El 21 de junio pasado, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, asistió a la comisión especial que tramitó el texto de reforma fiscal para realizar una serie de solicitudes a los diputados. Entre ellas, les realizó una polémica petición: gravar con el impuesto sobre la renta a las cooperativas (hasta hoy exentas).
Esa intención la incluyó el Gobierno en el primer texto sustitutivo que presentó al plan fiscal; sin embargo, negociaciones posteriores acabaron con la propuesta.
Actualmente, las cooperativas están exoneradas del impuesto, tal y como establece la Ley del Impuesto sobre la Renta (7.092) en su artículo 3 de no sujeciones, apoyado en la Ley de Asociaciones Cooperativas, que así lo solicita.
Esto quiere decir que sus rentas —a diferencia de las cualquier empresa sin importar su tamaño— no pagan la carga, un tratamiento diferenciado que la ministra Aguilar pidió que se eliminara, aunque siempre con el beneficio de que se les trate más livianamente, como ocurre con las pequeñas y medianas empresas (pymes).
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Recientemente, la jerarca señaló en un foro sobre la reforma fiscal que la aplicación de esta medida no fue “políticamente viable” y que “hubo que sacarla del proyecto porque si no se hubieran quedado sin un texto sustitutivo que fuera factible en el Congreso”.
Las presiones del sector cooperativo, cobijados por políticos, impidieron tramitar esa medida que tendría un rendimiento de ¢12.000 millones anuales, según las estimaciones de Hacienda.
En una reciente entrevista, la diputada del Partido Liberación Nacional, Yorleny León, reconoció que su partido condicionó su apoyo a la reforma fiscal a que el Gobierno atendiera a las cooperativas; sin embargo, matizó sus declaraciones añadiendo que así lo hicieron “porque no se les había querido atender” y que también lo hicieron con otros grupos, como los del sector agropecuario.
Además, agregó que “Liberación Nacional piensa que ya las cooperativas tienen que pagar el impuesto”. “Ellos fueron entonces al ministerio y negociaron salir del impuesto sobre la renta, que fue lo que pasó cuando la megamoción que llegó aquí”, indicó la diputada verdiblanca, refiréndose a la forma en la que el impuesto se borró en el segundo texto sustitutivo que terminó enviando el Gobierno.
Las negociaciones entre Hacienda y cooperativas ocurrieron después de la presentación del primer texto sustitutivo (que fue rechazado por el PLN, Restauración Nacional y el Frente Amplio), a lo que prosiguió la segunda propuesta (ya sin el impuesto a las cooperativas), aprobada en conjunto por el Gobierno, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y los verdiblancos del PLN.
De ellos, el PUSC ya confirmó que reiterará una moción de la diputada María Inés Solís como último cartucho para reintegrar el impuesto en el plan fiscal; sin embargo, quedará por ver si la fracción de gobierno se aparta de la negociación con el sector cooperativo y si el PLN tiene una verdadera postura conjunta sobre el tema.
Esa moción de Solís había sido rechazada en la comisión fiscal con el único voto favorable del diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca; sin embargo, León señaló que la postura de los diputados del PLN simplemente fue respetuosa de las negociaciones del Gobierno, por lo que no respaldaron reintegrar el impuesto.
No pagan
Las cooperativas no pagan el impuesto sobre la renta por sus utilidades, pues la Ley de Asociaciones Cooperativas estableció que sus ganancias no se considerarían como tales; sino que sus aportes se limitan a ejercer como agentes de retención de algunos porcentajes que se cobran a los excedentes y los intereses que reparten entre sus asociados.
Esos excedentes e intereses; sin embargo, pueden no corresponder (y normalmente no lo hacen) con la totalidad de las ganancias cooperativas, pues parte de los ingresos se quedan en el patrimonio social de las mismas.
Sin embargo, las cooperativas además reciben un tratamiento diferenciado en el impuesto que se cobra a los excedentes (5%) y los rendimientos de los títulos valores (8%), por debajo del 15% regular.
El actual proyecto; sin embargo, buscaría compensar levemente la exoneración del impuesto sobre la renta a las cooperativas aumentando esos rubros que se cobran a los asociados; y llevarían hasta un 10% la tasa sobre los excedentes y hasta un 15% la tasa sobre el rendimiento de los títulos valores. Ambos, eso sí, aumentarían paulatinamente desde 7%, un punto cada año.
Al respecto, el exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez explicó que entonces “las cabezas de la cooperativas no pagan impuestos”, sino que sólo sirven como entes encargados de la retención de las cargas y nada más. Las utilidades no se gravan, sino que se gravan los recursos que reparten a los asociados.
“Cuando se distribuye el excedente pasa a ser un ingreso para el asociado, ya no es un recurso de la cooperativa. Lo mismo con las financieras, las financieras pagan intereses y ese interés se va a la bolsa del inversionista”, comentó.
“La gente cree que se está haciendo una gran justicia no gravándolas y en realidad, en el momento en el que vos decidís exonerar una cooperativa, a una asociación solidarista o a una empresa en zonas francas lo que hacés es trasladar ese impuesto que ellos no pagan al resto de la población con tasas más altas, con otros impuestos o con servicios de mala calidad o en poca cantidad. Finalmente lo pagamos todos”, puntualizó.
El impuesto propuesto
El impuesto inicialmente propuesto por Hacienda, y que buscará retomar el PUSC, pretendía aplicar a las cooperativas la misma escala del impuesto sobre la renta que se utilizará con las pymes.
Según esa escala, las pymes con utilidades iguales o inferiores a los ¢5 millones deberían pagar un 5%, un 10% hasta los ¢7,5 millones, un 15% hasta los ¢10 millones, hasta un 20% hasta los ¢106 millones y un 30% (cifra regular) a partir de ese monto.
Esta propuesta requerirá del apoyo de al menos 29 diputados en el Plenario legislativo para volver a tener vida, un número que sólo será posible con el apoyo conjunto de diputados (aunque sea una mayoría) del Partido Acción Ciudadana (PAC), del PLN y del PUSC.
Esas fracciones suman 36 congresistas, las fracciones minoritarias apenas reúnen a siete y Restauración Nacional a 14, pero el miembro de ese partido, Jonathan Prendas, ya afirmó que desde su bancada la postura es que “no se puede hacer una tabla rasa para aplicar el mismo impuesto a todas las cooperativas por igual”.
Según Prendas, “todas (las cooperativas) tiene una razón de existencia, una rentabilidad y público diferentes”, por lo que “eso se podría ver más adelante si fuera necesario”, a pesar de la escala planteada para las pymes.
“Yo creo que no tienen que gravarse, pero igual que con otros elementos del acontecer nacional, lo que podríamos estar pensando es en un sistema más escalonado donde haya organizaciones muy muy grandes a las que sí podríamos pensar en colocar un impuesto, pero la inmensa mayoría no es el caso”, apuntó.
De cualquier manera, la diputada María Inés Solís, del PUSC, ya señaló que presentarán la moción de reiteración que busca reintegrar el impuesto desde este lunes en la mañana, con lo que además intentarán que pueda discutirse dentro de las seis sesiones que el procedimiento especial mediante el que se tramita el texto establece para la discusión de las mismas.
De no alcanzar el tiempo en las seis primeras sesiones, la moción no podrá discutirse y sólo se votará. No obstante, Solís comentó que “la idea es presentarla este lunes temprano”, de modo que “el miércoles se esté viendo”.
Fuera de micrófonos, diputados reconocen que no existe claridad sobre el voto y, al igual que Prendas, manifiestan la posibilidad de que el Gobierno presente más proyectos con medidas específicas que no se lograron capitalizar en este proyecto tributario.
Según había señalado la ministra Aguilar cuando presentó la propuesta de impuesto a los diputados, la intención de la medida era “incorporar a las cooperativas en renta de forma diferenciada, bajo la premisa de que todos contribuyamos”. Por ahora, esa intención está fuera.
