Costa Rica pasa por un momento histórico sumamente retador, la economía, la política y la sociedad enfrentan enormes desafíos producto de la crisis ocasionada por el COVID-19; pero las dificultades no son nuevas, desde años atrás el sistema estructural no generaba las soluciones que requería el país y hoy se hacen verdaderamente apremiantes.
Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) revelan que el desempleo alcanzó el 24,4% a julio de este año; la pobreza se ubicó en el 26,2%, siendo el indicador más alto en los últimos 28 años, y el ingreso per cápita tuvo una disminución del 13,2%, afectando con mayor intensidad a sectores vulnerables, entre ellos, las mujeres. Esto muestra un panorama poco alentador y que urge de acciones inmediatas.
En las últimas semanas se dio un estallido de convulsión social, con múltiples bloqueos, manifestaciones, encuentros con antimotines y molestia de la población, en respuesta a la propuesta del gobierno de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito por $2.250 millones, a cambio de imponer más impuestos a los ciudadanos y recorte del gasto público.
Las pocas decisiones tomadas han sido tardías, porque no hay un plan integral que brinde soluciones, a la pandemia por un lado, y a la crisis económica, social y humanitaria”.
La oposición de múltiples sectores ha llevado al gobierno a buscar un proceso de diálogo con diversos sectores, que arrancó el pasado 24 de octubre.
Gran cantidad de expertos han planteado su opinión sobre el camino ideal que deben seguir las autoridades de turno, pero la mayoría son voces masculinas; sin esa mirada inclusiva y que reconoce que hay sectores mucho más vulnerables que otros.
Esto motivó a UNIVERSIDAD a abrir un espacio para que mujeres profesionales, expertas en el área de la economía planteen una serie de alternativas que permitan resolver la crisis con una visión más integral y sistematizada.
Arrancamos en esta edición con una entrevista a la economista del Instituto Tecnológico, Ana Rosa Ruiz, quien también es integrante de organizaciones feministas como Mujer en Acción. Ella alertó que el país se encuentra en una crisis económica, social y humanitaria, y que es necesario buscar soluciones que abarquen todas esas áreas.
Desde su perspectiva, este es el resultado de la falta de decisiones y reformas que no se tomaron en el pasado, que hoy presionan las finanzas nacionales; mientras que las acciones que se han tomado en esta administración resultan tardías o poco eficientes; sumado a una posición de oídos sordos a múltiples propuestas que han planteado diversos sectores.
¿La crisis del país debe resolverse solo desde el foco económico?
—La crisis no es solo económica, sino también social y humanitaria, porque bajo ese contexto entendemos que el primer paso —que debe ser permanente— es garantizar que la población de menores ingresos sea la que se atienda con prioridad, no solo en términos de salud, sino también de hambre; pues muchas personas han quedado desempleadas o ya lo estaban desde antes.
Mi punto de partida es que los indicadores con los que cerramos el 2019 ya daban muestras de un grave problema, el desempleo que venía cada vez a mayor, con una mayor afectación en las mujeres.
¿Qué decisiones no fueron tomadas a tiempo y hoy nos pasan la factura?
—El tema central que ha sido polémico es el fiscal. Desde el período del Presidente Abel Pacheco (2002-2006) se presentó una reforma para introducir la reforma mundial, fue ganada en la Asamblea Legislativa, pero la enviaron a Sala Constitucional y ahí se quedó.
Cuando se habla de asumir un sistema tributario mundial implica que las empresas nacionales que están gestionando o desarrollando actividades externas paguen en el país donde realizan esos movimientos y también lo hagan en Costa Rica; de la misma manera una empresa extranjera, por ejemplo, de zona franca.
Eso nos hubiera ayudado con el tema de evasión y la elusión, porque eso es una gran parte del problema, empresas con posibilidades de pagar; pero como no hay registro mundial de sus actividades y existen paraísos fiscales, eluden el pago.
Claro, ahora es muy difícil implantar la reforma mundial, porque implicaría una doble imposición, pero hay en la Asamblea Legislativa una serie de proyectos que están esperando su aprobación y ayudarían a resolver la crisis.
¿Cuáles de esos proyectos serían herramientas para sacar adelante el país?
—Está el proyecto que fortalece la cooperación internacional, permitiría suprimir los paraísos fiscales y combatir las redes transnacionalizadas de ocultación de riquezas e impuestos. Está el proyecto 20437 sobre paraísos fiscales, porque hay que ordenar las sociedades y eliminar las organizaciones fantasmas.
También está el proyecto de Hacienda Digital, que haría al Ministerio ser más ágil y mejorar su actuar. El problema es que no hay voluntad política, porque no hay una conjunción de las propuestas de Gobierno versus el apoyo legislativo.
Desde la Asamblea también se deben reforzar los recursos de la Caja Costarricense de Seguro Social porque con la atención de la pandemia se han generado más gastos y debemos garantizar su financiamiento.
Asimismo, es urgente el apoyo al sistema educativo, no podemos darnos el lujo de bajar la calidad, ni permitir que niños, niñas o jóvenes abandonen la educación, pues eso significa matar el capital humano que necesitamos como país. Todos estos son servicios vitales que están siendo recortados.
La primera acción que se debe tomar está dirigida a las familias, aprobar que los hogares más humildes tengan una renta básica que les permita sobrevivir; pero para ello es necesario generar nuevos ingresos al fisco.
El acuerdo con el FMI no debería darse en este momento, primero hay que ordenar la casa, hacer reformas importantes y establecer un plan de reactivación construido con los sectores productivos del país. Mientras no hagamos esto seguiremos pidiendo prestado para quedar mal, porque el déficit fiscal es incontrolable sin las reformas”.
¿Cómo lograr más ingresos?
—Tenemos que mejorar el sistema de impuestos, que sean progresivos y ya tenemos datos de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Hacienda de grandes capitales que no están pagando, es decir, no están contribuyendo.
Según la radiografía fiscal del Ministerio de Hacienda del período fiscal del 2018, del total de las personerías jurídicas inscritas en Hacienda solo el 40% declaran; de ese porcentaje, el 85% presentan pérdidas y yo me pregunto cómo es que una empresa con un ingreso bruto por año de ¢90 millones presenta pérdidas; el 11% tienen exenciones. Entonces una acción inmediata es levantar esas exenciones, que en esta coyuntura no pueden darse.
Por otra parte, el 3,3% de las personerías jurídicas declaran cero utilidades y en ese tema la Contraloría ya ha indicado que a esos registros hay que revisarlos, pues ahí podrían existir ingresos adicionales para Hacienda. Sería viable que aquellos que sobrepasen los ¢80.000 millones den una contribución voluntaria, no les vamos a poner un impuesto para siempre, sino que sería un aporte en la emergencia para atender la pandemia y reactivar la economía.
¿Qué otras medidas ayudarán a resolver la crisis?
—Hemos pedido al Estado un plan integrador e innovador para impulsar la reactivación, pero esta demanda ha sido insatisfecha, porque no integra a todos los sectores.
La reactivación no es solo para exportación, aquellas transnacionales o zonas francas; hablamos de redes agrícolas territoriales; los pequeños y medianos empresarios; las sodas; locales comerciales, que hoy son parte de los grandes perdedores; ahí falta un plan con enfoque local y en alianza con las municipalidades para ayudar a la red productiva.
Por otra parte, dado que hay reducción de jornadas y despidos hay que pensar en reforzar aún más el Bono Proteger a quienes estén en situación de desempleo o con jornadas medias; pero también impulsar un incentivo para aquellas empresas que se mantuvieran activas, algo que debería darse con la banca nacional, de manera que puedan atender sus deudas o recuperar capital.
¿Debe el país continuar con la propuesta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional?
—Mi posición es que no debería. Hay que ordenar primero la casa, tenemos que hacer las reformas importantes, un plan de reactivación construido con los sectores productivos de este país, con los agricultores que saben lo que necesitan para seguir adelante, las mujeres rurales que conocen su realidad, las empresas en todos los niveles saben lo que ocupan.
Mientras no hagamos eso, lo del FMI será seguir pidiendo prestado y quedar mal, porque el déficit fiscal es incontrolable ya sin reformas.
¿Qué implicaciones tendría para el país no llegar a ese acuerdo?
—Ya lo estamos viviendo; en términos de la colocación de la deuda de Costa Rica, la afectación internacional ya empezó, pero la razón se debe a que no se han visto acciones y compromisos concretos del país.
Si en estos momentos el Gobierno y su equipo con los diferentes sectores se compromete a una verdadera reforma fiscal progresiva; si se sienta con los sectores y construye un plan de reactivación con las instituciones públicas daríamos señales que los organismos verían como compromisos reales.
Si el Banco Central emitiera dinero y se generara una inflación de dos dígitos, ¿qué repercusiones tendría para el país?
—En estos momentos manejamos otras opciones, antes de la emisión. Tratemos de hacer planteamientos concretos y soluciones para no tener que llegar a esos extremos y provocar una mayor inflación.
En estos momentos tenemos posibilidades de negociar condonación de la deuda externa con el FMI; pedir una moratoria de la deuda interna, ya sea una total o parcial del pago de intereses y amortización de deuda pública ante organismos multilaterales en los próximos 36 meses.
Otra acción sería reestructurar la deuda interna a tres años y solicitar una reducción de tasas. Si analizamos cuál es el plazo de la deuda interna versus la externa, la primera tiene una duración de 4,7 años y una tasa equivalente en dólares del 10,2% y la segunda de 7,3 años con una tasa del 5%. La deuda externa es 50% más barata que la deuda local, ¿por qué no hacemos esa reestructuración de la deuda interna?
La Presidencia puede hacer eso ya con el Ministerio de Hacienda y el Banco Central; de hecho, son cosas que debieron darse desde el inicio de la pandemia, renegociar las deudas como hizo Panamá o Argentina.
Con la situación de pobreza, que se ha incrementado al 26,2%, con un altísimo nivel de desempleo: ¿debe el país enfocarse en resolver el hambre del pueblo y dejar para luego el tema fiscal?
—Podemos atender el hambre, la parte fiscal y la reactivación. Primero, para atender el hambre y refinanciar hay que darle fuerza y músculo a la Caja, necesitamos ingresos ya. Hemos dicho que una parte de las reservas internacionales se tomen para comprarle bonos al Estado y más ahora que están cayendo las tasas.
Así se puede generar una inyección de fondos. Además del aporte voluntario de los grandes capitales, con lo fiscal hay que aprobar los proyectos que están en plenario. No podemos aplazar ningún tema
¿Es momento de nuevos impuestos?
—Lo que se ha planteado es que aquellos sectores que están pasando por una crisis no; pero otros están ganando y mucho, por el cambio de priorización del consumo (alimentos y materiales de seguridad). Se puede pedir a esos sectores contribuciones, el ministerio de Hacienda tiene los datos y puede negociar, incluso como un dar para recibir; podrían apoyar a los sectores que están desapareciendo para que no colapse el sistema productivo.
¿Desde su perspectiva, son las mujeres uno de los segmentos más afectados?
—Esto viene desde atrás. La situación de empleo de las mujeres venía grave antes de la pandemia y ahora se agravaba, no solo porque el desempleo es mayor sino porque hay una recarga en el cuido.
Cuando atendemos la pandemia nos dicen quédese en casa, eso significa hacer teletrabajo para aquellas que tienen una ocupación. Pero deben asumir la alimentación de la familia, las clases virtuales y además las compras.
Las personas que sostenían los hogares se han quedado desempleadas, y las mujeres el doble que los hombres. El 86% de las mujeres se ubican en sector comercio, donde se han presentado más despidos o rebajos de jornada.
¿Qué incidencia tienen los recortes en el sector público?
—Se piensa en el Estado como un gasto, no se valora que es parte del sistema productivo y económico del país. Cuando hablamos de empleados públicos no es gente sentada en una oficina, sino un ICE que está en todo el país dando servicios que aportan; el AyA que garantiza agua potable en todo el territorio; las universidades aportando en la pandemia con soluciones científicas y tecnológicas.
Hay una actitud negativa con respecto al Estado y no se ve su valor público. Sí hay que controlar abusos en salarios, porque no es posible que un funcionario gane más que el Presidente; eso hay que pararlo, pero poner un salario único es desconocer el aporte que dan las diversas especialidades, deteriorando la calidad de servicios vitales y sabemos que solo quienes tienen recursos pueden pagarlos en lo privado.
