País

Justicia encargó de emergencia a RACSA operación de tobilleras electrónicas

Contrato sería por seis meses, mientras CGR revisa apelaciones sobre adjudicación de empresa que sustituiría a la ESPH y que ahorraría millones de colones, según Rodrigo Chaves.

El Ministerio de Justicia encargó a Radiográfica Costarricense (Racsa) la operación de tobilleras electrónicas mientras la Contraloría General de la República (CGR) evalúa un contrato con una empresa que podría dar ese servicio en adelante y a menor costo, según el presidente Rodrigo Chaves.

En conferencia de prensa habitual de los miércoles, el ministro de Justicia, Gerald Campos, recordó que el contrato actual (Con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, ESPH) se vence el 8 de marzo y por eso corrieron a abrir un nuevo concurso, pero ahora hay apelaciones y mientras tanto se escogió a RACSA por seis meses para que opere esos aparatos a un costo 50% menor al actual, pues se pasa a $12 diarios por unidad a $8.

La adjudicación del contrato llega a $6 por unidad, la mitad que lo actual, lo que permitió al presidente Rodrigo Chaves retomar su discurso de ahorro de recursos públicos en los contratos de servicios para el Estado.

«El precio que ofreció la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) para extender el plazo del contrato es de $11.64, mientras que, el dado por Radiográfica Costarricense (RACSA) es de $9.60, con IVA incluido, por tobillera», informó el Ministerio de Justicia.

Mientras tanto, la Policía Penitenciaria duplicó la cantidad de personal designado para monitorear ese sistema de tobilleras o brazaletes, según Justicia.

Chaves dijo que este caso es parecido al de la revisión técnica de vehículos, con el problema de que el servicio no se puede interrumpir ni se puede obligar a la población con tobilleras a ingresar a la cárcel. «Son delincuentes, por algo tienen medidas cautelares», dijo Chaves sin especificar si se refería a personas con condena o a sospechosos que cumplen órdenes preventivas.

«El principal resultado es evitar la interrupción del servicio. Por eso hicimos todo lo necesario para adjudicar a una empresa cuyo beneficio para el país era una reducción considerable (en el precio). Lamentablemente todavía no tenemos certeza de la adjudicación y nos correspondió hacer una contratación por urgencia y aún así buscamos una empresa aliada que nos puede dar el servicio», explicó Campos.

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