Activistas de la recuperación de tierras en territorios indígenas pusieron en tela de duda el éxito que la construcción de un proceso de consulta a esas comunidades pueda tener, en tanto no se realice el “saneamiento” de los territorios.
Gonzalo Torres, bribri recuperador en el territorio de Cabagra, explicó que ese “saneamiento” se refiere a que el 100% de las tierras en territorios indígenas estén en manos de personas que genuinamente pertenezcan a esas comunidades.
“Si no tenemos la tierra sana, ¿qué nos pueden consultar? Es mi pregunta al Gobierno”, expresó Torres, quien además recordó que en el 2010 el entonces relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, durante su visita al país, subrayó que “para que haya una consulta libre, debe ser saneada la tierra. No sé el Estado dónde dejaría eso, porque es la necesidad más grande que hoy vivimos”.
Torres formó parte de una delegación de comunidades indígenas que en diciembre pasado realizó una visita a San José, durante la cual buscaron explicar su situación con más detalle a los medios de comunicación, que prestaron escasa atención. Además, mantuvieron reuniones con instancias de diversa índole, como la Defensoría de los Habitantes o el Bloque Unitarios Sindical y Social Costarricense (Bussco).
Desde la comunidad de Salitre -también bribri- el recuperador Hammer Figueroa reconoció que existen quienes se oponen a la iniciativa de la recuperación de tierras, pero según dijo se trata de una minoría.
“El territorio es grande en la recuperación, es un grupo bastante amplio los que recuperan territorios en Salitre”, subrayó, e informó que se han logrado recuperar unas 500 hectáreas.
Figueroa además lamentó la violencia con la que, según dijo, quienes reclaman la posesión de la tierra en zonas indígenas responden a los actos de recuperación.
Desde el 2011 estos actos de violencia han venido en aumento sobre todo en ese territorio, donde se han dado disparos, quema de casas, agresiones con arma blanca e incluso un indígena fue agredido con un fierro incandescente, marcado como si fuera ganado.
NO A LA VIOLENCIA
Por su parte, el presidente Luis Guillermo Solís se refirió al tema durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno y expresó que “como pocas, esta administración ha hecho un esfuerzo por garantizar la tranquilidad y el debate en los territorios en un marco que evite al máximo las situaciones de violencia”.
“Hemos sido categóricos en la respuesta a los incidentes de violencia, hemos intervenido con la Fuerza Pública cada vez que ha sido necesario para evitar que las acciones de violencia de una parte y otra pudiesen conllevar víctimas que hicieran los problemas mayores de lo que ya son”, apuntó.
Informó que comunidades indígenas de todo el país “se han acercado a los procesos de consulta” y cuestionó de manera crítica “no se quiénes son los que opinan que no puede hacerse la consulta si no hay primero una solución al tema de tierra”. Afirmó en ese sentido que “tiene que haber una consulta como nunca ha habido en este país con la hondura y seriedad que se ha acometido por parte del Ministerio de la Presidencia”, particularmente la viceministra Ana Gabriel Zúñiga, según dijo.
El mandatario insistió en destacar el nivel de participación y consulta, y afirmó que “no es aceptable la violencia de unos u otros, no es aceptable que se utilice la intimidación o agresión contra personas indígenas, continuaremos dándoles el tratamiento altamente prioritario que han recibido en esta administración”.
REPROCHES AL ESTADO
Gonzalo Torres detalló cómo tomó la decisión de recuperar por su cuenta un terreno que fue de sus abuelos, luego de que en setiembre autoridades gubernamentales incumplieran un plazo propuesto para resolver la situación.
“Pasaron seis meses, nadie respondió nada y tomamos la decisión de arrebatar la tierra de manera como ellos lo ven, de manera violenta, nosotros lo tomamos como derecho, y desde el 30 de setiembre hasta ahora hemos acudido a la Asociación de Desarrollo, hemos puesto todo en conocimiento del Estado y lo único que hace es callar”, sentenció.
Torres apuntó que el problema de la tenencia de la tierra en Cabagra es “bastante grande”, pues según dijo la mayoría de la tierra está en manos no indígenas, además indicó que se dan amenazas y actos de violencia.
Detalló que el pasado 17 de octubre un sobrino y tío suyos fueron agredidos con arma de fuego.
Ante la pregunta de qué actitud ha encontrado la comunidad indígena de Salitre en las autoridades del cantón de Buenos Aires, Hammer Figueroa respondió que “más que todo, racista, discriminatoria. Los policías han llegado hasta a decir que no quieren hacer nada. Es como que no les importa, muchas veces van y vienen simplemente a cumplir su función laboral, a veces hasta con mal carácter… como son de Buenos Aires, algunos pueden ser familiares de quienes no son indígenas”.
Sobre las expectativas que tiene para el 2017, el indígena ponderó que ante las “agresiones físicas bastante graves, en vez de echarnos atrás o tener miedo, creemos que es una manera de defender la tierra y nuestro derecho”.
Así, expresó que este 2017 continuarán las recuperaciones. “El Gobierno se ha puesto en manos de las fiscalías y demás autoridades para que digan que les demos seis meses y resuelven para no entrar en violencia, pero pasan los plazos y no hay respuestas. Lo que ahorita se está dialogando entre nosotros es la lucha, seguir en lo mismo, no importa, muera el que muera, pero la lucha va a seguir”.
El indígena bribri Gonzalo Torres habla sobre los procesos de recuperación de tierras:
Así empieza el 2017
Este lunes alrededor de las 10:30 a.m. se presentó un nuevo hecho violento en el territorio indígena de Salitre.
De acuerdo con información firmada por la familia recuperadora Ortiz Delgado, la Coordinadora de Lucha Sur Sur y la organización Ditsö, a esa hora comenzó un incendio en la finca de los indígenas Wilberth Ortiz y Mariana Delgado, en la localidad de Río Azul.
Según esas fuentes, la finca fue recuperada hace cuatro años y el incendio de este lunes “provocó la perdida de todos los cultivos, como caña, pejibaye, banano y yuca, árboles que se habían sembrado para recuperar la quebrada y materiales como mangueras y postes”.
Añade además que “la policía y los bomberos pasaron por el lugar pero no se hicieron presentes, no hablaron con la familia indígena afectada”, sino que hablaron con “el también usurpador Willian Arias; situación que siempre pasa, que ha sido denunciada y ante la cual, ni el Gobierno, ni la policía, ni el Poder Judicial han actuado”.
Al respecto, el ministro de Comunicación Mauricio Herrera informó al cierre de edición que “todavía está por determinarse cuál fue el origen del fuego que quemó una porción importante de un terreno”, al tiempo que destacó que “no hubo peligro de afectación a la vida de las personas en el sitio”.
Según el funcionario, la Fuerza Pública “tomó con toda seriedad la situación y atendió en lo que correspondía”.
Herrera subrayó que se mantiene “un esfuerzo muy fuerte para promover el diálogo y la solución pacífica de los conflictos en todos estos territorios”, y que “siempre ha habido de parte del Estado y especialmente de las autoridades judiciales un compromiso absoluto con la protección de la vida y los derechos humanos de todos los habitantes de la zona”.
El hecho también fue denunciado por la Red de Mujeres Rurales, la cual en términos muy fuertes reprochó que “una vez más los finqueros invasores del territorio indígena Dirió Siêiê (Río Azul) del Territorio Bribri de Salitre y los funcionarios racistas de las instituciones cometen agresiones contra el pueblo bribri, contra los legítimos dueños del territorio”.
La Red coincidió en denunciar la inacción de los cuerpos de emergencia correspondientes ante el incendio, recordó que fue precisamente un hijo de Delgado quien fue marcado con hierro caliente y subrayó que “a lo largo de los últimos años los finqueros acuerpados por las autoridades han cometido muchos delitos contra el pueblo bribri de Salitre y quedan en total impunidad”.
“Esta impunidad -continúa el comunicado- favorece y fomenta que se sigan cometiendo este tipo de acciones criminales, estas violaciones a los derechos legítimos del pueblo bribri”.
