Pago de dádivas, relaciones ocultas entre empresas o la alteración de estudios de calidad del asfalto son algunos de los actos en que la acusación de las autoridades judiciales por el caso conocido como Cochinilla vinculan a Carlos Cerdas, dueño de la empresa Constructora MECO S.A.
A esas conclusiones llegaron luego de un muy amplio operativo de escuchas telefónicas, tras la intervención de varias líneas, entre ellas la del propio Cerdas, desde 2019.
Por ejemplo, la acusación menciona a Tobías Arce, “quien para llevar a cabo estas acciones ilícitas en su función de intermediario entre MECO y el CONAVI, es remunerado constantemente por la constructora, con aprobación directa del dueño Carlos Cerdas Araya”.
Esa acusación describe varios pagos de dádivas realizados “bajo la jerarquía, dominio funcional y autorización Carlos Cerdas Araya”.
Por ejemplo, apunta que por incumplimientos contractuales relacionados con obras ejecutadas en Nicoya, Guápiles y San Carlos, bajo es condición Oscar Martínez Martínez, presidente de la empresa evaluadora Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), “dieron una dádiva consistente en sesenta mil dólares en favor de funcionarios públicos o sujetos equiparados”, con el fin de “obtener un beneficio patrimonial antijurídico para MECO e lTP”, el cual consistió en el pago de la obra y evasión de los pertinentes castigos económicos.
De la misma manera se menciona un pago por ¢200 mil a un funcionario de la empresa Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (Cacisa) por “la manipulación de muestras referentes a mezclas de transición (asfálticas) que no cumplían con las especificaciones” exigidas.
Otro de los casos detectados es el del pago a Carmen Madrigal Rímola, gerente de Proveeduría del Conavi, por información respecto a un proyecto denominado La Gallera/Curridabat y sobre temas relacionados con la mezcla asfáltica de una obra ubicada en Guanacaste. También en Conavi la acusación apunta el supuesto pago a Carlos Solís, gerente de Adquisiciones y Finanzas, para “interceder en el pago célere y prioritario de las facturas de MECO, lo cual incluyó intervenir ante el director ejecutivo del CONAVI para obtener la orden de pago antes del cierre de semana santa”.
Otro de los casos de pagos de dádivas fue a los funcionarios Cristian Fallas Hernández, de Conavi, y Erick Rodríguez Araya, del MOPT, por $1.500. El 6 de mayo de 2020 Cerdas Araya estuvo presente cuando se hizo el pago, según la acusación, con el propósito de que los funcionarios “simulando actos administrativos” generaran “la necesidad de realizar trabajos en asfalto en la Zona Atlántica (Guápiles), en beneficio de la empresa MECO”, que posee una planta de asfalto justo ese cantón.
Ya en otro nivel de acciones, la acusación señala que Cerdas Araya como dueño de MECO, y Mélida Solís y Roberto Acosta, como dueños de H Solís, actuaron en conjunto entre octubre de 2015 y marzo de 2016 al participar en dos licitaciones y tener ventaja sobre los demás oferentes. De acuerdo con el documento, presentaron las ofertas más bajas, “posteriormente, apelaron los actos de adjudicación y una vez rechazados los recursos de las otras empresas, como Constructora Santa Fé y Grupo Orosi, el mismo día y casia la misma hora retiraron las impugnaciones para asegurar la firmeza de las adjudicaciones”.
Otro de los hechos mencionados, ya divulgado por UNIVERSIDAD, es que a través del expresidente Miguel Ángel Rodríguez busco influir en el entonces ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, en busca de una conciliación en un proceso contencioso administrativo entre el MINAE y la constructora.
ITP
El esquema empresarial de MECO involucra a empresas subsidiarias en proyectos de obra pública, como ITP, Concreto Asfáltico Nacional S.A. (Conansa) o MACO.
Llama la atención el vínculo de la empresa ITP, que según se lee en la acusación, a través de las intervenciones telefónicas se reveló que “no se trata de una relación comercial sino de una dependencia”, pues se trata de “un negoció conformado de tal manera que los servicios de ITP satisfagan los intereses económicos” de MECO.
ITP desde 2012 fue seleccionada por el Conavi como laboratorio de verificación de calidad, tiene como secretario de la junta directiva a un sobrino de Carlos Cerdas, Sergio Fernández.
La acusación señala que en realidad “se trata de un apéndice de la estructura principal a la que sirve y a quien custodia sus intereses económicos pues al final, son los mismos suyos”.
“No hay ninguna posibilidad de desvincular dos empresas que, aunque en teoría, una desarrolla obras y la otra debe prestar servicios de verificación y supervisión de calidad – ambas para el Estado – mantienen una relación de patronazgo, de subordinación, impidiendo predicar respecto de los servicios de la segunda, cualquier posible actuación objetiva y ligada exclusivamente a los servicios para los que fuera contratada”.
En una de las intervenciones telefónicas Óscar Martínez, presidente de ITP, relató que “él, José Alfredo (Sánchez, presidente de MECO) y Carlos Cerdas eran las tres personas que habían creado la empresa ITP”.
