A finales de esta semana y durante la semana que viene, el Ministerio de Justicia y Paz recibirá a las organizaciones de familiares de personas privadas de libertad, que han presionado por mayor apertura en la visitación a los centros penitenciarios.
Este miércoles un grupo de familiares, incluidos menores de edad, hijos e hijas de personas que se encuentran en esos centros, se manifestaron frente a las oficinas de ese ministerio, pidiendo que se escuchen las demandas del movimiento que comenzó desde la semana pasada y que según informan, aún continúa.
«Es una buena señal que nos reciban y nos escuchen, pero lo que queremos es que los escuchen a ellos, que vayan y conversen, que entiendan lo que están sufriendo y lo que necesitan», dijo Mauren Esquivel, esposa de un privado de libertad y dirigente de la organización Familia Penitenciaria Unida.
Con carteles en que se leía «¡Conciertos masivos! ¡Bares abiertos! Y mi hijo no puede abrazar a su papá», «Los presos también tienen derechos» y «Los privados de libertad también son humanos», el grupo pidió cambios en las restricciones sanitarias que aún se mantienen y que según afirman, están distanciando a las familias.
La mujer dijo que este primer acercamiento da esperanza de que se puedan resolver las cosas, pues la viceministra Diana Posada, Viceministra de Gestión Estratégica y Coordinadora del Comando de Atención a la Emergencia por COVID-19, prometió una intervención y en ocasiones anteriores, su involucramiento ha tenido resultados favorables.
La ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar informó a UNIVERSIDAD que «todos los canales de comunicación con los familiares de las personas privadas de libertad» se mantienen abiertos y que ya se había dado respuesta a oficios y cartas recibidas así como a correos electrónico. Además, dijo, «las solicitudes de reunión las hemos agendado, tenemos agendadas reuniones con diferentes grupos de familias para esta semana y la próxima. Lo mismo que las personas que están y que se han manifestado el día de hoy frente a las oficinas centrales del Ministerio, se les ha tomado nota de los puntos de interés que traían y son incluso personas que ya pertenecen a estos grupos que tienen agendadas reuniones, esta y la otra semana».
Razones para la huelga de hambre
El pasado miércoles 16 de febrero se dio a conocer que un grupo de personas privadas de libertad en el Centro de Atención Institucional Terrazas inició una huelga de hambre, que al lunes 21 se había extendido extendido al menos a cinco centros penales más, como respuesta «a la falta de atención institucional a necesidades básicas que se han visto afectadas por la implementación de medidas sanitarias extremas, en un momento en que en el resto del país se retorna a la presencialidad y se retoma la realización de actividades masivas», según informaron proyectos de acción social de la UCR que trabajan con la población.
Esquivel indicó que las personas privadas de libertad y sus familias han sido «la población más afectada» por la pandemia, pues cuando había «cinco casos» y ninguna medida aún, ya se habían prohibido las visitas.
«Ahora, ya afuera vemos bares y restaurantes llenos, conciertos, eventos masivos, pero nosotros seguimos con una visita sólo de una hora, una vez al mes, y sólo puede entrar un adulto y un niño, es decir, mis dos hijos ven al papá una vez cada dos meses y aun cuando lo ven, no lo pueden abrazar, no pueden jugar con el, nada. Esto está destruyendo familias», dijo conmovida.
Según el testimonio de la mujer, el protocolo solamente permite una visita mensual breve, sin contacto y si un familiar, aunque sea un niño, rompe el protocolo y tiene contacto con una persona privada de libertad, el centro aplica una medida cautelar y prohibe las visitas por los siguientes seis meses. «Es una penalidad como si hubiera metido un teléfono o algo así», reclamó la mujer.
Además, desde marzo del 2020, a pesar de la baja de los casos y de los altos porcentajes de vacunación, tanto de los internos como de sus familiares, cientos de parejas no han podido compartir visitas íntimas pues Justicia no tiene aún un protocolo sanitario.
«Lo que queremos son soluciones, y fechas para esas soluciones, porque nos dicen que están trabajando en un protocolo, pero en eso llevan meses y nada, queremos que nos digan cuándo van a resolver esto», dijo Esquivel.
Todo esto motivó a la población a iniciar un movimiento que según las familias, aún continúa aunque con menos fuerza, en al menos seis centros penales y al que aseguran, incluso mañana se sumarán más; aunque Justicia y Paz lo niega.
La jerarca de Justicia y Paz dijo que al día de hoy, «solo 21 muchachas del CAI Vilma Curling se niega a recibir los alimentos que la institución brinda. Fuera de ahí, en el resto de centros penitenciarios no tenemos registro de ninguna persona que esté en esta situación, con lo cual han retornado a los procesos normales de alimentación que la institución les brinda cada día».
