País Encuesta CIEP-UCR

La huella del 2019: malestar con la economía y confianza en las instituciones

La mirada popular mantiene el castigo al Gobierno de Carlos Alvarado, que apenas reduce la reprobación. El empleo es el embrollo del año, pero el sistema institucional se resiste al pesimismo.

El último año antes de finalizar la segunda década de este siglo se cierra en Costa Rica con un ambiente denso de pesimismo, malestar con la economía, preocupación por el desempleo y reprobación del trabajo del Gobierno, aunque un poco de luz se cuela por el mantenimiento de los márgenes de confianza popular en las instituciones del país.

Es el cuadro que pinta la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizada con 1.004 entrevistas entre el 18 y 21 de noviembre.

El estudio de opinión muestra que siguen siendo mayoritarias las calificaciones desfavorables sobre el rumbo del país, el estado de la economía y la gestión del gobierno de Carlos Alvarado, aunque la desaprobación que este recibe se redujo de manera leve.


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Al finalizar un año con la economía frenada y una crisis de empleo, la percepción popular lo refleja en sus respuestas: el 68% ve malo el rumbo del país y solo 13% lo considera positivo. Estas cifras ya eran similares desde finales del 2018 y son más graves que las que se registraban en todos los estudios del CIEP desde el año 2013.

Al acotar la situación del país en los temas económicos, los números tampoco mejoran: el 80% de la población tiene un concepto desfavorable sobre la economía nacional, una cifra que no se había alcanzado en administraciones anteriores. Según se proyecta del estudio, solo 8% de las personas tiene una valoración positiva, aunque llegó a ser el doble en 2016 (gobierno de Luis Guillermo Solís) y en el 2013 (gobierno de Laura Chinchilla).

La población en buena medida responsabiliza al gobierno por esta situación, o al menos por la falta de respuestas que cambien el paisaje económico. Así se ve en el cuadro sobre el trabajo del Poder Ejecutivo: de cada cinco entrevistados, tres lo reprueba, uno dice que “regular” y uno lo aprueba, niveles que se han mantenido durante toda la segunda mitad del 2019.

La única buena noticia que trae este estudio para el presidente Alvarado es pequeña, pero estadísticamente significativa. Las valoraciones negativas al trabajo de él directamente pasaron de 65% a 59%, aunque el cuadro muestra que quizás obedezca a personas que se sumaron a la categoría de “regular”, que ahora acumula a un 19% de la muestra. Igual solo el 22% aplaude la gestión del mandatario, una cifra casi idéntica al 21% registrado en agosto, después de un año de caída progresiva.

Alvarado muestra un bajo apoyo popular, en línea con la precaria imagen popular con la que inició su gobierno, en mayo del 2018, como lo mostraron también estudios del CIEP al señalar que careció de la “luna de miel” que suelen gozar los presidentes entrantes.

Esa fragilidad se relaciona con las elecciones que ganó en segunda ronda, después de que en la primera vuelta obtuviera el apoyo de solo el 13% de los ciudadanos. Además ha tenido que bregar con solo 10 de los 57 curules (17,5%), aunque en una dinámica política de respaldo de distintas fuerzas opositoras y con la presencia en el gabinete de notables figuras ajenas al Partido Acción Ciudadana (PAC).

Hay otro elemento que conecta el proceso electoral 2018 con la impopularidad actual de Alvarado: el perfil de quienes lo aprueban y desaprueban. De nuevo los que más le dan la espalda son los habitantes de la periferia del país y las personas que buscan empleo y no encuentran.

En sentido contrario, los menos críticos son personas de más de 55 años, pensionados y con estudios universitarios, aunque los niveles de aprobación entre estos grupos llegan, en el mejor de los casos, al 20%.

Hasta las mejores segmentos son deficitarios para Alvarado al cumplir un año y medio en el poder con un estilo de gobierno que se caracteriza por el intento de equilibrismo entre distintos grupos y postulados, aunque con una fuerte prioridad por atender las urgencias fiscales. Eso, en buena medida, le ha generado numerosas críticas desde sectores muy diversos, lo que caracteriza este 2019 como un año alto en conflictividad social, tal cual señaló el informe anual del Estado de la Nación.

Con un desempleo que supera el 11% de la población trabajadora, más la tasa de subempleo, las brechas laborales y el crecimiento de la informalidad, tampoco es de sorprenderse que ese sea señalado como el principal problema del país.

Así lo señala el 32% de los entrevistados, como lo han señalado en las tres encuestas realizadas por el CIEP en este 2019. Parece un tema anclado en la realidad del país, pero que tampoco corresponde solo al año que finaliza; todas los estudios desarrollados en el mes de noviembre desde el 2013 señalan el desempleo como el mayor problema nacional, salvo en 2018, cuando aparecía de segundo, por debajo de “costo de vida y situación económica”.

Parece que el empleo como problema se ha ido acumulando a lo largo de los años y no solo se manifiesta con el crecimiento en la tasa de desempleo, sino también en las desigualdades entre regiones, generaciones y género, dado que a las mujeres se les complica más. Además, la desaceleración económica ha golpeado más a sectores productivos que más podrían absorber a la población desempleada, como el agro, la construcción y el comercio.

El tercer problema más mencionado por los encuestados es la inseguridad, lo cual hace que no aparezca entre los tres primeros “gestión del gobierno” ni “situación fiscal”, como ha ocurrido durante el último año y medio.

Confianza en las instituciones

En la calificación que los encuestados ponen al Gobierno, este mejoró levemente desde una nota de 3,8 a 4,3, pero tampoco pueden celebrar en Zapote, pues en general hubo una mejor evaluación popular para todas las instituciones incluidas en la encuesta. Es como si hubiera un mejor ánimo de las personas o una mayor apreciación por las instituciones como un todo.

En una lista de 21 instituciones, no todas ellas del sector público, sale como mejor evaluada la Universidad de costa Rica, con una nota de 8,1, igual que en la encuesta del mes de agosto.

Por las fechas del estudio de opinión, podrían haberse recogido las percepciones acerca de la discusión en torno al financiamiento de las universidades públicas, pero no sobre el enfrentamiento entre un grupo de estudiantes y policías frente a la Facultad de Derecho, en la noche del 21 de noviembre.

En segundo lugar aparecen el resto de universidades públicas. En tercero, el OIJ que aumenta su nota a 7,3, al igual que el resto de instituciones que le siguen. En cuarto, las universidades privadas; en quinto, el ICE, y en sexto, el Tribunal de Elecciones.

Las dos instituciones que más mejoran su nota en el último trimestre son la Iglesia católica, que pasa de 5,8 a 6,6, lo que la haría colocarse al nivel del TSE, y la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la organización religiosa sigue estando por debajo de los valores que mostraba hasta mediados del año 2017, después del cual bajó la nota en medio de diversos cuestionamientos.

La Asamblea Legislativa también sube ocho décimas, de 3,9 a 4,7. Aunque sigue ocupando los últimos lugares, revierte la caída que registró en la encuesta de agosto, cuando recibió la nota más baja desde el 2013. También en agosto el Gobierno alcanzó la nota más baja, aunque ahora recortó medio punto.

La nota más baja la sigue recibiendo la figura de los partidos políticos, pese a su mejoría de medio punto. Además, en esta ocasión se preguntó por sindicatos y grupos empresariales; los primeros reciben una nota de 4,8 y los segundos, de 6.


Abel Pacheco gana puntos sin chistar

Las figuras políticas más prominentes del país tampoco deberían tener nada qué cobrar al último trimestre. Ninguna redujo su puntuación y todos los expresidentes incluso la aumentaron, así como el actual mandatario Carlos Alvarado.

En orden de notas, la lista la vuelve a encabezar el exmandatario Abel Pacheco (2002-2006), que incluso mejoró ocho décimas en relación con agosto. No deja de ser un caso curioso, porque fue el que más subió en meses en los que no se registran hechos ni declaraciones públicas que involucren a este psiquiatra retirado de 85 años.

El expresidentes Óscar Arias, en cambio, sí aparece involucrado en noticias durante este año, después de que este semanario publicó la existencia de una denuncia en su contra por violación sexual a una mujer. El caso está aún en investigación y la inocencia o culpabilidad del Nobel de la Paz 1987, en veremos.

Llama la atención el alto porcentaje de personas que respondieron que conocen al alcalde de su cantón: un 88%, aunque la pregunta del cuestionario no pidió a los entrevistados el nombre del gobernante local.

La encuesta también preguntó por el diputado liberacionista Carlos Ricardo Benavides, por ser presidente de la Asamblea Legislativa. En su caso, solo es conocido por un tercio de la muestra y le dan una nota de 4,9, dos décimas arriba de José María Figueres y tres sobre Luis Guillermo Solís.

El estudio también muestra una nota de 5,8 que los encuestados dan a sus respectivos alcaldes o alcaldesas, cuyos puestos se someterán a elección dentro de dos meses, el 2 de febrero del 2020.



 

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