La violencia no cesa y aparecen justicieros por manos propias

Ante la inseguridad creciente, las autoridades reconocen que los números no son positivos y que este año la tasa de homicidios será de 11,9 cada cien mil habitantes.

El pasado 23 de abril, el entonces jefe de Operaciones de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, fue designado como ministro de Seguridad Pública por el presidente electo Carlos Alvarado. Ese mismo día  -con una idea muy clara-, Soto dijo a UNIVERSIDAD que para disminuir la tasa de criminalidad no solo se necesita represión policial, sino que también era necesario hacer un abordaje “integral” y “social” contra la delincuencia.

Seis meses después los números no son positivos y los problemas en la seguridad pública se mantienen. Esto pese a los 46 megaoperativos (proyecto estrella de esta administración) que ha realizado el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), a los proyectos culturales y deportivos, como “Cine en mi Barrio”, y a las mejengas en comunidades vulnerables donde los niños juegan fútbol con los policías.

El 2018 también presenta “un tinte” de violencia atípico, pues desde el mes de julio el país comenzó a presenciar la llegada de inmigrantes nicaragüenses, lo cual motivó marchas xenofóbicas que requirieron de la atención de la Policía. Se sumó la huelga del sector público contra el plan fiscal, por la cual se produjeron disturbios a lo ancho y largo del país, los cuales también fueron atendidos por la Fuerza Pública. Sin embargo, el mismo ministro de Seguridad admitió que esos hechos no pueden ser vistos como “excusa” para justificar los negativos resultados de este año.

Por otra parte, la sociedad parece ser más defensiva, pues solo en el último mes se presentaron tres casos en que los ciudadanos repelieron la actividad criminal; es decir, tomaron la justicia por sus propias manos. Lo anterior podría deberse a que las personas no confían en la Policía, se sienten cansadas de la delincuencia o simplemente la sociedad se ha vuelto más violenta, tal y como lo señalan las autoridades.

De acuerdo con datos del OIJ, el año 2017 finalizó con 603 asesinatos registrados; eso equivale a una tasa de homicidios de 12,1 por cada 100 mil habitantes. Cifra que coloca al país en la posición 11 de Latinoamérica, después de países como El Salvador, con 81 homicidios cada 100 mil habitantes; Venezuela y Honduras, con 59; y Jamaica, con 50.

Este año, según datos de la Policía Judicial al corte del 27 de noviembre, el país registró 532 homicidios, solo seis menos que el año pasado en la misma fecha, cuando se contabilizaron 538.

De estos crímenes, 244 se produjeron a causa de ajustes de cuentas o venganzas, 101 a riñas, 28 tienen que ver con personas que tuvieron que repeler la actividad criminal (ciudadanos que toman justicia por sus manos) y 26 se relacionan con violencia doméstica, entre otros.

A la fecha, el Ministerio de Seguridad suma ya 47 megaoperativos en los que se han realizado 2.714 aprehensiones.

Para el ministro de Seguridad, los megaoperativos han ayudado a disminuir los homicidios, pues la proyección de este año -en un inicio- era que el país llegaría a una tasa de homicidios de entre 12,5 y 13 por cada 100 mil habitantes, mientras que ahora los resultados (aunque no sean muy alentadores) se direccionan a finalizar el año con 11,9.

“Basado en análisis criminal, vemos dónde están matando más. El análisis me dice dónde, a qué hora y cuál es el modo de operar. De acuerdo con lo que nos diga el análisis hemos ido metiendo recursos para avanzar en esa área. Montamos  megaoperativos, en los cuales incorporamos a todos los recursos policiales disponibles en todo el país, como Guardacostas, Fronteras, Tránsito, OIJ y Policías Municipales. Los mandamos a trabajar a esa hora, a ese lugar y esa modalidad delictiva. Eso ha hecho que tengamos estos números, que no son los mejores del mundo pero que tienen rasgos positivos en la disminución de algunos delitos y disminución de homicidios”, externó Soto.

Además señaló que el objetivo seguirá siendo contener la criminalidad; sin embargo, estos resultados -pese a los esfuerzos de las policías- no son los que esperaban.

“Estamos claros que no hay ningún país 100% seguro. Los temas de seguridad -nos dice la historia y lo que ocurre en otras sociedades-  no se resuelven con represión policial. El abordaje debería de ser generar fuentes de empleo, cultura, deporte, prevención primaria, educación, etc; sin embargo, lo que me toca a mí es la contención. Hemos estado trabajando la contención pero a pesar de los esfuerzos no hemos logrado los números que queríamos”, mencionó el ministro.

Este pensamiento es acuerpado por el director del OIJ, Wálter Espinoza, quien indicó que la verdadera circunstancia que genera los delitos no solamente es responsabilidad de la Policía; sino que tiene que ver con el entorno en el que nos desenvolvemos.

“Entre más desigualdad hay y más dispar es la distribución de la riqueza, más homicidios hay (…) El fenómeno no se puede abordar solo sobre la presencia policial porque ningún país lo hace de esta manera. Nosotros no podemos evitar los delitos porque tendríamos que tener a la cuarta parte de la población reclutada como policía para que esté todo el día vigilante”, añadió Espinoza.

En cuanto al total de denuncias que recibió el OIJ durante este año, al 15 de noviembre se contabilizaron 87.299. La proyección de esta institución es finalizar el año con 100.202 denuncias; cifra que se traduce en un aumento 2,36% con respecto a diciembre del 2017, cuando estas sumaron 97.891.

Al analizar las denuncias por delitos contra la propiedad y contra la vida, algunos presentaron un aumento con respecto al año anterior, mientras que otros presentan una disminución. Sin embargo, en términos generales, la violencia en el país se mantiene igual.

Un delito que aumentó fue el asalto; en el 2017 se registraron un total de 15.302 hechos de este tipo, mientras que al 15 de noviembre de este año se contabilizaron 14.821. Esta cifra podría llegar a 17.012 al finalizar el año, según el OIJ.

En relación con el robo de vehículos, el año pasado se recibieron 4.763 denuncias y este año (al 15 de noviembre) se tienen datos de 4.332. Según el OIJ, se proyecta que la cantidad de denuncias llegue a 4.972 al 31 de diciembre del 2018.

A estos hechos delictivos se suman también la tacha de vehículos, que pasó de 5.155 al finalizar el 2017 a 4.562 al corte del 15 de noviembre. Según el Organismo, se podría culminar el año con 5.351 denuncias.

Entre los delitos que tuvieron una baja (al menos en los registros policiales) se encuentran los hurtos. En el 2017 se registraron 19.452, pero al 15 de noviembre se contabilizaron 16.258.

También, los asaltos a casas de habitación sumaban, al 15 de noviembre, 362 denuncias, mientras que en el 2017 se registraron 545.

Los robos a casas de habitación, al 31 de mayo de este año, totalizaban 6.226 denuncias ante el OIJ; sin embargo, el 2017 finalizó con un total de 7.623.

Finalmente, el año pasado todas las policías del país incautaron un total de 38 toneladas de drogas (marihuana, crack y cocaína), una cifra idéntica a la que al 27 de noviembre de este año se había decomisado.

El pasado 12 de setiembre, los manifestantes quitaron las barreras de seguridad colocadas a las afueras de la Asamblea Legislativa y se enfrentaron a la Policía. (Foto: Miriet Ábrego)

Escupieron y golpearon a nuestros policías y ellos mantuvieron la línea. Fueron atacados en Puntarenas, Limón y en la Asamblea Legislativa. Ellos hicieron trabajo profesional a pesar de las provocaciones. Usamos gas y fuerza cuando ya no hubo más remedio”.

Michael Soto, ministro de Seguridad Pública

Entre la huelga y la xenofobia

El 2018 estuvo también matizado por manifestaciones de violencia que hicieron que el Ministerio de Seguridad Pública destinara su recurso humano a distintos eventos que también podrían atentar contra la seguridad de la ciudadanía. Entre ellos las manifestaciones xenofóbicas en la provincia de San José y la huelga contra la reforma fiscal que se llevó a cabo en distintos puntos del país.

El 18 de agosto el país presenció una marcha xenófoba en la que un pequeño grupo de radicales, barras de fútbol y personas con antecedentes delictivos tomaron las calles josefinas con el objetivo de mostrar su repulsión ante el aumento en la llegada de nicaragüenses al territorio nacional, como consecuencia de la crisis política que vive Nicaragua.

Según datos de la Fuerza Pública, durante el desafortunado evento se registraron agresiones a transeúntes, daños a unidades policiales y se incautaron armas, incluidas 13 armas blancas y ocho bombas molotov que fueron localizadas a tiempo.

Además, se detuvo un total de 44 personas, de las cuales seis eran menores de edad y otras seis de nacionalidad nicaragüense.

Por otra parte, durante la huelga general contra el plan fiscal hubo manifestaciones públicas. Entre el 10 de setiembre y el 22 de octubre los manifestantes realizaron protestas alrededor de todo el territorio nacional, bloquearon calles e incluso tuvieron varios altercados con la policía.

Uno de esos enfrentamientos se registró el pasado 12 de setiembre, en horas de la tarde, en una de las calles laterales de la Asamblea Legislativa. Ese día, los manifestantes quitaron las barreras de seguridad y se enfrentaron a la Policía frente al Congreso.

En ese momento, la Policía trató de contenerlos y esto generó el lanzamiento de piedras, botellas y bengalas por parte de los huelguistas, e incluso contra la prensa. Hasta la policía antimotines se presentó en el lugar.

Ese mismo día, durante la noche, la Fuerza Pública agredió a estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y al periodista del Semanario UNIVERSIDAD, Javier Córdoba.

Córdoba narró que el grupo de estudiantes que había protagonizado el bloqueo en la calle principal de San Pedro se había retirado del lugar sin enfrentarse a la policía y sin lanzar objetos, por lo que le extrañó que la Policía utilizara la fuerza de una forma que consideró “desmedida” en un primer momento, y que luego sí desembocó en un enfrentamiento directo con los manifestantes, además del polémico ingreso al campus de la UCR.

El incidente aún es investigado por una comisión integrada por el Ministerio de Justicia y la UCR, luego del acuerdo alcanzado un día después por el presidente Alvarado con los rectores de las universidades públicas, para determinar las responsabilidades por lo sucedido.

Por su parte, el ministro de Seguridad envió un audio a UNIVERSIDAD en el que indicó que la versión de los policías fue que los estudiantes les lanzaron piedras y aseguró que nunca se les dio la orden de golpear a los universitarios.

El hecho generó que ese mismo día el rector de la UCR, Henning Jensen, convocara a una marcha por la autonomía universitaria el 13 de setiembre.

Con carteles, música y banderas, miles de estudiantes, profesores y autoridades universitarias marcharon hasta Casa Presidencial con el fin de expresar su repudio a los actos de violencia ejercidos contra la población estudiantil  y reclamar procesos de diálogo para resolver las diferencias entre los grupos sociales del país.

Otro de estos altercados entre los manifestantes y la Policía se dio en Barranca, Puntarenas, el 18 de setiembre.

En esa oportunidad, unidades de policía antimotines intervinieron para retirar a los manifestantes que se encontraban bloqueando la carretera en los alrededores del plantel de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en Barranca.

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) denunció que “unos 400 antimotines la emprendieron a golpes contra unos 80 manifestantes ubicados en la entrada del plantel de Recope en Barranca, Puntarenas. De eso resultó una persona herida, Ramón Rugama, quién además fue detenida por la Fuerza Pública”.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública indicó que mientras se realizaba la escolta de camiones cisterna, la Fuerza Pública fue recibida con pedradas, por lo que se realizó la intervención.

En los videos que circularon en redes sociales fueron visibles varias personas afectadas por los gases, así como la intervención de los policías que desarmaron los toldos que mantenían los manifestantes en el lugar.

El 12 de setiembre, en horas de la noche, la Fuerza Pública agredió a estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y al periodista del Semanario UNIVERSIDAD, Javier Córdoba. (Foto: Javier Córdoba)

Para el ministro Soto, estos hechos sacaron a la Fuerza Pública del control de los delitos callejeros durante un mes, pues la Policía se dedicó a cuidar huelgas, puentes, manifestaciones e incluso manifestantes; sin embargo, acotó que “no era una excusa” y que asumía la responsabilidad de los resultados negativos en materia de seguridad.

Cuando estas acciones pasan el Estado pierde legitimidad y las personas creen cada vez menos en el Estado de derecho
y creen que tomar justicia por sus propias manos es conveniente y adecuado”.

Wálter Espinoza, director del OIJ

“Ese mes también nos jugó una pasada difícil. No es una excusa, asumo la responsabilidad (…) Habían provocaciones de los manifestantes a la Fuerza Pública, sujetos escupieron y golpearon a nuestros policías y ellos mantuvieron la línea. Fueron atacados en Puntarenas, Limón y en la Asamblea Legislativa. Ellos hicieron trabajo profesional a pesar de las provocaciones. Usamos gas y fuerza cuando ya no hubo más remedio”, destacó Soto.

Además, destacó que durante setiembre y octubre “los delincuentes no fueron a huelga” y los crímenes seguían sucediendo en el país aunque la Policía estaba centrada en atender la huelga.

“(En delitos contra la propiedad) setiembre y octubre son los meses más altos del año. Los delincuentes no fueron a huelga. Nos dedicamos en un 80% o 90% a atender manifestaciones desde la madrugada hasta que el último manifestante se fuera. En todo el país atendíamos solo fallecidos, emergencias y violencia doméstica”, señaló el ministro.

Justicia en manos de ciudadanos

Otro fenómeno que marcó este año -o más bien los últimos meses- fue el aumento de casos en que los ciudadanos decidieron tomar la justicia por sus propias manos y atacar a los hampones.

El caso más reciente sucedió el pasado 22 de noviembre, cuando tres propietarios de un taller prendieron fuego a unos presuntos asaltantes (en este caso indigentes) que les habrían sustraído herramientas. Tras el altercado, los indigentes quedaron gravemente heridos; uno ya fue dado de alta mientras que el otro falleció.

Días después, la Fiscalía Adjunta de Alajuela confirmó que los dueños del local pasarían los siguientes cuatro meses en prisión preventiva, pues se les investiga por dos delitos de tentativa de homicidio.

Solo un día antes de ese hecho, el 21 de noviembre, dos sujetos intentaron asaltar un trailer en las cercanías del Centro Penitenciario La Reforma, en Alajuela. De acuerdo con los testigos el vehículo se volcó, situación que originó que los asaltantes robaran una motocicleta.

No obstante, otro sujeto que transitaba por el lugar disparó a los criminales e impactó de muerte a uno de ellos.

A estos hechos se suma también el caso del propietario de un supermercado en Moravia, quien disparó a los delincuentes que intentaron asaltar su negocio. Al parecer el hombre estaba cansado de sufrir asaltos.

En esta ocasión, el dueño del local -de origen sirio- logró impactar de muerte a uno de los asaltantes; no obstante, esta acción lo dejó con dos heridas de bala en su cuerpo.

Para el investigador de la Facultad Latinoamericana de las Ciencias Sociales (Flacso), de Costa Rica, y profesor de la Escuela de Sociología de la UCR, Francisco Hernández, este comportamiento nace como resultado de la inseguridad en el ambiente que perciben las personas.

“Este tipo de manifestaciones se conocen como violencia por inseguridad. Esto lo que hace referencia es a que, ante la ausencia de mecanismos formales por parte del Estado para resolver problemas de delictividad, las personas piensan que la única manera de encontrar justicia es tomar en sus propias manos acciones para generar algún tipo de castigo a las personas que han cometido algún tipo de delito”, externó Hernández.

El sociólogo agregó también que estas conductas obedecen a una desconfianza institucional.

“Hay una situación también de desconfianza en las instituciones encargadas de impartir la justicia. Algunas investigaciones han mostrado que la gente confía en el papel policial a la hora de intervenir ante un acto delictivo pero no confían igual en el proceso posterior o judicial”, explicó Hernández.

Por su parte, el director del OIJ explicó que las autoridades no recomiendan esta conducta a la ciudadanía, pues podrían salir heridos; sin embargo, considera que es una decisión personal.

Además, atribuye este comportamiento al aumento de la violencia en el país

“Lo que pasa es que el nivel de conflictividad ha aumentado y, como aumenta esto, las personas actúan sobre la base de un exacerbamiento que está en el ambiente. Esto provoca que ante un ataque haya una reacción y eso es natural y seguirá sucediendo porque cuando estas acciones pasan el Estado pierde legitimidad y las personas creen cada vez menos en el Estado de derecho y creen que tomar justicia por sus propias manos es conveniente y adecuado”, indicó Espinoza.

De acuerdo con datos de la Fuerza Pública, en lo que va de este 2018 se contabilizan 26 casos cuyo móvil es repeler la actividad criminal; esto significa un aumento del 300% con respecto al 2017, cuando se registraron 8 casos.

Del total de casos de este año, nueve corresponden a policías y 17 a civiles.

De cara al 2019, el desafío de controlar la inseguridad pública y lograr que el país regrese a su tradicional tasa de homicidios menor a 10 personas por cada 100 mil habitantes continúa pendiente.

Nota de redacción:  esta información fue modificada el 9 de diciembre, debido a que en dos párrafos la magnitud de los homicidios anuales que ocurren en el país se consignó como un porcentaje, cuando lo correcto es que se trata de una tasa que mide la cantidad de homicidios cada cien mil habitantes.


Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/?ids=https://semanariouniversidad.com/pais/la-seguridad-no-mejora-la-violencia-no-cesa-y-comienzan-a-aparecer-justicieros-por-manos-propias/): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/alfred06/public_html/wp-content/themes/abomb-child/elements/element.php on line 80
0 comments