Con reiteradas alusiones al desarrollista Raúl Prebisch, quien encabezó la Comisión Económica para América Latina (Cepal) entre 1951 y 1964 y a un programa que promueve la sustitución de importaciones, el organismo dio a conocer su documento de posición “Reconstrucción y transformación con igualdad y sostenibilidad en América Latina y el Caribe”, mediante el cual propone ocho políticas para transformar el estilo de desarrollo de la región y reconstruir las sociedades post COVID-19.
Anunciadas por Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la entidad, las ocho propuestas son: mantener políticas fiscales expansivas en un marco de sostenibilidad fiscal; poner en efecto políticas monetarias convencionales y no convencionales; impulsar una nueva política industrial para el desarrollo sostenible; desarrollar políticas laborales para la reconstrucción con la igualdad en el centro; impulsar la protección social universal y la construcción de un Estado de bienestar social; incluir la dimensión territorial en el diseño de políticas; fomentar la inversión sostenible intensiva en la generación de empleo y fortalecer el papel del Estado y de sus instituciones.
La economista afirmó que es necesario cambiar el estilo de desarrollo de la región a partir de la resolución de las tres crisis que enfrenta: la económica, la social y la ambiental, para hacer posible la erradicación de la pobreza para el año 2030 (ver el gráfico).
Estimó que la caída económica de la región llegará al 9,1%, las exportaciones se reducirán en 14%, el desempleo crecerá en 44 millones de personas (totalizará 231 millones de personas), la informalidad subirá al 54%, cerrarán 2,7 millones de empresas y los hogares sin Internet serán 40 millones, por lo cual auguró “una década perdida para la región”.
Según la Cepal, esas crisis se manifiestan en el lento crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y del comercio y en la mayor concentración de la riqueza desde la Segunda Guerra Mundial; en los altos y crecientes niveles de desigualdad y de asimetrías entre países, que registran aumentos en el desempleo, la pobreza y la desigualdad con mayores impactos en los grupos más vulnerables, como las mujeres; y en el hecho de que el planeta ha sobrepasado los límites de contaminación y destrucción de la biosfera.
Bárcena resaltó la urgencia de cambiar el modelo por el cual la región se encuentra con una persistente brecha entre las importaciones y las exportaciones, lo cual limita las posibilidades de hacer una mayor redistribución de la riqueza, incluso en las coyunturas de alto crecimiento económico.
“El problema de fondo es que la región, cuando crece, importa más y no exporta más”, enfatizó.
Calificó la situación agravada por la pandemia como “la peor crisis de América Latina y El Caribe en 100 años” y dijo que debido al impacto del COVID-19 y a la desigualdad, las condiciones existentes “se han vuelto insostenibles”.
La propuesta de la Cepal plantea la necesidad de realizar inversiones sectoriales para lograr “el gran impulso hacia la sostenibilidad” alcanzando un crecimiento del 4% del PIB que genere igualdad y elimine la pobreza.
Según la Cepal, ese desarrollo sostenible debe expresarse en el crecimiento de las tasas económica, social y ambiental, por medio de la descarbonización, la electromovilidad, la creación de la Canasta Básica Digital, la recuperación del turismo sostenible y el impulso a la industria manufacturera de medicamentos y equipos médicos para sustituir la alta dependencia de estas importaciones (ver los gráficos).
Las siete “propuestas concretas” que harían de “puente” entre la atención de la emergencia por el COVID-19 y el cambio estructural son: poner en efecto la Renta Básica Universal de US$ 120 al mes durante 12 meses para los sectores más vulnerables; ampliar los plazos y períodos de gracia de los créditos de las mipymes; crear la Canasta Básica Digital; mantener políticas fiscales y monetarias expansivas; hacer efectiva la solidaridad internacional en cuanto al alivio de la deuda en El Caribe y al pago de intereses en Centroamérica; realizar planes para recuperar la inversión con creación de empleo en sectores clave; y la realización de pactos políticos y fiscales para una protección social universal, progresiva y redistributiva.
Bárcena agregó que la región se caracteriza por tener “sociedades en las que grupos concentran el poder político y económico, lo cual genera un caldo de cultivo para la protesta social. Es necesario sustituir la cultura del privilegio por una de la igualdad”.
Además, afirmó que “estamos ante un cambio de época que reclama justicia ambiental intergeneracional”.
Por su parte, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, al presidir la inauguración del 38.° período de sesiones, llamó a acordar un “Plan Marshall” global para la recuperación de la pandemia de COVID-19, el cual sería financiado con un monto equivalente “al menos” al 10% del PIB mundial.
El “Plan Marshall” es el nombre coloquial dado al European Recovery Program, presentado por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, George Marshall, el cual fue una iniciativa de ese país por la cual aportó $12.000 millones de ese momento entre 1948 y 1952 para financiar la reconstrucción de los países europeos devastados por la Segunda Guerra Mundial.
“Es necesario aumentar el acceso a la liquidez y al financiamiento con el fin de extender las medidas de alivio a la deuda de los países de la región y los estragos producidos por la pandemia del COVID-19. Es la tarea más dura que ha tenido América Latina”, dijo Alvarado, quien resaltó la importancia del multilateralismo para lograr la reconstrucción sostenible.
Por eso llamó a apoyar iniciativas como el Fondo para el Alivio de COVID-19 (FACE), que busca reunir medio billón de dólares a pagar en un plazo de 50 años sin intereses o con intereses casi de cero, para prestar a los países de menores ingresos de modo que puedan hacer frente a los efectos sanitarios, económicos y financieros de la pandemia de COVID-19.
“No lograremos superar esta crisis si no lo hacemos en todos los lugares del planeta”, enfatizó.
Alvarado, afirmó que la región de América Latina y El Caribe enfrenta “la mayor crisis económica y social en la historia de la región”, debido a la pandemia de COVID-19, “con afectación de los derechos especialmente de los más vulnerables”.
“Esta crisis ha expuesto las brechas que afectan a nuestras sociedades. Hemos quedado al desnudo en nuestros defectos estructurales”, agregó, al tiempo que las identificó como la desigualdad, la baja productividad regional y sus limitaciones para crear empleos formales, lo cual genera “desencanto intergeneracional, desconfianza social y produce distancia entre ciudadanos, instituciones y gobiernos”.
Alvarado también se refirió a la experiencia costarricense y a la necesidad de ampliar el diálogo a todos los sectores sociales.
“Las legítimas demandas ciudadanas se extienden y hace falta incluir a más actores en el diálogo. En Costa Rica hemos escuchado y seguimos escuchando, todos los sectores están llamados a contribuir”, dijo, a la vez que advirtió contra los efectos negativos de la desinformación y el populismo.
Además, enfatizó en que, para la recuperación de la región una vez superada la pandemia “no podemos regresar a la normalidad anterior; es necesario reconstruir con igualdad, haciendo frente a tres crisis estructurales: la de la desigualdad, la económica y la ambiental”.
También se refirió a las iniciativas que buscan democratizar el acceso a las vacunas que eventualmente se desarrollen contra la COVID-19 y a la tecnología en tanto “bienes públicos locales”.
De este modo Alvarado también asumió, en nombre de Costa Rica, la presidencia de la Cepal por dos años, que es el período de duración de cada período de sesión.
En la inauguración del 38.° período de sesiones también participaron Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, país a cargo del organismo en el pasado período de sesiones; Kristalina Georgieva, directora Gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI); António Guterres, secretario General de la ONU; Angel Gurría, secretario General de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); y Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Cepal.
La directora Gerenta del FMI dijo que la actual crisis causada por la pandemia de COVID-19 “es una tragedia económica” para la región de América Latina y El Caribe, pues su economía decrecerá en 8,1 este año y “no se recuperará a los niveles prepandemia hasta el año 2023”.
Georgieva enfatizó en que “contener la pandemia y apoyar a las poblaciones siguen siendo las prioridades, para lo cual es necesario mantener las políticas de apoyo hasta que la pandemia termine”, a la vez que recordó que el FMI estima que 200 millones de personas caerán en la pobreza.
También afirmó que el FMI seguirá trabajando como “socio de la Cepal para construir un mundo más igual y equitativo, más verde y resiliente al cambio climático”.
Por su parte, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE calificó a la crisis por la pandemia de COVID-19 como “una de las más graves de nuestra historia” y enfatizó en que “en América Latina y El Caribe el impacto está siendo mayor que en cualquier otra región”.
Agregó que “se debe asegurar una recuperación sustentable e incluyente y aprovechar la crisis para renovar el pacto social de modo que tenga el bienestar como objetivo principal de las políticas públicas”.
Sobre los contenidos del nuevo pacto social lo caracterizó como inclusivo, que “baje los niveles de desigualdad tan altos, que hacen de la región la más desigual del mundo”.
Agregó que “la crisis golpea especialmente a las mujeres, los pueblos indígenas, las personas mayores, los migrantes, los jóvenes”.
“La crisis ha agravado los desafíos para la igualdad de género en la región, que se manifiesta en la informalidad y el bajo acceso a la protección social” y llamó a mejorar los servicios públicos de salud, educación, así como la infraestructura básica.
Recordó que “el 64% de ciudadanas de la región no confían en sus gobiernos”, por lo que “es necesario construir una cultura de integridad”.
Por primera vez en la historia de la Cepal, el evento reúne de manera virtual, del 26 al 28 de octubre, a los 46 países miembros y 14 miembros asociados de este organismo regional del sistema de Naciones Unidas (ONU).
