Carlos Manuel Rodríguez

“La capacidad de monitorear es limitada”

Jerarca de Ambiente enfatizó que deficiencias institucionales no son excusa para no vigilar y sancionar violaciones a la ley.

El ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, atendió consultas de UNIVERSIDAD sobre el problema de la explotación de los ríos.

El jerarca reconoció deficiencias institucionales en el control de la actividad, aun cuando se da legalmente, e hizo un llamado a la población para que denuncie este tipo de abusos.


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Pobladores preocupados por explotación de ríos en el Pacífico Central


¿Cómo ha monitoreado el Minae la situación de explotación de ríos en el Pacífico Central, cerca de Chomes?

–Eso ya es un poco más al norte. Por supuesto que nos preocupa y nos ocupa. Son actividades ilegales no solo ahí, sino en muchos otros lugares del país. Muchas de esas actividades son relativamente pequeñas, pero no por ello nos dejan de interesar. No solo se da una actividad mediana y pequeña ilegalmente –gente que se mete a sacar material–, sino que muchas veces en las concesiones que se otorgan y no se cumplen con los compromisos. Se da una autorización para sacar  cierta cantidad de toneladas métricas, y se saca el doble o el triple. La capacidad que tiene el Ministerio de monitorear eso es muy limitada. Es un tema que constantemente abordamos y tratamos de trabajar. Tener cinco inspectores para todo el país hace que esa tarea sea difícil y de ahí la importancia de que ciudadanos y organizaciones nos ayuden con las denuncias del caso. Muchas veces las denuncias las presentan otras compañías que lo ven como un tema de competencia desleal.

Hay preocupación por la ampliación del tramo Limonal-Cañas. Se teme que genere mayor presión sobre el recurso de los materiales de los ríos. ¿Cómo se enfoca desde el Minae el problema que puede llegar a ser ese proyecto?

–Este, como cualquier otro proyecto grande de infraestructura que requiere material de este tipo, es algo que nos interesa. Hay suficiente material para suplir de materia prima a todos estos proyectos grandes. Por supuesto que las empresas que proveen de material a las constructoras tienen que tener todos los permisos y autorizaciones, de ahí la necesidad de que hagan un plan de inversión que establecen la ley y los reglamentos mineros.

Al ser una obra tan grande, todos los actores económicos, las empresas, tanto proveedoras como constructoras, son muy serias y formales. Lo que pasa es que muchas veces entre las mineras hay conflictos y rivalidades que las trasladan a los procesos de otorgamiento de permisos. Ese fue el caso de APM Terminals, donde había más de una empresa interesada en proveer materiales, entre ellas se denuncian y el Minae queda como un sándwich.

Mi temor no es tanto la actividad ilegal, sino tener las capacidades institucionales para dar certeza sobre la viabilidad ambiental de esos proyectos. La Dirección de Geología y Minas requiere una cirugía mayor.

Siempre está presente el problema de la presión de las grandes agroindustrias, en esta región hay piña, arroz y palma y los pobladores dicen que las empresas desvían el cauce de los ríos a conveniencia, a parte del tema de los agroquímicos. ¿Qué pasos debe dar el Gobierno para tener mayor control sobre esas agroindustrias?

–Tenemos un esquema de la gran operación de monocultivos, que aun cuando son importante fuente de divisas y empleo al país –lo cual es muy bueno–, el daño ambiental y a la salud pública sigue siendo alto e inaceptable.

El modelo de monocultivo intenso en agroquímicos, en cambio de uso de suelo, en uso de herbicidas, en la transformación de la topografía y los sistemas de drenaje natural, es algo a lo que tenemos que entrarle. El avance de expansión piñera ha generado una serie de contaminaciones fuertes en fuentes de agua  y así como avanza la piña, detrás vamos el Minae, el Ministerio de Salud y el AyA cerrando acueductos porque se contaminan. Es algo que en el Gobierno estamos claros, hemos tenido reuniones entre Agricultura, Ambiente y AyA, y ahorita tendremos una serie de reuniones al nivel del Concejo Ambiental para tocar estos temas al más alto nivel político y poner orden en la casa, todos tenemos que aplicar la normativa en salud pública y salud de ambiente. Y por más que haya deficiencias institucionales, esa no debe ser la excusa para que no estemos donde deberíamos en temas de verificación, monitoreo; pero sobre todo en sanción a violaciones de las leyes especiales que velan por la salud pública, ocupacional y la tutela del medio ambiente.

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