En menos de un año, la nueva Ley Marco de Empleo Público (10.159) entrará en funcionamiento, con lo cual muchos empleados públicos no solo verán sus salarios congelados, sino que en las instituciones con diversos tipos de autonomía, como el Poder Judicial o las universidades estatales, tendrán que lidiar con la inconveniencia de crear dos regímenes de empleo público distintos para sus trabajadores.
Y esto se explica por razones muy sencillas, según dos abogados laboralistas consultados por UNIVERSIDAD.
Manuel Hernández dice que los objetivos principales de esta ley son el carácter político y la finalidad fiscal.
“Esto viene a quebrar el diseño que establece nuestra Constitución Política”, Manuel Hernández.
“La ley viene a alterar nuestro diseño constitucional, porque fortalece y concentra el poder en el Gobierno, el Poder Ejecutivo, menoscabando la independencia del Poder Judicial y sacrificando la autonomía de gobierno de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), las universidades públicas y las municipalidades”, indicó Hernández.
Esteban Calvo resume la explicación en una ley de alcance general, que aplicaría para todo “el Estado, pero con tratamientos diferenciados”.
Dos regímenes de empleo público en una misma institución
Tras la sentencia de la Sala IV, en la cual se declararon 35 inconstitucionalidades al entonces proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336), los diputados optaron por remendar el proyecto, creando dos clases de trabajadores en las instituciones con autonomía constitucional, como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o el Poder Judicial, entre otros.
“La ley de Empleo Público se va a aplicar a todo el Estado. En el Poder Judicial, en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en las universidades públicas, en la CCSS y en las municipalidades va a haber dos estamentos de empleo público: habrá un grupo de personas dedicadas a las funciones exclusivas y excluyentes. Ese grupo de personas quedan excluidas de la aplicación de la Ley. El otro grupo de personas en esas entidades, que no se dedican a las funciones exclusivas y excluyentes, les aplicará la Ley de Empleo Público”, explicó Calvo.
Hernández indicó que una considerable cantidad de funcionarios de las instituciones autónomas tendrá su relación de empleo regulada por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan): “Eso significa que se viene a lesionar la autonomía de esas instituciones, además de que va a ser algo que va a provocar mucha conflictividad y problemas de gobernabilidad porque será, en cada institución, como una especie de dos cabezas que se vuelven y se comen entre ellas”.
El abogado explicó esa analogía señalando que va a ser muy complicado que una institución, por ejemplo, como la CCSS, realice una planificación estratégica de la organización y funcionamiento de los servicios que brinda, si resulta que el Mideplan va a tener a su cargo la regulación de empleo de una importante cantidad de funcionarios.
“Esto va a afectar lo que es la unicidad y la sistematicidad de las políticas de planificación y de organización de estas instituciones, porque van a haber prácticamente dos gobiernos dentro de cada una. Dos gobiernos que serán fuente de conflictos dentro de las propias instituciones y que va a dificultar el funcionamiento de los servicios públicos”, manifestó.
Lo contradictorio para Calvo es que la ley fue justificada argumentando que era necesario estandarizar todo el régimen de empleo público, y más bien se acentúan diferencias.
“Hoy en día usted se va al Poder Judicial y ahí ya hay un régimen de empleo único, igual que pasa en la Universidad de Costa Rica (UCR). Con la ley de empleo público usted se va a ir a estas instituciones y se va a encontrar dos regímenes totalmente diferenciados”.
¿Cómo funciona el salario global?
Igual de preocupante es para ambos abogados la creación del salario global para todo el sector público (la ley fue aprobada sin que fuera definido). Se trata de un esquema en donde no hay un salario base ni complementos salariales (pluses, incentivos, etc.), como ocurre actualmente con el salario compuesto, que prevalece en la administración pública.
“El salario global es el producto estrella de esta ley, pero a su vez es el producto más lesivo porque tiende a precarizar lo que son las condiciones laborales y, además de esto, el producto más inacabado y el producto más opaco de la ley”, aseveró Hernández.
Es “estrella” porque “se convierte en una herramienta de contención fiscal” y es el producto más “opaco” porque se establecen de forma muy difusa los criterios con base en los cuales se va a definir ese salario global en cada una de las familias laborales que se establecen, explicó Hernández.
Calvo opina que el salario global se convierte en una herramienta para lograr salarios decrecientes en la administración pública, al no tener esos componentes que “empujan mecánicamente” el aumento salarial, como sí ocurre con el salario compuesto, donde todos los años aumenta.
“El salario será impuesto de manera unilateral por la administración pública, sin que exista espacio de negociación con las organizaciones representantes de los trabajadores, como sucede en todos los países medianamente democráticos”.
Hernández estima que la ley es abstracta, porque nunca dice cuál será la asignación monetaria que le corresponde a los factores relevantes del trabajo, como pueden ser el conocimiento o la peligrosidad.
“Al final, pues no queda claro con base en qué criterios se va a hacer la asignación financiera de cada una de las categorías de las clases de puestos, que desde luego va a ser con criterios de tipo presupuestario (y no técnicos) que van a tender a ser criterios sumamente restrictivos”.
Salarios congelados
Una vez establecido el salario global, la ley establece dos supuestos, según explican ambos especialistas. Uno, donde los salarios actuales que tienen los trabajadores son más altos que el salario global que se establezca y, otro, donde son más bajos.
En el primer supuesto, “esos salarios quedan congelados, no van a tener ningún tipo de aumento, por costo de vida no lo van a tener ni tampoco van a tener ningún ajuste del incentivo de anualidad, hasta que ese salario global de la categoría correspondiente llegue a alcanzar el salario superior de ese funcionario”, explicó Hernández.
En el segundo, “lo que establece la ley es que son trabajadores que van a continuar bajo el mismo esquema de ajustes salariales hasta que lleguen a alcanzar el nuevo esquema, lo cual va a ser muy difícil de todas maneras”, continuó el experto.
Hernández citó de ejemplo a un funcionario que gane ₡920 mil en la actualidad, con el esquema de salario compuesto, se fijó un salario global de ₡800 mil para ese mismo puesto. La diferencia salarial sería de ₡120 mil, entonces ese salario de ₡920 mil va a quedar congelado por años hasta que el global lo alcance, y en ese momento, el funcionario tendrá que pasar obligatoriamente a la nueva modalidad.
Calvo considera que la ley tiene los mecanismos que se encargarán de llevar a cada funcionario al salario global, tarde o temprano, por lo que, aunque siga aumentando el costo de vida, el empleado no tendrá aumentos hasta que su remuneración se equipare con el salario global: “En términos técnicos, es una pérdida de poder adquisitivo. En términos sociales, eso se llama empobrecimiento de la clase trabajadora”.
