La red rumana: tiquetes al trópico para escapar de la justicia

La exministra de Turismo rumana, Elena Udrea, y su amiga, la exfiscal de la Dirección para la Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (Diicot) de Rumanía, Alina Bica; aterrizaron hace unos meses en Costa Rica dejando atrás una estela de problemas judiciales y de condenas en su país natal.

Otros compatriotas de ellas –amigos y familiares que enfrentan sus propias batallas legales en el país europeo–, también han viajado a Costa Rica, donde un empresario rumano (quien se nacionalizó costarricense al casarse con una tica), y quien tiene antecedentes penales en su país de origen, les ha brindado colaboración.

Una organización sin fines de lucro que se dedica a informar sobre el crimen organizado y corrupción en todo el mundo llamada Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el colectivo de investigación rumano Proyecto RISE, junto al Semanario UNIVERSIDAD, investigaron los movimientos de un grupo de rumanos con causas judiciales que llegaron a Costa Rica en los últimos años.

La dos exfuncionarias europeas, condenadas en su país, ya solicitaron ser consideradas en condición de refugiadas aquí y esa petición se encuentra en trámite en la Dirección General de Extranjería.

Una de ellas, junto con otro compatriota residente, creó una sociedad anónima en Costa Rica, que no registra bienes y cuyo objeto es la “prestación de servicios en general, exportación e importación de cualquier producto legal y, en general, bienes raíces, el comercio, la agricultura, la industria, la ganadería”, según el documento notarial de su creación.

Buscando refugio

Alina Bica llegó a Costa Rica el 19 de julio del 2017, mientras en Rumanía tenía pendientes procesos judiciales por delitos de corrupción y abuso de autoridad.

Para esa época ya había guardado seis meses en prisión preventiva a consecuencia de dos condenas –de cuatro y tres años de cárcel– por recibir un terreno y $20.000 en sobornos.

Bica apeló ambas decisiones y está a la espera del fallo definitivo del Tribunal Supremo de Bucarest, la capital de Rumanía. En un tercer juicio, aún en curso, Bica es acusada de abuso de poder en un negocio inmobiliario fraudulento de $73 millones.

La exfuncionaria salió de Costa Rica el 23 de julio del año pasado y regresó el 1º de diciembre, sin que hasta ahora se reporte su salida, de acuerdo con los registros de la Dirección de Migración.

Una amiga de Bica, la exministra de Turismo rumana, Elena Udrea, también afronta causas por corrupción en Rumanía y llegó el pasado 7 de febrero a Costa Rica.

La directora de Migración, Raquel Vargas Jaubert, indicó en entrevista con UNIVERSIDAD que, debido a que las exfuncionarias rumanas lo habían hecho público, podía confirmar que ambas son solicitantes de refugio en Costa Rica, una condición que, de otorgárseles, impediría que sean extraditadas ante un eventual reclamo de Rumanía. Además, mientras se resuelve el expediente (trámite que puede tardar en total dos años) tampoco pueden ser extraditadas.

Las dos mujeres fueron fotografiadas juntas en Jacó (Puntarenas). Incluso, el pasado 4 de marzo, en respuesta a las fotografías circuladas por un turista rumano, Udrea escribió en su perfil oficial de Facebook:

“Por la falta de fotos con Kovesi (fiscal anticorrupción de Rumanía) sacrificando el cerdo, los manifestantes pro-sistema encontraron qué compartir. Fotos mías y de Alina en Costa Rica. Si hubiera sabido que estaban interesados, habría publicado fotos mías todos los días. Hasta del consultorio del ginecólogo.
Pero para satisfacer el placer de algunos de comer mierda y para evitar que rumanos con los que nos cruzamos en pizzerías tomen fotos escondidas, desde mañana haré un reporte fotográfico de mi presencia aquí”.

Udrea es una de las políticas más famosas de Rumanía, protegida del expresidente Traian Băsescu, varias veces ministra en sus gobiernos y parlamentaria del Partido del Movimiento Popular, de tendencia liberal y democristiana. En 2014 trató de convertirse, sin éxito, en la primera mujer presidenta de Rumanía.

Afronta varios procesos judiciales, uno de ellos por financiamiento ilegal de campaña política, en el que se le acusa de recibir un soborno de $315.000 que habría usado para cubrir gastos de la exitosa campaña de reelección de TraianBăsescu en 2009.

Además, Udrea fue imputada en otro proceso por la supuesta recepción de un soborno de $3,8 millones de un empresario del sector energético, el cual buscaba seguir comprando electricidad de empresas públicas a precios por debajo del mercado.

La exministra también está relacionada con otro caso de corrupción por el que fue condenada en ausencia (según lo permite la legislación rumana) a seis años de cárcel por recibir sobornos de $1,5 millones. Este proceso se relaciona con el supuesto financiamiento ilegal de un evento de boxeo organizado por el Ministerio de Turismo en el 2011. El pasado 5 de junio –cuando Udrea ya estaba en Costa Rica–esta condena se confirmó en última instancia.

El 29 de enero de 2018, Udrea se presentó por última vez ante un tribunal rumano. Una semana después voló a Costa Rica sin importarle una audiencia programada para el 8 de febrero.

Su abogado dijo que estaba de vacaciones en Grecia, pero en realidad la mujer estaba en Costa Rica.

Udrea ha dicho a medios de televisión rumanos que llevará su caso a las Naciones Unidas y que volvería a su país si su caso es juzgado por un grupo diferente de magistrados.

Costa Rica no exige visa para visitantes de Rumanía, quienes pueden estar con visa de turismo hasta por tres meses.

La directora de Migración explicó que, cuando una persona extranjera quiere ingresar a nuestro país, se verifica la información que las otras naciones han colocado en los sistemas internacionales, como las órdenes de captura existentes en la Policía Internacional (Interpol).

Cuando se trata de condenas en primeras instancias u otros procesos judiciales en trámite, en muchas ocasiones esa información local no se informa internacionalmente.

“Entonces, si es algún proceso interno de un país, a menos que lo hayan reportado en una base de datos internacional como Interpol, no lo conocemos”, explicó Vargas.

Además, cuando la persona solicita refugio, “hay un mecanismo de protección que se activa inmediatamente, que es la confidencialidad del caso de toda la materia y la protección internacional para esta persona”, añadió la jerarca de Migración.

Las solicitudes de este tipo están reguladas por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y se aplican cuando una persona es perseguida en su país “por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en particular”.

Vargas detalló que, en nuestro país, los pedidos de refugio son resueltos en primera instancia por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, oficina que actualmente tarda hasta 11 meses en conocer el caso.

Mientras tanto, la persona obtiene una tarjeta provisional de solicitante de refugio y puede estar libremente en el país, sin riesgo de ser deportada o extraditada.

En caso de que se rechace el refugio, la persona puede apelar ante el Tribunal Administrativo Migratorio. En este órgano, el proceso se puede llevar desde tres meses hasta un año, detalló su presidente, Esteban Lemus. “El Tribunal ha venido haciendo un esfuerzo para contener la mora en atención al poco personal que tiene”, expresó.

Entre el 2014 y el 2016 ninguna persona de nacionalidad rumana pidió refugio aquí. En cambio, en el 2017 se presentó una solicitud y en el 2018 se registran cinco solicitudes.

Para considerar si se debe otorgar este estado de protección, las autoridades analizan principalmente si hay probabilidad de que en el país de origen exista persecución por los motivos establecidos en la convención y que exista un “temor objetivo” de la persona, comentó Lemus.

“Parte del procedimiento en la primera instancia es una entrevista. En caso de duda puede ser ampliada. A la persona se le van a pedir huellas digitales y de oficio se hace una consulta a Interpol. Ahí pueden encontrarse algunos hallazgos sobre las intenciones de las personas. Luego, la Comisión de Visas y su equipo de trabajo tienen mucha experiencia, entonces se tiene altamente estudiado los perfiles y condiciones y se cuenta con el apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)”, añadió el funcionario.

Costa Rica tampoco tiene un tratado de extradición con Rumanía, por lo cual, las solicitudes de este tipo se tramitan bajo la Ley de Extradición que aplica en todos los casos, informó la fiscala adjunta de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (Oatri) del Ministerio Público, Laura Monge.

“Significa que debemos recibir primeramente una orden de captura con fines de extradición y luego esperar que Rumanía cumpla con todos los requisitos de formalización de la solicitud para que un juez proceda a resolver”, indicó la funcionaria.

Además, la ley exige que se cumplan una serie de requisitos, por ejemplo, que el delito que se atribuye en el otro país también sea perseguible en Costa Rica; es decir, que también esté contemplado en la legislación nacional.

El exdirector de Migración y abogado especializado en este tipo de trámites, Marco Badilla, explicó que sin un tratado bilateral entre los países interesados, los trámites pueden ser más lentos.“Como es un proceso judicial, puede tardar años”, comentó.

Según la Oatri, de momento no existen solicitudes de extradición para Udrea y Bica.

Un contacto en el país

Bica y Udrea no vinieron solas a Costa Rica, sino que viajaron acompañadas por familiares y amigos, también acusados de corrupción y en la antesala de juicios definitivos en Rumanía.

Uno de ellos es el esposo de Bica, Mircea Octavian Bica, procesado en Rumanía por fraude, quien ingresó al país el 21 de diciembre del año pasado, salió el 11 de enero de este año y regresó el 18 de mayo, sin registrar más salidas.

También vino el empresario rumano Călin-Silviu Pop, condenado a prisión por fraude y juzgado en otro caso de corrupción en el que era defendido por la propia Bica.

Pop ya recibió una condena excarcelable de dos años en su país y está a la espera de un fallo definitivo. Un fallo en segunda instancia lo enviaría a prisión.

Pop ingresó el 26 de diciembre del 2017 y salió el 4 de enero de este año.

Estos tres rumanos constituyeron en enero del 2018 la compañía ASP Centroamérica SA.

En esa sociedad, Calin-Silviu Pop aparece como presidente, Alina Bica como tesorera y Mircea Bica como secretario.

Además, el fiscal es Mihai Rădulescu, un empresario rumano de 51 años quien obtuvo la nacionalidad costarricense luego de casarse con una joven nacional, de quien se divorció tres años después.

La naturalización por matrimonio convierte a la persona en un costarricense más, con todas las garantías constitucionales, incluyendo el derecho a no ser extraditado.

La residencia de Rădulescu, ubicada en el condominio Lomas de Granadilla, en Curridabat, aparece en los documentos públicos como el domicilio de la sociedad ASP Centroamérica y de los rumanos que conformaron la empresa.

Ahí, ese empresario rumano-costarricense ha afrontado una serie de conflictos con la administración del condominio, lo que lo ha llevado a interponer incluso demandas judiciales que luego perdió, de acuerdo con documentos recopilados por UNIVERSIDAD.

De acuerdo con una investigación de OCCRP, Rădulescu fue arrestado en su país dos veces a principios de los años noventa.

La primera vez en 1991, por ser cómplice en el robo de licor, y cuatro años después fue detenido nuevamente por evasión de impuestos y falsificación.

Luego, entre el 2008 y el 2011, este rumano fue investigado de por sus actuaciones como director de ElectricaServ S.A., una empresa mixta (de capital público y privado) que se encargaba del mantenimiento de la red nacional eléctrica. Fue investigado por comprometer a esa compañía en una serie de contratos que causaron importantes pérdidas financieras.

Rădulescusalió de la compañía, pero terminó envuelto en una sociedad de inversión que tenía negocios con Electrica y que llevaron a esta empresa a adquirir nuevas deudas.

Mihai Rădulescu llegó a Costa Rica por primera vez el 13 de julio de 2012 y apenas un mes después se casó con la costarricense Josselyn Granizo García, quien para ese momento acababa de cumplir la mayoría de edad.

“El señor Mihai Rădulescu Rădulescu tramitó la obtención de nacionalidad costarricense a través del expediente número 132689-2014, bajo la modalidad de naturalización por matrimonio con costarricense. Obtuvo su carta de naturalización el 13 de abril del año 2016, bajo las citas de inscripción número 8-0115-0324”, detalló Luis Guillermo Chinchilla Mora, Oficial Mayor del Departamento Civil del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ante una consulta del Semanario UNIVERSIDAD, socio de OCCRP en Costa Rica.

De acuerdo con los documentos notariales reunidos por UNIVERSIDAD, Rădulescu y Granizo se casaron el 12 de agosto del 2012, pero antes de firmar el matrimonio, hicieron un acuerdo prenupcial para separar por completo sus finanzas.

“MihaiRădulescu tiene un dinero que va a ser invertido en bienes muebles e inmuebles, que dichos bienes serán única y exclusivamente del señor MihaiRădulescu, que en caso de que se venda la propiedad o bienes muebles, el dinero será exclusivo del dicho señor. El señor Rădulescu tiene dinero que invertirá y las inversiones pertenecen exclusivamente al señor Rădulescu, aunque sean vendidas en una fecha posterior”, se indica en el acuerdo prenupcial realizado ante el notario Dámaso Ruiz Carrión.

El rumano y la costarricense se divorciaron por mutuo acuerdo menos de tres años después, el 16 de marzo del 2015, incluso antes de que finalizara el trámite de naturalización del rumano.

La legislación costarricense permite la naturalización tras dos años de haberse efectuado el matrimonio, incluso si la persona después se divorcia, detalló Chinchilla.Para esto, el solicitante debe demostrar que ha residido por dos años de forma legal en el país; es decir, que tenía una condición de residente temporal que es otorgada por Migración.

La directora de Migración, Raquel Vargas, detalló que, para otorgar la residencia temporal por motivo de matrimonio se verifica que la convivencia sea real, a través de una entrevista con una trabajadora social e investigaciones de la Policía de Migración.

MihaiRadulescu también figura como el presidente de otras tres sociedades: Inversiones Cospol de Costa Rica S.A., Alimentos frescos ADP de Costa Rica S. A. y Alimentos Frescos de la Sabana S.A.

En estas compañías aparecen otras personas rumanas: Simona Biancan (que trabajaba en ElectricaServ S.A.); Alina SandaMateescu, quien llegó al país en el 2015 y desde entonces ha tenido diversas entradas y salidas del país (varios de estos movimientos migratorios coinciden con entradas y salidas de Rădulescu) y AdrianDrăghici, un abogado rumano que fue procesado en Rumanía por un millonario caso de fraude.

UNIVERSIDAD localizó a Rădulescu este lunes en su vivienda, pero solo accedió a dar unas breves respuestas a consultas a través del intercomunicador de la caseta de seguridad, en la que se encontraban dos vigilantes privados.

El hombre admitió conocer a Udrea, Bica y a otros compatriotas que han venido al país, pero alegó que “no tiene conexión” con ellos.

En el caso de Bica, aseguró que solo le presentó a un abogado, llamado Dámaso Ruiz Carrión, pues ella necesitaba hacer unos trámites para “disposiciones legales” aquí. Rădulescu sostuvo que después él apareció en compañías con Bica sin conocer la razón.

Sobre los cuestionamientos en su país, afirmó que se trata de “chismes”.

Además, dijo que se casó aquí con una “muchacha muy buena”, pero que ya no están juntos.

UNIVERSIDAD intentó conversar con su exesposa, Josselyn Granizo, pero no respondió a los teléfonos registrados a su nombre ni al de sus familiares, y Migración reportó que había salido del país desde el 11 de abril del 2017 sin registrar un reingreso.

Este año, a Costa Rica también llegó otro exfuncionario rumano, Sergiu Diacomatu, quien ingresó el 1º de abril y salió cuatro días después.

Diacomatu, apodado ‘Bancomatu’ (el cajero automático) era diputado-presidente de la Autoridad Nacional para la Restitución de la Propiedad (ANRP) y es un amigo cercano de Elena Udrea. Está acusado de corrupción en dos casos relacionados con restitución ilegal de tierras que implican la ANRP. Alina Bica también fue acusada en uno de estos procesos.

[quote_colored name=”” icon_quote=”no”]La mayoría de las personas llegan a un país a tratar de sobrevivir, a hacer las cosas bien (…) Entonces uno tiene que tener ese lado humano también. Tengo claro que hay personas que vienen a hacer daño al país y con esos son con los que hay que ser severos, pero no podemos medir a todas las personas en las mismas condiciones.
Michael Soto, ministro de Seguridad. [/quote_colored]

Otro visitante

Otro rumano que ingresó a Costa Rica en el pasado y tuvo contacto con Rădulescu es el abogado Adrian Drăghici, quien en el 2014 vino al país mientras esperaba un veredicto definitivo por un caso de un fraude millonario.

Drăghici fue abogado de Rădulescu en el pasado y en el 2017 usó la dirección del domicilio rumano de Rădulescu para una de sus compañías.

Como Alina Bica y otros rumanos, Drăghici se asoció con Rădulescu aquí y establecieron la empresa Inversiones Cospol.

Drăghici se casó en Costa Rica en julio de 2014, pero volvió a Rumanía un año después, apenas supo que no iba a ir a prisión tras recibir una condena excarcelable de tres años, pues el sistema judicial rumano permite la suspensión de penas de prisión si es la primera condena. Si hay una segunda sentencia, la condena suspendida se vuelve obligatoria también.

El abogado se divorció antes de regresar a su natal Rumanía, donde se volvió a casar poco tiempo después. Drăghici le explicó a OCCRP que envió los documentos a Costa Rica para hacer el trámite, pero no sabe qué pasó con los papeles y dijo que nunca logró completar el divorcio.

Su esposa costarricense, Katherine Andrea Sánchez Gutiérrez, de 26 años de edad, dijo vía telefónica a UNIVERSIDAD que no sabe nada de él desde hace tres años y medio. “Nos casamos y a los dos meses el mae se fue con otra”, dijo Sánchez, y expresó no querer referirse más al tema.

Personas de confianza

Tanto en la realización del matrimonio, posterior divorcio y otras gestiones legales del rumano costarricense Mihai Rădulescu y de sus compatriotas, como la conformación de sociedades, aparece como notario el abogado Dámaso Ruiz Carrión.

UNIVERSIDAD contactó a Ruiz, quien prometió una entrevista la semana anterior en su oficina ubicada cerca de los Tribunales de Justicia de San José; sin embargo, se ausentó de la cita y luego no respondió más las llamadas ni mensajes que se le enviaron por medio de WhatsApp.

En el protocolo del notario Ruiz Carrión también aparecen registrados los matrimonios de dos mujeres costarricenses con los colombianos José Fernando Medina Chica y su sobrino, Diego Fernando Medina Perea, quienes por medio de esas uniones se naturalizaron costarricenses y quienes hoy están detenidos en Colombia y requeridos por Estados Unidos acusados de narcotráfico.

Otra persona que aparece como figura de confianza de Rădulescu es el ingeniero costarricense Manuel Valentín Andrade González, quien ha residido en Italia y está radicado en Rumanía, en donde, según sus redes sociales, es consultor.

Andrade entró a Costa Rica el mismo día que Rădulescu, el 13 de julio de 2012, y diez días después autorizó que el rumano usara una tarjeta de crédito Visa de un banco rumano que aparece a su nombre.

El acuerdo permitía que Rădulescu usara la tarjeta de Andrade en “cualquier tipo de negocio”.

La autorización también quedó constando en el protocolo del notario Ruiz.

Ese mismo mes, Andrade se involucró en el negocio de las basuras en Deva, un pueblo de Rumanía, en el corazón de Transilvania. Según registros comerciales rumanos, el costarricense era el representante de Basilicata Limited, una empresa basada en Chipre, que compró la mayor parte de las acciones de Salubritate S.A., compañía que tiene el monopolio de la recolección de desechos en Deva.

Desde entonces, Salubritate S.A. vive un enfrentamiento abierto con las autoridades locales, que acusan la compañía de inflar de manera artificial los precios de la recolección de basura, mientras que la empresa señala que la alcaldía obstruye sus actividades.

Andrade también ha dado autorizaciones para que Rădulescu emplee líneas telefónicas que están a su nombre.

Además, el ingeniero aparece como secretario en dos sociedades que preside Rădulescu.

UNIVERSIDAD también ha intentado conversar con Andrade pero no ha sido posible contactarle pues las líneas telefónicas a su nombre están suspendidas y la dirección que registra es en Roma, Italia.