Las autoridades del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, la Defensa Pública y la Fiscalía de Ejecución de la Pena visitaron el miércoles el Centro de Atención Institucional San José (conocido como cárcel de San Sebastián) para verificar el cumplimiento del plan remedial que se diseñó tras la orden de cierre técnico que se emitió sobre el centro en 2016.
La visita fue acompañada por la Dirección de Adaptación Social y la Policía Penitenciaria, según informó vía comunicado de prensa la Oficina de Comunicación del Ministerio de Justicia y Paz, quien ahora espera que se levanten las medidas impuestas por el mencionado juzgado.
Según indicaron, desde el 2017 ese ministerio ha invertido ¢1.038 millones en mejoras a la infraestructura, entre las que se cuenta el mejoramiento de las acometidas eléctricas, la remodelación del área de cocina y los dormitorios. Además, informaron que en julio pasado se cumplió la orden de enviar a la población sentenciada que permanecía allí a otros centros, pues el centro está previsto para población «indiciada» [sic].
El ministerio puntualizó que debido a esta reubicación, ahora el centro dispone de más de 300 espacios que podrán ser utilizados para ingresar a nuevos imputados a quienes se les dicte prisión preventiva . «Ahora corresponde esperar a que las autoridades judiciales se pronuncien», declararon.
Y es que desde el 2016 el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José dictó medidas correctivas y órdenes de cierre judicial a causa de los niveles de hacinamiento, el mal estado de las instalaciones y a la mezcla de privados de libertad condenados con quienes cumplen medidas cautelares, lo que prohíbe la legislación nacional.
Según detalló el comunicado de Justicia, el pasado 9 julio Adaptación Social entregó un informe de cumplimiento de las medidas aplicadas, tras lo que se coordinó la visita realizada este miércoles.
Según palabras de la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, esta se realizó para «que las autoridades judiciales pudieran ver, de primera mano, el cumplimiento de las medidas que surgieron en el 2016 mediante que se le aplicó al centro. Desde 2017 se comenzó a atender la orden, por parte del Ministerio de Justicia y Paz, tanto en infraestructura como en otros temas funcionales. En julio se cumplió la última medida que estaba pendiente, que era la de mover las personas sentenciadas a otros centros”.
Salazar agregó también que «una vez constatadas las condiciones del centro», espera que la orden de cierre sea levantada para poder recibir a las personas que en la actualidad se encuentran recluidas en celdas judiciales.
Cabe destacar que según información provista por el director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza, a la Sala Constitucional la tarde del mismo miércoles, a la fecha hay 358 personas en estas celdas. Estas personas, dijo, se encuentran «en condiciones deplorables, infrahumanas, insalubres y vergonzosas».
