborto terapéutico. En espera de un momento “oportuno”, el mandatario Alvarado ha quedado en deuda con estos grupos y también, del otro lado, con fuerzas conservadoras que le reprochan ese respaldo a los derechos de la población LGBTI.
También se lo recrimina el partido Frente Amplio, cuya representante Patricia Mora se mantiene aún como ministra de la Condición de la Mujer. Su diputado José María Villalta aceptó en el programa Hablando Claro (Radio Columbia) que un sector de la dirigencia del partido pide que ella salga del Ejecutivo y quede, de esta manera, Alvarado con una pieza menos en el “gobierno de unidad” que planteó en 2018.
Nada, sin embargo, augura calma pronta. Cada movimiento cuenta. La foto del presidente en la Marcha de la Diversidad no cayó bien en algunos grupos que después le recriminaron no dedicar tanta atención al día siguiente a colectivos como los pescadores.
Édgar Mora prefirió no ir en esta ocasión a esa marcha. En 2018 sí había asistido, pero el clima se había ido complicando poco a poco. El ministro ya sabía que era un objetivo táctico de grupos múltiples. Decían que por progresista, por inexperto, por imprudente, por querer evaluar distinto a los docentes, por el manejo de la infraestructura educativa.
Alvarado contestó en la semana anterior que no tenía por qué prescindir de Mora, pero en pocas horas el panorama cambió y debió bajarlo del Gobierno. En la Asamblea Legislativa los caminos parecían cerrados.
Sin traslados a otros cargos ni asumir embajada alguna, el Ministro entendió que debía irse y acabó ante la prensa leyendo su carta de renuncia, expresando su deseo de que así se abrieran opciones de diálogo. Piza, de pie junto a otros miembros del gabinete, escuchó sin decir palabra.
Alvarado no tenía músculo para sostener más a Mora, una figura ajena al PAC pero afín en su ideología y sin respaldo de grupos de poder económico, como sí ocurriría con la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Cae Mora como cayeron en diciembre la vicepresidenta Epsy Campbell en la Cancillería y Juan Carlos Mendoza como ministro de Comunicación, dos reconocidas figuras PAC.
Alvarado ofrece ahora mesas de diálogo con sectores que por otro lado están agrupados en algo que llamado “Encuentro Social Multisectorial” liderado por Albino Vargas. Este lunes emitieron un documento con 18 demandas variopintas entre las que no falta la defensa de los valores cristianos, a tono con el pulso cultural exacerbado desde las elecciones del 2018.
El mandatario también intentó responder a las demandas de grupos empresariales preocupados por el efecto de las protestas sobre el turismo y la economía, con pérdidas de $10 millones diarios, según dirigentes de los exportadores.
Por eso en las primeras horas del martes, habiendo publicado la noticia sobre el fracaso de un nuevo intento de diálogo con transportistas (un sector de ellos), cuerpos policiales intervinieron para limpiar el acceso al puerto de Moín.
Los focos se dirigieron entonces sobre el ministro de Seguridad, Michael Soto, otro de los nombres mencionados en la lista de los jerarcas que deberían irse, según organizaciones sindicales. Mientras tanto, otros bloqueos surgían intermitentes en San Carlos o Pérez Zeledón. Nadie podía garantizar libre tránsito total mientras el movimiento siga activo.
“El problema es que esto no estaba en los pronósticos del año”, acotó Araya, quien cree que la protesta podría haber sido solo un ensayo de las lecciones aprendidas durante la huelga del 2018, con menor exposición de líderes sindicales y una agenda más difusa que permite aliarse de manera abierta con fuerzas conservadoras.
La fórmula podría resultar útil para lo que queda de mandato a este gobierno, pues solo ha transcurrido el 30% del período.
** (Texto modificado para precisar que no es “la dirigencia” de Frente Amplio la que pide que Patricia Mora se retire del INAMU, sino “un sector de la dirigencia” de Frente Amplio)
Ola de protestas pone de nuevo al PLN ante su propio espejo
La historia quiso que el Partido Liberación Nacional (PLN) llegara a cumplir 65 años desterrado del Gobierno pero empoderado como la principal fuerza opositora, con la llave para levantar o ahogar las discusiones políticas.
Guillermo Constenla, presidente del PLN (Foto: Katya Alvarado)
La mitad de este 2019 se ofrece, de nuevo, como un momento de oportunidad para que la agrupación verdibanca, propietaria de la mayor bancada legislativa, defina posiciones que resulten determinantes para las bases del sistema político, como coinciden unos y otros ahí dentro.
El problema está en que el PLN enfrenta una disyuntiva entre invertir su bagaje en empujar un liderazgo político propio o aprovechar las oportunidades electorales que ofrecen los nuevos terrenos del poder, como insinuó el presidente de la agrupación, Guillermo Constenla, en respuesta a una periodista de La Nación.
La ola de protestas de la última semana pusieron de nuevo las luces sobre los verdiblancos, pues su Directorio Político decidió sumarse a la principal demanda de los primeros de días de los manifestantes: la destitución del ministro de Educación, Édgar Mora.
Sin consultar con la bancada, a la que algunos dirigentes culpan de entregarse demasiado al Gobierno de bandera PAC, la cúpula verdiblanca emitió una posición que no todos sus 17 diputados compartían.
Con la cautela de no reflejar aún más las contradicciones internas, los legisladores intentaron esperar qué pasaba con el ministro Mora y así evitaron tener que fijar posiciones uno a uno en la moción de censura que había propuesto Jonathan Prendas, del grupo Nueva República.
“No sé si era lo más correcto; a mí solo me llegó el comunicado del Directorio”, dijo una legisladora que pidió no revelar su nombre, antes de advertir que este órgano recibe presiones de la dirigencia territorial más preocupada por competir en las elecciones municipales de febrero del 2020.
Ese factor lo reconoció Jorge Fonseca, subjefe de la bancada liberacionista. “Ya el PLN había tomado una posición y faltaba establecer un mejor diálogo con los diputados, en parte con la ventaja de que aquí está Gustavo Viales, que es el secretario general del partido (…) Sí tengo que admitir que ahí hay mucho trabajo pendiente”.
“Hay de todo. Muchos no están de acuerdo con el trabajo nuestro acá y presionan al Directorio. Nosotros esas presiones las recibimos desde que discutimos la reforma fiscal, pero nos defendimos con razonamiento, entendiendo que no estamos beneficiando al Gobierno, sino al país”, agregó Fonseca.
De hecho, entre algunos de los proyectos reprochados por los manifestantes hay propuestas de la autoría del PLN, como el de educación dual o el que limita los márgenes de los trabajadores para hacer huelgas. “Los vamos a seguir defendiendo”, sostuvo el subjefe.
Así, según él, la agrupación pretende impulsar cambios al margen de las tentaciones de popularidad del momento. “Tienen razón quienes dicen que el PLN debe aportar la prudencia, la experiencia y la guía”, comentó con consonancia con señalamientos del ex vicepresidente Kevin Casas.
Casas, liberacionista, analista de la política y secretario del Instituto para la Democracia y el Apoyo Electoral (IDEA, con sede en Suecia), señaló que ese llamado a destituir al ministro de Educación fue “un error gravísimo”.
“El papel del PLN es tratar de convertirse en el adulto en la habitación. Si se asumen como propias las demandas de Albino Vargas, van a meter al PLN en el mismo saco y después se va a haber obligado a echar para atrás, y toda esa maniobra apestará a oportunismo”, dijo Casas en el programa Hablando Claro.
Casas, fue aún más crítico: “El ancho de banda de una parte de la dirigencia más alta da apenas para ganar la próxima elección y les vale un rábano lo demás. Y ese es un problema muy grave.
“No hay una sola gran causa nacional que haga a la gente identificarse con el PLN”, añadió antes de admitir que hay dirigentes o diputados tratando de encauzar al partido por otros caminos, pero poco pueden hacer solos.
