Hasta el momento, el SARS-CoV-2, causante de la Enfermedad del Coronavirus surgido en el 2019 (COVID-19, según sus siglas en inglés), ha tenido el efecto de aumentar la incertidumbre sobre la recuperación del crecimiento mundial, de reducir los precios de las materias primas, especialmente del petróleo y de aumentar la volatilidad en los mercados financieros, según planteó el Banco Central de Costa Rica en su “Comentario sobre la Economía Nacional” dado a conocer el pasado 3 de marzo.
Poco a poco parece estarse configurando, en efecto, la predicción de John Lonski, director de economistas de Moody’s Capital Markets Research, Inc., quien el 10 de febrero escribió que
“una pandemia del coronavirus sería un ‘cisne negro’ peor incluso que la crisis financiera global y de la Gran Recesión de 2008-2009”.
En la jerga económica —no exenta de racismo—, un “cisne negro” (black swan) es un evento impredecible que puede tener consecuencias devastadoras para los mercados y se caracteriza por ser extremadamente raro.
“A diferencia del estallido de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, nadie predijo la llegada de una pandemia potencialmente devastadora a comienzos del 2020. Y a diferencia de la crisis financiera, los hacedores de política de salud pública y de economía podrían estar limitados en su capacidad de encontrar un remedio o un freno a una pandemia del tipo de la Fiebre Española de 1918”, agregó Lonski.
Su predicción la realizó observando cómo comenzaban a comportarse los precios de los metales como el cobre, que había perdido 10,4% de su valor, seguido por el níquel (-8,7%), el estaño (-8,2%), el zinc (-7,3%), el plomo (-4,6%) y el aluminio (-4,6%).
Debe recordarse que China es uno de los principales mercados de estas materias primas. Lonski añadió que este índice “es un barómetro frecuentemente confiable de la actividad industrial global y registró marcas más altas durante la peor disputa comercial entre China y Estados Unidos de junio del 2018”.
Además, mediante la presentación de datos históricos, afirmó que “existe una fuerte correlación entre este índice de precios industrial de los metales y la desaceleración del crecimiento económico mundial”.
Hoy, tanto Europa como Estados Unidos, Japón y demás economías de altos ingresos están reconsiderando sus proyecciones de crecimiento económico para este año y tomando medidas para evitar que se instale una recesión, debido a los recortes en el consumo que han de ocurrir con el fin de prevenir la expansión del virus.
Con el fin de prevenir una recesión, la Reserva Federal de EE.UU. disminuyó una vez más su tasa de política monetaria y se esperaba que el Banco Central Europeo lo hiciera en cualquier momento.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE), por su parte, rebajó la perspectiva de crecimiento económico mundial de un 2,9% a un 2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial en el 2020.
Pero, aun así, el lunes 9 de marzo se debió detener de modo extraordinario la sesión de la Bolsa de Valores de Nueva York ante la caída en picada de sus indicadores. Esta medida no se tomaba desde la crisis del año 2007, informó la cadena de noticias CNN.
En lo que respecta a la economía nacional, el BCCR afirmó el 3 de marzo que continúa el proceso de recuperación económica.
“Luego de registrar un mínimo en mayo de 2019, el crecimiento económico ha repuntado, tanto en términos interanuales como trimestrales. Con excepción de la construcción, electricidad y agua, que disminuyeron, el resto de industrias mostró variaciones positivas y, en su mayoría, superiores a las de un año atrás”, informó.
También añadió que “el impulso estuvo determinado por el desempeño de empresas amparadas a regímenes especiales, que mantuvieron el dinamismo, así como por la recuperación de las empresas del régimen definitivo”. Es decir, de las empresas dedicadas al mercado interno, “especialmente las de manufactura, con tasas de cambio positivas luego de 18 meses de contracción” (ver el gráfico).
En el país también se tomaron diversas medidas para estimular el consumo y la inversión, pero seguramente las autoridades tendrán que recalcular las expectativas de acuerdo con el impacto que vaya teniendo el nuevo coronavirus en el comportamiento del mercado.
Desde finales de marzo de 2019, el BCCR bajó su Tasa de Política Monetaria en ocho ocasiones, que representan 300 puntos base. Además, a partir de junio disminuyó el requerimiento de encaje mínimo legal y de reserva de liquidez para las operaciones en colones.
Pero el banco insistió en que las acciones tomadas se transmiten aun lentamente hacia el conjunto de la economía.
“Estas acciones se han trasladado de manera gradual y aún incompleta a las tasas de interés del sistema financiero. Entre marzo de 2019 y febrero último (al día 19) las tasas de interés pasivas negociadas pasaron de 7,6% a 5,8%, mientras que las activas aumentaron ligeramente de 13,4% a 13,7%, pero esto se debió a que en ese periodo la estructura de colocación del crédito cambió en favor de actividades con tasas de interés más altas (consumo y tarjetas de crédito). En adición, parte de los recursos liberados por la reducción en la tasa de encaje se mantiene depositada en el Banco Central”, explicó.
En este contexto, la presencia y expansión —todavía reducida— del Covid-19 en el país, ya llevó a que se suspendiera la llegada de cruceros turísticos, así como de actividades culturales masivas.
Gabriela González, investigadora encargada de la Encuesta de Expectativas Empresariales, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, adelantó que el empresariado estima percibir las consecuencias del Covid-19 y de la rebaja en la calificación crediticia del país realizada por la agencia Moody´s en el mediano plazo.
“De acuerdo con lo manifestado por los empresarios con respecto al virus SARS-CoV-2 y con la reducción en la calificación de riesgo crediticio que obtuvo país, la afectación en la economía nacional no es inmediata, lo que podría presentarse en algunos meses”, dijo.
“Esto coincide con lo indicado en el análisis macroeconómico del BCCR del mes de febrero, donde se indica que es prematuro evaluar los impactos macroeconómicos del riesgo del virus sobre Costa Rica y que estos podrían asociarse con un eventual atraso en los canales de suministro”, agregó.
Pero González también resaltó que “en el tema de la reactivación económica, los empresarios indican que aún la economía nacional no repunta al ritmo esperado; es decir, se va dinamizando lentamente”.
Actualmente, el IICE realiza el trabajo de campo de la encuesta al empresariado de cada sector y espera tener los siguientes resultados globales del trimestre a finales de abril.
Por su parte, Greivin Salazar, investigador del Observatorio Económico y Social de la
Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), opinó que el comentario sobre la economía nacional del BCCR “llama la atención” sobre el hecho de que el proceso de recuperación económica continúa y que la inflación está contenida.
Con respecto a la recuperación económica, dijo que si bien desde julio anterior la producción —medida por el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE)— ha mostrado señales de recuperación, presenta tres particularidades.
Primero, que una parte de la recuperación se debe a que ciertas actividades económicas que se encontraban estancadas (crecimiento cercano a 0 o incluso, negativo), mostraron una mejoría: el sector agropecuario, comercio, transporte y almacenamiento. “El resto, en este momento, es mantener dicha tendencia”, comentó.
Segundo, que el último dato del IMAE, publicado por el Banco Central (a diciembre 2019), “parece indicar que la mencionada recuperación económica “tocará techo” en los próximos meses en alrededor del 3%. Las complicaciones en el entorno internacional, tales como el menor crecimiento de la economía mundial para este 2020, así como los efectos del Covid-19, aumentan las probabilidades de llegar a dicho escenario”, agregó.
Tercero, que existe una brecha importante entre el dinamismo mostrado por las empresas pertenecientes al régimen especial (zonas francas) “y el correspondiente a las firmas del régimen definitivo (base relativamente nacional), 10% contra 1,6%, respectivamente. Lo anterior, como reflejo de la dualidad productiva que caracteriza la economía costarricense”, dijo.
Debido a lo anterior, consideró que “aun cuando la reactivación económica se consolide —algo que se ve complicado—, esto no garantiza la reducción en la tasa de desempleo, por cuanto va a depender del patrón de crecimiento”.
“En los últimos años se han identificado actividades dinámicas, pero con poca capacidad de generación de empleo, como es el caso del comercio —en su agregado—, así como de los servicios financieros y seguros”, agregó.
Con respecto a la inflación, Salazar opinó que “efectivamente, luce controlada y sin presiones en el corto y mediano plazo, por las razones que bien señala el ente emisor. Pero, sobre este particular, entonces, surge la interrogante de si el Banco Central continuará con la política de reducción en su tasa de interés para estimular la dinámica económica”.
El economista independiente, Ronulfo Jiménez, a su vez, fue más escueto y puso énfasis en que “el Gobierno se quedó sin una figura que haga la coordinación del equipo económico”.
“Esto es indispensable por varias razones. Primero, para que exista un vocero que pueda comunicar la globalidad de la política económica. Segundo, para que se pueda coordinar la política fiscal con la monetaria y cambiaria. Tercero, para coordinar diferentes acciones que promuevan la reactivación y la reducción del desempleo”, expresó.
Tesorería Nacional ante informe de la Contraloría sobre Caja Única. “Respalda los esfuerzos del Ministerio de Hacienda en el uso de los recursos públicos”
Afirma que Web Banking de Tesoro Digital ya permite a entidades administrar sus cuentas de Caja Única desde la comodidad de su oficina y ahorrar los costos bancarios.
La Tesorería Nacional (TN) del Ministerio de Hacienda considera que el informe divulgado recientemente por la Contraloría General de la República sobre los recursos de las instituciones públicas que podrían incorporarse a la Caja Única del Estado “respalda los esfuerzos que se han venido realizando por parte del Ministerio de Hacienda en buscar la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos, mediante la aplicación y consolidación de la Caja Única del Estado”.
Ante la consulta de UNIVERSIDAD, agregó que ese informe también “nos permite consolidar la aplicación del Principio de Caja Única en un mayor número de entidades, tales como Juntas de Educación, Asociaciones de Desarrollo y otras que reciben transferencias del presupuesto nacional, y brinda un respaldo importante al Ministerio de Hacienda para impulsar modificaciones legales que faculten ampliar la cobertura de Caja Única”.
La Tesorería recuenta que el principio de Caja Única del Estado se incorporó en el año 2004 de conformidad con los artículos 185 y 186 de la Constitución Política y la aplicación de los numerales 43 y 66 de la Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.
A partir de esa fecha y con apoyo de dos votos de la Sala Constitucional, “se logró que la mayoría de las transferencias y los recursos que comprenden los artículos mencionados, se administren desde los sistemas de Tesorería Nacional. Esto genera controles, trazabilidad y sobre todo evitar recursos ociosos en cuentas bancarias para las entidades participantes, recursos que al cierre de 2019 representaron cerca de ¢1,2 billones”.
A diciembre 2019 participaban del Principio de Caja Única mediante el sistema Tesoro Digital 3.242 entidades, de las cuales 2.133 son juntas administrativas y de educación que administran los recursos de infraestructura en la TN; 1.020 entidades adscritas, asociaciones, fideicomisos y otros, así como las 81 municipalidades y 8 concejos municipales.
“Conforme con las mejores prácticas para tesorerías, a partir del 2012 se ofrece a las entidades participantes de Caja Única una herramienta ágil y segura, que les permite administrar eficientemente sus cuentas de Caja Única y realizar operaciones de pago y cobro desde la comodidad de su oficina”, explicó.
Agregó que esto ocurre mediante “una página transaccional llamada Web Banking de Tesoro Digital, por medio de la cual se realiza el 95% de las transacciones diarias de las entidades. A diciembre 2019, hacían uso de ella 964 entidades, distribuidas entre 713 juntas administrativas y de educación y el 100% de las municipalidades y de entidades adscritas a ministerios y órganos desconcentrados”.
Además, dijo que “varias entidades incluso aprovechan esta página transaccional para mantener sus recursos propios y aprovechar las bondades, eficiencia y bajos costos de operar, antes que hacerlo por medio de entidades bancarias”.
“Adicionalmente y en concordancia con las disposiciones de la Contraloría General de la República y de la Presidencia, se estarán valorando los cambios en la respectiva normativa para la incorporación de otras entidades públicas, lo cual busca llevar la eficiencia en el uso de los recursos públicos por medio de Caja Única a otras entidades del sector público costarricense”, concluyó.
