Gravar o no gravar la canasta básica es el tema que atiza las discusiones fiscales en este momento. La decisión que tomaron cinco diputados de exonerar esa lista partió en dos las mesas de negociación nuevamente.
Por un lado, quedaron quienes opinan que la canasta básica no debe gravarse porque reduciría la capacidad adquisitiva del 10% de los hogares más pobres en un 1,57%, como comprobó el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económica de la UCR.
Por el otro, los defensores del impuesto, encabezados por el Gobierno, quienes señalan que recortar ese tributo favorecería la evasión, afectaría a los productores y reduciría entre ¢60.000 y ¢66.000 millones los recursos disponibles para atención que dirige el Estado.
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A continuación, le explicamos la polémica sobre la canasta básica:
El impuesto
La discusión sobre gravar o no la canasta básica se remonta hasta el inicio de la propuesta fiscal, momento desde el que se propuso gravar los productos de la canasta básica con un 2% a través del nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA), que reforma el Impuesto General sobre las Ventas.
Hasta el martes, el proyecto fiscal señalaba esa carga como una de sus tarifas reducidas, disposición que fue eliminada este miércoles en una votación de cinco a cuatro diputados en la comisión legislativa que analiza la reforma fiscal.
En contra de la exoneración estuvieron el oficialista Welmer Ramos, el socialcristiano Pedro Muñoz y las liberacionistas Yorleny León y Silvia Hernández; mientras que en a favor —fueron mayoría— los restauracionistas Carlos Avendaño y Eduardo Newton Cruickshank, el frenteamplista José María Villalta, el integracionista Walter Muñoz y el liberacionista Gustavo Viales, quien se separó de sus dos compañeras de bancada de última hora y definió la retirada.
Ambos sectores ahora defienden sus distintos puntos de vista y buscan convencer a los contrarios, de modo que se ponga un punto definitivo a la exoneración del impuesto que recaería sobre el grupo de artículos que definirían los ministerios de Hacienda y de Economía, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y sus datos sobre “el consumo efectivo de bienes y servicios de primera necesidad de los hogares que se encuentren en los dos primeros deciles de ingresos”.
Las autoridades de Hacienda esperaban una recaudación cercana a los ¢60.000 millones por el tributo, monto que representa un 10% de las expectativas de la reforma fiscal. De esa cifra, aseguran que sólo un 17% habría provenido de hogares en situación de pobreza.
De cualquier manera, los argumentos en contra no cesan, pues la corriente que impulsa la exoneración sostiene que lo importante no es la cantidad del aporte que se perdería, sino el peso que tendría para en los bolsillos de los contribuyentes, aunque la pérdida en el poder adquisitivo sería de un 1,57% para la décima parte de los hogares más pobres y de un 0,07% en términos generales si se grava la canasta básica, según las estimaciones del IICE-UCR.
Los argumentos
A favor del impuesto, los argumentos son principalmente que quitar la tarifa evitaría la trazabilidad suficiente para contener la evasión en las compras y ventas de estos productos, pues no tener que reportar el pago de impuestos desincentivaría que los comerciantes usen facturas. También, laegan que se recortaría en ¢60.000 millones (un 0,19% del PIB) las expectativas de recaudación del proyecto fiscal.
Al respecto, Hacienda y sus sectores afines defienden que esos ¢60.000 millones que no se recibirían son esenciales para el Estado y que dejar de percibirlos sería especialmente perjudicial para las poblaciones más pobres, que precisamente son las que más se benefician de los programas sociales y de los servicios estatales que se verían afectados en caso de que haya que recortarlos.
Apenas este jueves, la ministra de Hacienda Rocío Aguilar advertía que si los diputados no revierten algunos de los recortes que aplicaron recientemente, como a la canasta básica y los servicios de educación privados, habría que compensar recortando abruptamente las inversiones estatales, con “reacomodos” de presupuesto o inversión que serán “dolorosos”.
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Así mismo, los defensores han manifestado que la exoneración podría lesionar especialmente al sector productor nacional, pues no se hace ninguna distinción para los bienes importados, que muchas veces no pagan impuestos en sus países y tampoco lo harían en tierras nacionales como apuntó el viceministro de Ingresos, Nogui Acosta.
No obstante, además del ya mencionado interés de evitar un recorte en la capacidad adquisitiva de los hogares más pobres, los diputados y los demás sectores que se oponen al impuesto aseguran que existen medidas alternativas que no se contemplaron en el plan fiscal, como sistemas de devolución del impuesto u otros gravámenes, por lo que se mantienen escépticos.
La propuesta de un sistema de devolución fue especialmente defendida por el frenteamplista José María Villalta, quien señaló que —a pesar de tener los sustentos técnicos— nunca recibió un visto bueno para negociar del Gobierno.
Principalmente se opuso a este mecanismo el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya economista verdiblanca y diputada en la comisión fiscal Silvia Hernández, argumentó que son dispositivos que suelen ser muy caros y poco rentables.
También dijeron haber presentado otras opciones de recaudación los diputados de Restauración Nacional cuando celebraron la reciente exoneración de la canasta que promovieron, en medio de una conferencia de prensa en la que Jonathan Prendas, su legislador, señaló que el Gobienro rechazó también una propuesta para asignarle al fisco ¢84 por el pago de bebidas alcohólicas como “compensación”.
Al respecto, el viceministro de Hacienda, Nogui Acosta, señaló que no sólo habría sido igualmente perjudicial ese impuesto porque igualmente se eliminaba la trazabilidad de todos los productos de la canasta básica, sino además porque alentaría el contrabando y, según las estimaciones de Hacienda, apenas se alcanzaría una recaudación de ¢40.000 millones, que no crecería anualmente al fijarse en ¢84, un número concreto, y no un porcentaje.
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En cuanto a la trazabilidad, el restauracionista Eduardo Newton Cruickshank criticó que “el plan fiscal contiene 29 exenciones y comprende 12 no sujeciones, entre exportaciones, subastas ganaderas y otros temas que tampoco facilitan ese proceso”, motivo por el que llamaron a “eliminar otras exenciones a cambio”.
Propuestas y negociaciones
Ante todas estas condiciones, las discusiones fiscales enfrentarán ahora dos panoramas en los que terminará de resolverse si continúa o no la exoneración.
El primero será en la comisión fiscal a partir de este lunes, cuando sus nueve diputados deberán votar varias mociones que podrían devolver el impuesto. El segundo tardará un poco más y llegará hasta que el texto se discuta en el Plenario legislativo, donde los 57 diputados totales podrán decidir el futuro de la exoneración si quieren modificarlo.
En ambos casos, las mayorías definirán el destino de la norma, una correlación de fuerzas que en la última votación en la comisión fiscal fue de cinco contra cuatro, pero que podría revertirse en la próxima votación de ese foro o cuando el trámite le corresponda a los 57 congresistas, según lo decida cada uno de ellos.
Es complicado hacer estimaciones, pues incluso varias fracciones, incluidas algunas de las más grandes del Congreso, mantienen criterios divididos.
De cualquier manera, el Gobierno ya trabaja para convencer a los diputados de la comisión fiscal para que eliminen de nuevo la exoneración tan pronto como sea posible, un proceso en el que “serán muy respetuosos de la Asamblea pero tratarán de encontrar los acuerdos necesarios”, según le ministro de la Presidencia Rodolfo Piza.
Sobre si intentarán convencer específicamente al liberacionista Gusta Viales, el único liberacionista que quebró su voto en el foro fiscal, el ministro aseguró que “van a estar conversando con cada uno de los miembros de la comisión y con las fracciones”.
Todas las puertas están abiertas, si bien Viales descarta cambiar de posición, al menos por el momento; algo que Yorleny León, una de sus compañeras de bancada en la comisión, respeta aunque esperaría que cambie.
“Liberación Nacional sigue siendo responsable y reconoce que es importante ese 2%, hemos hecho múltiples análisis y estamos convencidos de que se requiere; sin embargo, también respetamos las posiciones de cada uno de los integrantes de la bancada, por lo que respetamos la decisión de nuestro compañero Gustavo Viales, que sigue manteniendo su posición, aunque esperamos que este fin de semana pueda terminar de revisar algunos números que le sugerimos”, apuntó la liberacionista.
Que Viales cambie de posición parece la única vía para que ocurra un viraje en la comisión, en vista de que la oposición es férrea en las otras bancadas: Restauración Nacional, Integración Nacional y Frente Amplio.
Sin embargo, también le tocará al Gobierno que convencer nuevamente al diputado socialcristiano Pedro Muñoz, que ahora está menos seguro de apoyar el impuesto.
Según Muñoz, el votó en contra de la exoneración porque creía que había un acuerdo que incluía al pleno de Liberación Nacional, pero existen mociones de su partido que podrían incluso reintegrar el impuesto, pero con una tarifa menor de un 1%.
Se trata de la moción 799, que ún no se vota, la cual fue catalogada por Muñoz como un ‘plan B’, que su partido “ofrecerá” ahora que las negociaciones están abiertas de nuevo.
Sobre estas discusiones, el socialcristiano dice que “sería un error del tamaño de una catedral poner a votación todo sin antes existir un acuerdo, donde todos se sientan representados”.
El socialcristiano brindó sus declaraciones este jueves en horas de la noche, justo después de que se levantó la última sesión de la comisión fiscal de esta semana antes de lo esperado, para iniciar con las nuevas negociaciones.
“Aquí lo que no debe suceder es que no se negocie todo lo que no está negociado porque aquí pusimos a jugar la bolita, la tiramos y las cosas no estaban amarradas”, puntualizó.
Una posición similar defiende el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, quien afirmó saber que “siempre quedará alguien a quien no le guste la reforma porque nunca habrá unanimidad”, pero que “la voluntad es afinar los consensos de nuevo”.
Los acercamientos iniciaron desde este jueves, apenas aprobadas la exoneración a la canasta básica y los servicios de educación privados, que recortaron en un 13% las expectativas de recaudación del proyecto fiscal, decisiones que hicieron acudir al Congreso al ministro de la Presidencia, la ministra de Hacienda y el viceministro de Ingresos a restablecer los canales de diálogo.
