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La cuenca del Chirripó es masacrada por extracción minera

Más de 30 concesiones vigentes para explotar en cauce de dominio público o para establecer plantas de procesamiento causan un daño difícil de cuantificar en la riqueza biológica.

“No hay control, no hay revisión, toda la base de recursos y bienes naturales que permitió esta corrupción viene de los ríos y las canteras, es el eslabón más delgado de la cadena de corrupción y en el que menos nos hemos centrado”.

De manera concisa el geógrafo Mauricio Álvarez, docente del programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR), se refirió al embate extractivista que padece la importante cuenca del río Chirripó, a la luz del escándalo por el llamado caso “cochinilla”.

Una consulta a la base de datos de la Dirección de Geología y Minas (DGM) hecha por Álvarez arrojó que en la cuenca del Chirripó están vigentes 60 concesiones, ya sea para explotación de materiales como piedra y arena en cauce de dominio público (CDP) —52 de ellas— o para establecer “plantas de aprovechamiento”, como quebradores.

Se trata de 29 concesiones temporales —las otorgadas a los ministerios, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a las municipalidades, según el Código de Minería—, y otras 31 vigentes para el sector privado.

Además, se han otorgado 19 concesiones que ya fueron archivadas: nueve están en trámite, tres en estado “para resolver legal”, seis fueron rechazadas y una fue suspendida.

Esos datos se refieren, según detalló Álvarez, a la llamada cuenca Chirripó Norte, que abarca ríos desde el volcán Barba, como el río Sucio, el cual acarrean aguas desde la parte norte del valle Central hasta la región Caribe.

Según explicó Álvarez, también está la cuenca del Pacífico, la del Atlántico, que está en Matina y nace en Chirripó alto, y la Norte, que abarca río Sucio y otros”.

Daño biológico

Álvarez enfatizó que la actividad es un problema para la ecología de los ríos, inclusive donde existieron poblaciones de peces como bobos (Joturus pichardi) que “migraban río arriba, son parte de ecosistemas con mucha diversidad de peces que definitivamente se ven afectados”.

Apuntó además que, en términos ambientales y sociales, se ha dado un efecto acumulado de muchas actividades, porque “se le suma efectos sinérgicos, como las piñeras y bananeras que hacen un desastre”.

También citó “alguna actividad hidroeléctrica” y agricultura distinta al monocultivo, por lo que se da una “interacción de muchos efectos que deterioran totalmente” los ríos.

Por lo tanto, la explotación minera se suma con fuerza a una serie de factores que contribuyen al deterioro de la cuenca y, además, a “facilitar inundaciones y sus importantes impactos, porque al quitar material al río, aumenta la velocidad del caudal y con una gran lluvia la interacción de todos esos efectos lo hace más propenso a inundaciones”.

“En resumen —sentenció— es una situación totalmente grave, pues es una cuenca en coma”.

Por otra parte, la bióloga Isabel Alvarado, quien realizó una amplia investigación en 2018 sobre los estudios de fauna acuática en actividades de extracción en ríos, apuntó en primer lugar que, para 2016, la extracción en CDP representaba ya el 61% de todas las concesiones otorgadas.

Sostuvo que ese tipo de actividad altera la estructura tridimensional del cauce, cambia la carga de sedimentos y la capacidad de transporte del cauce, es decir, puede aumentar sedimentación, alterar la forma del río y la de todos los hábitats.

Alvarado reparó en la importancia de insectos acuáticos que viven en las piedras, como las libélulas que aportan a la polinización, así como de las bacterias que crecen entre el río y la permeación de agua hacia los mantos acuíferos. “No tenemos claridad de qué está pasando con toda esa fauna”.

Añadió que “la sedimentación afecta peces y anfibios en momentos puntuales, pero con los insectos se puede romper todo el sistema”.

La científica también subrayó el hecho de que tanto insectos como peces se adaptan a los ciclos de lluvias, pero “estas extracciones pueden afectar esos ritmos”.

Observó entonces que algunos autores sostienen que los impactos de este tipo de actividades en la biología se llegan a reponer entre 10 a 20 años después, pero que “a veces es imposible la recuperación total”.

Para Alvarado, el principal problema radica en la falta de información, tanto por parte de las instituciones del Estado, como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la DGM.

Faltan controles

Álvarez relató que investigó sobre los procesos de concesión en los que participó Luis Ureña Villalobos, funcionario de la DGM implicado en la causa del caso “cochinilla”, y encontró “desmadre tras desmadre”, pero “no solo con él, esto de la DGM ha sido un desorden desde hace años”.

Por su parte, la bióloga Alvarado detalló que en su gremio existe la percepción generalizada de que los estudios de impacto ambiental (EsIA) “no muestran lo que pasa en el ecosistema”, y añadió que “en Latinoamérica en general se han utilizado como herramienta política para decir que todo está bien”.

“En todo el proceso de EsIA y de concesión se hacen promesas por parte del Estado que no se cumplen”, lamentó. Dijo que en primer lugar existe una evaluación inicial que consiste en llenar un formulario, luego sucede que algunos EsIA “tienen más o menos información cuantitativa, pero cuando llegamos a control y seguimiento no hay nada, ni un dato que me permita decir si un río tiene más sedimentos, o ver el ecosistema”.

Dijo que en la Setena se le informó que, tras el cierre técnico que se realiza cuando una concesión llega a su fin, se cobra una multa respecto al incumplimiento de presentar estudios de seguimiento; es decir, no existen medidas de control efectivas sobre el desarrollo de la actividad extractiva.

Según dijo, hay un “vacío de normativa” en relación con lo que se debe incluir en esos estudios, pues “son genéricos” y no se formulan específicamente para cada situación, pues “no es lo mismo un puente a una extracción en río”.

Precisamente la investigación hecha en 2018 por Alvarado, para su tesis de licenciatura, halló que en el 96% de casos en que ha mediado un EsIA ha faltado monitoreo periódico institucional.


El río y los mecos

Fue precisamente una concesión otorgada a Constructora Meco S.A. para aprovechamiento en CDP sobre este río, la que llevó a un juicio en el Tribunal Contencioso Administrativo que terminó siendo parte del expediente del caso “cochinilla”, pues se consignó que en mayo de 2020 el dueño de esa empresa, Carlos Cerdas, llamó al expresidente Miguel Ángel Rodríguez para que intercediera ante el entonces ministro de Ambiente, su sobrino Carlos Manuel Rodríguez, para lograr una conciliación.

Además, es notorio que MECO aparece con cinco concesiones, dos ya archivadas —incluida la que provocó la célebre llamada al expresidente— dos en trámite y una rechazada. Esas tres en el cantón de Pococí.


 

 

 

 

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