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Juzgado penal dicta sobreseimiento definitivo a manifestantes acusados por protestas del 2019

La Fiscalía presentó acusaciones por incendio o explosión y obstrucción de vías públicas, pero el juzgado consideró que no había suficiente prueba, que la libertad de expresión es preponderante y que la obstrucción de vías no es delito cuando existen rutas alternas

El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José dictó este miércoles 21 de julio el sobreseimiento definitivo de las causas interpuestas por la Fiscalía contra seis estudiantes, que fueron detenidos en el marco de las protestas de noviembre del 2019.

Las seis personas, que participaron en las manifestaciones en contra de la aplicación de recortes al Fondo Económico de la Educación Superior y otras causas, fueron detenidas y procesadas tras los enfrentamientos del 21 de noviembre de ese año.

La Fiscalía presentó acusaciones por los supuestos delitos de incendio o explosión y obstrucción de la vía pública, pero el juez penal José Pablo León resolvió, primeramente, que las acciones en cuestión se dieron en el marco del «ejercicio de un derecho humano que, en ausencia de imputación específica e individual de actos de violencia, no podrían reputarse como delictivos» y agregó que «ante la ruptura y redefinición del contenido teórico de los elementos constitutivos del delito como concepto jurídico ya definido, lo que corresponde es rechazar la solicitud fiscal por insustancial y ordenar el sobreseimiento definitivo».

En su resolución, León analizó el contexto de las detenciones y las acciones señaladas como delictivas por las autoridades, considerando la preponderancia de la libertad de expresión, especialmente, en relación con el derecho a la protesta.

«El eje del reconocimiento de los derechos vinculados con la persona humana, que es un  tema ampliamente tratado por la doctrina dominante en los esquemas sociales y políticos con  identidad democrática, parte de la idea de que la persona debe tener la libre capacidad de  expresar sus ideas, sus opiniones, de concebir e interpretar, a partir de sus experiencias humanas,  el mundo que le rodea. En un contexto en el que prevalece esa noción de libertad, deben existir  otros componentes que trasladen ese principio a la realidad, como la libertad de reunión y  desarrollo, de educación y, en consecuencia, de conciencia crítica. Por ello es que se predica que el  reconocimiento de la condición de la persona humana inicia reconociendo su libertad», reza la sentencia.

En consecuencia, explica sería «contradictorio» afirmar que la vida humana es relevante para el sistema jurídico, si esta se entiende como una existencia limitada o cuando «para asegurar la experiencia humana, haya que  doblegar la conciencia y así, la dignidad».

«El Derecho no debería ser  más que una herramienta que conduzca, con restricciones, al orden social y a la intención de  comunidad, sin que pueda ser usado solo con carácter represivo que, sin evaluar y discriminar  adecuadamente los propósitos individuales o colectivos de los ciudadanos, establezca categorías  de juicio de conductas que, privadas de aquel componente finalista, solo alcancen a evidenciar  formalmente el supuesto normativo reprimido, sin separarlo de una realidad compleja como la  libertad de protestar», puntualiza el juez.

León además señaló contradicciones entre la acusación y la normativa. En el alegato de la Fiscalía se indica que los «estudiantes universitarios formaron parte de un grupo de personas que tenían como finalidad manifestarse contra diferentes políticas públicas, para lo cual decidieron obstruir ilegítimamente las vías públicas en las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica en San Pedro de Montes De Oca, donde realizarían una barrera humana y emplearían diferentes objetos para impedir el paso de vehículos».

También afirmaba que «a sabiendas los acusados de la ilegalidad de su actuación y que ésta provocaría la intervención policial para impedir la obstrucción de la vía pública y por ende la obstrucción del transporte tanto privado como público, acordaron proveerse de materiales inflamables (mezcla diésel-gasolina) y mantenerlos en el punto donde iban a realizar el bloqueo de la carretera, con la finalidad de provocar incendios en la vía pública y así repeler la legitima intervención policial». Finalmente, indica, se señalaba que estas y otras personas «que formaban parte del mismo movimiento, de común acuerdo y sin autorización de las autoridades competentes, obstruyeron la citada vía».

Primeramente, explica el juez, no es posible señalar que un bloqueo de vías se realiza sin autorización, cuando no existe mecanismo para obtener tal autorización. «Los actos de protesta no requieren autorización institucional o estatal ni existen mecanismos  normativos disponibles en ese sentido, de modo que una aplicación de la ley penal como la  pretendida, impediría el ejercicio de un derecho humano superlativo a la libertad de tránsito vehicular», indica. «Eso significa que cualquier ocupación de las vías  públicas en actos de protesta o de oposición en contra de políticas del Estado, conduciría, con  absoluta simplicidad, a la comisión del delito, lo que no es así».

Así mismo, reflexiona León, habría entonces que contemplar cualquier ocupación de vías como delictiva, «pues ¿dónde se solicitaría la  autorización estatal de ocupar una vía para protestar y a quién se le pide permiso para pensar y ser  consciente?» El riesgo de esta postura, indica es que pretender que una manifestación libre y colectiva de conciencia requiera de autorización, elimina el derecho  mismo o al menos, inhibe sobre la libertad de conciencia y amenza en consecuencia, los derechos humanos.

Seguidamente, la sentencia cuestiona la narración de los hechos de la Fiscalía y señala los múltiples puntos en que no se demuestra que las personas imputadas hayan sido directamente quienes cometieron uno u otro hecho, si no que se les señala individualmente por lo sucedido en una actividad colectiva, lo que es improcedente. Por ejemplo, indica, se les señala por cometer acciones de «común acuerdo» y de, conjuntamente, iniciar un incendio, aunque la narración misma detalla los distintos puntos de la protesta en que los seis jóvenes se encontraban y detalla que la persona responsable de iniciar un incendio fue sólo una, señalada como «no identificada».

Finalmente, sobre el delito de ocupación de vías, el juez consideró que habiendo vías alternas y nuevamente, contemplando la relevancia de la libertad de protesta, no corresponde en este caso. «En la escala de valores propuestos por la acusación y ante un supuesto  perjuicio de movimiento de una cantidad indeterminada de personas que debieron desviarse del  lugar en el que se concentraba la manifestación, sigue prevaleciendo el derecho a la libertad de  expresión y de pensamiento que, de reprimirse sobre la base de la preponderancia del tránsito  vehicular, se estaría prefiriendo el segundo sobre aquel que representa la manifestación de una  cualidad humana sin la cual, la libertad de tránsito vehicular tampoco existiría», puntualiza.

UNIVERSIDAD conversó con una de las jóvenes quien comentó que este fue un proceso tortuoso que implicó gran perjuicio para los acusados, no sólo por el cuestionamiento si no por las medidas cautelares interpuestas.

En la audiencia preliminar, relató, todas las defensas pidieron el sobreseimiento y señalaron los defectos en la acusación. Tras la intervención del fiscal, que la joven calificó como «lo que ocurre cuando se habla con una pared», el proceso culminó, hasta que se emitiera resolución.

«Hoy se nos comunicó la gran noticia del sobreseimiento, donde el juez afirma que no hay elementos probatorios», celebró.  «Adempas explica que la obstrucción de vías no es un delito mientras hayan vías alternas, lo que es muy importante para los movimientos sociales, para seguir defendiendo el derecho a la protesta, sabiendo que es un mecanismo legal y que no pueden llegar los policías a decirnos que no podemos manifestarnos de esa manera o criminalizarnos».

Esta persona, cuya identidad se reserva, afirmó que la lucha contra la criminalización de la protesta debe continuar en el país, pues cada día son más las personas «en el campo, en territorios indígenas, en comunidades, que salen a protestar y son criminalizadas o peor, que son víctimas de violencia, asesinatos y más, a vista y paciencia de las autoridades locales».

«Queda mucho camino por recorrer y esperemos que este proceso sea un antecedente para que los policías se la piensen dos veces antes de entrar a una protesta violentando y arrestando gente, como si pudieran hacer lo que les diera la gana», concluyó.

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