La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó postergar durante dos semanas la discusión sobre el aumento salarial postergado desde el 2020, que provocó el enfrentamiento con el presidente Rodrigo Chaves, quien se proclamó decidido a detener ese ajuste.
Así lo informó José Luis Loría, integrante de esa Junta Directiva en representación del cooperativismo, quien indicó que la suspensión de este debate se debió a una solicitud de la presidenta ejecutiva Marta Esquivel.
La presidenta ejecutiva fue quien incluyó este debate en la agenda de la Junta Directiva el pasado lunes 26 de setiembre, cuando anunció que proponía mantener el aumento salarial, pero relegarlo hasta que se cumplieran con las disposiciones de la ley 9635 (regla fiscal).
“El tema se suspendió por 15 días, a petición de la Presidencia Ejecutiva. Lo que nos indicaron es que se estaba a la espera de más criterios jurídicos”, expresó Loría.
El debate sobre este aumento se presentó formalmente desde el 8 de setiembre, cuando la Junta Directiva lo aprobó. Esto provocó un choque entre el presidente Chaves y el anterior presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, que motivó la destitución de Ramos el 17 de setiembre y el nombramiento de Esquivel, entonces ministra de Trabajo.
Este despido es objeto de polémica, ya que la Unión Médica Nacional denunció que era una función delimitada por la Constitución Política en forma expresa al Consejo de Gobierno, que no se habría convocado sino hasta días después para una juramentación virtual.
Sin embargo, el aumento se remonta a inicios del 2020, cuando fue otorgado mediante decreto ejecutivo 42121 -MT-SS-H-Mideplan, pero fue suspendido en forma temporal por la pandemia del COVID-19. Esta emergencia fue levantada por el presidente Chaves el pasado 10 de agosto.
Esquivel llegó a la Junta Directiva el pasado 26 de setiembre con la propuesta de detener el pago efectivo del aumento, alegando que deben respetarse las disposiciones de la regla fiscal, según la cual no se pueden otorgar aumentos salariales en el país, mientras la deuda pública supere el 60% del PIB, situación que se presenta en la actualidad.
Al respecto, dirigentes sindicales rechazan esta interpretación, alegando que el aumento no se remonta a 8 de setiembre de este año, sino que se aprobó en el 2020, cuando no se presentaban las condiciones fiscales actuales, que exige la ley 9635 para suspender los ajustes salariales.
El tema deberá esperar ahora dos semanas antes de volver a debatirse. Mientras tanto, Loría comentó que las previsiones para el aumento ya se incluyeron en el presupuesto, y recordó que la Junta Directiva tomó el acuerdo de reconocer este reajuste en firme.
