António Gomes, director Adjunto Interino de Asuntos Financieros y Empresariales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), formó parte de la delegación que visitó el país la semana pasada como parte del proceso que sigue Costa Rica para adherirse a esa entidad.
La visita incluyó reuniones de trabajo con la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa constituida para tratar los asuntos de este proceso.
A continuación, la entrevista realizada el miércoles pasado en la sede del Ministerio de Comercio Exterior.
¿Por qué debería importarle a la población costarricense que el país se incorpore a la OCDE?
-La OCDE es un espacio para la cooperación internacional y para que en las diversas áreas de gobierno se busquen las mejores políticas. El lema de la OCDE es “mejores políticas para mejores vidas”.
Cada uno, solo, no tenemos las mejores soluciones para nuestros ciudadanos y para nuestras políticas. Lo mejor es estar en conjunto con países con mucha experiencia en diferentes áreas, pero no todos con las mismas soluciones.
El trabajo de cooperación, de búsqueda de mejores prácticas es lo que puede contribuir también a que Costa Rica se desarrolle más, siempre teniendo como fin el bienestar de los ciudadanos.
¿Cómo manejan las diferencias culturales o de contexto entre países?
-Esa es una de las riquezas de la OCDE, que hay muchas diferencias. Claro que estamos hablando de países con algún nivel de desarrollo, pero también de países que están en diferentes áreas geográficas y que enfrentan, a veces, desafíos comunes, y, a veces, diferentes, dependiendo de su circunstancia particular.
La cuestión de la diferencia no es necesariamente un problema, es una riqueza. Y la OCDE también se ha abierto al mundo comprendiendo que no interesa solo lo que pasa entre los 36 países que la integran, quizás en el futuro próximo también Costa Rica, sino también lo que pasa en el resto del mundo.
Entonces, hay un trabajo de cooperación, de colaboración, con muchos otros países.
La OCDE fue creada para potenciar el desarrollo y el crecimiento económico y la integran los países con más alto desarrollo en el mundo. Pero llama la atención que un país como México, con tantos problemas tan graves, incluso de gobernabilidad en zonas importantes de su territorio, de presencia del narcotráfico, de la corrupción, etcétera, forme parte de la organización. Si tomamos como un hito a alcanzar el hecho de pertenecer a la OCDE, parece un poco extraño.
-Todos los países tienen retos, tienen desafíos y la participación en la OCDE claro que presupone tener un nivel mínimo interno de buenas prácticas, de buenas políticas. Por eso hay estos análisis en la adhesión sobre las políticas en diferentes áreas, no solo por las económicas sino también por las de salud, educación, trabajo, etcétera. Pero la idea de adhesión no es que los países sean perfectos.
Hay retos y una de las razones por las que hay riqueza en pertenecer a la OCDE es porque esos retos pueden ser abordados de una forma común, con cooperación internacional, de una forma multilateral.
¿Cuáles son las etapas que le falta completar a Costa Rica para poder formar parte de la OCDE?
-Un proceso de adhesión empieza con el análisis técnico, es como hacer un chequeo médico, mediante 22 comités técnicos. Ya se concluyó el análisis de 12 de esos comités y estamos ahora trabajando con Costa Rica para tratar las recomendaciones que fueron hechas por otros diez comités.
El presidente Carlos Alvarado visitó la OCDE en noviembre pasado y ha transmitido de una forma clara su compromiso con el proceso de adhesión y ha establecido su propia meta, de que en el 2020 Costa Rica pueda ser miembro efectivo.
¿Para que eso se dé Costa Rica tiene que haber empezado procesos o tiene que haber alcanzado ya algunos resultados?
-Cada comité hace su análisis de forma independiente y hay recomendaciones de varios tipos. En algunas se esperan pasos concretos, incluyendo legislación que tiene que ser pasada. En otros, puede ser el inicio de un proceso. Un plan de acción puede ser lo necesario. Depende mucho de cada uno de los asuntos que han sido abordados por los comités.
¿Cuál es la ventaja que obtiene un país una vez que se ha incorporado a la organización?
-El proceso de adhesión, en sí mismo, puede proporcionar que se haga este chequeo y que se pueda mejorar en muchísimas áreas. Por sí solo, debe ser entendido como una gran ventaja, con todo el apoyo de cada uno de los comités técnicos, su análisis y el trabajo del Secretariado de la OCDE.
Cuando ya se forma parte de la OCDE, se contribuye para este diálogo multilateral de buscar mejores prácticas. No es una imposición de mejores prácticas de unos a otros, es un diálogo abierto en el que Costa Rica también podrá conformar la agenda política de otros países de la OCDE.
Sabemos que Costa Rica está muy avanzada en gestión de la biodiversidad, turismo, ecología, etcétera. Son áreas que Costa Rica trae también a los otros países y a la discusión.
¿Cuáles dimensiones de este proceso de adhesión se trabajan en el área financiera y empresarial bajo su cargo?
-En el área de política de competencia, que es mi área de mayor experiencia, inclusive fui, hasta hace poco, el jefe de la División de Competencia de la OCDE y antes fui presidente de la Autoridad de Competencia de Portugal.
Otras áreas son las de inversión, gobierno corporativo, mercados financieros y anticorrupción.
¿La Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) del Ministerio de Economía es todavía un organismo muy débil?
-El área de competencia es fundamental para los países de la OCDE. Todos dan un valor muy alto, muy importante, a la existencia de marcos legales de competencia sólidos y de marcos institucionales también robustos y capaces de aplicar las normas de competencia.
Esto es así porque la libre competencia no significa competencia desenfrenada, sin reglas, sino competencia con reglas. Y esas reglas son las que impiden que haya restricciones a la competencia como son los carteles que aumentan los precios o las empresas dominantes que abusan de posición.
La competencia y la libre competencia con reglas permiten tener mercados que funcionen bien y esto tiene una dimensión social para los ciudadanos; una dimensión económica para las empresas y para toda la economía; y una dimensión fiscal en beneficio del Estado.
¿De qué modo una competencia regulada puede favorecer directamente a la ciudadanía?
-Para los consumidores una competencia con reglas significa precios más bajos, más variedad y opciones de escogencia, productos más innovadores, con más desarrollo técnico, pero también tiene un impacto en disminuir la desigualdad.
Hay un análisis del Banco Mundial con la OCDE, del 2017, que demuestra la relación entre la competencia y la disminución de la desigualdad.
Cuando hay restricciones a la competencia, sufren más directamente por eso los más desfavorecidos de una sociedad, los más pobres.
Cuando no hay competencia, la mayor parte de las veces los bienes básicos se tornan inaccesibles. La competencia trae, precisamente, la posibilidad a mucha de la gente que no tenía condiciones de acceder a estos productos.
En México, el mercado de telecomunicaciones sufrió una reforma profunda en el 2013. Se reforzaron el marco institucional y a las autoridades de competencia y se les dieron poderes para analizar el poder del mercado en las telecomunicaciones, sobre todo en las móviles. Y eso permitió una baja de precios, en algunos casos del 75%.
Más de 50 millones de personas pudieron tener acceso a servicios de banda ancha móvil. En términos de beneficios para la economía, esto representa cerca de 2% del PIB.
Entonces, más competencia significa beneficios para los ciudadanos, pero sobre todo beneficios para los más desfavorecidos, que gastan una proporción mayor de sus ingresos en el consumo de bienes y servicios básicos como alimentación, vivienda, energía o transporte.
En el caso de Costa Rica, ¿cuáles son las principales debilidades que tenemos en materia de competencia?
-El Comité de Competencia tuvo la oportunidad de hacer su análisis a profundidad e hizo un conjunto de recomendaciones que se pueden resumir en cuatro áreas fundamentales: la primera es la independencia de la autoridad de competencia, la segunda es la de los recursos de esta autoridad, la tercera es la de intentar comprender la extensión de las excepciones a la Ley de la Competencia y, finalmente, la promoción de la cooperación internacional o eliminar cualquier barrera a la cooperación internacional que hoy exista.
Diría que esto significa cambios tanto en el marco legal como en el institucional y que Costa Rica tiene allí aún mucho que puede hacer para mejorar.
Competencia significa competencia con reglas, como en los deportes. Hay necesidad de reglas y de un árbitro para garantizar que las reglas son cumplidas. Aquí hay necesidad de tener buenas reglas, pero también hay necesidad de tener un regulador fuerte, un árbitro que pueda garantizar que efectivamente son cumplidas.
Una buena ley sin una buena institución no funciona, como una buena institución sin una ley tampoco funciona. Hay que hacer un esfuerzo para mejorar las dos.
En el caso costarricense, ¿la OCDE recomienda revisar también los monopolios del sector público?
-La OCDE no tiene una posición sobre la propiedad de las empresas. Diferentes países de la OCDE tienen experiencias diferentes en relación a la participación del sector público en la actividad económica.
Hay países en que hay más intervención y otros en que hay menos. Pero no hay una posición, y el Comité de Competencia, en cualquiera de sus recomendaciones, no plantea una alteración a la situación de propiedad de las empresas públicas.
En todo caso, es importante que las empresas públicas, cuando tienen una actividad comercial, sean tratadas de una forma equitativa en relación con las empresas privadas que también están en esos mercados y que también se les apliquen las reglas de la competencia.
Puede haber un monopolio del Estado, pero es importante que ese monopolio, que tiene una posición de dominio, no abuse de esa posición y que respete las reglas.
No cabe a la OCDE cambiar esa situación. No significa que no pueda haber ventaja en esos monopolios, depende de la situación. Hay casos en los que puede ser justificado, otros en los que puede haber beneficios para la sociedad si hubiera más competencia en esas áreas. Pero eso no es parte de las recomendaciones de la OCDE.
¿Qué ventajas tendrían las empresas, de contar con una autoridad reguladora de la competencia fuerte?
-En primer lugar, por los desafíos de la competencia, las empresas están obligadas a tornarse más eficientes. Y no es solo reducir costos, es ser más eficientes en sus procesos, más creativas, encontrar nuevos productos, encontrar formas de satisfacción de las necesidades del consumidor. Las empresas se tornan más robustas porque tienen más competencia.
Pero también es verdad que las empresas pueden sufrir por la falta de competencia, por las restricciones a la competencia por parte de otras empresas. Si sufren, por ejemplo, de la existencia de un cartel en los insumos que necesitan, van a pagar más por esos insumos y eso significa que están peor desde el punto de vista económico. Pero también sus consumidores van a estar peor.
Si sufren de un abuso de posición de dominio aguas arriba, pueden ser perjudicadas. Entonces, para las empresas la existencia de competencia también significa un juego claro, un fair play y que se pueden desarrollar, volverse más sólidas.
En Costa Rica están presentes grandes supermercados, por ejemplo, estadounideneses -EEUU es también miembro de la OCDE-. Aquí han presentado una solicitud ante la autoridad de la competencia para adquirir supermercados más pequeños. ¿Cuáles son los criterios de la OCDE en un caso como este, cuando la escala de esa empresa, frente al tamaño de la economía costarricense, son “otros cien pesos”, como se dice aquí?
-No conozco el caso ni me voy a pronunciar sobre el caso, pero una de las áreas de la política de competencia es el control de fusiones y adquisiciones, y este es muy importante precisamente para evitar que una empresa, a través de su capacidad financiera de adquirir otras, pueda conseguir un poder de mercado que después, en último análisis, puede tener un impacto negativo sobre los consumidores.
No estoy diciendo que esto es lo que pasa en ese caso. Hay que saber quién está y no está en el mismo mercado y, en el mismo mercado geográfico, cuál es la situación competitiva en cada uno de esos mercados.
Es importante que haya una Ley de la Competencia que trate de las fusiones y adquisiciones y que sigan las mejores prácticas en esto, pero también de que haya una autoridad que tenga los recursos y la capacidad técnica para hacer esos análisis.
Hay que garantizar que la autoridad de competencia está efectivamente preparada para poder dar una buena respuesta en esta situación, en beneficio del consumidor. Y si una operación de fusión o adquisición puede tener un impacto negativo en el consumidor, entonces debe ser prohibida.
Las estadísticas de control de fusiones y adquisiciones en todo el mundo son más o menos las mismas. La mayoría de estas operaciones no tienen problema de competencia, no tienen un efecto negativo sobre los consumidores. Estamos hablando de casi un 95% de los casos analizados.
Hay un 1% que es prohibido y un 4% o un 5% que necesita de algún tipo de condiciones para poder proseguir, porque pueden tener riesgos para los consumidores.
¿Cuáles son las ventajas de la competencia para el Estado?
-El Estado se beneficia de una economía más dinámica, más competitiva, que potencie la productividad y el desarrollo económico. Y con más actividad también le permite recaudar más ingresos fiscales sin subir necesariamente las tasas de impuestos.
Lo segundo tiene que ver con las compras públicas. Estas pueden representar un 15% del PIB y muchas veces hay colusión de las empresas que licitan en las subastas de compras públicas.
La evidencia que la OCDE ha analizado en muchos casos es que los sobrecostos que paga de más el Estado son casi siempre superiores al 20% de lo que sería el precio normal.
Viendo la dimensión de las compras públicas y el efecto sobre los precios de la existencia de carteles en compras públicas, es muy importante tener una autoridad de competencia con capacidad para combatir estas prácticas.
Eso puede significar ahorros enormes para el Estado, que pueden ser aplicados después a muchas otras políticas, de salud, de educación, de justicia.
En México, en 2010, fue detectado y sancionado un cartel en el área de salud en los suministros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de soluciones de insulina para el tratamiento de la diabetes y de otras soluciones salinas.
Las empresas farmacéuticas se asociaron y hacían una rotación de quién ganaba cada una de las licitaciones. Después de los cambios que hicieron, se descubrió que los precios estaban un 57% arriba de los precios normales.
Las empresas fueron multadas, pero más importante aún, la introducción de la competencia permitiría al IMSS adquirir casi 300% más de insulina o más de 7.000% en soluciones salinas. Visto de otra forma, podría adquirir casi 700 ambulancias o 2.000 incubadoras para bebés.
Son impactos reales. Es muy importante tener una Ley de Competencia que prevenga este tipo de situaciones, que sea disuasoria y que, cuando se dé una situación de colusión, esta sea debidamente investigada y sancionada.
Esto beneficia a los consumidores, los ciudadanos, las empresas, pero también al Estado y a los contribuyentes.
Recientemente el presidente Carlos Alvarado anunció como una de sus metas el fortalecimiento de la Comprocom…
-Creo que el Ejecutivo está muy comprometido con la mejora del marco legal e institucional. También vi esto en la Asamblea Legislativa. Me parece que este es el momento ideal para hacer progresar esta agenda, que es muy importante no solo para el proceso de adhesión, sino también para los costarricenses.
