La presión sindical que dobló la agenda del Gobierno

A casi un año de la huelga contra el plan fiscal, la presión social de los sindicatos contra el gobierno se ha mantenido, mientras que el Ejecutivo intenta dar muestras de una relación más abierta al diálogo.

En un año y tres meses de gobierno las protestas y manifestaciones de grupos de movimientos sociales se han convertido en un dolor de cabeza frecuente para el Poder Ejecutivo.

Las negociaciones de los últimos días, como el acuerdo que alcanzó la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con los gremios de salud, han puesto en evidencia la postura de una Casa Presidencial más dispuesta a la negociación y al diálogo con los gremios.

¿Qué cambió ahora? El Gobierno ya no goza de la misma fuerza que utilizó para sostenerse en apariencia sin inquietarse ante la huelga contra el plan fiscal del año anterior durante varias semanas. Tampoco la agenda de la Administración Alvarado parece tan clara y monolítica como cuando su único e invariable objetivo era lograr la reforma fiscal.

Durante los últimos dos meses, los gremios sindicales han ejercido presión mediante protestas en las calles, peticiones de diálogo y mesas de negociación, cierres de centros educativos y paralización de los servicios de salud. Todo esto les ha ganado un lugar en la agenda del Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, los gremios del sector salud salieron a manifestarse para mantener en vigencia el acuerdo al que llegaron con los directivos de la CCSS en febrero. Este acuerdo mantiene vigentes los pluses salariales a los funcionarios frente a las limitaciones que señala la reforma fiscal aprobada en diciembre del año pasado.

En siete días de huelga, las autoridades reportaron más de 80 mil citas de consulta externa, 3 mil cirugías suspendidas y dos muertes que están siendo investigadas. Después de 14 horas de negociación, el Gobierno y los sindicatos resolvieron que el acuerdo se mantendrá vigente mientras los Tribunales de Justicia definen la legalidad del mismo.

Mientras los gremios celebraron, al Gobierno le llovieron críticas. Los empresarios se declararon molestos y le achacaron debilidad por permitir que una parte de los funcionarios públicos queden fuera de las limitaciones que pone el plan fiscal. Incluso, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, señaló estar en desacuerdo con los alcances del pacto con los gremios de salud.

Para la politóloga Gina Sibaja, la decisión del Gobierno se adoptó tomando en consideración el escenario que afrontó el año anterior con el plan fiscal y el evitar llegar a extremos polarizantes.

“Yo creo que el Gobierno dijo: hay que parar esta conflictividad, hay que atajarla y dar una señal de que estamos en disposición de diálogo, porque esto iba como un dominó. Mejor dar señales de que es posible la negociación”, señaló.

El presidente Alvarado rechazó las críticas de quienes señalaron a su gobierno como “débil o blando” por haber dado este espacio a los sindicatos. “No es de recibo cuando hemos demostrado querer ordenar las finanzas públicas y querer ordenar la casa”, dijo. Además, adujo que en la decisión prevaleció el riesgo de la vida que corrieron quienes no fueron atendidos en los centros médicos que estaban en huelga.

Este lunes el mandatario publicó un artículo en el diario La Nación en el que insistió en las razones que sopesó el Gobierno para el acuerdo con la CCSS.

“Afrontamos desafíos con las herramientas que el Estado de derecho nos da. En la resolución de la reciente huelga de la CCSS, no contamos con herramientas legales, como el proyecto de huelgas que se impulsa hoy. No obstante, nos aseguramos de que en la CCSS se cumplan más adelante las reglas establecidas en la Ley de Fortalecimiento Fiscal y que lo que se discuta judicialmente sea solo el mecanismo que debe aplicarse a las anualidades acumuladas antes de la entrada en vigor de dicha ley”, escribió Alvarado.

En los últimos dos meses, el Gobierno también afrontó la presión articulada de una alianza entre sindicatos y grupos de sectores sociales que pedían la cabeza del ministro de Educación, Édgar Mora, por la oposición a decisiones de su gestión como la implementación de baños neutros en centros educativos, compra de drones, o el proyecto legislativo de educación dual, y la mala y escasa información que circuló sobre estos asuntos.

Para el Gobierno fue imposible sostener al ministro Mora cuando los sectores y los gremios alzaron la voz y desencadenaron tensión social, pues fue la principal condición para cesar las protestas. Así, el 1 de julio en Casa Presidencial, Mora presentó su renuncia en una carta que dirigió al presidente Carlos Alvarado. “Ojalá que tras mi renuncia se abran avenidas para un río de diálogo y compromisos mutuos para con el Estado de Derecho y nuestros preceptos constitucionales”, dijo el exjerarca.

De eso hace más de un mes, pero “los ríos de diálogo” de los que habló Mora todavía están en proceso, pues en el último encuentro que tuvo el Gobierno con la mesa multisectorial -el bloque conformado por 18 agrupaciones que representan a sectores como el cooperativo, sindical, transporte, educación, pesca, agricultura y otros- las partes acordaron una metodología de trabajo por el próximo trimestre, pero no hubo un cronograma. El Gobierno dijo que el ánimo era que el diálogo fluyera en condiciones de buena fe.

Ese mismo día en Casa Presidencial, frente a una decena de representantes de los grupos sociales, el secretario general de ANEP, Albino Vargas, se adueñó del podio y lanzó en directo sus críticas al Gobierno.

“La desigualdad nos está extinguiendo, el desempleo nos está agobiando y personas como nosotros, cuando éramos jóvenes, sí sentíamos que teníamos seguro. Hoy los jóvenes que están en esta mesa, que tienen criterio propio, ellos mismos sienten que esta agenda los cubre porque la Costa Rica que nos dio seguridad a nosotros no está en capacidad de darla a ellos”, manifestó Vargas.

Desconvocatoria

El 8 de agosto, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso -periodo en el que el Poder Ejecutivo toma el control de la agenda legislativa y puede convocar o desconvocar los proyectos que sean de su interés-, Presidencia retiró tres proyectos que pretenden regular las pensiones, por una petición que hicieron las organizaciones sindicales del Magisterio Nacional.

Los sindicatos pidieron tiempo  para tener espacios de conversación y negociación con los diputados, pues alegaron que los proyectos ponen en riesgo el régimen de pensiones para el que cotizan, según informó el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).

“Gracias a la mesa de diálogo iniciada por el SEC, el Poder Ejecutivo retira los proyectos de ley que atentan contra el Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional”, expresaron en redes sociales, el 8 de agosto.

Según confirmó el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, los proyectos retornaron a la corriente legislativa este lunes, pues poner topes a las pensiones de lujo es uno de los mayores compromisos del Gobierno, según lo ha señalado el presidente Alvarado.

Los proyectos de pensiones que volvieron a corriente legislativa son los expedientes 21.130 (tope a las pensiones de lujo y otras disposiciones), 21.035 (para fijar topes equitativos) y 21.345 (para la equidad, eficiencia y sostenibilidad de los regímenes de pensiones).

Ahora, a un mes de que se cumpla un año de la extensa huelga de tres meses contra el plan fiscal que paralizó al país, la relación entre Gobierno y gremios quizá tenga una nueva etapa de apertura y negociación, como no ocurrió el año anterior.

Con el escenario de los últimos dos meses, ¿cómo sostiene que el Gobierno tiene fuerza para negociar y no ceder con facilidad a los sectores? “Creo que la fuerza se da en función no de una posición sino de los resultados. Nuestra fortaleza viene de lo que hagamos más de  lo que se diga y yo confío en lo que estamos haciendo”, respondió el presidente Alvarado la semana pasada.


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