El Gobierno de Rodrigo Chaves no incluyó la seguridad como una de sus prioridades, lo que se reflejó en su programa de gobierno, en la asignación de recursos, en el atraso para siquiera anunciar una política en la materia y en una estrategia basada en responsabilizar a otros antes de asumir el manejo de los problemas de esa área.
En su programa de gobierno, la campaña de Chaves dedicó 6 propuestas, apenas un 5,7% de las que realizó en su planteamiento, y de carácter general: facilitar las denuncias, combate a quienes venden bienes robados, acompañamiento a los policías, fortalecer la seguridad comunitaria, alianzas con el sector privado para dar oportunidades laborales a privados de libertad y revisar el sistema de inteligencia y dotar a la policía de equipos modernos.
Sin embargo, al presentar el presupuesto para el Ministerio de Seguridad de 2023, lo incluyó entre las carteras a las que les realizaron un recorte, en su caso por ₡1.000 millones, a pesar de que el Poder Ejecutivo, en su conjunto, tuvo un crecimiento de 6,7%.
Adicionalmente, cuando prácticamente ha pasado una quinta parte de su administración –9 meses–, aún no han concretado una política de seguridad. Recién el presidente Rodrigo Chaves anunció que será presentada en un par de semanas, lo que sugiere que no estaba preparada y se encuentra en construcción.
Este anuncio lo hizo en medio de un aumento en la tendencia de homicidios en su administración: la tasa de homicidios mensual subió de 51 a 56,2 a partir de la llegada de su gestión en mayo del 2022 y en enero la tendencia apunta a que se sobrepase la cantidad de 70 homicidios en un mes, por primera vez en la historia del país.
El encendido reclamo de Cisneros… hace una década sobre seguridad
Un editorial periodístico puede ilustrar una dimensión del problema del combate a la inseguridad en Costa Rica, en una faceta que supera la década. En febrero del 2011, la entonces directora de Telenoticias, Pilar Cisneros, editorializó sobre la presentación de la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ), estrategia contra la violencia de la presidenta Laura Chinchilla.
Cisneros cuestionó que se requiriera de nueve meses para presentar la propuesta y la criticó severamente. “No hay nada concreto, medible o cuantificable para devolver la paz a nuestras calles y nuestras casas”, dijo, y aseguró que “los políticos no entienden, o no quieren entender o no saben cómo resolver este problema” y también aseguró que no se necesitaban diagnósticos o discusiones.
Curiosamente, más de una década después, Cisneros se encuentra en la otra acera, de un gobierno que a nueve meses de su gestión apenas anuncia que va a presentar una propuesta para tratar de enfrentar el crecimiento de la violencia en el país.
Buscando antídotos para la plaga
Los expertos en seguridad enfatizan en que los problemas de seguridad no se pueden resolver de una forma instantánea y se requiere considerar elementos a corto y largo plazo.
Un grupo de exministros y analistas del tema junto con el Colegio de Abogados presentó una inquietud a los jefes de fracción en la Asamblea Legislativa desde el pasado 17 de enero, en la que recomendaron acciones en tres campos: recuperar recursos públicos para equipar y atender los cuerpos policiales, modernizar la legislación (principalmente Código Penal y Código Procesal Penal) y mejorar las acciones de prevención.
Para el exfiscal Dall´Anese, parte de las acciones requeridas implican una profunda revisión de la prevención, en la que se incluya un mejor manejo de las estadísticas, con elementos de georreferenciación. Asimismo, la política de prevención debe entenderse como un tema que no se limita al Ministerio de Seguridad, sino a la política social en forma integral.
Por su parte, el exfiscal Tijerino considera que es prioritaria la revisión del sistema de justicia penal, modernizando las leyes, pero se deben combinar con políticas como obtener mayor asistencia de Estados Unidos para incrementar el patrullaje conjunto, fortalecer la investigación de capitales emergentes y acciones de control policial, como los retenes en la vía pública.
El criminólogo Villalba destaca que se deben combinar los objetivos de corto plazo, con una visión de largo plazo, aunque políticamente no resulte tan atractiva, y en la que enfatiza el acceso de las personas a la educación y el trabajo, principalmente en las regiones más alejadas de la metrópoli.
