Este viernes, el Juzgado Concursal declaró en quiebra a Aldesa, separó a Javier Chaves y otros personeros de las sociedades ligadas con el grupo económico y ordena liquidar 24 sociedades, entre ellas Terramall S.A., Zona Franca Terra S.A., y Puerto Papagayo S.A.
Previamente, Aldesa mantenía un convenio con sus inversionistas, por el cual se ordenó la intervención de las empresas del holding. En este proceso, distintas sociedades de Aldesa fueron disueltas. Ahora, el Juzgado manda a liquidar, sin la intervención de Chaves y otros personeros, las sociedades que aún están debidamente inscritas en el Registro Nacional.
La quiebra fue una solicitud del abogado Ronny García. Esta petición fue realizada en beneficio de las personas inversionistas que, como ha reportado UNIVERSIDAD desde el 2019, mantenían incertidumbre de la devolución del principal e intereses de sus inversiones, tras años de desinformación desde el conglomerado.
El convenio acordado con las personas inversionistas incluía la suspensión del pago de intereses durante los primeros tres años del convenio, pero las cuotas iban a reinstalarse en el cuarto año (o sea, este 2023).
“Se ORDENA la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y representación de los representantes legales de todas las sociedades antes enlistados que integran el grupo de interés económico ALDESA quienes quedan inhibidos de la legitimación para disponer de los bienes concursales y obligar a la masa del concurso, se ordena la DISOLUCIÓN Y DESINSCRIPCIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS de las sociedades”, asegura la resolución emitida por la jueza Jennifer Arroyo.
Para el proceso de liquidación de las sociedades y sus propiedades, se deberá nombrar una persona liquidadora.
“La persona liquidadora queda de derecho autorizada para utilizar los medios tecnológicos que permitan la subasta, liquidación y venta del activo concursal en un plazo de seis meses contados a partir de su nombramiento”, asegura el documento.
Las personas inversionistas tienen 15 días para apersonarse al Juzgado Concursal, y ser beneficiarios de la liquidación de las propiedades.
Entre las acusaciones presentadas por el abogado Ronny García, la resolución cita el “falseamiento de datos y documentos, imposibilidad material de enfrentar el convenio, violación a la par conditio creditorum, mala fe y fraude de ley, ilegalidad y mala fe de las promoventes, información falsa a inversionistas de Graviton (una empresa de energía parte del conglomerado de Aldesa, y cuyo personero es Óscar Luis Chaves, hermano de Javier Chaves) y disposición de patrimonio sin informar a su autoridad, falta de claridad, ausencia de prueba e imposibilidad de verificación, inducen a error y vacían consentimiento de acreedores, abuso de las formas jurídicas para respaldar el apoyo a este convenio, información contable incompleta, desactualizada y que no está auditada”.
Sobre las sociedades que se enviarán a liquidación para beneficio de las personas inversionistas, el mismo Juzgado ordena que se venzan contratos anteriores a la declaratoria que se firmó este viernes, incluyendo aquellas con “prestaciones pendientes”. El Juzgado “podrá fijar las indemnizaciones que correspondan por la resolución contractual anticipada, las cuales se considerarán como créditos concursales comunes”.
Las personas inversionistas han acusado a Aldesa de no tener información sobre estos contratos, por ejemplo, las propiedades en las sociedades que se disolvieron antes de hoy.
