Luis Román y su esposa María Ocampo son un matrimonio de renombre político en Liberia, Guanacaste. Ambos son exdiputados en una familia de poder en la provincia que combina su participación en el Partido Liberación Nacional (PLN) con sus actividades empresariales, sobre todo relacionadas a las fincas agrícolas.
Una de sus fincas, acaba de pasar a manos del Estado de Nicaragua y no porque la haya vendido.
Un terreno de casi 800 hectáreas frente a la bahía Salinas, justo sobre la raya fronteriza con Costa Rica pasó a manos del Ejército de Nicaragua en un abrir y cerrar de ojos. El 24 de febrero de 2012 Román recibió un oficio del Procurador General de Nicaragua, Hernán Estrada, (hombre de confianza de Daniel Ortega) que le daba la noticia: expropiación.
Era el principio de un proceso largo que aún se no ha resuelto, pues el gobierno de Nicaragua aún no cumple el acuerdo de pagar indemnización, la mitad en efectivo y la otra mitad mediante tierras, como pactaron.
“Tengo claro que la solución está en el escritorio del presidente Ortega”, sostiene Román, que asegura tener buenas relaciones con Nicaragua y al mismo tiempo ser consciente del deterioro de la seguridad jurídica en ese país.
Román es solo uno de los cientos de ticos que mantienen relación de negocios con Nicaragua, el principal socio comercial de Costa Rica en la región, con el cual intercambió bienes por $700 millones en 2015, casi el doble de lo que se transaba en 2006, cuando Ortega retornó al poder.
Negocios bilaterales
Las inversiones ticas también tuvieron un repunte en los años recientes, pues se acercan a $70 millones, según datos de la Agencia de Promoción de Inversiones de Nicaragua (ProNicaragua) publicados por la prensa local. El promedio histórico era de $5 millones hasta el año 2010, pero se incrementó de manera sustancial, impulsada en parte por la notable inferioridad de costos de operación para algunas empresas, sobre todo del sector industrial.
Ejemplos de incremento comercial es la empresa cooperativa tica de productos lácteos Dos Pinos, que reportó ventas anuales por $15 millones en Nicaragua, y el traslado de una parte de la fábrica de plásticos Yanber. También la conformación de un consorcio en construcción entre la costarricense MECO y la nicaragüense Lacayo-Fiallos.
Estabilidad en veremos
Esto en parte ha sido posible por el clima de estabilidad que en general rige en Nicaragua para el sector empresarial, sobre todo el de mayor nivel. La tasa de crecimiento para este año se calcula en 4,6% del PIB, por encima del promedio de la región centroamericana, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ahora, sin embargo, hay visos de incertidumbre económica por las posibles sanciones contenidas en un proyecto de ley que se impulsa en Estados Unidos como manera de castigo por lo que consideran son violaciones a las normas democráticas en Nicaragua. La propuesta Nicaragua Investment Conditionality Act (NICA) activaría la censura de Estados Unidos al otorgamiento de créditos de organismos internacionales a Nicaragua.
¿Más migración?
Una posible consecuencia de esta ley, en caso de que se apruebe, se sentiría directamente en la economía, en la inversión pública en programas sociales, explica Juan Sebastián Chamorro, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Por tanto, la situación podría empujar a más personas a salir de su país en busca de trabajo en Costa Rica, como prevén organizaciones no gubernamentales y como advierte el exembajador Javier Sancho.
El censo del 2011 reportó 288.000 nicaragüenses en Costa Rica, pero por la informalidad se cree que la cantidad real casi duplica ese número. Sancho añadió que en sus últimos meses en Nicaragua (dejó la embajada en mayo) vio familias completas que migraban por primera vez.
La población nicaragüense tiene presencia en Costa Rica desde hace muchas décadas. En los años 20 hubo movimientos atraídos por la actividad económica de Costa Rica alrededor del banano. Entre los años 70 y 80, por la guerra, y a finales de los 90, por los azotes de la pobreza. Y hasta la fecha continúan, empresas y particulares para reforzar su brazo laboral. El agro, la construcción, el servicio doméstico y las empresas de seguridad son los principales sectores a los que acuden.
Conexión humana
Esta migración, como es de esperar, también ha derivado en familias binacionales y una cuota importante de población tica con ancestros nicaragüenses. Entre los habitantes de la ciudadela La Carpio (en San José) es fácil verlo, pero esta realidad se da también con frecuencia en zonas rurales y por supuesto cerca de la frontera común.
Entre los personajes ticos destacados de origen nicaragüense están la religiosa beata Sor María Romero, el científico Clodomiro Picado Twight y el historiador Chéster Zeleya (autor de libros base de Estudios Sociales en colegios públicos).
También las nadadoras hermanas Silvia y Claudia Poll y el futbolista seleccionado nacional Óscar Duarte, quien anotó un gol en el Mundial de Brasil de Brasil, 20 años después de haberse despedido de su madre, que emigraba a Costa Rica a buscar trabajo. “Gol de Nicaragua”, tituló la prensa de Managua para contar la hazaña deportiva de ese muchacho que después llamaría Daniel Ortega para sumarlo a su propaganda.
Tierra para disidentes
Pero ha habido también otro tipo de migración: la política. En los años 70 hubo presencia de connotados opositores al gobierno de Somoza, incluida la actual primera dama y futura vicepresidenta, Rosario Murillo.
Ahora es su hija la que huye del régimen. Zoilamérica Narváez cumple ya tres años de refugiarse en Costa Rica después de tener que abandonar su país por el acoso que, asegura, sufre de parte del Gobierno. Ese gobierno que dirigen su madre y el presidente Ortega, a quien en 1998 denunció por abusos sexuales cometidos cuando ella era niña y adolescente.
Narváez ahora es, para todos los efectos, una crítica del gobierno de su madre y padrastro. Por eso decidió quedarse en Costa Rica y desde aquí dice mantener comunicación con numerosos grupos opositores de Nicaragua que se mantienen en silencio para evitar represalias del sistema gubernamental y del FSLN.
Los viajeros “vip”
Otras personalidades nicaragüenses tienen también un pie en Costa Rica. Aquí ha vivido por años Humberto Ortega, exgeneral del Ejército y hermano del mandatario. También tiene casa en Costa Rica Roberto Rivas, el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) y hombre clave en el cuadro político que diseñó Ortega. Habita en un exclusivo residencial de Santa Ana e incluso dio alojamiento por años a dos hijos de Daniel Ortega, Maurice y Laureano, el hombre fuerte de los negocios familiares.
Rivas registra más de 200 ingresos y salidas de Costa Rica en los últimos diez años, tanto por la frontera terrestre de Peñas Blancas como por los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños. En el 2009 el periodista Ronny Rojas comprobó que Rivas usaba dos carros de lujo que evitaron pagar 52 millones en impuestos al Gobierno tico porque los mantenía inscritos a nombre de la embajada, a cargo en la última década por su hermano Harold.
En Escazú se pueden ver otros personajes políticos de Nicaragua, en parte porque suelen venir al Hospital Cima San José a atender sus problemas de salud. En ese centro médico murió este 10 de setiembre el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez Téllez.
Otro nicaragüense notable que se suele mirar por el centro comercial Multiplaza de Escazú es el expresidente Arnoldo Alemán Lacayo, condenado a 20 años de cárcel por lavado de dinero en su país en 2003 y sobreseído en 2009 por una polémica decisión de la Corte Suprema.
Él es la contraparte del pacto que en 1999 permitió a Ortega colocar gente de su confianza en los distintos poderes, a cambio de ceder espacios a otros miembros del círculo del opositor Partido Liberal Constitucional (PLC).
Sin visa para viajar a Estados Unidos, Alemán es un asiduo visitante a Costa Rica, rostro conocido en los cuerpos de vigilancia de la frontera de Peñas Blancas, pues incluso solía pasar con dos miembros de la Policía Nacional armados. Eso lo advirtió, en octubre pasado, el entonces embajador Javier Sancho a las autoridades de Cancillería y Seguridad Pública.
Vecinos incómodos
Durante el gobierno de Alemán se recrudeció el histórico conflicto bilateral entre Costa Rica y Nicaragua en torno a los derechos sobre el río San Juan, origen de un caso sentenciado en 2009 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que daba a las autoridades ticas la posibilidad de navegarlo, pero sin armas de reglamento.
En octubre de 2010, estalló un nuevo conflicto bilateral, en torno a la supuesta invasión militar a la costarricense isla Portillos; provocó un distanciamiento entre los gobiernos de Ortega y Laura Chinchilla que continúa aún hoy, aunque en diciembre de 2015 la CIJ emitió la sentencia y en Managua el “enemigo”, como llamó la presidenta a su homólogo, se comprometió a acatarla.
Ortega después fue más allá con referencias reivindicatorias de la provincia de Guanacaste (2011) y con intención sobre la isla Bolaños, en el Pacífico (2016).
El analista nicaragüense Roberto Cajina achacó a Chinchilla una parte de la responsabilidad por el debilitamiento de los partidos opositores nicaragüenses, pues explica que en ese 2010 Ortega supo aprovechar la “amenaza a la soberanía” para unificar a distintos sectores políticos, crear unidad nacional y, de paso, desinflar el activismo que podría haber orientado luego al proceso electoral. Pero nada de esto ocurrió, apunta.
El conflicto sobre isla Portillo enfrió las relaciones entre ambos gobiernos a pesar del cambio de mando en Costa Rica. Incluso el presidente Luis Guillermo Solís tuvo su episodio cuando fue anfitrión de la cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) y Ortega introdujo como miembros de su delegación a independentistas de Puerto Rico.
Efectos de la discordia
Otras manifestaciones de discordia han salpicado la relación, al negar el voto a candidaturas costarricenses en instancias internacionales o al rechazar el ingreso de estudiantes ticos que iban a participar en un acto cultural en Nicaragua. También hubo duras palabras en torno a la detención del empresario tico Daniel Gil Trejos en 2015, en condiciones violatorias de los derechos humanos, según la Cancillería tica.
En ese momento, hubo pronunciamientos judiciales que fueron contradichos directamente por el despacho de la Primera Dama, contó Javier Sancho, atribuyéndole la explicación a lo que le informaron los propios jueces. Gil, esposo de la exviceministra de Seguridad Marcela Chacón, fue extraditado a México el 7 de agosto en un amplio operativo policial y con acceso solo para la prensa afín al Gobierno. “Una burla atroz”, calificó en ese momento San José.
