En entrevista con UNIVERSIDAD, Rocío Aguilar Montoya, quien asumirá la jefatura de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a partir del primero de marzo, se refirió a las debilidades que enfrenta la supervisión de los flujos de capital financiero en Costa Rica y a los cambios que se propone aplicar.
Licenciada en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y Banca por la Universidad de Costa Rica y en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, Aguilar ocupó los cargos públicos de Contralora General de la República, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Concesiones y Directora del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.
En el sector privado, fue directora corporativa del Banco Banex (hoy absorbido por Davivienda), lugar en el que laboró durante 20 años. A continuación, la entrevista.
Lo que más preocupa a la gente es este manejo de créditos de la banca pública con grandes empresas nacionales, en los que termina perdiéndose dinero público y parece que nada pasa. ¿Cómo abordará usted esto a partir del primero de marzo?
-El papel de la Superintendencia tiene que ver con velar por la solidez y el eficiente funcionamiento de todo el sistema. No solo estamos hablando de bancos, sino también de cooperativas y de otra serie de intermediarios financieros. Todo el proceso de la supervisión ha venido evolucionando con los años y ya Costa Rica empezó a dar algunos pasos para superar la vieja forma en que se supervisaba, que era basada en una fotografía en un momento determinado. Esta transformación implica y obliga a otro tipo de cambios, no solo a lo interno de la propia Sugef, sino en cuanto a cuál va a ser su nueva estructura en la valoración de riesgos, cuáles van a ser las competencias que uno requiera de las personas y cuáles son los cambios de índole legal que se requieren.
Algunas de estas competencias tienen que ver con la idoneidad de quienes ocupan no solo las juntas directivas, sino los cargos directivos en las instituciones financieras. Me parece que este es un tema importante de abordar. El tamaño de las instituciones, de las múltiples relaciones que hoy se dan en nuestro entorno, muchísimo más complejo, obliga a ir hacia eso.
Ya se han venido generando una serie de alertas sobre el tema y se han hecho cambios en las formas de establecer las reservas para créditos. Porque Costa Rica, además, tiene un problema importante: la alta dolarización del crédito. Pues, si bien nuestra moneda de curso legal es el colón, tenemos una alta dolarización que también le imprime una dosis de riesgo a todo el sistema.
Por eso, es de muchísima importancia ver no solo cómo tenemos la gente idónea, sino cómo, efectivamente, el buen gobierno corporativo se va afianzando más en el sistema. En temas de gobierno corporativo, ya avanzamos en normativas; pero es necesario pasar de la normativa a una cultura en las instituciones, para que puedan enfrentar de mejor forma esos riesgos. Pasar de un concepto de riesgo estático a evaluaciones mucho más prospectivas, que puedan anticiparse los riesgos, ya sea como producto de las propias conductas de la institución o bien por factores externos macroeconómicos.
Hay que tomarse con mucha más seriedad la calidad de la información. Conocer el cliente, entender las variables críticas de los negocios, que seguirán siendo las reglas de oro para el otorgamiento de crédito.
Por lo ocurrido en los casos de las empresas Yanber, Casa Blanca, del Grupo Juan Carlos Bolaños y Bancrédito, ¿cree usted que es necesario fortalecer la legislación en materia de conflictos de intereses? Por lo general, las personas especializadas en finanzas que ocupan cargos públicos, usted misma, por ejemplo, han ocupado también cargos en bancos e instituciones privadas de financiamiento. Por lo que podría ocurrir que, en un ámbito de familiaridad, se termine por relajar los controles a la hora de aprobar préstamos.
-Precisamente, un buen sistema de gobierno corporativo, que es el que permite definir estructuras de poder que van a regir los mecanismos por los cuales van a ser dirigidas las empresas, no es coincidente con la “familiarización” y este tipo de cosas. En un buen sistema, el control de los riesgos es una variable crítica, pero no cuando los riesgos ya ocurrieron, sino que tiene que ver con la prevención, con el manejo de los conflictos de interés, con transparencia y rendición de cuentas.
Le puedo mencionar que en los años que yo estuve en banca me correspondió formar parte de un grupo que se tomó muy en serio ese tipo de prácticas. Todo lo que tenía que ver con el manejo de los eventuales conflictos de interés, incluso, en tiempos cuando la normativa no había avanzado como lo ha hecho. Pero el gran reto es que la normativa se incorpore de manera decidida en la cultura de las instituciones. Un buen sistema de gobierno corporativo debería permitirnos gestionar esos conflictos de interés. Posiblemente van a existir, porque van existir relaciones, pero cómo prevenir es lo que un sistema de gobierno corporativo nos debería permitir.
Yo no veo de ninguna forma que se puedan relajar esas medidas. Todo lo contrario, el sistema se va haciendo mucho más complejo y, por supuesto, los tamaños de los créditos, los riesgos propios de las instituciones y los riesgos propios de los prestamistas deben estar presentes en cualquier decisión crediticia. Lo más importante es conocer bien el negocio, una garantía no debería ser una razón para dar un crédito. La garantía es un seguro adicional, pero no es una razón para dar un crédito.
¿Cómo hacer esto compatible con la legislación, que muchas veces es usada por la administración pública y privada para no darle información a la prensa o al público? Cuando la prensa investiga, se escudan en el secreto bancario. ¿Cómo hacer para que la Sugef no llegue tarde, para que el conocimiento de los problemas sea accesible antes de que ya no haya nada que hacer?
-La primera línea de control no es la Sugef. La primera línea de control la vamos a encontrar en la gobernanza propia de las instituciones, en sus directores, en las propias auditorías internas y en sus comités de riesgos. Allí está la primera base. Además están los auditores externos y la propia Superintendencia, por supuesto. Este es un sistema en el cual hay diferentes actores internos y externos.
Con respecto a la posibilidad de dar determinada información, es un asunto penal, y yo esperaría que, si no existe una limitación de este índole, no se vaya a negar la información.
Todavía Costa Rica debe avanzar muchísimo más, incluso en la información acerca de las entidades ya supervisadas. Son cambios que habrá que ir abordando en la legislación. Pero también la ciudadanía deberá estar más informada, saber qué significa un determinado indicador en una u otra dirección. Es una de las tareas pendientes. Deben darse cambios legislativos a largo plazo, pero, sobre todo, en la preparación de los medios, los ciudadanos, los diferentes actores, sobre qué significa esa información y cómo debe manejarse o administrarse.
A partir de una revisión las debilidades para la supervisión del capital financiero que existen en Costa Rica, el Gafilat (Grupo de Acción Financiera de América Latina) señaló, entre otras, el alto uso de efectivo que aún presenta la economía, lo cual impide conocer el origen de estos recursos. Además, existe una alta movilización de recursos por otras entidades diferentes a los bancos, que no tienen regulación o supervisión asignada. ¿La Sugef tiene algún proyecto para atender esto?
-El tema de la profundización financiera es uno en el que el país debe continuar avanzando. Un ejemplo es Sinpe Móvil, que permite la transferencia de dinero prácticamente sin costo. Eso promueve la posibilidad de apertura de cuentas de forma simplificada para determinados sujetos. Me parece que son decisiones que van por la vía correcta.
Por otro lado, desde el punto de vista de la supervisión, se está ampliando el perímetro a actividades que trascienden la intermediación financiera como tal. La Sugef ya está preparando la supervisión de nuevas actividades sobre las cuales se ha llamado la atención, porque posiblemente se movilizan cantidades importantes de dinero; por ejemplo, tarjetas, ciertas profesiones, bienes raíces, movimiento de metales, etcétera, que van a entrar en un nuevo marco de fiscalización. Pero el tema de la inclusión financiera es importante para poder continuar atendiendo esas movilizaciones de efectivo que no pasan por el sistema con los debidos controles.
Sabemos que la Sugef está trabajando con el Banco Central y con otras instituciones en el cumplimiento de la Ley 9449 sobre estupefacientes, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Pero, con el estado actual de las finanzas públicas, ¿tiene la Sugef el presupuesto y el personal necesario para poder aplicar estos controles?
-Yo no he asumido todavía el cargo, pero estos modelos de supervisión para actividades masivas son muy diferentes a fiscalizar 20 o 50 intermediarios. En el caso de esta ley, son unos 40 mil los que habría que incorporar en este proceso. Se están creando los sistemas de información para generar los datos necesarios de los comportamientos para, a partir de un análisis muchísimo más estratégico, poder entrar a ese proceso de supervisión. Ya hay parte de las plazas necesarias y se están desarrollando esos sistemas para poder abordarlos de la manera más seria posible.
¿Qué puede hacer la Sugef cuando empresas recurren a esquemas como los que se encontraron en los “Papeles de Panamá”, por los cuales no solo se elude o evade el pago de impuestos, sino que se fingen ventas o compras ficticias a empresas con fachada en paraísos off shore en Panamá u otras plazas, con dinero que pueden provenir de préstamos de la banca pública?
-Esto tiene más que ver con el punto de vista de la administración tributaria y de Hacienda. Desde el punto de vista de la supervisión, me parece que el país debe dar pasos adicionales –y hay legislación pendiente–, para lograr la supervisión consolidada, para que se pueda ver el panorama completo, con independencia de si dentro del conglomerado hay actividades más allá de lo financiero o en otros domicilios. Pero, ese punto en particular me parece que es más del resorte de las autoridades tributarias.
¿Tiene usted algún proyecto o tema favorito que quiera trabajar en la Sugef a partir del primero de marzo?
-Mire, yo siempre tengo como la meta número uno que al final de mi período haya dejado una mejor institución. En este caso, aparte de esa meta, hay legislación importante que está pendiente sobre seguros de depósitos, de idoneidad, para corregir algunos problemas en la banca sin tener que llegar al momento de una intervención, como en estos casos que ya hemos visto. Son proyectos de ley a los cuales hay que darles la debida atención, ya que son altamente importantes.
Por otro lado, está el cómo abordar el profundo déficit fiscal y otros problemas macroeconómicos con los que se va a enfrentar el sistema financiero. Y, por supuesto, me parece que el reto más importante tiene que ver con abandonar el esquema viejo y trascender al sistema de supervisión basado en riesgos. Por supuesto que este reto importante pasa por terminar de calibrar la normativa y por tener el recurso humano con las competencias adecuadas para ese nuevo enfoque. Por lo tanto, habrá que terminar de evaluar. Yo estoy segura de que hay un buen recurso humano, pero que también habrá que capacitarlo para que atienda de una mejor forma ese nuevo enfoque. Además de evaluar si la estructura organizacional que tiene la Superintendencia se adecua o no a esa nueva forma de supervisión.
