El Juzgado Civil, Trabajo y Familia del cantón de Buenos Aires de Puntarenas suspendió hoy, de manera temporal, el desalojo de dieciséis familias indígenas en la finca Kono Jú, dentro del territorio de China Kichá, en la Zona Sur del país.
De acuerdo con la resolución emitida esta mañana por el juzgado, no se ha abordado la situación social de los demandados en el sentido de si existen personas menores de edad o adultas mayores que estén dentro del inmueble.
Asimismo, se señala que la Sala Constitucional resolvió en enero de este año que “en los procedimientos de desalojo administrativo” es importante verificar si en el inmueble objeto del desalojo habitan personas menores de edad o adultos mayores, “en cuyo caso el Ministerio de Seguridad está en la obligación de dar traslado a las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) o del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) según corresponda, para que garanticen los derechos de las personas que pudieran encontrarse en una condición de vulnerabilidad”.
El PANI y el Conapam tienen 10 días para rendir un informe sobre esto al Juzgado y proponer una intervención a su cargo.
En el documento también se indica que el Ministerio de Seguridad Pública informó que en este momento carece del personal suficiente para evitar conflictividad y eventuales enfrentamientos entre las partes, tanto el día de la ejecución como posteriormente, por lo que el desalojo debe “reprogramarse” “una vez conste el abordaje referido antes y exista recurso policial suficiente”.
