El abogado Fernando Castillo era un asesor político en el Congreso cuando los diputados y un grupo de abogados entusiastas aprovecharon una oportunidad política para crear la Sala Constitucional. Él lo vio de cerca sin poder predecir nada sobre ella ni sobre sí mismo.
Castillo tenía 30 años de edad, la mitad de los que tiene ahora cuando habla como presidente de ese tribunal que en aquel momento, en la Costa Rica analógica y bipartidista de 1989, se gestaba como una revolución institucionalizada que iba a condicionar al poder político y a proteger derechos humanos que entonces ni se consideraban.
Ahora el abogado Castillo es presidente de la Sala Constitucional y no puede dejar de mirar cómo ha cambiado el mundo y cómo este tribunal ha sido al mismo tiempo un factor y un resultado de esos cambios. Tanto los de los derechos humanos como los de la dinámica política costarricense, e incluso más allá.
“La sola existencia de la Sala ya tiene un valor enorme”, dice Castillo al cerrar la semana en que el alto tribunal cumplió su edad de 30 años en medio de numerosos recuentos sobre su pasado y preguntas sobre la manera de adaptarse a circunstancias que no acaban de consolidarse.
Con una marea internacional de gobiernos populistas que se valen de las nuevas tecnologías, y extinguida la configuración política del siglo pasado, la Sala intenta mostrarse como un dique contra el cuestionamiento a los avances de derechos humanos y contra los discursos antisistema.
La Sala llega a sus tres décadas convertida en un actor consolidado del sistema institucional. Tanto que la elección de sus miembros sigue sujeta al vaivén de la política partidista del momento y la integración histórica reproduce la supremacía machista en el poder; solo dos mujeres frente a 17 hombres en las plazas de jueces propietarios.
Como fuente del concepto “salacuartazo”, tiene también madura su imagen de palanca contra las disfunciones del aparato público o contra los irrespetos a las garantías fundamentales. Puede tratarse del acceso a información pública que el Gobierno quiere esconder o de la posibilidad de un copero de trabajar en una acera pública (asunto que se constituyó en el primer recurso de amparo que recibió la Sala, recién creada).
Juez del sistema y parte
La Sala tampoco ha escapado al deterioro de imagen ante la población, a juzgar por la nota que le acreditan las encuestas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. En el estudio de agosto pasado recibió la nota más baja desde que el CIEP realiza estas mediciones, en 2013.
La Sala recibe una nota popular de 5,4 en la escala 1-10, incluso por debajo del 5,9 que los encuestados le acreditan al Poder Judicial, del cual es parte la instancia constitucional.
Pese el aparente descrédito popular, que cubre en general a la mayoría de instituciones de acción pública, miles de ciudadanos siguen confiando en la Sala para que defienda sus derechos de una manera eficaz, por lo que algunos consideran que funge como “una defensoría de los habitantes jurisdiccional”.
Casi 22.000 gestiones reciben ahora los magistrados constitucionales cada año, con especial peso los recursos de amparo, que buscan la aplicación de derechos fundamentales que el ciudadano considera violentados.
Son menos las acciones de inconstitucionalidad, entre las cuales hay asuntos de alta relevancia y polarización social, como la que validó el proceso de ratificación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (2007) o la que permitió el matrimonio igualitario en Costa Rica a partir de mayo del 2020 (lo cual aún es objeto de debate político en el Congreso). También figura el pronunciamiento de finales de 2018 que dio por buena la reforma fiscal impulsada por el Gobierno en el Congreso, bajo el enfoque de que no puede haber un Estado funcional si no tiene recursos.
Otro fallo de alta repercusión fue el que anuló el apoyo del Gobierno de Abel Pacheco en marzo de 2003 a la coalición de países que invadió Iraq, liderados por los Estados Unidos de George W. Bush, por contradecir el valor constitucional de la paz.
Sobresale además el fallo del 2003 que permitió la reelección presidencial de Óscar Arias en el 2006. En una controvertida votación dividida 5-2, ganó la tesis de que hubo vicios procedimentales en la prohibición de reelección en 1969. Aún hoy hay abogados que cuestionan ese fallo, como José Miguel Corrales, uno de los diputados impulsores de la creación de la Sala Constitucional.
“La Sala es extraordinaria cuando protege derechos humanos; es maravillosa. Donde es fatal y me avergüenzo es cuando se mete en la política electoral”, sentencia Corrales, quien era candidato presidencial del PLN en 1998, cuando la Sala –asegura– lo perjudicó al exigir la realización de debates con la participación de todos los aspirantes.
Actuaciones como esas son las que señalan quienes acusan a la Sala de “extralimitarse” y quienes celebran el contrapeso contra los otros poderes políticos.
Uno de los pronunciamientos más recientes de carácter electoral fue el que obliga la paridad total de mujeres y hombres en la oferta política de un partido político en unos comicios, pese a la molestia de la mayoría de agrupaciones por los trastornos que eso provoca en el acomodo interno de sus candidaturas y en los esquemas, también machistas.
“La Constitución Política nuestra tiene casi 70 años, se puede decir que ya es antigua, pero tiene la virtud de adaptarse a los tiempos e incluso ir a la vanguardia. Los principios están ahí y los magistrados solo van interpretando”, explicó Rubén Hernández, abogado constitucionalista que impulsó la creación de la Sala.
Una de las claves del tribunal es comprender el momento histórico, como ocurrió desde su gestación. En aquel momento acababa de publicarse el informe de una comisión de diputados con duros señalamientos de corrupción contra el Poder Judicial, circunstancia que fue vista como una oportunidad para incorporar la Sala IV como una instancia que ayudaría a mejorar la percepción popular.
El impulso venía desde años atrás, pero el momento resultó propicio, recuerda Corrales. Además, tuvo que apresurarse la discusión legislativa porque en octubre de ese 1989 empezaba la campaña presidencial para las elecciones de 1990 y la ley prohibiría entonces la reforma constitucional necesaria para crear la Sala. Fue una ventana que se abrió para una fuerza que venía acumulándose y topando con pared desde hacía años.
Así, cuatro décadas después de la Guerra Civil y de creada la Constitución Política vigente, Costa Rica estrenó un tribunal como no lo tenía nadie en el continente, precisa Rubén Hernández. De inmediato se conformó con las pautas del momento: con el dictado de los líderes del bipartidismo.
“Luis Paulino (Mora) era el Ministro de Justicia y le metió candela, con el apoyo claro del presidente Arias, que veía quiénes iban de magistrados. Se negociaba con Luis Manuel Chacón, que consultaba con “Junior” (Rafael Ángel Calderón Fournier, a la postre presidente de la República en 1990).
Así quedó al final, integrada por cuatro miembros afines a Arias (incluido Mora) y tres a Calderón”, cuenta Rubén Hernández. Agrega que las fuerzas de izquierda, aunque disminuidas entonces, simpatizaban con la idea de un tribunal que garantizaba el cumplimiento de los derechos humanos.
Los tiempos
Eran las circunstancias de entonces, cuando la mitad de la ciudadanía actual aún leía cuentos infantiles, no sabía aún leer o no había nacido. Cuando el abstencionismo electoral rondaba el 20% del padrón, no el 30%, como ahora.
Entonces la población mostraba una mayor confianza en el sistema político, al margen de las crisis del momento en ciertos sectores. Los derechos humanos no alcanzaban aún lo suficiente al ambiente o a la igualdad entre hombres o mujeres, ni tampoco se había formado la dicotomía frente al conservadurismo religioso con impacto directo en la política, como existe ahora.
En el contexto actual, la Sala aprobó el derecho al matrimonio igualitario, un asunto que polariza el ambiente político. Lo hizo en línea con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pues otra de sus funciones es conectar la legislación local con los tratados internacionales reconocidos por el país.
Este tema fue uno de los que se le intentó cobrar en junio al magistrado Paul Rueda en su intento por reelegirse; un episodio que volvió a reflejar los intentos de los sectores políticos por castigar a los altos jueces por sus sentencias. Se recordó lo ocurrido en 2012 con el magistrado Fernando Cruz, cuando un intento similar de los diputados provocó una fuerte movilización del Poder Judicial en defensa del valor de independencia de los magistrados.
Ese es el dilema ahora: ¿cuánta independencia tiene o debe tener la Sala Constitucional? Así el cumpleaños 30 del tribunal ha servido para aumentar la discusión sobre su futuro, pues algunos plantean reformas como convertirlo en una entidad independiente del Poder Judicial, similar al Tribunal Supremo de Elecciones.
Esto permitiría a los magistrados constitucionales deshacerse de las funciones administrativas que deben asumir por ser parte de la Corte Plena (gobierno del Poder Judicial) y del conflicto de interés que representa tener que tomar decisiones de carácter constitucional que afectan al Poder del cual ellos son autoridades también.
No a todos complace esta idea, pues sostienen que habría un riesgo de querer limitar a la Sala Constitucional por la vía del otorgamiento del presupuesto particular.
Otra decisión pendiente es la manera como se deben cambiar las condiciones de la elección de magistrados, con la posibilidad de prohibir la reelección, ampliar los plazos (ahora es de ocho años) o modificar el mecanismo que utilizan los diputados, aunque hay un sector político que se resiste siquiera a hacer públicas las votaciones.
También sigue pendiente la manera de reducir los casos que atienden los diputados, pues el volumen de trabajo atenta contra la calidad, señala el magistrado Castillo. Aunque también advierte que ese circulante es una prueba de cuán útil es para la población.
De fondo está la Constitución Política misma, que cumplirá en noviembre los 70 años y no escapa de las propuestas de reformas profundas. Por ejemplo en el sistema político presidencialista actual, o en reforma parciales, como insisten desde un sector que clama por eliminar la confesionalidad católica del Estado.
Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional. “La sola existencia de la Sala disuade a los que ejercen el poder”
Álvaro Murillo
El magistrado Fernando Castillo cumple casi diez años como magistrado en la Sala Constitucional, un tercio de la vida de este tribunal al que llegó desde la Procuraduría.
¿Qué significa ahora la Sala Constitucional?
—Es un órgano que está en la etapa de consolidación en la institucionalidad democrática y una vía efectiva para la tutela de los derechos fundamentales de las personas. En la actualidad el país vive una cultura del ejercicio del poder, porque ahora quienes ejercen el poder deben hacerlo a través de los controles de la Constitución Política.
¿Cuáles son las circunstancias actuales de la Sala?
—En dos direcciones: hay una crisis de los sistemas democráticos en el ámbito internacional, con surgimiento de gobiernos de cortes populistas autoritarios. Y por otra parte, hay un desarrollo de la ciencia y la tecnología, han creado nuevos derechos fundamentales, los cuales la Sala IV deberá ir decantando conforme aparezcan las controversias jurídico-constitucionales.
Usted dice del surgimiento de gobiernos populistas antisistema, pero Costa Rica ha tenido manifestaciones también. ¿Tiene entonces una presión mayor la Sala Constitucional?
—Mire, la sola existencia en sí misma constituye un efecto disuasivo para los que ejercen el poder, porque saben que si se atropellan los derechos fundamentales o la Constitución, estos asuntos serán acogidos por la Sala. Además, la Sala tiene efecto pedagógico, porque nos recuerda que las personas tienen derechos básicos que tienen que ser respetados.
Por eso le preguntaba si no hay una presión especial contra la Sala en estos tiempos.
—La ventaja que tenemos los costarricenses es que el sistema democrático, a diferencia de otros países, está funcionando: la institucionalidad democrática. No existen tendencias, por ahora, de querer atropellar los derechos fundamentales de las personas. No existe la presión por el surgimiento de gobiernos autoritarios populistas. A Dios gracias no estamos en esa situación, lo cual no significa que no debamos fortalecer la institucionalidad de democrática.
¿Se está haciendo ese trabajo de fortalecer la institucionalidad?
—Costa Rica es la democracia más antigua de Iberoamérica y que ha solucionado las controversias con votos y no a través de las armas o la desobediencia social. Sin embargo, es una tarea de todos y todos los días. Cada institución debe poner las barbas en remojo para abogar siempre a esas soluciones.
Le repito: ¿está haciendo su parte la Sala Constitucional?
—Sí, de manera muy efectiva. Es un tribunal que funciona de manera accesible al pueblo, que llega la persona cuando cree que se le vulneran sus derechos fundamentales. Aquí se le ampara y se restituye. En el tema más institucional, más amplio, la Sala IV ha demostrado que se deben respetar las reglas en el ejercicio del poder. El hecho de 21.855 recursos es una muestra.
¿Se van haciendo los ajustes para acomodarse a las circunstancias?
—Hay un debate en tres direcciones: ver si debe seguir con un circulante de 22.000 recursos por año. Si debe formar parte de la Corte Suprema (por eficiencia y por conflicto de interés). Y la proyección de la Sala como tribunal de derechos humanos hacia la población, que creo que en esta área hemos venido avanzando.
¿Cómo incide en la Sala la evolución de los derechos humanos y su incursión en el debate político?
—Hace 30 años, en un contexto de dictaduras recientes en la región, el debate se centraba en derechos individuales políticos. Hoy el debate ha migrado al ambiente, privacidad, no discriminación. Lo que ha pasado es que se ha ampliado el catálogo y eso impone nuevos retos a la jurisdicción constitucional.
¿La Sala ha respondido a los tiempos?
—Sí ha respondido bien acorde a los tiempos, independientemente de las controversias. Por ejemplo, en materia ambiental ha fortalecido el derecho al ambiente sano y equilibrado.
También, con las nuevas tecnologías hemos dicho que podemos relacionarnos por medios tecnológicos con la Administración, el derecho a Internet, el derecho al agua como un determinante social. El derecho a la paz, el apoyo político a la coalición contra Iraq. La Sala ha desarrollado más de 188 principios que ni siquiera están en la Constitución, eso denota que hemos ido más allá, que ha respondido a las necesidades sociales, culturales y políticas.
Eso critican algunos, que a menudo va más allá de lo que le corresponde.
—Los tribunales constitucionales tienen una función importante, que es la mutación, de ir adaptando la Constitución a las nuevas realidades, sin desnaturalizar ni contradecirla. La Sala ha tenido esa virtud de abordar la living constitution, como hacen los estadounidenses.
¿Entonces no se necesitan ajustes al texto de la Constitución?
—No quisiera opinar. Son los actores políticos los que deben opinar en lo orgánico o lo dogmático.
En lo personal, ¿en estos nueve años no se ha topado con un desfase evidente de la Constitución?
—Hay que adaptarla, pero si la Constitución dice “a”, yo debo decir “b”. Eso sería usurpar una competencia del poder constituyente, la Constitución da margen al juez de irla adaptando hasta cierto límite. Uno no podría, a base de sentencias, mutar a un modelo Estado descentralizado o un sistema parlamentario.
Bueno, la Constitución decía que no podía haber reelección presidencial y al final la Sala dijo en 2003 lo contrario.
—Eso fue por un vicio de procedimiento. Ahí, y es un tema discutible, es que cinco magistrados contra dos encontraron un vicio de procedimiento y corresponde anular la reforma parcial de 1969 (la que prohibía la reelección) y se tiene por restituida la redacción original del constituyente (1949). No es que la Sala estableció derecho a la reelección; no, lo que pasó es que en el procedimiento había ocurrido un vicio y se enmienda.
Lo entrevisté cuando lo nombraron a usted en 2009 y decía que el mayor problema en la Sala era el exceso de trabajo. Ahora han pasado diez años y parece que es peor.
—Hemos ido tomando algunas medidas. Si no fuera por ellas, estaríamos con 35.000 asuntos por año, pero aún son insuficientes los esfuerzos. Por eso hay que ver opciones, como sacar del Poder Judicial a la Sala, crear tribunales de garantías que conozcan los amparos, o dividir a los magistrados en dos secciones, pero eso implicaría reformas constitucionales o reformas legislativas. Sería hacer todo un convencimiento.
En esa entrevista usted dijo que no habían suficientes mujeres capacitadas y por eso se justificaba que se eligieran en la Sala casi solo hombres. ¿Sostiene eso?
—En diez años han pasado muchas cosas. Una de las cosas muy positivas es que día con día hay más mujeres con mejor formación. Eso se ve, el Parlamento tiene opciones reales de elegir a más mujeres en la Sala y en la Corte.
Lo que se necesita es echar una mirada a toda esta cantidad de mujeres con competencias intelectuales y éticas para balancear más la Corte. El tiempo ha cambiado y muchas hoy están preparadas.
Sobre la subjetividad, ¿cómo ha sido ser magistrado en estos tiempos siendo también un participante activo de una iglesia cristiana evangélica?
—Vivimos en una sociedad democrática y diversa en todos los ámbitos, incluso con la opción de no tener un credo religioso. Lo más importante es resolver con razones jurídicas, como las que impregnan mis fallos.
Puede ser que esas razones no se compartan, porque a Dios gracias el Derecho no es una ciencia exacta y existen distintas visiones. Lo más malo sería tener pensamiento único. Mientras exista democracia, siempre se puede discrepar. Lo importante es lo que defina la mayoría.
¿La mayoría? ¿Son ustedes representantes del pueblo?
—Tenemos un legitimidad que se llama de segundo piso o indirecta. Somos electos por la representación popular (el Congreso). La doctrina dice que los tribunales constitucionales sí están impregnados de legitimidad democrática.
