Jueza pide a presidente Arias anular decreto de armas prohibidas

El Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea otorgó el pasado 9 de febrero un total de ocho días hábiles al presidente, Óscar Arias, y a

Demandante acudirá a la Comisión Inteamericana de Derechos Humanos.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Goicoechea otorgó el pasado 9 de febrero un total de ocho días hábiles al presidente, Óscar Arias, y a la Ministra de Seguridad, Janina del Vecchio, para que anulen o ratifiquen el “Decreto de Armas Prohibidas” (34850-MSP), el cual autoriza a policías el uso de armas de grueso calibre en circunstancias excepcionales.

El fallo de la jueza Grace Loaiza Sánchez se dio ante un recurso presentado por un grupo de ciudadanos entre los que figuran Flora Fernández, Oscar Aguilar Bulgarelli, Agustín Paéz y Fernando Soley Soler.
Bajo la asesoría del abogado Luis Roberto Zamora, los ciudadanos adversaron el decreto, el cual autoriza a policías costarricenses a usar armas prohibidas (de grueso calibre) en “situaciones excepcionales”, como podrían ser manifestaciones callejeras.

Ante la molestia de los ciudadanos, la jueza Loaiza en su oficio No. 09-000167-1027-CA dijo que “el objeto de este proceso es la impugnación de la conducta consistente en que se decrete la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo Nº 34850-MSP, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 12 de noviembre del 2008, en relación con el exceso de potestades eEjecutivas, a la autorización perpetua y continua de utilización de armas prohibidas, que además que el citado decreto delega en los jefes de la Unidad Policial la determinación de cuándo o no utilizar dichas armas”.

De acuerdo con el oficio, si en los ocho días hábiles el presidente Arias o la Ministra Vecchio no se manifiestan, correrá el plazo de 30 días hábiles para que el tribunal resuelva la demanda.

CONTRA EL TLC

Es importante recordar que el abogado Roberto Zamora había presentado un recurso ante la Sala Constitucional contra otro decreto ejecutivo, el N° 33240-S del 30 de junio del 2006 firmado por el presidente, Óscar Arias, y la ministra de Salud, María Luisa Ávila, sobre la importación y fabricación de armas.
El 24 de setiembre del 2008, la Sala lo declaró con lugar y pidió anular por inconstitucionales los apartados 1200 (Extracción de Minerales de Uranio y Torio), 2330 (Elaboración de Combustible Nuclear) y 2813 (Fabricación de Generadores de Vapor) del Anexo No. 1 del decreto por considerar que “resultan contrarios al valor de la paz y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Luego de este fallo, el abogado Luis Roberto Zamora acudió nuevamente a la Sala IV, el pasado 31 de octubre, y presentó un nuevo recurso de inconstitucionalidad: esta vez contra una serie de contenidos del Anexo 3.3 del TLC entre Estados Unidos y Centroamérica que se refieren a la producción e importación de armas.

Según Zamora, si el TLC incluye listas de desgravación arancelaria con categorías como la 84011000  (reactores nucleares), la 87100000 (tanques y demás vehículos automóviles blindados de guerra incluso con su armamento) o la 93020000 (revólveres y pistolas), el acuerdo comercial debería ser inconstitucional si se toman en cuenta los razonamientos anteriores de los magistrados.

De acuerdo con el abogado, algunos contenidos del Anexo 3.3. violan acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica en materia de paz y van en detrimento del derecho fundamental de todo costarricense a la paz y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Sin embargo, el pasado 16 de febrero la Sala Constitucional (con notas separadas de los magistrados Gilberth Armijo y Fernando Cruz) decidió rechazar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Zamora contra el TLC en materia de armas.

La Sala argumentó que ya la consulta se había evacuado mediante el voto 2007-09469 del 3 de julio de 2007, y que no estimaba que existieran vicios de constitucionalidad en el tratado.
Ante esa situación, Zamora dijo a UNIVERSIDAD que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, debido a que ya agotó los recursos de la justicia costarricense y él considera que sus argumentos de inconstitucionalidad son distintos a los analizados por la Sala IV en el 2007.

El abogado dijo que se enteró del fallo de la Sala a través del “por tanto” publicado en la página web del Poder Judicial, por lo que está a la espera de ser notificado por el alto tribunal y conocer las notas de los magistrados Armijo y Cruz.

Zamora manifestó su preocupación porque en Costa Rica se irrespeta cada vez más la división de poderes. Hay “hay un proteccionismo marcadísimo al Presidente y a las políticas de su gobierno”.
“Lo que me preocupa es que estemos pasando de un gobierno civil republicano a un régimen que todavía no sabemos qué forma tomará”, puntualizó el abogado.

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