La referencia a las limitaciones que la situación fiscal —ahora multiplicadas por el abordaje de la pandemia de COVID-19— impone al Gobierno para atacar el problema de la pobreza fue, quizás, la más sentida del informe del presidente Carlos Alvarado ante la Asamblea Legislativa, el pasado lunes 4 de mayo.
“Hoy tenemos la capacidad técnica y de análisis de datos para identificar a todas las personas en condición de pobreza, de informalidad o que sufren una fuerte caída en su ingreso. Esto hace técnicamente posible eliminar la pobreza extrema mediante el adecuado direccionamiento de los recursos”, dijo.
Sin embargo, agregó, “mi dolor, como Presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo. Pero no quedará excusa para no lograrlo en el futuro cercano cuando se supere el bache causado por la pandemia”.
Eliminar la pobreza extrema y bajar drásticamente la pobreza se encontraban entre las metas de Alvarado desde que fue ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y director Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social en la administración pasada.
Sin embargo, un estudio concluido la semana pasada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, muestra que la línea base de la cual deberá partir el abordaje de estos problemas, una vez superada la pandemia, será muy distinta.
Titulado “Estimación de los efectos del COVID-19 sobre la economía costarricense”, el estudio proyecta que la pobreza total aumentaría 8,8 puntos porcentuales, lo cual, en el peor de los escenarios, representaría un incremento de 6,7 puntos en el área rural y del 2,2 en la urbana.
La investigación no consideró los efectos de los subsidios monetarios del “Bono Proteger”, con los que se están otorgando hasta ¢125 mil a personas que hayan visto eliminados o reducidos sus ingresos —incluye a las personas trabajadoras independientes o en la informalidad—, como parte de un fondo de ¢300 mil millones que se repartirán durante tres meses entre los 598.450 solicitantes reportados hasta el día de hoy. Tampoco consideró los efectos de otros apoyos.
En el primer escenario planteado por el IICE, un 29,8% de la población calificaría como pobre si dejara de percibir la totalidad de sus ingresos laborales (despidos); en el segundo, un 24% caería en la pobreza si sus ingresos se redujeran a la mitad (reducción de jornadas e ingresos laborales a la mitad).
La situación se agravaría en las zonas rurales versus las zonas urbanas. En el primer escenario, la pobreza rural alcanzaría 31,1% y la urbana 29,3%; mientras que en el segundo escenario las cifras serían de 26,9% y 22,9%, respectivamente.
De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del 2019, antes de la pandemia la pobreza en el país se estimaba en 21% y por zona rural y urbana el cálculo era de 24,2% y de 19,8%, respectivamente.
El ejercicio de proyección del IICE también estableció que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional caerá entre 4,6% y 5,8% este año debido a la pandemia —el Banco Central de Costa Rica recalculó esta caída en 3,6%—.
Esas estimaciones del IICE corresponden a dos escenarios de recuperación económica, uno de recuperación económica rápida y uno de recuperación económica lenta.
Los sectores que, según el estudio, reducirán más su actividad –entre un 1,45% y un 0,19%— son el turismo —cuya recuperación se estima también más lenta (seis meses)—, los servicios de comida, servicios de cuidado personal y limpieza, el comercio, las actividades inmobiliarias, el transporte y actividades relacionadas, los servicios financieros y jurídicos y las actividades del sector entretenimiento, en todos los cuales se espera una recuperación más rápida, estimada en tres meses.
Lo anterior implicaría que más de 400 mil personas trabajadoras ocupadas (un 24%) podrían perder su trabajo durante la pandemia. Además, que los hogares de ingreso medio y medio bajo —y que no reciben otros medios económicos— tienen mayor probabilidad de caer en situación de pobreza.
Si toda la población del país se divide en 10 grupos o “deciles”, según sus niveles de ingresos, donde en el primer decil se encuentran los de menores ingresos y en el décimo decil los de mayores ingresos, “los hogares de los deciles más afectados son los que van del III al VI. Según la Enaho 2019, que es la base utilizada en el estudio para las estimaciones de la situación por hogar, el ingreso de esas familias va de los ¢420 mil a los ¢787 mil por mes”, explicó Juan Robalino, coordinador del estudio (ver el gráfico).
“Los deciles afectados tienen jefes de hogar con un promedio de educación cuatro años menor a los de los deciles del 7 al 10. En esos deciles también hay un menor número de jefes con educación secundaria completa o más. En el decil 8 y superiores, más del 50% de los jefes tienen secundaria completa o más. En cambio, en los deciles 3 al 6, a lo sumo un 30% posee educación secundaria completa o más”, agregó.
Además, lo anterior incluye a los hogares con integrantes que pueden o no estar en la informalidad. “Dependiendo de la actividad informal que realicen, serán más o menos afectados”, dijo.
Sobre el tiempo estimado para que la economía se recupere de la crisis causada por la pandemia, Robalino explicó que “el estudio utiliza dos escenarios de recuperación posibles, suponiendo que las medidas sanitarias estarán vigentes durante 90 días. El escenario de “Recuperación rápida” supone que, una vez que concluyen las medidas sanitarias aplicadas por el Gobierno, la economía crece al ritmo al que se esperaba fuese a crecer antes de la pandemia”.
En cambio, “el escenario de “Recuperación lenta” supone que al levantarse las medidas sanitarias no hay crecimiento económico. En ese caso, los niveles de las principales variables de producción y gasto se mantienen al nivel que mostraron en el año 2019”.
En cuanto a las fuentes y la metodología utilizada para hacer las proyecciones, el investigador explicó que “dado que no tenemos información concreta y general sobre el efecto que el COVID-19 ha tenido sobre toda la economía, es necesario recurrir a información como la del “COVID-19 Community Mobility Reports” que genera Google”.
“Este reporte está basado en la movilidad de las personas que tienen habilitado en su celular el dispositivo de ubicación geográfica. Permite tener una idea de la reducción en la demanda por actividad económica. Sin embargo, para no depender de solo esta información, también recopilamos datos sobre noticias de sectores que declaraban afectación. Esa información fue posteriormente analizada con el fin de llegar a estimaciones sobre el porcentaje de afectación aproximado para diferentes sectores. Los resultados fueron similares”, dijo Robalino.
En el estudio participaron también el estadístico Luis Oviedo, quien estuvo a cargo de los cálculos relacionados con empleo y pobreza; Rudolf Lücke y Lucía Contreras, quienes colaboraron con los cálculos.
Por su parte, José Antonio Cordero, director del IICE, consultado sobre el impacto que tendrían los subsidios estatales para paliar la situación, dijo que “la cantidad de personas afectadas es bastante elevada. El Gobierno está realizando gestiones para obtener los recursos necesarios para atender a la mayor parte de la población afectada. La situación, sin embargo, dependerá del período durante el cual serán necesarias las medidas sanitarias”.
Agregó que “de acelerarse nuevamente el contagio, será necesario dar marcha atrás en las medidas de restricción y eso afectará a una mayor porción de la población, por lo que serán necesarios más recursos. Por esa razón es fundamental identificar alternativas que permitan niveles de funcionamiento económico, en convivencia con el coronavirus”.
Según resaltó el presidente Alvarado en su discurso, un resultado positivo del abordaje de la pandemia ha sido lograr que 60.000 personas —98.000 según actualizó hoy la ministra de Trabajo— abrieran una cuenta bancaria (“bancarización”) para recibir los recursos estatales de forma más rápida, con lo cual ha mejorado también la identificación de las personas trabajadoras independientes y que se encuentran en condición de informalidad.
La expectativa es que esta información más completa y los nuevos recursos tecnológicos generados habrán de hacer más eficaces los programas que realicen los gobiernos del país para aminorar y erradicar la pobreza en el futuro.
Por el momento, el camino será “cuesta arriba”.
