A menos de 15 días de concluir el mandato del actual Gobierno, probablemente el ministro de Justicia, Marco Feoli, y la exministra Cecilia Sánchez, ya escucharon toda una galería de críticas –y hasta insultos– debido a su gestión.
Algunos de esos cuestionamientos circulan anónimamente en redes sociales, otros provienen de autores identificados por nombres y apellidos, y unos cuantos fueron objeto de discusión en la recién terminada campaña electoral en la que el Partido Acción Ciudadana (PAC) –el mismo que puso en esos puestos a Feoli y Sánchez– resultó nuevamente ganador.
Pero ni Feoli ni su exjefa (Cecilia Sánchez) serán parte de la administración del sistema penitenciario del nuevo Gobierno, según la escasa información que al respecto se conoce hasta hoy martes 24 de abril.
Sánchez dejó el ministerio al concluir el año anterior para ocupar la dirección del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud). Su entonces viceministro, Feoli, asumió entonces el liderazgo del ministerio hasta este próximo 8 de mayo, en que se dará el cambio de Gobierno.
Semanas atrás, antes de ser electo presidente, el entonces aspirante del PAC, Carlos Alvarado, ya descartaba la continuidad de Feoli en ese ministerio, sin dar mayores explicaciones al respecto.
Probablemente, mantener a Feoli en esa cartera hubiese sido una carta impopular para jugarse en una elección en la que ya se había cuestionado al gobierno del PAC por lo que muchas personas catalogaron como –y a pesar de las insistentes explicaciones técnicas del Ministeriob– una “liberación de golondrinas”, término que surgió luego de que el mandatario Luis Guillermo Solís intentara defender la política penitenciaria.
“Una golondrina no hace verano”, dijo Solís en junio del 2016 para referirse a un sujeto detenido por violar a una mujer y que estaba en libertad gracias a un beneficio carcelario.
La frase les cayó como anillo al dedo a los detractores de la gestión Sánchez-Feoli que apodaron “golondrinas” a cuanto exconvicto apareciera en las noticias. Mientras, el Ministerio repetía una y otra vez que la reincidencia de personas en régimen semiinstitucional (los que tienen el beneficio de pasar solo unas noches en prisión) era de solo 3% y que esas medidas de desinstitucionalización se aplicaban para cumplir fallos judiciales.
Cecilia Sánchez y Marco Feoli llegaron al Ministerio de Justicia en julio del 2015, tras una breve gestión de Cristina Ramírez, quien se rehusó a entregar a la prensa cifras sobre el hacinamiento carcelario aduciendo temas de seguridad nacional.
Ambos habían trabajado en el Poder Judicial y, desde su llegada al Poder Ejecutivo, se toparon precisamente con resoluciones de jueces que exigían a Justicia reducir el hacinamiento carcelario que, para entonces, superaba el 50%.
La meta que se fijó la administración Solís fue bajar la sobrepoblación al 20%, que es el máximo permitido por organismos internacionales.
Ahora, el hacinamiento con base en la capacidad real (espacios habilitados respetando estándar de cuatro metros entre cada uno) es de 36% y, con base en la capacidad instalada (camas colocadas) es de 21%.
“Ha bajado (el hacinamiento carcelario), eso es para sentirse satisfecho, lo que pasa es que digo que es una satisfacción con reservas porque hay centros penales que siguen teniendo niveles de hacinamiento muy alto, que están por encima del 20%”, explicó el ministro Feoli.
Pero llegar hasta ahí no solo significó tomar decisiones urgentes, sino acarrear con un costo político grande que marcó su gestión como impopular dentro de un sector de la población, como el mismo Feoli reconoce.
Las decisiones
Una de las acciones más impopulares de este Ministerio de Justicia fue cuando, en agosto del 2015, el Instituto Nacional de Criminología giró una circular para promover el traslado de privados de libertad al régimen semiinstitucional y así desahogar las cárceles y cumplir con fallos judiciales.
La medida no era nueva, pues desde el 2013 el juez de Ejecución de la Pena, Roy Murillo, había obligado al Ministerio a tomar acciones similares debido al hacinamiento carcelario. Además, se realizaban valoraciones ordinarias que permitían este traslado de modalidad.
Sin embargo, esa circular y una posterior flexibilizaron algunos requisitos y aumentaron la cantidad de excarcelaciones, lo cual generó el malestar de un sector de la población e, incluso, de algunos jerarcas policiales.
Tanto Sánchez como Feoli sortearon los reproches y se escudaron en el cumplimiento de las órdenes de jueces, a la vez que el Presidente de la República intentaba respaldarles con aquella frase referida a las pequeñas aves migratorias.
La segunda oleada de cuestionamientos se dio cuando el Ministerio impulsó con más fuerza la implementación de las tobilleras electrónicas, que estaban permitidas por ley desde el 2014 y que ya algunos jueces aplicaban sin que se pudieran ejecutar en la realidad por la inexistencia de tobilleras en el sistema.
Pero la administración de Sánchez promovió las contrataciones y así se empezó a emplear ese mecanismo de vigilancia alternativa a la pena de prisión.
Paralelamente, el Ministerio se avocó a construir nuevos espacios carcelarios, tanto con presupuesto propio como con recursos provenientes del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo cual hasta ahora ha logrado la creación de 2.700 nuevos espacios, con un modelo que pretende permitir la resocialización de la persona.
Además, promovió una ley de penas alternativas a la prisión que fue aprobada recientemente y que permitirá cambiar la pena de cárcel por trabajo cuando se trata de imputados por delitos no violentos.
Para Feoli, la gestión es “satisfactoria”, aunque reconoce que los esfuerzos pueden ser minimizados sino se logra calar en la política punitiva.
“Lo que yo creo es que a los jueces les hemos dado más herramientas, les dimos una ley de vigilancia electrónica que tiene que ser mejorada pero que ha funcionado razonablemente bien (…) Les acabamos de dar una ley de penas de utilidad pública que, en el contexto de 25 años de estar aprobando y aprobando leyes penales, creo que es un giro en lo que se ha venido haciendo. Ahora, que esto vaya a impactar a los jueces, no lo sé, creo que los jueces son muy conservadores; tengo que decirlo, en general el Poder Judicial ha sido muy conservador y creo que esa es una reflexión que le toca al Poder Judicial”, consideró el ministro.
Marco Feoli: “El Ministerio siempre ha promovido que la prisión tiene que ser excepcionalísima”
Cuando se ve la reducción de hacinamiento vinculado con creación de nuevos espacios, podría esto convertirse en una excusa para algunos jueces y decir que, como hay más espacios, se pueden seguir aplicando más la prisión. ¿Se logró una sensibilización con respecto a que la pena o medida cautelar puede no ser solamente cárcel?
–Creo que una de las cosas más importantes es el cambio del discurso, de cómo se construyen los relatos y la narrativa de las políticas públicas, que fue una de las cosas que más resistencia generó. Yo creo que en algunos casos, por ignorancia de algunos sectores políticos, en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, hubo gente que de verdad se creía esto de que están liberando delincuentes y estamos todos inseguros.
En algunos casos por oportunismo, creo que hay gente que dijo ciertas cosas sabiendo que era mentira. Es decir, yo no creo que Otto Guevara cuando dijo el día de las elecciones que había que votar por un partido para que no liberaran más delincuentes de verdad se estaba creyendo eso. Yo creo que lo decía por puro oportunismo.
Eso que probablemente fue lo que más desgaste generó, uno podría suponer que en el mediano plazo podría tener algún impacto. Pero claro, yo no puedo medirlo ni puedo decir que ahora los jueces van a dictar menos prisiones porque están más conscientes.
Lo que yo creo es que a los jueces les hemos dado más herramientas, les dimos una ley de vigilancia electrónica que tiene que ser mejorada pero que ha funcionado razonablemente. Les acabamos de dar una ley de penas de utilidad pública que, en el contexto de 25 años de estar aprobando y aprobando leyes penales, creo que es un giro en lo que se ha venido haciendo.
Ahora, que esto vaya a impactar a los jueces no lo sé, creo que los jueces son muy conservadores; tengo que decirlo, en general el Poder Judicial ha sido muy conservador y creo que esa es una reflexión que le toca al Poder Judicial.
Lo que sí sé es que si se siguen eligiendo las prisiones preventivas y las penas de cárcel, dentro de un año y medio o dos años el sistema va a estar colapsado, con un riesgo adicional: las cárceles nuevas que se hicieron tienen una infraestructura y un modelo diferente. Si esas cárceles se empiezan a llenar porque alguien dice: “aquí hay mucho espacio, usemos la capacidad instalada”, se van a “pasear” en el modelo.
En las promesas de este Gobierno se habló de “emplear otras formas de ejecución de la pena”. Este Ministerio ha salido a explicar –ante las críticas– que ese tipo de decisiones son de los jueces, pero viendo la promesa de campaña y el trabajo que hicieron, ¿se puede decir que este Ministerio, aunque no tomaba las decisiones legales, impulsaba esas medidas?
–Claro, el Ministerio siempre ha promovido la idea de que la prisión tiene que ser excepcionalísima y que en ese sentido hay que articular esfuerzos que no son exclusivos del Poder Ejecutivo, para que eso sea verdaderamente así. Eso implica, por ejemplo, promover proyectos de ley que incorporen otro tipo de sanciones. Que este es un proyecto de ley que nosotros articulamos porque somos los gestores, sí, pero esto le corresponde al Poder Legislativo aprobarlo. O si el Poder Judicial nos dice que nos ordena reubicar a tanto número de personas porque aquella cárcel está explotada, no vamos a agarrar esa sentencia y la vamos a meter en un cajón y nos olvidamos de ella, arriesgándonos además a cometer un delito, sino que agarramos esa sentencia y decimos que hay que cumplirla.
Que haya mucha gente a la que no le gusta, bueno, pero es que nosotros creemos que las decisiones tienen que acatarse y que la prisión tiene unas características, y que sino la desnaturalizamos se vuelve contraproducente.
En la campaña electoral el tema de la posible continuación de Marco Feoli en el ministerio pareció ser un tema determinante. ¿Ese trabajo tuvo al final un desgaste y costo político?
–Me parece que la reacción del presidente fue razonable (Carlos Alvarado rechazó que Feoli continuaría en el cargo). Me parece que lo preocupante era que hubiera una persona que estaba obsesionada con este tema, sobre todo al final, durante la segunda ronda, y que en vez de hablar de crisis fiscal o generación de empleo o de violencia de género o seguridad, se dedicara a hablar de una persona.
Yo creo que hubo un desgaste político natural porque el tema estuvo muy mediatizado. Creo que para nosotros era importante que esto se supiera, se viera, visibilizar a una población que ha estado siempre muy escondida y de la que nos olvidamos, pero que existe allí, con familia, con hijos, con parejas, que al final reproducen mucha exclusión si no se atienden y esto tuvo un costo porque hubo una enorme tergiversación de medios de prensa que fueron tremendamente irresponsables.
Pero realmente yo me voy muy tranquilo porque afortunadamente no dependo realmente de esto, entonces lo mío fue un trabajo que hice momentáneamente. Es muy importante para mí haber tenido la oportunidad de hacer cosas que impactaron a unas personas y haber defendido un discurso que era contramayoritario pero del que yo estoy absolutamente convencido que es el correcto.
Me voy muy contento la verdad.
